Portada :: Colombia :: Dilogos de paz 2012-2014
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-07-2013

La esperanza de un proceso que Santos arruina
Lo comn constituyente vs. la McDonalizacin de la paz

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


A la memoria de

mi hermana Ana Victoria, Camila,

y Diego,

junto a miles de mujeres y hombres,

puos y luces

en batallas

por la dignidad

(a 21 das despus del 21)


En el momento de este anlisis, cuatro importantes hechos coinciden:

a) La discusin en ascenso sobre participacin poltica, en particular el debate basado en la idea general de una Asamblea Constituyente, a la que de nuevo se han referido las FARC al cierre de un nuevo ciclo de las conversaciones en La Habana (9 de julio de 2013), iniciativa que ha tenido un no rotundo por parte del gobierno.

b) La respuesta del ELN a Santos (julio 11 de 2013), ratificando una vez ms su disposicin para conversaciones de paz, y aclarando: Vemos muy necesario que como parte del clima para seguir caminando hacia los dilogos, el gobierno acte de manera coherente, porque mientras se nos solicita confidencialidad, el presidente se atribuye el derecho de usar los micrfonos y los medios para poner condiciones.

c) La revuelta social en la regin nororiental del Catatumbo, organizada por el campesinado y otros sectores de la poblacin, reclamando respeto a sus derechos, inversin social y polticas integrales, la cual ha sido tratada de manera represiva y dilatoria por la administracin Santos.

d) El avance en enunciados de unidad de luchas tanto de la insurgencia como de expresiones de la izquierda o de movimientos que abogan por la transformacin democrtica del pas.

En esa confluencia de materias, se precisa alimentar una dialctica poltica que supere los marcos de un cerrado y dcil tratamiento del proceso de paz, como lo pretende el gobierno colombiano arruinando un anhelo que podra tornarse en verdadera esperanza y salida colectiva. De cara a ello, este escrito pretende abordar tres temas conexos,

1) Algunas caractersticas fundamentales impuestas por Santos en el proceso de paz y el entronque o efectos de dicha imposicin de conjunto dentro de una poltica ms general de servidumbres y profundizacin del modelo neoliberal y militarista.

2) El nihilismo imperante como indolencia y desestimacin de lo comn y del otro-divergente, no slo en el mbito poltico sino socio-cultural y meditico, patente en la negativa autoritaria del gobierno y de la opinin dominante, frente a hechos como los del Catatumbo y ante la propuesta de una Asamblea Constituyente, que podra remover parte de ese statu quo de pas descompuesto y adormecido.

3) La perspectiva constituyente como proceso o dinmica social y jurdico-poltica de carcter inclusivo, y no slo un mecanismo instituyente de excepcin, para hacer frente a los desafos y las tendencias de un pas tremendamente injusto, el cual no saldr de su pesadilla siguiendo la estrategia reformista de pacificacin, sino una que afronte y supere las complejas estructuras de exclusin. Dicha perspectiva constituyente debe entenderse ms all de su defensa por las organizaciones insurgentes; corresponde tambin a la potencia emergente de los movimientos alternativos.

La emergencia, la bsqueda y no claudicacin de estos ltimos, su derecho a ser fuerza destituyente, constituyente e instituyente, el sentido renovado de sus reivindicaciones legtimas, explican que en este texto en el ttulo se recuerde un concepto que existe desde hace tiempo en la filosofa poltica pero cuyo cuo no es conservador ni lineal, sino de una nueva fuerza emancipadora, con diversidad de accesos, conatos y reflexiones: lo comn, o mejor lo en comn, que representara de formas plurales la entidad de bienes, la comprensin de derechos y la extensin de problemas, desde los cuales se demanda una responsabilidad solidaria y ecocentrada (ver entre otros trabajos, el de Julie Canovas en: http://www.mundubat.org/archivos/201303/15-dchos-y-bien-comun.pdf), o en otras palabras la defensa y el desarrollo del inters y el beneficio pblico o general, al lado de nociones compenetradas que estn en la base de lo que hoy en muchas partes del mundo se reclama vigorosamente como democracia real. Esta nocin rica y abierta, lo en comn, estando vinculada en su raz a las posibilidades de procesos destituyentes, instituyentes y constituyentes, habra que ligarla de manera inexorable, honda y decidida por su propio fundamento, a la necesidad de esas aspiraciones de democratizacin y paz social en el caso colombiano.

Tambin ac de nuevo se recoge y se lleva ms all otro concepto usado hace unos meses, la McDonalizacin de la paz (http://revistacepa.weebly.com/revista-n-16-nuevo.html), basndonos en el nominativo del estudio de George Ritzer: La McDonalizacin de la sociedad. Lo hicimos al tenor de una reflexin que antes habamos desarrollado (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=156864), en la que buscbamos llamar la atencin sobre el proceso de paz iniciado por el gobierno Santos, indicando que si bien era esperanzador el avance frente al negacionismo del perodo Uribe, podamos estar cayendo en la paz basura, rpida, alienante y barata, que se nos despacha y embucha maquinalmente como expresin funcional en estructuras opresivas que en ese ejercicio se confirman como racionalizacin deshumanizadora.

Por lo tanto deba actuarse con gran cautela, comprendindose que en lo fundamental la admisin del dilogo por el Establecimiento no era nueva ni gratuita, pues surge de una historia de clculo, perversin, egosmo y realismo, que se desenvuelve en el acto de una planificacin y ejecucin conscientes, similar a experiencias en otros perodos (en particular a lo ya vivido en 1998-1999). Su ofrecimiento busca readecuar desde arriba, o sea por parte de los grupos de poder que necesitan pacificar desarticulando resistencias a su modelo, para un nuevo ciclo de legitimacin poltica neoliberal, o sea de incremento de sus negocios y ganancias, siendo mayor que antes las exigencias de un encaje internacional y sus roles.

Son los mismos grupos de poder que intermitentemente han ensayado procesos exitosos por dcadas, combinando la guerra en todas sus formas y alcances, incluido el paramilitarismo como un medio del terrorismo de Estado y su impunidad, de igual modo que frmulas de sometimiento poltico y judicial de ex insurgentes. De ah que el recurso al dilogo hace parte de esa razn pragmtica, inteligente y normalizadora que aboga para los intereses dominantes por un escenario de conversaciones con los vencidos, a fin de que stos terminen por entender no slo la supuesta inevitabilidad de su derrota sino el beneficio de la rendicin, incorporndose con prebendas en el sistema, el cual necesita instrumentalizar el anhelo de una paz perentoria, para remodelar y reforzar con urgencia su institucionalidad y hegemona.

 

1) El entronque de la propuesta de pacificacin en la directriz reformista de un ciclo

El hecho mismo de sentarse a dialogar es ya un logro. Para todos. Incluso es una fuente de beneficio para quienes se mantienen en posiciones extremas de la derecha y se pronuncian sistemticamente contra las conversaciones, vayan bien o vayan mal, pues slo denigrando algo realmente existente, pueden obtener rditos polticos con el eventual fracaso de ese intento de negociacin, a la que tambin apostaron en su momento. Es lo que hace el uribismo, que ahora ataca de forma primaria lo que tambin ensay sin xito aos atrs, tanto con las FARC como con el ELN.

Tras ese bloqueo que personificaba Uribe Vlez, cegado y cebado de un triunfo que se saba temporal y de columnas falsas, rodeado de algunas investigaciones penales a su entorno ms prximo, no tena ms remedio que dar paso obligado a uno de los suyos para la Presidencia, y reconcentrar o reciclar su corroda figura para ms adelante. El sucesor designado en esa transicin, Juan Manuel Santos, recobr con las elites la iniciativa de un conocido guin: el dilogo con la guerrilla. No lo hizo improvisada sino metdica y estratgicamente, logrando desmontar algunas resistencias dentro y fuera del pas, pues aun con el poder que simboliza al ser miembro de una cimentada oligarqua, requera de varias autorizaciones. Washington incluida.

