Portada :: Chile :: A ms de 40 aos del golpe de Estado
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-06-2013

Cmo se gesto el Golpe de 1973
El momento del viraje hacia la dictadura popular

Manuel Cabieses Donoso
Punto Final


El texto que se publica en estas pginas corresponde al N 186 de Punto Final (19 de junio de 1973). La edicin completa se puede consultar en www.pf-memoriahistorica.org

 

La situacin poltica ha producido una coincidencia de hecho en los planteamientos que formulan diversos partidos de Izquierda. El PS, MIR, MAPU e Izquierda Cristiana, por ejemplo, en pronunciamientos pblicos emitidos en das recientes apuntan -en lneas esenciales- en una misma direccin. Sostienen, por ejemplo, que la oposicin reaccionaria ha conseguido cerrar uno a uno los resquicios legales que daban verosimilitud a la va chilena hacia el socialismo. Aaden que hay una convergencia entre los sectores opositores destinada a provocar -en forma ms o menos rpida- una crisis definitiva. Para el secretario general socialista, Carlos Altamirano, por ejemplo, el Partido Nacional busca el golpe inmediato, mientras el Demcrata Cristiano prepara condiciones para agosto o septiembre.

Otra cuestin abordada de manera muy parecida por los partidos de Izquierda es lo que se refiere a la manera de encarar el peligro de una guerra civil. Expresan coincidencia en cuanto a que ese riesgo -corolario de una lucha de clases llevada a sus ltimas consecuencias-, no ser conjurado sino a travs de la movilizacin revolucionaria de las masas, ganando -por as decirlo- la guerra antes que ella se desate, o por ltimo en el curso del enfrentamiento. Finalmente, esos partidos de Izquierda coinciden en que el mtodo correcto es desarrollar el poder revolucionario (o poder popular) a travs de organizaciones como los Comandos Comunales de Trabajadores, los Consejos Campesinos, los Cordones Industriales, etc.

Para el Partido Comunista el peligro es tan evidente y prximo que no admite actitudes contemplativas ni indiferentes ( El Siglo , 10-VI-73).

 

EL ARMA INSTITUCIONAL

PF ha venido analizando en sucesivas ediciones el empleo a fondo que hace la burguesa de los instrumentos estatales que controla: Parlamento, Tribunales de Justicia y Contralora. El primero destituy a tres ministros y algunos intendentes en los ltimos das, aprobando adems dos reformas constitucionales que impiden al programa de la Unidad Popular avanzar en el terreno industrial y agrario. Los Tribunales desconocieron toda autoridad del gobierno para meter en cintura los desbordes de las radios de oposicin y, de paso, declararon reo y estn sometiendo a proceso a otro ministro. La Contralora, por su parte, continu emitiendo dictmenes para obligar a devolver industrias requisadas.

Dentro de este cuadro parece un hecho que la Unidad Popular no tiene posibilidad de llevar adelante su programa (iniciar la construccin del socialismo) si sigue apegada a las normas del Estado de derecho de la burguesa.

El asunto de quin rompe primero la legalidad actual -si el gobierno o la oposicin- aparece ahora como un sofisticado problema tico que la propia accin opositora, desde sus bastiones en la institucionalidad, se ha encargado de enervar. El quid de la cuestin es ms bien una relacin de fuerzas que un problema jurdico. Tener la razn constitucional -a estas alturas- no allegar a ninguno de los bandos ms recursos humanos y materiales que los que ya disponen. No se est librando una disputa legal en procura del veredicto de un tribunal imparcial. Se est desarrollando una lucha de clases que tiene como fin el dominio de una clase por otra, la subordinacin de una a otra clase, el reemplazo de una dictadura por otra. Ese es ni ms ni menos el asunto en juego. Ni la burguesa, ni el proletariado, van a detener su lucha -aqulla por recuperar el gobierno y ste por conquistar el poder- por un qutame all estas pajas ms o menos legal.

Parece tambin ilusorio que simples argumentos jurdicos y constitucionales -que sirven slo para malabarismos en la superestructura- vayan a inclinar el conjunto de las fuerzas armadas hacia uno u otro campo. Es un hecho que ellas, factor determinante en el problema, tendrn que entrar en la correlacin de fuerzas que establece la lucha de clases. En ese terreno la lnea divisoria no pasa por los Tribunales, la Contralora o los debates parlamentarios, sino por la mayor o menor capacidad dirigente, la coherencia ideolgica, firmeza de propsitos y homogeneidad de mando que muestren las clases en pugna. El ncleo ms importante de las fuerzas armadas, seguramente, ser arrastrado hacia el polo social y poltico ms enrgico y activo, operando en el seno de ellas las mismas contradicciones de clase que tienen lugar en el resto de la sociedad.

