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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-07-2013

Acerca de los umbrales del uso de drogas ilegales
Ni enfermos ni delincuentes

Jorge Vicente Paladines
Rebelin


El 17 de mayo de 2013 la Organizacin de Estados Americanos (OEA) public el informe intitulado El problema de las drogas en las Amricas, donde adems de colocar sobre la mesa de discusin la necesidad de revisar las polticas y legislaciones en favor de una indiscutible despenalizacin del consumo, refuerza el enfoque de salud pblica en la perspectiva de centrar su tendencia hacia el tratamiento y la rehabilitacin de los consumidores. Cuatro das ms tarde, mientras la OEA presentaba este informe en Bogot, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas (CONSEP) emiti una resolucin en Quito para establecer los umbrales que eviten fcticamente la criminalizacin del consumo en Ecuador.

La resolucin 001-CONSEP-CO-2013 va dirigida a la organizacin judicial (Art. 2), para tcnicamente completar el vaco ntico que hay entre la Constitucin de la Repblica y la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas (Ley 108) que, por una parte, proscribe cualquier forma de criminalizacin del consumo y, por otra, reprime la tenencia o posesin de drogas ilegales. En consecuencia, partir de las siguientes lneas abordar las dos dimensiones expresadas en el Informe de la OEA, la Resolucin del CONSEP y la Constitucin de la Repblica que, desarticulando la penalidad sobre los consumidores, remiten la poltica hacia el enfoque de la enfermedad.

  1. La indiscutible legalizacin del consumo

No solo segn el artculo 364 de la Constitucin de la Repblica, sino tambin segn el informe analtico de la OEA, el uso o consumo de drogas no debe ser considerado como un crimen o delito. Paradjicamente, el principio de no criminalizar a los usuarios siempre ha adolecido de una proteccin fctica, pues en los hechos, mientras formalmente las normas prohben penalizar a los consumidores, la sola tenencia o posesin para el consumo se ha mantenido como delito. Dicho en palabras coloquiales: fumar marihuana no debe ser un delito, pero tener o poseer marihuana para fumar s es un crimen.

De esta forma, la Ley 108 castiga en su artculo 62 la tenencia o posesin de drogas ilegales con la pena de 12 a 16 aos de encierro (mayor que la pena para el homicidio simple), la misma que puede ser aumentada en casos de concurrencia de otros delitos de drogas con una pena de 25 aos de reclusin mayor especial. Ecuador se ha caracterizado por llenar mayoritariamente sus crceles de personas detenidas por delitos de drogas. Entre el 35% y 45% de las personas privadas de la libertad en los diversos periodos anuales estn encerradas segn el amplsimo catlogo de delitos de la Ley 108 (Paladines, 2012: 33), la cual no hace ninguna distincin tcnica-legal para evitar que los consumidores sean confundidos con criminales. Por ende, frente a las centenas de personas encarceladas por tenencia o posesin cabe siempre la duda de: pudieron haber sido consumidores?

La posibilidad de una respuesta se diluye en los subjetivos y discrecionales peritajes generalmente psicosomticos que no siempre se hacen en este tipo de procesos judiciales. A su vez, la cantidad de la sustancia hallada en tenencia o posesin de las personas penalizadas genera diversas apreciaciones jurdicas segn la sana crtica de los jueces. En algunos casos solo basta tener un gramo de marihuana para recibir una pena de 12 aos de crcel (Causa 0034-2011 Tribunal de Garantas Penales de Zamora Chinchipe), mientras en otros se puede ser absuelto con ms de doscientos cuarenta (Causa 0074-2012 Tribunal Segundo de Garantas Penales del Carchi). La asimetra frente al primer caso no es ms que el resultado de la ausencia de un mnimo jurdico que hubiese evitado criminalizar a un evidente usuario de marihuana, pues aunque la Constitucin prohbe su criminalizacin, contra-fcticamente la Ley 108 y el sistema penal s lo hacen.