Fue y es una propuesta forzosa que ha tenido realce, no porque hubiera sido la nica o imprescindible, sino por ser conveniente tantear la vuelta de la zanahoria como medio de presin inteligente al lado del garrote. Santos busc superar la incapacidad poltica de su antecesor y ex jefe, asumiendo la mesa de interlocucin como otro campo de batalla, sin renunciar a matar. Decidi por eso dar la orden de cercar y asesinar al comandante Alfonso Cano mientras avanzaba en conversaciones con l, y seguir atacando a otros altos dirigentes rebeldes, como lo haba hecho ya con laureles en su etapa de ministro a las rdenes de Uribe. No se olvide que adems de la responsabilidad de los miles de falsos positivos (asesinatos de civiles presentados como guerrilleros), su Ministerio de Defensa labr otros hechos imborrables, como la invasin armada a territorio ecuatoriano en 2008 para matar al comandante Ral Reyes, asesinando a otros miembros de la guerrilla y a visitantes extranjeros que se hallaban en el campamento de las FARC. De su determinacin y talante ejecutivo, como el de Uribe, no cabe ninguna duda.

Santos emprendi como presidente no un ejercicio de simple maquillaje sino de verdadera ciruga plstica, siendo su regla de oro no firmar ningn armisticio, ninguna tregua bilateral; ni siquiera un pacto de humanizacin. Mientras golpea militarmente, mientras persiste sin cese alguno al fuego, afirm la vigencia de una dialctica poltica y consiguientemente la posibilidad de capturar el alma del adversario. Con certeza puede ser ms importante hacerles renunciar a sus principios a los comandantes guerrilleros, que desgastarse frente a ellos y sus sucesores por dcadas, aunque dentro del sistema todava crean muchos que ste ser victorioso algn da y que lo ser por siempre en el terreno blico, incluso siendo cierto que ha reducido notablemente a la insurgencia o que sta ha tenido que retroceder en lo militar. Tiene ms alcance convencerla de su probable derrota que probar otra vez vencerla. Por eso el pas est en el escenario de La Habana. Y porque Estados Unidos y otros centros de poder avalan la receta. A cambio de lo que ya de tiempo atrs han obtenido: pruebas concretas de fidelidad, pues tanto la economa como la seguridad globales han de continuar operando, tambin sin tregua.

Efectivamente, as como no hay cese de operaciones armadas por el Estado, y slo la guerrilla ha hecho suspensiones en el camino, todo sigue en pie en la dinmica de un pas inserto plenamente y sin reservas de ninguna clase en la lgica del mercado neoliberal y su exacerbacin. Santos tranquiliza permanentemente a sus socios, expresando que la apuesta por el dilogo es inofensiva para el modelo econmico y sus leyes; que se trata de probar y jugar con la misma moneda usada dcadas atrs, con la cual con ambas caras se gana. Si se doblega a la guerrilla con la promesa de cumplir una agenda ya incluso apocada, bien!; si no hay rendicin de la guerrilla, bien!: nada se habr perdido, pues nada sustancial se habra puesto en peligro. Plantea en esta fase apenas lo que le es permitido, lo que el mismo clculo econmico le autoriza: buscar deshacerse de la distorsin que es la insurgencia para planes econmicos, convertir a sus militantes en asociados devenidos de una racionalidad reformista y de relegitimacin que sigue adelante con o sin ellos, precisamente cuando las condiciones de conflicto y competitividad mundial se hacen ms inexorables.

Es este el entronque de la propuesta de pacificacin colombiana en la directriz reformista de un ciclo no slo nacional sino de crisis planetaria, en la que un tipo de capitalismo en decadencia juega a la paz de papel y propone ms de lo mismo: depredacin, docilidad y exclusin, servidumbres y devastacin, aminorando o compensando apenas algunos de los efectos sociales de su catstrofe.

Sin pausa, sin interrupcin alguna. As ha sido no slo en la estrategia blica de presin y cerco sobre la insurgencia y sus modalidades irregulares, sino sobre el pas y sus destinos. Santos no ha menguado o suspendido lo que es la esencia de su proyecto de reforma en el nuevo ciclo neoliberal y militarista en una geopoltica que ata el pulso interno a la definicin externa de un encargo a cumplir en la regin. Por eso no slo Santos no da marcha atrs en la economa a las lneas que se suponen son las que deberan discutirse para pactos de paz, sino que realiza los gestos que le dan correspondencia y sentido de pertenencia. Son innumerables y en cadena; lo suficientemente precisos; resultantes de anteriores pactos y relaciones, as como de nuevas proyecciones; con funcin interna e internacionalizadora.

Los ltimos, registrados entre mayo y junio de 2013, son la reunin en Cali de la llamada Alianza del Pacfico, que, bajo la total sumisin a reglas del mercado neoliberal, aspira gradualmente a oponer fuerzas a modelos de integracin de ndole bolivariana como el ALBA; la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y los trminos serviles en la acogida y la direccin de ofrecimientos de naturaleza econmica, poltica y militar, como el apoyo estadounidense al ingreso de Colombia en la OCDE y a la APEC; la recepcin de Santos al golpista venezolano Capriles; los pactos de asistencia con Israel, que incluyen esta vez un nuevo Tratado de Libre Comercio, como el que se proyecta ya con Corea del Sur, adems del reforzamiento simblico con el Estado sionista; y lo que ms ha resonado: la peticin de ingreso a la OTAN y la firma el 25 de junio en Bruselas de un acuerdo de cooperacin e intercambio de informacin.

Todo esto no significa contradiccin alguna para Santos. Es su programa, su ideario, su poltica. Para eso gan unas elecciones en el marco de un rgimen formalmente democrtico. Es normal que desarrolle entonces su plan, para aplicarlo ante un pas sumiso. Hacer todos estos guios y compromisos es dar muestras de acatamiento de una visin del mundo, en la que Colombia est embutida, con su potencial geopoltico y geoeconmico.

La cuestin est en que esas sujeciones internacionales, esas glebas, no hacen ms que recalcar el carcter de la dependencia, la adscripcin ideolgica y poltica de toda una nacin y la orientacin que las elites colombianas estampan a los recursos de todos, que sacrifican y entregan a centros de poder mediante estos mecanismos asimtricos, con lo cual se benefician ellas y sus empresas, robusteciendo los lazos de subordinacin contra los que habra que luchar decididamente en un proceso de paz, cuya agenda est sustrada de tratarlos, y que est en el fondo de las razones por las que se han levantado en armas las y los insurgentes.

Las servidumbres legalizadas, aceradas y aceleradas en este tiempo por Santos en el conjunto de sus polticas neoliberales y de seguridad regional e imperial, son actos que confirman su visin de la paz como pacificacin, es decir acciones de limpieza, autoritarias, absueltas de responsabilidad colectiva, pues ni frente al pas ni menos en la mesa de La Habana tiene obligacin real de justificarlas; nada le impele a explicarlas en lo ms mnimo. Ni un pas dcil o resignado se indigna frente a ello, y quienes podran indignarse dada su concepcin revolucionaria, de liberacin o demcrata, tienen cmo pedir cuenta alguna por esa cadena de pactos consumados, sobre los que ni siquiera de lejos se contemplan elementos de debate actualizando un temario, quedndose convenientemente el gobierno en la rebajada o cerrada interpretacin literal o taxativa del Acuerdo de La Habana que dio impulso a las conversaciones de paz. As, los actos de gobierno de Santos son equivalentes a verdaderos hechos de agresin e hipoteca contra el pas, haciendo todava ms atascadas las estructuras que debera modificar un proceso de paz autntica.

Dicho en otros trminos: si la guerrilla y el conjunto de la oposicin estaba en menos veinte frente al estado de cosas a cambiar, Santos ha apresurado el paso de tal manera, acentuando el modelo que l dice no se puede tocar en nada, que hoy estamos en menos treinta ante esa realidad. E iremos a menos cincuenta. O sea, conscientemente en estos meses de conversaciones, a travs de su poltica reformista neoliberal y de esas servidumbres internas y globales que agravan e intensifican la penosa situacin nacional, la lgica que Santos despliega es la de sobrecargar y congestionar ese orden de injusticia. Sus decisiones las convierte por lo mismo en mdulos irrefutables, indiscutibles e inamovibles, que hacen todava ms denso dicho orden o status quo, para cuya transformacin se supone se est dialogando en Cuba con las FARC y se va a conversar con el ELN.

Terminaramos quiz concluyendo que la paz como discurso ha sido no ms que un recurso, con varias intenciones perversas. Destaquemos nueve:

(i) Una finalidad econmica de arranque y de llegada, una carnada en la vitrina de negocios donde el pas se vende, para exponer las ventajas de un trnsito al postconflicto, atractivo para inversiones rapaces. En suma una paz maniqu para una nacin mercanca.