 

LA VIA DEL GOLPE

La envoltura jurdica del conflicto social slo tiene ahora cierto grado de significacin para la burguesa. No hay duda que al sector ms esclarecido de ella -como lo hemos venido sosteniendo en PF- le seduce la idea de una va chilena hacia el golpe. Se trata -como hemos dicho varias veces- de llevar al gobierno del presidente Allende al desplome. Producir su muerte natural para que incluso la intervencin de las fuerzas armadas, necesariamente inconstitucional e inslita en los ltimos cuarenta aos, aparezca como un remedio necesario y transitorio para una situacin de caos.

En ese sentido la burguesa quiere usar a las fuerzas armadas como un gendarme de sus intereses. Pero tratando de evitar que el verdadero control poltico se escape de sus manos. En los clculos de la burguesa, seguramente, es un factor inquietante pensar que sus pblicos llamados a la intervencin de las fuerzas armadas se traduzca en un largo periodo de dictadura militar. La va chilena al golpe, por lo tanto, tiene que operar con los agentes polticos, judiciales y administrativos de la burguesa encaramados sobre las espaldas de las fuerzas armadas. El papel de stas se limitara al de agente represivo del pueblo y del movimiento obrero por cuenta de los burgueses y del imperialismo. Es muy difcil, claro est, que el conjunto de las fuerzas armadas acceda a jugar ese rol.

Otra faceta de esta va chilena hacia la restauracin plena del capitalismo -hasta ahora levemente tocado en el pas-, es amarrar de pies y manos al gobierno de la Unidad Popular, perdonndole la vida hasta 1976, y aprovechando el inevitable deterioro econmico de una situacin ambigua como la actual para tratar de dividir a la clase trabajadora. Es la lnea bsica seguida por la Democracia Cristiana, desde el estatuto de garantas constitucionales de 1970, hasta las reformas de la Constitucin introducidas por sus senadores en los aspectos que ataen a la propiedad industrial y agraria. Todo ello secundado por el impulso organizado a la oposicin desde la base, que es el plan ms siniestro urdido por la burguesa y el imperialismo para tratar de dividir al movimiento obrero.

 

EL FRACASO DE UNA LINEA

No obstante, el gobierno no puede aceptar quedar aprisionado en la jaula de acero que le fabrica un sector de la burguesa agitando el caramelo de una tregua hasta 1976. Ello significara el quiebre de la Unidad Popular y por lo tanto, un debilitamiento mayor del gobierno, dejndolo a merced de su enemigo. Por otra parte, ya pas la coyuntura de un eventual entendimiento con un sector de la burguesa, concretamente con aquel representado polticamente por la Democracia Cristiana.

La tesis que dentro de la UP propugnaba ese entendimiento ha perdido toda vigencia y se ha demostrado, en los hechos, el fracaso del socialismo reformista. El PC parece venir de regreso de esa lnea equivocada, lo cual es un sntoma muy alentador para la necesaria unidad del movimiento obrero. Pero la aplicacin de la poltica aprobada por la UP en Lo Curro, debilit en forma considerable el proceso y es uno de los factores que ms pesan hoy, a la hora de medir las fuerzas ante el peligro evidente y prximo.

Un balance de la situacin del rea de propiedad social, hecho por el actual vicepresidente de la Corporacin de Fomento, Pedro Vuskovic, seala: Resta mucho por hacer para culminar los planteamientos programticos del gobierno sobre esta materia. Las reas de propiedad mixta distan an de haber alcanzado la amplitud prevista y requerida. Si slo se considera la industria manufacturera, de un total de 36.220 empresas existentes, 165 pertenecen a las reas social y mixta y otras 120 estn requisadas o intervenidas. El conjunto de la produccin de estas empresas del rea social y las que estn requisadas o intervenidas representan aproximadamente un 22 por ciento del producto industrial y un porcentaje todava menor de la ocupacin en el sector industrial (19 por ciento). De las 93 empresas industriales que el gobierno ha reiterado en su proyecto reciente que deben incorporarse a las reas social y mixta, en la actualidad slo ocho pertenecen a ella, mientras que 48 estn requisadas o intervenidas y 37 permanecen bajo propiedad y control privado ( Ultima Hora , 7-VI-73). El anlisis de Vuskovic agrega que en determinadas ramas industriales, como cuero y calzado por ejemplo, las reas social y mixta siguen siendo inexistentes. Son estas razones, anota con exactitud, las que hacen difcil el desarrollo planificado de la economa.

