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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-07-2013

Comunidades en Resistencia en defensa del Territorio
Catatumbo en llamas

Carolina Santos Nio / Carlos Medina Gallego
www.camega.org


La regin del Catatumbo est conformada por los municipios de Convencin, El Carmen, Vacar, El Tarra, Tib, San Calixto, Sardinata, La Playa y Teorama. Es una regin que ha sido construida a pulso y con grandes sacrificios por las comunidades campesinas vctimas crnicas de la ausencia estatal. Es una regin con la cual el Estado tiene una gran deuda histrica, social y poltica heredada de su percepcin y clasificacin como zona de conflicto y donde la su presencia ha sido fundamentalmente represiva.

A las comunidades del Catatumbo no les ha tocado fcil, al abandono Estatal se ha sumado la presencia de grupos armados ilegales como el ELN, las FARC, el EPL, y de grupos paramilitares, bandas criminales y grupos de narcotraficantes que han favorecido la cultura de la ilegalidad, la siembra de grandes extensiones de cultivos de uso ilcito, de los cuales se han visto obligadas a vivir ante la falta de estmulos y posibilidades para el desarrollo de una economa campesina vigorosa, dedicada a salvaguardar y garantizar la soberana y sustentabilidad alimentaria de la Nacin.

Los campesinos de Catatumbo han presenciado el transitar de la violencia, la muerte, el despojo y han sido forzados al desplazamiento, donde el Estado no slo no ha hecho presencia permanente e integral en el territorio, sino que cuando lo hace es para reprimir o para firmar acuerdos que nunca cumple despus de ms de dos dcadas, con lo cual obliga a la poblacin a estarse movilizando en defensa de su territorio y sus proyectos de bienestar y futuro.

Despus de varios desplazamientos masivos ocurridos en la primera dcada del siglo XXI como consecuencia de la arremetida paramilitar, una gran parte de las familias campesinas que se vieron obligadas a salir -porque no hubo ninguna institucin que protegiera y salvaguardara su vida, honra y bienes, como lo manda la constitucin-, decidieron retornar a sus tierras e iniciar un proceso de re-establecimiento socioeconmico que ha sido infructuoso como resultado de las constantes rplicas del conflicto armado, la escasa infraestructura institucional y social, las pocas opciones y posibilidades productivas y econmicas que tienen en la regin los campesinos.

La prolongada crisis econmica y humanitaria, el abandono institucional y la presin de los actores armados ilegales hacen que la siembra, procesamiento y comercializacin de la hoja de coca sea la nica alternativa econmica de supervivencia para la poblacin rural. No es que los campesinos del Catatumbo sean cocaleros por decisin propia, a esto han sido llevados por la urgencia del sobrevivir con un mnimo de dignidad, las presiones de la violencia ante la falta general de oportunidades, la inexistencia de proyectos de desarrollo que los contemple como propietarios y productores y les ofrezca una articulacin a los circuitos de la economa convencional en condiciones favorables.

El conflicto que se desarrolla actualmente en el Catatumbo enva una mala seal a lo que podra llegar a ser una fase de postconflicto armado en materia de solucin de los problemas sociales y agrarios, si la respuesta del Estado se reduce a la violencia, asesinato y judicializacin de la poblacin rural y la dirigencia de los movimientos sociales.

En La Habana, Gobierno y FARC-EP estn comprometidos en unas conversaciones que buscan poner fin al conflicto armado y buscar un camino democrtico y dialogado para la solucin de los problemas del pas. En el Catatumbo el Gobierno a travs de la fuerza pblica responde con fuego a las exigencias de las comunidades campesinas, que no estn pidiendo nada distinto a que el Estado cumpla con las leyes que el mismo ha formulado, en particular, la Ley 160 de 1994 en lo referente al impulso y fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina.

En agosto de 2011, a travs de la resolucin 2066 el Incoder da va libre a la constitucin legal de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, que beneficiara a 7 de los 9 municipios de la regin. Las resoluciones por s solas no construyen las regiones o las ZRC, deben darse los apoyos institucionales que se requieren para potenciar y transformar las economas locales ligadas a la produccin agraria. Pero, lejos de disearse una poltica integral de desarrollo rural, lo que se ha fortalecido son los procesos de erradicacin manual de cultivos de uso ilcito, dejando en grave situacin econmica a las familias que esperaban una erradicacin gradual, concertada y con previas propuestas de alternativas productivas.