(ii) El emprendimiento pacificador con los rasgos que Santos le plasma, tiene una vocacin servil y pretensiosa en el entramado internacional, tarea para la que usa el dilogo con la guerrilla y en la que busca emplear a los insurgentes. No ha habido recato alguno en la ridcula pose de ensearse Santos junto a EE.UU. dando lecciones de modelo de dilogos y construccin de paz, al punto de sugerirse como facilitador entre Palestina e Israel para una resolucin de este conflicto en Oriente Prximo. Pese a lo risible de esta propuesta, los efectos simblicos de este papeln son estimables y continuarn sindolo, gracias adems a la lnea propagandstica de poderosos medios de comunicacin que tanto con Uribe como con Santos han construido una imagen de su respectivo liderazgo internacional.

(iii) Sea ste el lugar para sealar algo primordial que no est siendo lo suficientemente incorporado en el estudio de la direccin que toman los acontecimientos que rodean la experiencia del presente proceso de paz: la finalidad geopoltica del dilogo como desmovilizacin y desarme de una parte, para sacarla del tablero en una extensa rea como es la fronteriza, sobre todo con Venezuela, para posicionar en el mediano y largo plazo una mayor avanzada militar de diverso tipo de los EE.UU. y aliados en un territorio que Washington considera es su patio trasero, tanto para el acceso o pillaje de recursos y disposiciones estratgicas, como para precipitar crisis desestabilizadoras, objetivo en absoluto escondido hoy por el centro imperial en relacin con el legtimo gobierno bolivariano que dirige el presidente Maduro. Esto ha sido recientemente advertido por el ELN (http://www.eln-voces.com/index.php/es/nuestra-voz/comando-central/438-fuera-promotores-e-instigadores-de-las-guerras).

(iv) Con la celada de una reconciliacin banal, el gobierno acomete la impunidad para los propios agentes pro-sistema, incluyendo militares y parapolticos, valindose para s de la promesa de aplicar la favorabilidad penal para una parte de la guerrilla. Si para unas franjas de sta se ver qu pasa con esta cuestin, al tanto del desarrollo del Marco Jurdico para la Paz, para su propia gente Santos ya lleva la delantera y ha consumado cambios legales en materia de blindajes, siendo la reforma y concrecin del Fuero Penal Militar una capa o cubrimiento fundamental, entre otras medidas de compensacin a sus fuerzas armadas. El clima propicio para ello ha sido el proceso de paz, de tal modo que con su sola invocacin se adiestra y se refleja como necesaria la elasticidad penal para congraciarse con los estamentos armados, dispensndolos en gran medida.

(v) En concordancia con lo anterior, la adaptacin del armazn jurdico y de la doctrina de seguridad (verdadera cloaca donde se han formado los autores de la guerra sucia) para la operatividad blica y sus objetivos en el inmediato devenir de agudizacin de la confrontacin como supuesta estacada final contrainsurgente.

(vi) Una imponderable y abarcadora finalidad manifiesta, siendo desapercibida su naturaleza lgica pero perversa: el proceso de negociacin se instrumentaliza conscientemente en etapas continuas para desactivar y remodelar ya no slo las resistencias armadas sino sobre todo las disidencias sociales en tiempos de combustin de muchedumbres. Efectivamente, estamos en un momento en el que la izquierda es todava incapaz de unirse y de superar un grave desfase en la correlacin de fuerzas, pero en el que est precisamente evalundose e intentando poner en marcha su torrente para dejar atrs tanta disgregacin y desventaja. De ah brota la paradoja: con la insurgencia se puede dialogar y pactar mientras se le combate, pero a los movimientos populares no armados se les azota, como ahora mismo pasa en la regin del Catatumbo. Es decir, la idea gubernamental de reducir paulatinamente a escombros a la guerrilla mediante un dilogo al que se le cie aislndola de vnculos y mandatos populares, dilogos que pueden llevar a cambios de forma pero no de fondo en la vida social, poltica y econmica, ser un buen ejemplo ahora y ms adelante para disuadir a la poblacin que protesta, para que abandone ideas radicales, mucho ms cuando se sopesan, condensan y prevn factores de inconformidad creciente que, en caso de subsistir la insurgencia, podran encaminarse creativa y subversivamente.

As, el gobierno es el nico actuante. A la guerrilla se le conmina mientras tanto a la pasividad de una postura escolar en la mesa de conversaciones. Si la insurgencia admite ser distanciada ahora y desmovilizada en lo grueso ms adelante, deja de existir el riesgo para el sistema de una posible articulacin poltica insurreccional en el grado que sea en dinmicas y territorios claves para la economa neoliberal. Uno de los autores que comparten y asesoran este punto de vista y otros componentes de la estrategia de pacificacin, el espaol Vicen Fisas, lo expresa de esta manera: Un buen proceso de paz es el que se blinda de la coyuntura y de las manifestaciones sociales reivindicativas. Mi recomendacin es que esto no se toque en la mesa Es el Gobierno, en su legitimidad, el que debe resolver lo del Catatumbo con sus instituciones. No se debe repetir el error del Eln entre el 2005 y el 2007, cuando cada da manifestaba sus puntos de vista sobre lo que ocurra en el pas. Basado en otros procesos con xito o que han fracasado, creo que sera mejor que las Farc hablaran menos (entrevista del 7 de julio de 2013 en www.eltiempo.com).

(vii) De este razonamiento se surte otra evidencia. El proceso de paz en su presente formato impuesto por el gobierno Santos, de escenario hermtico y desprovisto de garantas, acta y sirve a la vez como apartheid, tamiz y seuelo, exponiendo con graves trances a la vista de la represin a quienes pretendan comulgar con una visin de paz transformadora, reivindicando y proponiendo creativamente, o transgrediendo si es el caso la prohibicin absurda que orienta el Estado, segn la cual no se puede ser ahora mismo sujeto social y poltico discrepante y vinculante en este contexto de dilogos, sino despus y separadamente. No slo quienes no dan el brazo a torcer, como Piedad Crdoba, resultan amenazados y se les aparta de participar en ese proceso de paz y sus derivas con plenitud de derechos, reforzando una inhabilitacin desptica dictada por un Procurador cafre y convalidada por otras instancias cada vez ms retardatarias, sino que quienes desde la movilizacin social buscan darle contenidos y una trayectoria popular y positivamente agitadora al proceso de conversaciones, quedan exhibidos, sealados e indefensos ante la maquinaria del terrorismo estatal y sus justificaciones, como ya pas entre simpatizantes y militantes de izquierda que ensearon sus cabezas e idearios en tiempos de otros procesos de paz, cuando surgi la Unin Patritica y otras fuerzas alternativas vctimas de la guerra sucia cuyos autores registraron dnde estaban esos insobornables liderazgos sociales y polticos para apuntarles. Los ejemplos que confirman esto van siendo diarios: no bast que las fuerzas estatales mataran en das pasados a cuatro campesinos en el Catatumbo. A uno de los portavoces del movimiento de protesta, Csar Jerez, se le macartiza como insurgente, del mismo modo que a la ex senadora Piedad Crdoba por su presencia en esta regin.

(viii) A la par de esta estigmatizacin y de la exigencia a la guerrilla de desarmarse y no interferir en conflictos sociales para que deje que siga actuando nicamente el Estado a travs de sus polticas, sean cuales sean, el proceso de paz en su actual produccin tiende a hacer mayor y definitiva otra asimetra fundamental, que tanto atae a la memoria histrica como a las responsabilidades penales. Existiendo como un inamovible o lnea roja, la imposicin de Santos de no tratar desde ninguna arista el tema de la doctrina militar o de seguridad, que es la que ha dado pie a la guerra sucia o al terrorismo de Estado, cuyo presupuesto es el real o eventual enlace social con el proyecto insurgente, en la dimensin que sea dicha proximidad, se refuerza ese sealamiento que criminaliza por su origen a las organizaciones de izquierda cuando se dice que para evitar a futuro ms muertos de sta, la guerrilla debe pedir perdn a sus vctimas. Instruye el seor Fisas: Si hay un acuerdo de paz y desarme, la poblacin abre las puertas de la reconciliacin. No la habr si no piden perdn, y este debe ser de corazn para que tengan una vida poltica sin represalias y no se repita lo de la Unin Patritica (dem). Segn este retorcido predicamento que comporta una grave amenaza y que legitima la reaccin genocida las FARC seran entonces responsables del anterior exterminio y del que pueda venir?