Los umbrales establecidos por el CONSEP se conectan con la mencionada necesidad. Muchos pases del mundo empezaron a legalizar materialmente el uso o consumo de drogas mediante la creacin de umbrales mnimos para evitar que el poder punitivo se inmiscuya tambin en el libre desarrollo de la personalidad. Aunque no exista un estndar internacional que defina cul es la cantidad tcnica de drogas que una persona puede tener o poseer para su consumo, pues depende en gran medida de la frecuencia, aptitud orgnica e incluso de su capacidad y posicin econmica, los umbrales son un primer intento para delimitar el campo del consumo frente al delito. En esta lnea, algunos pases del mundo presentan los siguientes ejemplos para el caso del cannabis (Jelsma, 2009: 5):

Tabla No. 1 Referencia de umbrales que descriminalizan la posesin del cannabis en algunos pases del mundo

Pas

Umbral en gramos

Australia

Entre 15 y 50 gramos (en cuatro estados)

Colombia

20 gramos

Espaa

40 gramos (por escasa nimiedad judicial)

Estados Unidos

28,45 gramos (en trece estados)

Finlandia

15 gramos

Holanda

5 gramos (y autocultivo de 5 plantas)

Mxico

5 gramos

Paraguay

10 gramos

Portugal

La cantidad necesaria para el consumo por diez das

Quiz Portugal sea uno de los casos ms paradigmticos a nivel mundial. En este pas, a partir de la Ley No. 30 del 29 de noviembre de 2000, los umbrales delimitan la posesin o tenencia de drogas por el consumo de hasta diez das, lo cual ha implicado incluso los policonsumos de drogas ilegales y que reglamentan en detalle la cantidad permitida en gramos o pastillas: 25 gramos de cannabis; 5 gramos de hachs; 2 gramos de cocana; 1 gramo de herona; 10 pastillas de LSD o xtasis, entre otros. Como contrapartida, el gobierno de Portugal implement una eficiente poltica para reducir los riesgos del consumo y asumir el tratamiento y la inclusin social de las personas en situacin de adiccin, con lo cual este pas no se convirti precisamente en un destino turstico para el consumo ni ocasion adems su incremento significativo (Domoslawsky, 2012: 31 y 56).

Por otra parte, la creacin de los umbrales que permiten la posesin o tenencia de ciertas drogas bajo un marco referencial de ninguna manera descriminaliza todos los delitos de drogas. Mientras se mantenga la poltica de penalizar el narcotrfico a gran y pequea escala, la produccin, trfico o comercializacin de drogas ilegales se conservan como delitos. Aquello descarta el hecho de no ser punible las acciones delictivas por debajo de los rangos determinados en los umbrales; y, por ende, tampoco niega las situaciones de uso o consumo por encima de ellos, para lo cual se invierte la carga de la prueba a travs de manifestaciones que evidencien la relacin sustancia-consumo.

Los umbrales establecidos en la Resolucin 001-CONSEP-CO-2013 llenan el vaco que tiene el principio de no criminalizar el consumo, cuya realidad jams tuvo un parmetro para evitar que los usuarios sean confundidos por narcotraficantes, lo cual solo se pudo operativizar relativamente a travs del campo de la discrecionalidad y en algunos casos la arbitrariedad y asimetra procesal de peritos y jueces. En tal sentido, la resolucin tiene el efecto de vinculante, toda vez que legal y constitucionalmente son los rganos pblicos de salud y de prevencin en drogas los que informan a la Funcin Judicial la tcnica para no criminalizar el consumo de drogas ilegales.

  1. El discutible tratamiento de los usuarios como enfermos

El artculo 364 de la Constitucin de la Repblica no solo prohbe cualquier forma de criminalizacin del uso o consumo de drogas, sino que remite el problema de las adicciones al campo de la salud pblica, creando para ello tres categoras de uso o consumo internacionalmente reconocidas: ocasional (uso), habitual (adiccin) y problemtica (dependencia). De esta forma, no todas las personas que usan sustancias estupefacientes y psicotrpicas ilegales se encuentran en situaciones de dependencia. Aquello se explica mejor con el ejemplo del consumo de vino, que en el caso ecuatoriano no es habitual ni problemtico. Sin embargo, aqu podran esgrimirse las categoras de uso en la circunstancia de si: a) se invita a una persona a celebrar un homenaje con un vaso de vino (uso ocasional); b) se bebe vino para digerir mejor el almuerzo o la cena (uso habitual); , c) se embriaga una persona consuetudinaria y dependientemente con vino (uso problemtico).