La franqueza de Vuskovic provoc un inslito ataque personal del diario Puro Chile y una declaracin de solidaridad con el afectado de la comisin poltica del Partido Socialista, partido al que pertenece.

 

NECESIDAD DE ROMPER EL CASCARON INSTITUCIONAL

Es evidente que la clase obrera ha avanzado poco sobre los autnticos centros de poder (el rea social slo representa el 22 por ciento del producto industrial y el 19 por ciento de la ocupacin del sector). A la vez es cierto que los agentes polticos de la burguesa, apoyados en la institucionalidad y en la propaganda y en organizaciones abiertas y legales, han caminado un largo trecho hacia su meta.

Pero tambin es un hecho que a pesar de las debilidades mostradas por la Unidad Popular, la conciencia revolucionaria de las masas ha crecido en apreciable medida. La actitud de la clase trabajadora en el paro de octubre de 1972, luego su rechazo al llamado proyecto Millas y el casi 44 por ciento volcado a la Izquierda en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, son indicios claros.

Lo mismo puede decirse del nimo que lleva a sectores de vanguardia a realizar los prodigios de organizacin proletaria que se traducen en los Comandos Comunales, los Cordones Industriales, el abastecimiento directo, las JAP, etc. No hay que equivocarse: es la propia masa la que busca crear un poder revolucionario que sustituya al poder burgus. Por eso la actitud de repliegue, atinando slo a tratar de disuadir a la burguesa para que no acuda al recurso extremo de la guerra civil, no corresponde exactamente al estado de nimo de las masas.

Algunos partidos de la Izquierda han interpretado correctamente la situacin, exigiendo al gobierno que adopte medidas enrgicas y ejemplarizadoras. El propio secretario general de la CUT, Manuel Dinamarca, reproch en un mitin realizado en la Plaza de la Constitucin la blandura que llev a levantar la clausura de una radioemisora golpista.

Lenin observaba que el entusiasmo revolucionario de la clase avanzada puede mucho cuando la situacin objetiva exige de todo el pueblo la adopcin de medidas extremas... Lo importante es comprender que en tiempos de revolucin, la situacin objetiva cambia tan rpida y bruscamente como corre la vida en general. En el caso chileno todo se aproxima a esa apreciacin leninista.

La fuerza del pueblo no utilizada -y que se desgasta en la medida que los problemas sin solucin y la propaganda enemiga van erosionndola- es todava muy grande. Pero cada vez se aproxima el instante del demasiado tarde, cuando ya no hay caso de revertir la situacin en favor de los trabajadores.

La historia ensea -dijo Fidel Castro el pasado 1 de mayo- que cuando los pueblos estn decididos a defender sus derechos, cuando los pueblos siguen un camino firmemente, no hay podero ni hay fuerza que sea capaz de apartarlos de ese camino. La Revolucin Cubana no tiene por qu ser una excepcin que el pueblo chileno no pueda igualar y an superar. Pero, sin vuelta de hoja, se ha llegado a una situacin que plantea medidas extremas. En este caso, romper el cascarn de la institucionalidad burguesa es   una cuestin de vida o muerte para el proletariado, justamente si se quieren preservar formas relativamente pacficas de transicin al socialismo.

Los brotes de socialismo que han despuntado en los Comandos Comunales y Consejos Campesinos deben ser activamente estimulados para que crezca el poder revolucionario. Ganar a los soldados para la causa de la clase trabajadora, dndoles participacin en los rganos de poder popular, es una tarea de singular prioridad. Comenzar a ejercer formas de dictadura popular es la nica posibilidad de concitar el entusiasmo revolucionario de las masas. Asegurar en la base la unidad de todos los sectores que quieren el socialismo, aboliendo las prcticas sectarias, es un requisito indispensable en esta tarea. Poner bajo direccin y control obrero a toda la produccin y distribucin, consolidando el predominio absoluto del rea social, es el nico modo de planificar y distribuir en resguardo del inters popular.

 

DIRECCION DE CLASE

Poner bajo direccin proletaria la organizacin social del trabajo, requiere un cierto grado de violencia. Pero sta ser menor, en nuestro caso, en la medida que se logre crear desde ya un poder revolucionario suficientemente fuerte y eficaz.