(ix) Todo lo anterior est precisamente atravesado por algo a lo que el gobierno Santos no renuncia mientras dialoga, a sabiendas de la contradiccin radical: el tratamiento como terroristas de los rebeldes (sus interlocutores) y el mtodo de asociar el oleaje social de indignacin con meras tcticas, infiltraciones o maniobras guerrilleras, como si no hubiera suficiente razn en la poblacin para autnomamente salir a la calle o carreteras a reivindicar sus derechos, burlados una y otra vez en esta larga historia de exclusin.

 

2) La hegemona del nihilismo: desprecio del otro y de lo comn

Viendo apenas esos nueve ngulos, porque habra muchos ms por agregar o desagregar, asoma el razonable pesimismo: el pas tiene con esa poltica ms espejismos y menos futuro. Esas servidumbres (como la firma del pacto con la OTAN) o la imposicin de una paz express, para beneficio del Establecimiento, se trasladan como miserias generales, como lastres para todos. Son en realidad frenos a una paz transformadora que restan hoy fuerza y posicin a Colombia entera y no slo a la insurgencia de las FARC en una mesa donde un presidente juega a un proceso rpido con cartas marcadas que le asigna a su contradictor, como lo busca hacer con el ELN, buscando que de entrada esta guerrilla acepte absurdas condiciones de inferioridad, como las relativas a la renuncia de su capacidad militar y regulativa: declinar su derecho a capturar o hacer prisioneros o deponer su juridicidad.

El gobierno examina en su lgica cmo hacer que estas organizaciones se quebranten de todos modos: aceptando o no aceptando aprobar el pobre tratamiento escolar que Santos quiere dar a una agenda que naci suficiente pero que se hace cada vez ms estrecha o cicatera ante el calado de lo que el presidente suplanta y planta con velocidad pavorosa, haciendo que lo firmado en 2012 valga cada vez menos, que sea cada vez ms ftil el Acuerdo de La Habana, al quedar sustradas de la discusin con la insurgencia y con el conjunto nacional, buena parte de las problemticas ms acuciantes, sobre las cuales se tiene pleno derecho a opinar, y a abordar desde perspectivas de negociacin. Santos dice que no. Pues ha sacralizado esas materias o las ha revestido en paralelo como lneas rojas que no se pueden siquiera pensar. Si la doctrina represiva, si las relaciones internacionales, si el modelo de Estado y de economa no se pueden al menos cuestionar entonces para qu todo este montaje si no es un parip?

En una compleja accin consciente, poco a poco y simultneamente, Santos, desde su visin de clase, estipula, induce y arruina un proceso para ganarlo. No tiene sentido de pas sino de elite. Significa esto en el horizonte tico-poltico y cultural, que la alteridad u otredad que creamos iba a mantener Santos, se empobrece ninguneando (del verbo ningunear) no slo al opositor armado sino a los tejidos sociales donde emergen otros sujetos polticos que encarnan ejercicios y alternativas que Colombia necesita. El tratamiento eminentemente autoritario y represivo a la revuelta del Catatumbo, en junio y en lo que va corrido de este mes de julio de 2013, lo expresa claramente, como atrs se explic (puntos vi y vii). Aunque se muestre que el proceso de La Habana arroja fragmentados resultados formales (como el acuerdo bsico sobre lo agrario firmado en mayo de 2013 y el que vayan a firmar el gobierno y las FARC muy posiblemente sobre participacin poltica), en estas estructuras de monumental desequilibrio y en un mbito desprovisto de inmediatas garantas efectivas, en realidad Santos corroe y vaca el proceso mismo para vencer en l, tal y como hoy est delineado. Al tiempo, impide que se extienda y se consolide ejemplarmente en los prximos aos como construccin de consensos. Lo hace endeble y superficial, as como su objeto: la paz, ya no construccin, sucesin y diversidad de un bien comn con cambios efectivos en las condiciones materiales y espirituales del pas, sino pacificacin a tono con su reformismo conservador.

No es aventurado pensar que lo que se pueda pactar con una guerrilla que las elites buscan persuadir, tendr efectos claramente perecederos y anodinos, al darse continuidad desde arriba al implacable despropsito neoliberal de la mercantilizacin sin lmites y la exclusin, que probablemente sern de nuevo respondidas con algunos procesos de signo y poder popular, aunque stos en parte sean frgiles. Para entonces la estrategia de desarme de la guerrilla se habr asegurado. Es el punto de inflexin. Una reinsercin de la insurgencia sin reinsercin social del Estado, sin reinsercin social de los medios del poder econmico y poltico.

Lo anterior es apenas un plano. Muy importante, sustantivo, pero no el nico. Existe otro para cuya comprensin no basta la lectura de unos compromisos desde una configuracin poltica de las partes que los suscriben, los respetan o los incumplen, sino que existe una verdadera configuracin psico-social y cultural, de dimensiones y alcances fundamentales, que por supuesto s tiene que ver con la re-distribucin y transferencias sociales del poder poltico.

Por eso este apartado busca subrayar cul es el soporte sobre el que Santos apoya su poltica de impulsar un proceso de paz para luego demolerlo con el instrumental de la pacificacin: la hegemona del nihilismo.

Como buen intrprete de sus intereses de clase en el dilatado conjunto de grupos de poder que rivalizan y cooperan entre s y que por lo tanto hacen antesala para sus respectivas ganancias y ventajas a base de mantener la chusma a raya e inalterable el orden de segregacin que les beneficia, Santos no deja de advertir que l tiene lmites al igual que el mandato que gestiona como presidente, y que nada de lo que est por fuera de su programa de conversaciones podr ser tratado. Mientras, contina con la demonizacin: tanto del interlocutor rebelde con quien pact efectivamente una agenda como de los sectores populares no armados que luchan por tener la suya, no a modo de confinada splica para despus del proceso de paz sino como pliego de reivindicaciones ac y ahora, basadas sus aspiraciones en derechos, para que dicho proceso sea slido y eficaz. Un proceso que reinserte socialmente al Estado y que ataque el abandono y la desigualdad. O sea un proceso que puede ir generando la cultura de lo comn y de la tica del bien pblico, quebrando un pas indolente y pasivo. Es lo que Santos no quiere. Porque sabe que es lo que podra en perspectiva modificar las coordenadas, el rumbo de la negociacin, y alterar las finalidades con las que su clase social y representacin concibi este proceso, que es la derrota estratgica del adversario de izquierdas, no su empoderamiento en nivel alguno.

El nihilismo al que ac nos referimos, que es el monstruo de deshumanizacin al que ese movimiento popular debe enfrentar, es el que puede definirse, y tiene sustento histrico, a lo largo de la trayectoria nacional, como segregacin social y poltica, que se ha fortalecido en el reciente continuum Uribe-Santos como indolencia y negacin sistemtica respecto a los sujetos sociales y polticos que se mira con desprecio, que se tratan como prescindibles o desechables, por el hecho y el derecho de protestar o rebelarse impugnando un modelo. Es de nuevo la expresin y el anclaje de un imaginario de dominio y devastacin sobre el otro, cuando menos de indiferencia ante la alteridad del que se opone y la problemtica que nos antepone para su resolucin. Se manifiesta en condiciones psico-sociales de aceptacin y desarrollo de un tipo de fascismo nacional, en medio de la exaltacin de una cultura del ascenso propio y el derribo del otro, que el narcotrfico y el paramilitarismo no han hecho ms que vehicular en toda la pirmide social, con gneros de nuevos polticos de ese comprobado estereotipo, en connivencia con los poderes oligrquicos hbridos y tradicionales que requieren de tal sistema de enajenacin y violencia para conservarse. El resultado criminal y totalitario, entre la ficcin de un Estado democrtico, se ejemplifica en cuestiones aparentemente balades, como la eleccin de la cabeza narco-paramilitar lvaro Uribe Vlez con el ttulo de El Gran Colombiano de todos los tiempos (ver noticias del concurso de The History Channel). Una verosmil afinidad que es una gran vergenza.

Todo ello, en lo cotidiano, es evidentemente alentado e inscrito como fenmenos reales e idealizaciones en una racionalidad globalizada y puesta al da en dinmicas, redes y centros de poder mundializado, que justifican y hacen que se comparta por diferentes ambientes y estratos sociales la frmula del autoritarismo, que conduce tanto a la guerra sin cuartel contra el subversivo, especie de chivo expiatorio colectivo, al que viene bien para todos afrentar y enfrentar, conjurando as temporalmente los efectos reveladores de sus discursos y propuestas.