El argumento con que los campesinos de la regin han levantado su movimiento es el de que si hay un plan de desarrollo para la regin, pero, que ellos terminaron siendo un estorbo porque existe una gran inters del gobierno en ofrecer el Catatumbo a la inversin privada al considerar este territorio como estratgico para la ejecucin de proyectos mineros, de monocultivo, de infraestructura vial y militares.

Este 11 de junio, los campesinos de Tib decidieron manifestarse a travs de bloqueos, marchas y protestas. El Ejrcito, la Polica y el mismo presidente Santos, asegur que las movilizaciones estaban infiltradas por la guerrilla descargando sobre las movilizaciones todo el peso de la violencia institucional. La situacin de conflicto se extendi a Ocaa y otros sectores del Catatumbo y se hizo tan grave que oblig a que representantes del gobierno nacional y regional intentaran dialogar con los campesinos, pero acompaados por la presencia de altos mandos policiales y militares lo cual gener el retiro de los campesinos y la agudizacin de la protesta.

Los campesinos reclaman al gobierno que escuche sus propuestas, consignadas en lo que ellos han denominado Plan de Desarrollo Sostenible para la constitucin de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, frente a lo cual el gobierno ha aumentado el pie de fuerza, con el consecuente incremento en los enfrentamientos y las denuncias de la violacin de derechos de la poblacin civil.

La pobreza, el hambre, la violencia y la falta de oportunidades son las verdaderas causas de la crisis que vive el Catatumbo. Las organizaciones campesinas han sealado que no estn dispuestas a ceder sus territorios, que estn preparados para conversar con el gobierno a travs de la Mesa de Interlocucin y Acuerdo (MIA), tienen propuestas y ellos tambin quieren comprometerse con alternativas para la sustitucin de cultivos de uso ilcito en la regin.

Solicitan la declaracin inmediata de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, en el marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el Incoder en virtud del artculo 81 de la Ley 160 de 1994 y del Decreto 1777 de 1996, as como de los acuerdos suscritos entre la Asociacin Campesina del Catatumbo y la institucionalidad local y departamental; que se defina con claridad la ruta de financiacin y se inicie la ejecucin de los proyectos priorizados del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina; que por ahora se suspenda las erradicaciones forzosas de cultivos de coca y se concert la ejecucin de un programa de sustitucin gradual de los cultivos de uso ilcito en el marco de la propuesta productiva del PDS-ZRC; que se recoja la propuesta de subsidiar por un tiempo, con recursos suficientes a las familias campesinas afectadas por la erradicacin por lo menos hasta la implementacin de los proyectos productivos del PDS-ZRC que garanticen la soberana alimentaria del campesinado en la regin; que se suspenda el desarrollo de los proyectos mineros y del plan de consolidacin en el territorio de la Zona de Reserva Campesina hasta que las comunidades hayan sido consultadas y participado en la toma de decisiones que puedan afectarles; as como que se asuma una poltica de proteccin de los derechos humanos y se elabore un informe de la situacin de los mismos en la regin.

Dados los sealamientos que el gobierno y Santos han hecho al movimiento exigen un reconocimiento pblico por parte del presidente de la repblica, de los ministros del interior y de defensa y del Comandante de las fuerzas militares del carcter civil del campesinado organizado en la Asociacin Campesina del Catatumbo, que cesen la persecucin y estigmatizacin en contra de la Asociacin, se adelanten las investigaciones judiciales por violaciones de derechos humanos y se sancione y castigue a los responsables.

El Gobierno Nacional tiene que iniciar conjuntamente con la fuerza pblica un proceso de reeducacin en el manejo y tratamiento de los conflictos sociales a partir del dialogo amplio y democrtico, de la comprensin de los procesos, de sus urgencias y necesidades. Si se le pide a la guerrilla que cambie las balas por votos para que llegue la paz; las comunidades tienen todo el derecho de exigirle al gobierno que cambie el sealamiento, la persecucin, las balas y la represin violenta por el dialogo, el consenso y la solucin rpida y efectiva de los problemas de las comunidades que es lo que constituye la viabilidad de una construccin real de la paz.


Fuente: http://www.camega.org/inicio/index.php/perfil/inicio/462-catatumbo



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