No obstante, en el caso de c) la consideracin de uso o consumo problemtico (dependencia) tampoco puede colegirse a priori. Deben manifestarse objetivamente situaciones de mayor riesgo, e incluso de daos a la salud individual para ser considerada una enfermedad, de lo contrario correramos el grave error de tipificar o clasificar como enfermedades a simples comportamientos sociales. Las fronteras entre los comportamientos sociales Vs. las enfermedades y lo que es peor, los trastornos mentales son peligrosamente delimitadas en algunos casos desde patrones polticos o subjetivos (Prez Soto, 2012: 159-208). Dicho en otras palabras: no necesariamente las circunstancias de uso de drogas son enfermedades. De ser as, alguien podra apuntar con su dedo ndice el mapa del mundo para catalogar a la sociedad alemana como enferma por el hecho de gustar de la cerveza, o a la sociedad boliviana por el hecho de masticar hojas de coca.

El uso o consumo de drogas (alcohol, cigarrillo, marihuana, cocana o cualquier otra), sin embargo, no es inocuo. A ello se suman las aptitudes preexistentes para el consumo como el padecer hipertensin arterial o diabetes y las actitudes o hbitos para su uso mezcla con otras sustancias y manejo de maquinarias que pueden producir un peligro, lo cual aumenta los niveles de riesgo. Por ello, las campaas de prevencin deben partir de los comportamientos originales y los daos manifiestos sin que afecte la autonoma de la voluntad informada para su uso. Bajo esta distincin, la legislacin nacional no plantea ningn axioma de prevencin primaria o secundaria para la poblacin que usa drogas y, por el contrario, todo su mensaje preventivo va dirigido a la poblacin que no se encuentra en circunstancias de consumo; por ende, no solo se ha mantenido una estructura legal prohibicionista en materia penal sino tambin en materia de salud pblica.

El artculo 51 de la vigente Ley Orgnica de Salud prohbe el consumo de sustancias adictivas aun cuando ni la misma Ley 108 ni la Constitucin de la Repblica lo hacen. La prevencin basada en la prohibicin y no en la reduccin daos ha sido ineficaz. Los mensajes duros como estrategia de marketing social tampoco han reducido los niveles de consumo en la poblacin destinada a prevenir (Hallam et. al, 2012: 70). Esto ha alimentado las conservadoras posiciones higienistas y sanitaristas en materia de salud pblica para segregar un mundo entre sanos y enfermos, lo cual es amplificado por la abstracta y ambigua definicin adoptada en la Constitucin Mundial de la Salud vigente desde 1948 que seala: La salud es un estado de completo bienestar fsico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

En pases como Bolivia o Ecuador el bienestar podra ser ledo en clave de Sumak Kawsay, y a travs de ello respetar la decisin de las personas de ingerir alimentos con altos niveles de caloras o usar drogas sin necesariamente ser consideradas como enfermas. No obstante, el abordaje del problema de las drogas desde la salud pblica ha cado en un plano extremadamente reduccionista. El cdigo de las polticas es binario, es decir sanos/enfermos. Aquello ha creado la performance de un mundo donde cualquiera de las formas de uso o consumo de drogas es anormal. As, la poltica de salud se recoge an ms cuando se asocia una temible ecuacin como solucin a las situaciones de consumo: el tratamiento compulsivo.

El tratamiento teraputico o la rehabilitacin de personas en situacin de uso, abuso o adiccin prevencin terciaria adolece generalmente de la falta de control estatal en la determinacin de los estndares mnimos para las tcnicas de tratamiento. No solo la mayora de las comunidades teraputicas sino tambin los mtodos y la calificacin del personal han sido ocupadas por entes u rganos privados, cuyo desenvolvimiento no descarta la aplicacin de mtodos harto ortodoxos que caen en descripciones jurdicas como maltrato o tortura, es decir en condiciones de tratamiento bajo la modalidad de instituciones de encierro en peores ambientes que las crceles. Se estima que en Ecuador existen como mnimo 148 centros de tratamiento brevemente reconocidos por la cartera de salud, mientras que las crceles entre CRSs, CDPs, CAIs y casas de confianza no superan a nivel nacional las 66.