Aunque siempre hace falta estudiar y profundizar este tema en la teora poltica no slo a la luz de conceptos sino de experiencias de quiebre histrico, a diario en Colombia como pas dual por excelencia, se ensea de forma ilustrada y se ensaa de manera descarnada la hegemona de ese tipo de nihilismo, no slo como fuente de formas intensas de repeler con descalificaciones y acciones beligerantes al enemigo alzado en armas sino de cumplir la sentencia violenta de apartarlo, apartando las problemticas que la insurgencia discute, dulcificando con la frivolidad y el cinismo. Por eso vale ms socialmente como preocupacin real una telenovela, notas del Jet-Set o del glamour criollo, el ftbol, la farndula, un titular chauvinista, o la foto de Santos con una camiseta del Real Madrid, tras la visita del leonino empresario espaol Florentino Prez. Se la Web de la Presidencia: estamos haciendo el torneo por la reconciliacin... Todos estos nios y nias son hijos de desmovilizados de los tres grupos: de guerrilla, de paramilitares, Farc, Eln, Auc, que estn unindose entorno a algo muy importante que es el deporte esta accin social que hace el Real Madrid aqu en Colombia, este torneo en particular es una forma de ayudarnos a reconciliarnos los colombianos, despus de ms de 50 aos de conflicto interno (http://wsp.presidencia.gov.co 11 de julio). El mismo da que ordenaba Santos mantener la posicin recalcitrante del gobierno frente a la protesta social en el Catatumbo.

Todo lo trivial es usado, dimensionado en los medios de comunicacin, restando por ejemplo fuerza a las comprobadas y compartidas responsabilidades de castas polticas y de empresarios colombianos o extranjeros en el desangre que representan miles de graves casos de corrupcin, frente a lo cual no slo hay acostumbramiento o resignacin, sino distraccin, dejadez e impasibilidad, siendo ms pavoroso el contraste en el dominante pas urbano, donde la guerrilla ha sido todava ms repelida e incapaz de anclarse, donde ms se desfigura sobre ella entre la saturacin de mensajes y consumos que producen transversalmente unos cinturones indigentes de McCiudadanos (tomando la expresin acertada de Bryan S. Turner). Esto opera para la conducta distante que Turner describe de los McCiudadanos, condicin sine qua non de una democracia huera, que se reproduce as, para asegurar un poder poltico que reforma lo que sirve lgicamente al mantenimiento del status quo, no lo que humaniza socialmente.

Encarrilar los dilogos de paz exclusivamente en el programa oficial de Santos (como lo dicen los jerarcas de la iglesia catlica) y desdear el cuerpo social que se manifiesta ms all confrontando la poltica de domesticacin, es tratar al pas real como un trastornado al que se le impone la camisa de fuerza y el sedante de una agenda que, siendo importante, va quedando insuficiente y desmantelada por Santos, pese a los esfuerzos de la guerrilla de las FARC por abordarla con una exgesis lo ms amplia posible. Mandada a callar la guerrilla, como lo hace Fisas (ver a propsito la opinin del comandante de las FARC Jess Santrich en http://www.farcforopaz.resistencia-colombia.org), o constreida la insurgencia a un permetro conceptual y metodolgico, es obligada a contenerse y a contener la energa desconocida que expresan ese cuerpo y mente sociales indciles, para que tambin termine ella proscribiendo o menospreciando lo que el movimiento popular reivindicativo puede desatar.

Lo que ha puesto en evidencia la desaprobacin dictada por Santos, por polticos de siglas diferenciadas y por diversidad de ulicos en los medios de comunicacin, a la idea de una Asamblea Constituyente, lo que ese rechazo histrico proclama en el fondo es que como van las cosas en el pas van bien para ellos, bajo el actual aparato institucional, sus reglas y su orientacin, del que se predican instrumentos aptos para las mejoras. Si va bien, no hay necesidad de cambios arriesgados que no se puedan controlar o que deriven en una nueva distribucin de poder. Les resulta peregrino y chocante que exista un caudal de propuestas polticas creativas por parte de las guerrillas y los movimientos sociales. De ah que pretendan desde arriba para el pas entero poner en solfa o neutralizar iniciativas polticas alternativas, porque stas escapan a la especie de lobotoma que se ha buscado extender.

La negativa a la idea de una transicin constituyente ha sido tosca, directamente, basada en la visceral reaccin contrainsurgente, o sta se ha ataviado de muy diversos argumentos polticos y jurdicos, dicindose que segn clculos electorales la guerrilla sera la perdedora de tal iniciativa, que no es un reclamo social, que no es conveniente ni necesaria segn las materias tratadas en las conversaciones, que no es viable con las normas actuales, que es incompatible con el diseo de los dilogos de paz, que el orden constitucional y legal tiene otros mecanismos de refrendacin de los probables acuerdos a los que se llegue en La Habana, que podra implicar retrocesos sustanciales, que sera abrir una Caja de Pandora en la disputa de una extrema izquierda y una extrema derecha, interesadas por igual en obtener rditos polticos, etc.

Estamos de nuevo frente a la hipocresa de las elites y sus defensores. Bastara recordar no slo el principio del constituyente primario cuyo poder y conjuncin ordena el sistema jurdico-poltico democrtico liberal, sino cmo fue el propio proceso que dio lugar a la Constitucin de 1991, hoy vigente con numerosas y deplorables reformas. Hacer memoria, por lo tanto, de cmo tras diversos pasos y pactos al interior del Establecimiento, desde 1989, sus capas dirigentes fueron disponiendo la suspensin de sus propias reglas, sacralizadas y desacralizadas segn su conveniencia, para un reemplazo, para la definicin de una nueva Carta Poltica, que dej a una gran parte del pas por fuera del acuerdo de esa ordenacin, la cual supuso, tras la intervenida y breve apertura que signific, un cierre devastador cuyas consecuencias hoy est pagando el pas a diario.

Negarse a una perspectiva constituyente, como lo hace el gobierno Santos, es el claro reconocimiento de una muy limitada voluntad poltica, que demuestra cmo el Establecimiento est dispuesto a sacrificar el proceso de paz con tal de no alterar democrticamente una estructura constitucional que s requiere cambios concertados. En ello se comporta como la extrema derecha, que no comparte la paz negociada como horizonte, y que de antemano se auto-excluye del intento.

No es extrao. Refleja por unos y otros al interior del sistema, la banalizacin del proceso de paz y de la paz misma, simplificada o reducida a la exigencia de desarme de la insurgencia. Dicha banalizacin es una extensin o refuerzo del nihilismo que ha configurado al pas. La misma pauta que lo ha sumergido en mares de indiferencia, enajenacin y anomia, se renueva como regla y atenta precisamente contra los fundamentos de una salida poltica de la dimensin que se requiere para alcanzar una plataforma de democracia real. Pareciera que unos sectores de la nacin que se dice cansada de la guerra, y un gobierno que les representara, desearan y podran participar vivamente en la cimentacin de la paz. Se prueba, por el contrario, que estn dispuestos al estancamiento en medio de su comodidad, prosperidad, consumo y egosmo; a sembrar el pesimismo social que obstruye, mientras sus rentas y beneficios de un orden de cosas les reafirma como Mc-ciudadanos satisfechos; a no creer en la capacidad de pactos, porque precisamente, inconmovibles, no estn en disposicin de ceder nada. Y si esto es as: merece la pena una paz surtida como mero trmite legal de un conflicto simplificado como si fuera una controversia, asistiendo las mayoras como oyentes elementales? El ELN, por adelantado, y las FARC, ya en proceso, han expresado claramente que no comparten esa parodia.

Lo prescrito por Santos busca la eficiencia y eficacia ejecutiva desde la perspectiva de los dueos del pas, que pretenden la precariedad del debate, sustrayendo de la agenda lo realmente necesario (el cambio del inicuo modelo econmico, v.gr.), ofreciendo un producto precocido hecho a base de residuos polticos, como ganancia para s y como banalidad o trivialidad de sus resultados, para que nada sustancial cambie. Tratar el proceso de paz no slo de manera express en el tiempo, sino, lo ms grave, de modo superficial, ante las causas del conflicto, como si el problema versara en un decreto de mera gestin para proveer unas cuentas reformas formales, es seguir empalmando el pas a un paradigma que es catastrfico. Que si bien es todava dominante en el mundo, ha demostrado su fuerza auto-destructiva y devastadora.

