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(defendiendo el libre mercado)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-07-2013

Espaa viola el derecho universal a la salud de los inmigrantes sin papeles

Alejandro Torrs
Pblico.es


Desprotegidos, sin acceso al sistema sanitario y enredados en una madeja legal que vulnera el derecho a la salud recogido en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos. Esta es la situacin en la que se encuentran en Espaa los alrededor de 873.000 inmigrantes en situacin irregular a los que el Estado les ha retirado la tarjeta sanitaria.

La excusa oficial por parte del Ejecutivo del Partido Popular fue evitar el fraude en la obtencin de la tarjeta sanitaria espaola. La realidad? La normativa del Gobierno y su aplicacin en diferentes comunidades autnomas est poniendo en peligro la salud de cientos de miles de inmigrantes, segn el informe de Amnista Internacional (AI) El laberinto de la exclusin sanitaria, que ha sido presentado este jueves en Mallorca.

El Real Decreto de septiembre de 2012 aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy mutil el adjetivo universal del derecho a una sanidad pblica gratuita. Los inmigrantes en situacin irregular, desde entonces, slo tienen asistencia sanitaria gratuita en dos supuestos: en urgencias o accidentes hasta el alta mdica; y en embarazo, parto y posparto. Para el resto de situaciones, los migrantes sin papeles deben abonar una factura. El servicio de salud universal no est para todo el universo y el gratis total no existe () La inmigracin debe estar vinculada al empleo regular y los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus pases de origen, seal entonces Rafael Hernando, portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados.

Casi un ao despus de la medida, Amnista Internacional ha evaluado su primera consecuencia: la violacin del derecho universal a la salud de toda persona y la discriminacin sistemtica de los residentes en Espaa segn la ciudadana, la residencia o la condicin de la persona migrante. Con la adopcin del Real Decreto-Ley, el Gobierno ha optado por incrementar el proceso de exclusin de las personas migrantes en situacin irregular, en lugar de abordar los obstculos administrativos que dificultaban su acceso a la sanidad, denuncia el informe.

Un alumno aventajado del Ejecutivo en la aplicacin del Real Decreto es el Govern de Illes Balears presidido por el conservador Jos Ramn Bauz (PP). Segn denuncia AI, Illes Balears obstaculiza y deniega la asistencia sanitaria a las personas migrantes, tanto mujeres como hombres, en situacin irregular. Esta violacin del derecho universal a la salud, no obstante, no slo se produce por la aplicacin del real decreto sino, tambin, por errores o irregularidades administrativas que, sin ajustarse a la legislacin vigente, estaran dejando sin asistencia sanitaria a uno de los colectivos ms vulnerables de la sociedad.

De hecho, la muerte de Alpha Pam, un ciudadano senegals de 28 aos sin tarjeta sanitaria que falleci de tuberculosis el 21 de abril de 2013, a pesar de que el tratamiento gratuito de su enfermedad se encuentra contemplado en los criterios generales, ha levantado sospechas sobre las verdaderas consecuencias de este recorte en sanidad. Asimismo, es especialmente preocupante que la normativa vigente no garantice la atencin primaria de salud para las personas migrantes; pues se trata de un contenido mnimo esencial del derecho a la salud que el gobierno debe asegurar, asegura el informe de AI.

Yo eso no lo puedo pagar

En esta situacin de desproteccin absoluta se encuentran inmigrantes como la uruguaya Silvia Graciela Velzquez, que padece de EPOC grave (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crnica), un trastorno pulmonar cuyo sntoma principal es la disminucin de la capacidad respiratoria y que se caracteriza por ser progresiva y, en general, no reversible; o el chileno Luis Andrs Ulloa, que padeci un cncer de vejiga en 2010 y que ha renunciado a hacer un seguimiento de la enfermedad por no poder pagar las consultas mdicas. Ambos residen en Illes Balears.

El testimonio de Graciela, recabado por AI, simplifica en apenas unas frases la encrucijada en la que se encuentran los migrantes sin papeles. En enero (de 2013) fui a urgencias al hospital porque no poda respirar. La mdica me dijo que tena que hacerme muchas analticas y me pidi que fuera a ventanilla para pedir turno con mi mdico de cabecera; fui a ventanilla y ah me dijeron que no tena derecho a mdico de cabecera. Lo grave es que no tengo forma de que me hagan un seguimiento de mi enfermedad crnica, denuncia Graciela, que afirma que, tras su visita a urgencias, el hospital emiti un compromiso de pago a su nombre, a pesar de tratarse de asistencia en urgencias y cuya gratuidad est estipulada en la normativa vigente.

El caso de Luis Andrs Ulloa permite alumbrar el cambio radical de la sanidad espaola en la proteccin universal del derecho a la salud. Luis Andrs, de 34 aos, lleg a Espaa en 2008. En 2010 le diagnosticaron cncer de vejiga. Fue hospitalizado y operado de manera gratuita. El doctor le recomend entonces acudir cada cuatro o seis meses a revisin. Sin embargo, cuando en octubre o noviembre de 2012 fue a hacerse los controles le advirtieron que tendra que pagar entre 80 y 200 euros por cada analtica. Yo eso no lo voy a poder pagar, asegura Luis Andrs.

La situacin de Illes Balears no es nica en el Estado espaol sino que representa un ejemplo avanzado de las consecuencias de la aplicacin del decreto del Gobierno. Con la implementacin del Real Decreto-Ley y los criterios generales, las Islas Baleares estn vulnerando el derecho humano a la salud de miles de personas migrantes, asegura el informe. No obstante, el problema balear no reside simplemente en la aplicacin del real decreto del Gobierno sino en la enorme disparidad de respuestas dentro de la administracin balear.

Confusin que genera exclusin

Frente a unos criterios uniformes y estandarizados inexistentes, la actuacin de los diferentes centros de salud y hospitales de Illes Balears prima la solucin caso a caso. As, se han dado casos de que hospitales han emitido compromisos de pago por visitas a urgencia, cuando la ley establece su gratuidad, o por el contrario, se ha brindado asistencia sanitaria gratuita a personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria en supuestos que no estn cubiertos por el Real Decreto-Ley.

Amnista Internacional cree que la posible falta de informacin adecuada con la que cuenta el personal administrativo sanitario (que es quien gestiona la admisin de pacientes) podra empeorar una situacin de por s grave, pudiendo dejar a ms personas de las previstas en la normativa vigente excluidas de atencin sanitaria, denuncia el informe.

El efecto disuasorio

El informe de AI tambin recoge la preocupacin de la organizacin no gubernamental por el efecto disuasorio que la incertidumbre, la falta de informacin y la posibilidad de que llegue una factura a casa est provocando en los inmigrantes en situacin irregular. As, AI denuncia que diversos ciudadanos sin papeles se han dirigido a la ONG para mostrarles sus reticencias a acudir un centro sanitario pblico. Me ca y cada vez me duele ms la pierna () pero no pienso ir al mdico Yo no quiero tener problemas, le deca a Amnista Internacional el presidente de una asociacin de inmigrantes africanos.

La mayor preocupacin, no obstante, recae en el desproporcionado impacto que dicho efecto disuasorio podra tener en la asistencia sanitaria de mujeres inmigrantes; y en la asistencia sanitaria de hijos e hijas de inmigrantes por las mayores dificultades a las que se enfrentan las mujeres a la hora de acceder a informacin adecuada, como consecuencia de las condiciones de desigualdad de gnero que persisten dentro de la sociedad espaola.

Fuente: http://www.publico.es/458353/espana-viola-el-derecho-a-la-salud-de-los-inmigrantes-sin-papeles



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