Est meridianamente claro que persistir en la direccin que desea la burguesa, o sea cindose al esquema institucional creado por ella, conduce directamente al desastre.

Determinados sectores de Izquierda agitan con fuerza el inminente peligro de una guerra civil. Pero no complementan esa actividad con desplazamientos que podran debilitar ahora al enemigo, antes que entre en accin. Antes bien, se crea una imagen en que toda accin de las masas organizadas para crear poder revolucionario aparece como una provocacin a la guerra civil. La debilidad que trae aparejada esa campaa debe ser contrarrestada para evitar que se convierta en un arma de doble filo.

Los sectores opositores, cuya agresividad se ve estimulada por la propaganda burguesa, han llegado a un nivel de enardecimiento en que cualquier salida, incluso la guerra civil, les parece buena con tal de derrocar al gobierno de la UP. De modo que a esos sectores la campaa contra la guerra civil no les har mella. En cambio los sectores populares, aliados del proletariado en un proyecto revolucionario, pueden ser confundidos por esa campaa si no se le da un contenido de clase bien preciso, tendiente a organizar a las masas en nuevos trminos. Nos referimos a la necesidad de organizarse en el marco que exige la nueva realidad: para librar un combate por el poder.

La situacin actual no puede, ni con mucho, calificarse de normal. O sea, no bastan las organizaciones habituales. Hoy son necesarios organismos como los Comandos Comunales, donde el proletariado pueda ganar la conduccin de todos los trabajadores y de todos los explotados. Nuestro pueblo puede ejercer con sabidura y firmeza una dictadura de clase que oriente el proceso de construccin socialista. La clase trabajadora chilena ha demostrado un nivel de madurez muy alto. Su disciplina le ha permitido afrontar -y sigue hacindolo- problemas graves que siguen creciendo porque no se aplican medidas extremas como las que reclama la clase obrera. Todo ello hace que tenga perfecto derecho a tomar directamente en sus manos los rganos del poder del Estado, apoyando su fuerza en el poder revolucionario de sus organizaciones.

 

MANUEL CABIESES DONOSO

 

 

 

Editorial de PF 186

Hay que dar una buena respuesta al Congreso

 

Un Congreso Pleno, que no lo fue tanto ya que de l se retiraron todos los parlamentarios de Izquierda, aprob hace una semana una reforma constitucional que prcticamente desbarat todas las conquistas que en el proceso agrario haban ganado los campesinos. Fue otra de las gracias montadas por la oposicin, que tiene mayora en las dos ramas del Parlamento, para seguir en su obstruccin al gobierno y en su afn de frenar la evolucin econmica y social que se ha intensificado en el pas desde el triunfo de la Unidad Popular, en septiembre de 1970.

Ya a este Congreso no le han bastado las acusaciones a ministros e intendentes, ni tampoco las verdaderas agresiones de que ha hecho vctima a la clase trabajadora al negarse a legislar sobre el delito econmico, para detener la especulacin y el mercado negro desatado contra ella, y al obstaculizar el despacho de un justo reajuste de sus ingresos. Ahora, ha remarcado ms an su carcter de clase y se ha volcado totalmente en la defensa de los intereses de los latifundistas, perjudicando todo cuanto haban adquirido los campesinos a travs de la aceleracin que el gobierno popular haba impreso a una reforma agraria retardada por la administracin anterior.

Esta actitud refleja la desatada disposicin de impedir por todos los medios a su alcance los cambios que exigen los trabajadores. Nada detiene a la mayora opositora, ni siquiera la propia Constitucin, que en el asunto de las acusaciones ministeriales ha violado repetidamente. Esa prepotencia aparece avalada adems por otra que paralelamente ha surgido de los Tribunales de Justicia, coludidos abiertamente con la oposicin.

Una accin de este tipo est pidiendo a gritos una respuesta consecuente. Para darla, el gobierno dispone del amplio respaldo de la clase trabajadora que ha sabido crearse rganos de poder que, como los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, las JAP y sus organizaciones de base, ven en el Congreso el freno insolente de todas sus conquistas y el obstculo para el camino al socialismo. Es de all de donde surge la peticin de que se marche, sin compromisos, hacia un rgimen donde el pueblo diga e imponga su palabra, una real dictadura popular que coloque el tapabocas que se merece esta corporacin que lesiona sus intereses.

 

 

Publicado en Punto Final, edicin N 783, 14 de junio, 2013

www.pf-memoriahistorica.org

 

 



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