En la crisis planetaria actual, verdadera crisis civilizatoria, es el paradigma nihilista el que induce a formaciones neofascistas, como itinerario de muerte, segn el cual debe eliminarse toda distorsin sensible, emancipadora y de calidad dialctica, toda interrupcin a la mercantilizacin y su cultura plstica, cual McDonalizacin de la sociedad, como describi hace ms de veinte aos el socilogo estadounidense George Ritzer; una McDonalizacin del mundo y dentro de l de Colombia, o sea una McDonalizacin del proceso de paz cual deglucin atropellada, engullendo un objeto sin sujetos, una bazofia rpida y barata, y no asimilando y compartiendo socialmente una seria resolucin que afecte con costos en los privilegios, que remueva colectivamente para superar el decaimiento tico, la sandez, y esa reinante in-cultura del desprecio ante la necesidad de cambios radicales que beneficien a las grandes y desposedas mayoras.

 

3. La perspectiva constituyente: la voluntad de quien (no) manda

Comprendiendo las causas del conflicto armado y en ese marco el ejercicio del derecho a la rebelin, que hoy est exhortado a proyectar su acumulado y razn en aras de la negociacin poltica que sirva a los procesos de emancipacin social y que no traicione por tanto todo el sacrificio y el conato humano-popular que dicho sufrimiento colectivo ha comportado, es ya la hora de una toma de partido sin mentiras ni dobleces: la paz como construccin, si bien requiere cauces dialgicos y el reposo o temple diplomtico ante una mesa, demanda al tiempo, para ser verdadera, de los sobresaltos que conllevan slo ciertas rupturas o potencias impenitentes. En otras palabras: detener la espiral de injusticia y guerra s es posible, no en la continuidad o la inercia, sino a travs de sacudidas creativas que quebranten el letargo, la insensibilidad, la indolencia, el nihilismo. De ah que se invoque la convulsin, el estremecimiento colectivo, el compromiso de profundidad de una sociedad para su futuro. Y la estrategia de estar alertas ante las ddivas que da el sistema y ser insobornables. Esto es lo que se juega tanto en La Habana como en el Catatumbo y otras regiones: la honradez. Optando por el tiempo del capital o por el tiempo de la vida.

La opcin por la vida plena de todos y no slo de unos cuantos, es la que se radica en el bien comn, en lo comn a defender y forjar. Es esa tensin la que puede desencadenarse, agitndose la bandera de un proceso constituyente, propuesta y alegato razonable al que se ha referido no de ahora sino de tiempo atrs la insurgencia, como tambin una parte primordial de la llamada sociedad civil popular.

Una realidad contundente es la que hoy se expresa negativamente en los terrenos social, econmico, internacional, poltico, medioambiental y cultural, como problemticas complejas y desafos de urgente y congruente intervencin, y positivamente en el potencial material y de voluntad para una resolucin del conflicto armado que tenga como base y objetivo no slo un Tratado de paz entre el Establecimiento y las organizaciones guerrilleras, sino una nueva conformacin de responsabilidades polticas que exprese sin ambages la negociacin entre esas dos partes contendientes, y las demandas o planes de vida de los sectores sociales hasta ahora excluidos de participar con instrumentos adecuados. Una perspectiva constituyente es precisamente la que expresa en proceso ese cuerpo social diverso, y la que establece el balance de poderes originarios y derivados para encaminar transformaciones verdaderas, redistributivas, de transferencias democrticas, desde unas instituciones remodeladas, con garantas y controles.

Siendo cierto que como tal una Asamblea Constituyente no es la panacea, pues la problemtica de negacin de derechos es honda, estructural y compleja, tan densa que ningn proceso de reforma originado al interior de un orden cerrado de regulacin, especialmente segregador como el colombiano, puede abordarla con cierta eficacia, s es probable que desde dentro se contribuya a sobrepasar factores de estancamiento histrico, a condicin claro est de desobstruir, de existir y verificarse una voluntad poltica que no convierta en fetiche la actual Constitucin, valorando el beneficio de su transformacin para la paz como bien comn, y no la utilidad que para unos grupos tiene dicho orden codificado de descomposicin que hace de la normalizacin de la violencia una lgica social asumida, como norma de normas en funcin del despojo, como medio de supresin de los derechos de las mayoras y no de justicia.

Recordando ac lo que algunos tericos como Foucault y Negri han planteado sobre el paso del biopoder a la biopoltica, es entonces indiscutible que se requiere producir el fin del conflicto armado como final negociado, es decir como Tratado de paz entre los beligerantes, como acuerdo que libere de esa confrontacin y sus costos, para lo cual dicho pacto ha de ser por definicin constituyente, o sea emergente y propiciador de nuevas relaciones jurdicas, sociales, polticas, econmicas y de alcance cultural en pos de representar un poder ms democrtico. Y ello, siendo una labor a largo plazo, tiene ya mismo cruciales momentos de solucin, inaplazables o impostergables como conatos, que de tajo pueden ya significar otros derroteros, como se dio de alguna manera tras al apartheid y la nueva Constitucin en Sudfrica, donde y cuando fue imperioso embellecer dignamente de negro la esperanza contra un rgimen insostenible por oprobioso.

Consecuentemente, no se tratara de generar con esa perspectiva ningn vaco ni caos funcional para involuciones, para zarpazos intervencionistas y de la extrema derecha, que romperan lo poco que se ha logrado en trminos formales, sino para avanzar conforme a un temario que asegure principios democrticos y de derechos ya establecidos en consonancia con los actuales paradigmas de los derechos humanos colectivos, el buen vivir y el bien comn, lo comn constituyente en suma, en la base del nuevo constitucionalismo, o sea un programa centrado en la paz con justicia, emanado del mismo proceso, de los puntos que se deben convalidar o aprobar tras la agenda ya abordada por los beligerantes, de las materias que se deben discutir o definir por estas partes, todava en negociacin, pero ms all de stas: con quienes ya representan como sujetos sociales emergentes un conjunto de mandatos y reivindicaciones, que son por lo mismo gran parte del espectro de tal poder constituyente primario que se auto-convoca y que compondr esa Asamblea o Convencin. Es una reingeniera constitucional de fondo, que asume cmo lo jurdico se construye desde realidades de consenso poltico.

La perspectiva constituyente expresara ese balance que la negociacin contiene, ms all de unos cuantos cambios cosmticos a travs de simples giros legales. No es entonces la fetichizacin o idealizacin de la Constituyente como una nica coyuntura y herramienta extraordinaria, sino la concatenacin procesual de actos polticos y jurdicos que la proyectan desde ya sujetada o sujeta a la disposicin de las partes para la terminacin pactada del conflicto armado y el convenio de las bsicas condiciones de construccin de la paz. Es el sentido de una Convencin Nacional como el ELN tambin lo ha planteado nominalmente desde hace ms de quince (15) aos y como hoy lo realza unitariamente, concordando con las FARC que una Asamblea Nacional Constituyente sera un mecanismo idneo por cuanto convocara a nuevos y autnticos consensos construidos con la ms amplia y plena participacin de la sociedad (Declaracin por la Paz de la Cumbre de Comandantes, junio de 2013).

No por la propuesta insurgente sola, ni por la sitiada expresin social de la poblacin rural cansada del abandono, del incumplimiento, de la injusticia y de la guerra, ni siquiera por su probable coincidencia en demandas elementales como estn siendo tanto en la mesa de La Habana como en el Catatumbo, Cauca, Putumayo y otras regiones que cada vez encarnan en ncleos de inconformidad decididas resistencias al modelo, sino entendiendo ms ancho el pas con la inclusin de lo urbano como componente decisivo, y de las propias expectativas tanto de la clase popular como de los sectores de una clase media, es posible y necesario, ms que nunca antes, refutar esa hegemona del nihilismo como indolencia e insolidaridad compartida, cubierta con las propuestas neoliberales de cohesin social.

Se hace contradiciendo hoy el tiempo y el esquema McDonalizado del proceso de paz, que cosifica y empobrece por parte del gobierno la participacin social, atentando contra la titularidad, pluralidad y condicin de sujeto poltico de los movimientos populares. Se hace contrastando con desobediencia civil la careta y etiqueta de democracia que propone la paz mercanca, ofrecindola el gobierno como condicin de posibilidad y valor agregado para los negocios. Se hace oponiendo de nuestro lado una conciencia social compleja, de profundidad, diversidad y concertacin, vinculante y progresiva, con construccin de garantas efectivas, mediante una racionalidad de resistencias populares que reafirman las posibilidades del buen vivir erigiendo el bien comn, lo comn que destituye lo injusto y que es constituyente de lo nuevo colectivo; resistencias que deben recomponer las condiciones de la democracia genuina, entendida indudablemente como proceso.