La receta del informe de la OEA sugiere a las polticas nacionales de salud pblica a elegir el camino del tratamiento compulsivo en lugar de la crcel como sndrome de la no criminalizacin del uso o consumo de drogas. A pesar que este camino no es precisamente la mejor eleccin, la agenda internacional est presionando a nuestros pases para la aplicacin de cuestionables mecanismos alternativos como solucin a este problema: las cortes o tribunales de tratamiento de drogas. A travs de las cortes de drogas no se hace ms que obligar a los usuarios o consumidores a rehabilitarse mediante una decisin judicial cuando hubieran cometido delitos de baja cuanta. Aparece entonces la nocin de la justicia teraputica para obligar a cualquier persona a rehabilitarse mediante la coaccin de una decisin de la justicia penal (Boiteux y de Mello, 2010: 5).

La resolucin del CONSEP que crea los umbrales de ninguna manera habilita como alternativa a la tenencia o posesin de drogas ilegales la remisin compulsiva de sus usuarios a clnicas de tratamiento. Tampoco tiene como fin el resolver toda la problemtica de drogas, pues creerlo sera ms que delirante. Los umbrales del CONSEP reconocen una realidad histricamente omitida por las normas que prohben su criminalizacin, que no es otra que informar sobre la cantidad por la cual cualquier persona no debe ser prisionizada para ser presumida legalmente como consumidora.

Tabla No. 2 Umbrales para la tenencia o posesin de drogas ilegales en Ecuador

Sustancia

Umbral en gramos

Marihuana

10 gramos

Pasta Base de Cocana

2 gramos

Clorhidrato de Cocana

1 gramo

Herona

0,01 gramos

MDA

0,15 gramos

MDMA

0,015 gramos

Anfetaminas

0,040 gramos

Sin embargo, la publicacin de los umbrales ha despertado las posiciones ms ambivalentes en trminos incluso morales, que, si bien reconocen a regaadientes que el simple consumo no es motivo para ir a la crcel, conminan al estado a depositar a los usuarios a comunidades teraputicas. Es decir, mantienen el discurso prohibicionista que desaparece del sistema penal pero reaparece eventualmente en el sistema de salud pblica bajo la forma de rehabilitacin, esto es, de control social punitivo. El problema entonces del consumo de drogas no se soluciona en las crceles, tampoco necesariamente en centros de tratamiento o rehabilitacin, pues creerlo sera como mimetizar en los consumidores el desgastado rol de delincuentes para colocarlo ahora bajo rol de enfermos.

Bibliografa.

Boiteux, Luciana y Maurides de Mello Ribeiro, Justicia terapeutica: reducao de danos ou proibicionismo dissimulaado, en Srgio Dario (ed.), Dependencia de Drogas, Sao Paulo, Atheneu, 2010

Domoslawsky, Artur, Polticas sobre drogas en Portugal: beneficios de la descriminalizacin del consumo de drogas, Hungra, Open Society, 2012

Hallam, Christopher et. al., Gua sobre poltica de drogas, Londres, IDPC, 2012

Jelsma, Martin, Innovaciones legislativas en polticas de drogas: iniciativa latinoamericana sobre drogas y democracia, msterdam, TNI, 2009

Paladines, Jorge Vicente, La desproporcionalidad de la ley y la justicia antidrogas en Ecuador, Quito, Defensora Pblica del Ecuador y CEDD, 2012

Prez Soto, Carlos, Una nueva antipsiquiatra: crtica y conocimiento de las tcnicas de control psiquitrico, Santiago, LOM ediciones, 2012.

Jorge Vicente Paladines. Asesor de la Defensora Pblica del Ecuador, Profesor de Criminologa Crtica y Poltica Criminal de la Universidad Andina Simn Bolvar e Investigador del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD). El presente artculo se encuentra publicado en Defensa y Justicia. Revista Institucional de la Defensora Pblica del Ecuador, No. 4, Julio de 2013.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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