Por lo mismo, se hace imperioso derribar murallas. La Cultural-Meditica a la que se refiere el jesuita Javier Giraldo, que se encarga de acondicionar los niveles ms ntimos de las personas [su conciencia] para convertirlas en usuarios adaptados y sumisos al sistema poltico imperante. As como la Econmica: Sobre esa base del ajuste psquico meditico a la mercantilizacin universalizada, se acepta, como algo natural, competir econmicamente por el poder, silenciando en las trastiendas de lo inconsciente la descomunal desigualdad de los competidores. Por ello habra que irrumpir ya con propuestas de cambios radicales en la informacin y la comunicacin, dado que Los medios masivos utilizan abierta u sutilmente la calumnia para neutralizar posiciones incmodas a los poderes que de facto representan. Han entronizado en profundidad una tica donde la frontera entre lo bueno y lo malo est definida por la sumisin o el rechazo a los ejes estructurales del sistema imperante y a sus figuras representativas (http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article231).

Por su propia fuerza y definicin, la perspectiva constituyente debe ir interpelando y traspasando tanto a la insurgencia, que s la comparte y que ya elabora consistentes propuestas de cambios en el rgimen jurdico-poltico para emprender transformaciones bsicas, como a la otra parte contendiente: el Estado, y en su entorno el Establecimiento, que Santos anuda con amplia representacin, que tienen gran parte del poder del pas, pero no todo el mando, pues existe un conflicto no slo armado sino social y poltico que sita al otro lado de la mesa a un contradictor con quien est buscando negociar y construir una salida a la confrontacin, y ms all unas mayoras que la guerrilla ya ha dicho son las que deben ser escuchadas y sus demandas tenidas en cuenta en este proceso. Con la delegacin oficial del gobierno en La Habana va la voz de grupos decisores de gran parte de los rumbos del pas, que lo han llevado al comprobado estado de pobreza y conculcacin de derechos que es inocultable. No estn quienes hoy levantan sus legtimas reclamaciones en diversas regiones del pas.

Salvo posturas de la extrema derecha, es de aceptacin extensa que los dilogos gobierno-FARC deben continuar, que a dicho escenario debe ya sumarse en otra mesa el ELN, que coherentemente ha dicho que no acepta condiciones previas, y es tambin reconocido que los pactos parciales que se van logrando en el acercamiento son exactamente eso: una importante aproximacin. Pero no siendo compartida la idea constituyente por Santos, lo que no puede hacer de ningn modo, salvo con decisiones de guerra sucia, y ni siquiera, es impedir el posicionamiento de esta perspectiva, a modo de debate que desde hace tiempo tienen en su seno movimientos que han combatido la exclusin a travs de la autonoma y el empoderamiento popular, que luchan por su inclusin y la de otros, como el Congreso de los Pueblos, Marcha Patritica, la Ruta Social Comn y otras expresiones vigorosas de la izquierda. Vctimas de la propaganda y el amedrentamiento en un pas preso de la histeria y la manipulacin, no se han recluido como rehenes que esperan una recompensa o cooptacin por el Estado, sino que son parte de la potencia emergente: contrastan con el acostumbramiento, con la escabrosa corrupcin de la poltica tradicional, con el clientelismo y las componendas; nos los mueve intereses econmicos individuales o de empresas; rebaten en parte el tratamiento asistencialista de ONGs, pues saben del colonialismo, el automatismo y la podredumbre que en muchas de ellas procede, vidas ya del negocio del postconflicto.

Sin ese tejido alternativo, y en el remoto caso de que la guerrilla cediera e hiciera que resultara victoriosa y convalidada en la mesa de dilogos la estrategia reformista de pacificacin con sus atractivas carnadas de favorabilidad a quienes renieguen, propsito al que Santos no ha renunciado, la paz que de ah puede resultar con la victoria de los de arriba (como dira transversalmente en su obra el maestro Eduardo Umaa Luna), es la paz chatarra de la McDonalizacin, con una terrible paradoja de por medio: desistiran las organizaciones rebeldes, precisamente cuando a nivel planetario en decenas de nuevos puntos del globo van expresndose resistencias de muchedumbres de seres indignados que reivindican hacer frente a la banalidad del mal y a la normalizacin de la muerte, demandando y participando en la construccin de una democracia real, que cultivan el paradigma del buen vivir, de la responsabilidad ecosocial y que podran entender las razones por las que puede ejercerse ticamente el derecho a la rebelin. Plantan su insumisin a la irracionalidad de las deshumanizadoras supraestructuras creadas por los sistemas mcdonalizados para dirigir sus vidas, como indicara Ritzer en el libro mencionado (La McDonalizacin de la sociedad. Un anlisis de la racionalizacin en la vida cotidiana. Ariel, Barcelona, 1996, pg. 181).

Una paz as ser un siniestro ejemplo y un fatal recuerdo, por ser vacua, barata y rpida para los detentadores de la riqueza, inversamente proporcional al costoso fracaso histrico que representara para los sectores populares. Suscrita como pactos que al final inflan tanto como envenenan o empobrecen un sistema de relaciones sociales. Acuerdos sin garantas, que no se cumplen, obteniendo los parabienes y la relegitimacin una clase poltica y empresarial que puede as proseguir con ligeras variaciones en las dos dinmicas concomitantes: el control econmico y el control poltico, habiendo sido muy oportuno un proceso de paz a usar y desechar, McDonalizado, para que la sociedad frentica sea inducida a un desenlace de contraprestacin, de consumo y punto final de las responsabilidades penales de quienes sostuvieron el status quo.

Superando el enfoque de una pacificacin o paz menesterosa a la que invitan con pactos mezquinos, McDonalizados, guiados por el clculo, por la previsin dominante y por la eficiencia de quien los produce desde el poder de arriba, la participacin social que se puede abrir paso desde abajo con una confluencia constituyente, no puede hacerlo en condiciones distintas a las de la irrupcin lcida, reflexiva, con indignacin y organizacin propia. Requiere por eso de otro modelo que no sea el de McDonald's, cual filas de consumidores obedientes y estpidos, a la espera de una ingesta recargada de pobreza, insalubre y masiva, alienante e indiferente. Requiere del respeto a la palabra y a la accin de esos sectores populares, de su visin del cuidado de la vida, de su condicin y proceso de sujeto, para lo cual no basta su puntual y formal figuracin en unos cuantos eventos pblicos o registros telemticos. El pas no puede terminar banalizando el proceso de paz y la paz misma, convertido en un McDonald's, donde rpidamente se facturan y despachan en rebajas o promocin unas envolturas.

No es la estampa ni la estampida de convidados que piedra, sino sujetos sociales que no mendigan, que exigen condiciones de posibilidad poltica y jurdica para su derecho a participar desde la capacidad que les da unas agendas sociales en ciernes, que bien pueden hacer parte de un serio proceso excepcional de debate constituyente, por lo tanto de resolucin no McDonalizada del conflicto, contraponindose a la superficialidad, a la conformidad y a la aceptacin nihilista de la injusticia. No son consumidores que se hinchan y ahuecan con banalidades.

Si Santos impuso como condicin hablar fuera del pas, lo que efectivamente no podr hacer es desplazar a miles de campesinos y pobladores urbanos a lo mismo: fuera de su territorio natural, por fuera de las relaciones sociales y polticas que tienen derecho a fraguar como resistencias. Y est por verse tambin si los movimientos sociales aceptan las absurdas y rotundas proscripciones que Santos ordena: no cuestionar la doctrina de la fuerza pblica, ni proponer modificaciones al modelo econmico y poltico. Mientras, Santos s despliega su mando, sin moratoria alguna en todas las materias (econmica, poltica, poltica internacional, reformas constitucionales y legales, etc.), al igual que los beneficiarios de la acumulacin violenta, los grandes propietarios, las empresas acaudaladas, las influyentes fortunas, las compaas piratas, que expresaron, y lo estn cumpliendo, que no asumen compromisos de redistribucin y transferencia de la riqueza. Slo brindan la paz rpida, deshacedora y barata. La paz basura. La paz del despojo.

Qu puede obligarles a cambiar la oferta? Lo que ya est en camino: la perspectiva constituyente que relaciona de un lado la voluntad de quien (no) manda, los de abajo, frente a la voluntad de quien (no) manda todo desde arriba. Por eso est intrnsecamente vinculada con la negociacin poltica, de poderes, tanto entre partes beligerantes (Estado e insurgencia) como sectores sociales con intereses diversos, donde las mayoras empobrecidas ya estn en trnsito de movilizacin, cuya produccin de una cultura poltica, ante el resto del pas, est marcada en el pecho por representar lo contrario al pas indolente y entumecido. Por eso el riesgo de volver a ser descabezadas, y de ah la necesidad imperiosa de que sea paralizada la mano tenebrosa de la guerra sucia que est activada en las fuerzas armadas estatales (materia vedada o lnea roja segn Santos), donde se forman verdaderos escuadrones de la muerte, como tambin cambiar las reglas de la disputa, no slo en el tendido electoral, para que sea lo menos asimtrica, razn por la cual no basta devolver la personera jurdica a la Unin Patritica (9 de julio de 2013 / http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12921988.html), sino respetar los procesos de movilizacin social del bloque popular debilitado por aos, aniquiladas muchas de sus fuerzas y redes.

Precisamente este hecho apenas mnimo, indica la constelacin o diversidad de acontecimientos necesarios que ratifican la fuerza emancipadora de la perspectiva destituyente, instituyente y constituyente, en tanto los sectores sociales victimizados, criminalizados, perseguidos, deben ser los lugares y sujetos histricos de cambio y reparacin, de verdad y de justicia, parafraseando a Ignacio Ellacura. Lo son en tanto procesos que tienden a organizarse sin garantas pero en pro de ellas, resolvindose al afrontar una descomunal maquinaria de chantaje, en medio de una desfavorable correlacin de fuerzas, no cayendo pese esto en la penumbra del reposo que precede a la parlisis ni acomodndose segn al precio por arrepentirse.

Como lo hemos sostenido, la solucin poltica s es posible, siempre y cuando su modelo no sea el de la paz basura, en el universo McDonald's, sino en el nuevo ciclo de demandas nacionales y globales, de alternativas que devuelven al Estado sus obligaciones y capacidades, con la centralidad de los derechos humanos de la poblacin, de la ciudadana, de los pueblos, es decir debe inscribirse en la construccin de un nuevo paradigma que ya rebas la promesa socialdemcrata de regulacin neoliberal, poca en la que el hoy presidente Santos se cas con una concepcin de la vida deshumanizadora, la que reserva para s y su clase la vida y sus frutos, mientras se niega objetivamente condiciones de plenitud de derechos y dignidad para los otros. Esa visin ha demostrado rotundamente su fracaso, y las tempestades que entraa, que vienen de aquellos vientos despreciados.

4. Santos, un da, de su puo y letra en un convento

Santos hoy vincula el proceso de paz con el aplastamiento material y moral de la insurgencia, y con la efectiva neutralizacin de las luchas sociales, como las del Catatumbo, que intenta desprestigiar, desarticular o desgastar, al tiempo de pretender o calcular no caer en el extremo para obtener as el trmino medio, ms cuando debe permanecer en la mesa de dilogos de La Habana, cuando es probable tambin que habilite una con el ELN, si esta guerrilla accede luego de ser eludida. Santos ha formulado un proceso presuroso y fugaz, premedita los tiempos, pues debe cuidar su muy probable reeleccin hasta el 2018.

No es posible acabar de manera trivial o tratando insulsamente un conflicto tan hondo en sus causas y consecuencias, frente a complejos retos de futuro nacional, regional y global, dialogando slo para buscar la rendicin guerrillera con el maquillaje de unas reformas que desechan a los movimientos sociales y populares que tienen pleno derecho a estar reflejados en un nuevo ordenamiento constitucional para las debidas garantas e instituciones polticas.

Podr ser posible que Santos supere la McDonalizacin, la oferta de una paz basura? Que deje de lado la racionalizacin y disciplina del sistema decadente, nihilista, alienante y deshumanizador, que se reproduce ciega y acrticamente? Es posible que remueva su anquilosado egosmo ilustrado hacia un enfoque ms inteligente, pensando que ni sus hijos o nietos, ni los de los dems, merecen la carga de sobrevivir en un pas en la miseria y en la guerra? Como se los dijo a los de la clase social de Santos en la llamada reunin de Maguncia hace 15 aos el comandante Milton Hernndez.

Juan Manuel Santos al menos dos veces pens distinto a como hoy piensa respecto a una Asamblea Constituyente. Brevemente: en 1997 cuando dicha idea se mastic o cavil en el entramado de un supuesto complot dirigido por l contra el entonces presidente Samper y su putrefacto gobierno (entre varios documentos ver http://www.semana.com/nacion/articulo/el-complot-de-santos/34308-3 / nota del 17 de noviembre de 1997), ofreciendo Santos a diestra y siniestra dicha alternativa.

Y en una segunda oportunidad, entre el 13 y el 15 de julio de 1998, cuando firm en Wrzburg (Alemania), con treinta y nueve personas ms, entre las que estaban comandantes del ELN, miembros de la iglesia catlica, representantes de los grupos sociales y econmicos a los que Santos pertenece, junto a acadmicos y otras gentes de diferentes espacios, el denominado Acuerdo de Puerta del Cielo (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-776073). Ah puede leerse lo que l suscribi:

En vista de los resultados positivos obtenidos en esta reunin acordamos tambin: la convocatoria de una Convencin Nacional con miras a la obtencin de la Paz y la justicia social, la ampliacin de la democracia y la consolidacin de la soberana nacional, bajo los siguientes parmetros: Por Convencin Nacional entendemos un proceso con varios espacios de dilogo, con capacidad propositiva por parte de representantes del Estado, la sociedad y la guerrilla que en l participen / La Convencin buscar elaborar las bases de un acuerdo poltico de reformas y transformaciones sociales, con miras a la democratizacin del Estado y la sociedad. Su desarrollo se har a travs de los mecanismos que sean indispensables de orden administrativo o legislativo, e inclusive a travs de la organizacin de una Asamblea Nacional Constituyente / La Convencin Nacional debe propiciar la participacin de representantes del Estado y contar con el aval del Gobierno Nacional, para lo cual el Consejo Nacional de Paz, en su calidad de organismo asesor del Gobierno, servir como facilitador. Se invitar a las FARC y al conjunto de la Coordinara Guerrillera para que participen en la Convencin Nacional y confluyan en los propsitos de la misma / En relacin con los participantes es importante tener en cuenta la mayor representatividad de los mismos, tomando como base el actual grupo de participantes del Encuentro de Mainz, constituidos en Comisin Preparatoria de la Convencin Nacional y se conformar un comit operativo para este propsito / El proceso de esta Convencin Nacional debe estimular espacios regionales y sectoriales de preparacin a dicha Convencin / La propia Convencin Nacional decidir el procedimiento de toma de decisiones y los dems aspectos de su funcionamiento. En la agenda de la Convencin se tratarn temas tales como la definicin de las bases para las transformaciones de las estructuras sociales, econmicas y polticas que se requieran, mediante una accin concertada que tenga en cuenta entre otros, la plena vigencia de los derechos humanos, la justicia social y econmica, la democratizacin poltica, la soberana, la integracin e internacionalizacin y el papel de la fuerza pblica en un pas en paz / La Convencin Nacional se har en territorio colombiano, en un rea en la cual haya un cese al fuego bilateral y se darn las garantas necesarias para todos los participantes en la misma. Coincidente con la realizacin de la Convencin Nacional, se exhorta a buscar hechos de Paz de mayor significacin, tales como el cese al fuego y el cese de operaciones ofensivas de las partes en el territorio nacional / Los firmantes de este acuerdo quedamos comprometidos en su proyeccin, apoyo, evaluacin y seguimiento y en vincular a este trabajo a otros sectores representativos de la sociedad colombiana.

Presidente Santos, Cunta hambre, devastacin y sufrimiento se habran podido superar? Cuntos miles de muertos se habra evitado el pas? Cuntas miles de desgracias terribles no hubieran ocurrido? Cuntas madres y juventud rebosante se hubieran reencontrado y abrazado!

Llegamos atrasados otra vez, quince aos ms tarde.


(*) Carlos Alberto Ruiz Socha es Doctor en Derecho. Autor de La rebelin de los lmites (Edit. Desde abajo, Bogot, 2008). Fue asesor de la Comisin Gubernamental para la Humanizacin del Conflicto Armado en Colombia.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante unalicencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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