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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-09-2013

La criminalizacin del problema de la tierra y la vivienda

Mara Alejandra Ciuffolini
Rebelin


Desde hace una dcada venimos desarrollando un serio y comprometido trabajo de investigacin sobre conflictos y luchas sociales en Crdoba, y provincias vecinas de Argentina. En esa trayectoria en el anlisis de las disputas y sus actores, hemos aprendido a reconocer con cierta anticipacin los escenarios de posibles conflictos. Esto es lo que sucedi en el ao 2011, cuando decidimos estudiar el fenmenos de las tomas de tierra en la ciudad de Crdoba y localidades vecinas.

Las tomas de tierra son hechos ms o menos recientes y tienen una cierta continuidad con los procesos de asentamiento de sectores populares en el espacio urbano, pero tambin se observan como algo bien diferenciado de aquellos. En la actualidad y como decimos en un informe (1), no existe un dato preciso sobre la cantidad de tomas, aunque trabajamos con un clculo estimativo que informa que son ms de 30 en distintos puntos del territorio provincial. Este nmero no contempla las tomas de tierras individuales, y/o de unas pocas familias, que es otra dinmica muy extendida en el presente.

De nuestro estudio, que involucr 7 casos (2), se desprende que la decisin de tomar tierras parte de una necesidad y una urgencia. En la mayora de los relatos sobre la historia habitacional del grupo familiar se registra el desamparo: tienen una alta rotacin habitacional, migrando de un espacio habitacional a otro, hasta que finalmente no hay otras salidas y deciden tomar tierras para habitarlas. Se trata de sectores sociales muy vulnerables que no fueron alcanzados por las polticas habitacionales provinciales ms importantes de los ltimos aos. Estas implicaron la construccin de ms de 8500 viviendas para los segmentos sociales ms pobres, que en su mayora fueron emplazados en la periferia de la ciudad de Crdoba, lo cual ha acentuado la segregacin socio-espacial.

Por otro lado, es importante visibilizar las condiciones de vida en las tierras tomadas para comprender con mayor justeza que no se trata de un acto oportunista. La vida all es extremadamente precaria, se vive en carpas improvisadas con lonas y chapa, sin agua, sin luz; con escaso acceso al transporte y a la ciudad. Pero, adems, el temor al desalojo hace que sus habitantes no se atrevan a dejar sus terrenos, dificultando cualquier desplazamiento para satisfacer cuestiones tan bsicas como alimentos, trabajo, etc.

Por ello afirmamos que la decisin de tomar tierras no refleja un espritu oportunista o el funcionamiento de organizaciones antisistmicas; se trata de una necesidad, slo as pueden pensarse y soportarse las crueles condiciones de vida que la toma implica. E insistimos en que debemos comprenderla como el resultado de un conjunto de procesos poltico-institucionales y econmicos ms amplios y de larga data, que han ido limitando el acceso a los recursos sociales y urbanos para cada vez ms importantes porciones de la poblacin.

La confluencia de esos factores configura un modelo del uso del espacio altamente privativo y excluyente. Algunos de esos determinantes son el encarecimiento de la tierra en todo el territorio provincial, pero especialmente del suelo urbano; un conjunto de programas pblicos de vivienda que han agravado la segregacin socio-territorial en la ciudad de Crdoba; un dficit habitacional en casi el 50% de los hogares en la Provincia, segn datos censales; un aumento de la poblacin de los asentamientos marginales en un 62% desde el 2001-2011; la primaca otorgada a los emprendimientos de desarrollo urbano de carcter privado y la obra pblica dirigida a recuperar y revalorizar determinadas zonas de la ciudad; un atraso significativo en la inversin destinada a infraestructura social, cuya magnitud se manifiesta no slo en materia habitacional, sino tambin en infraestructura vial, energtica y de servicios, etc.

Visto as, desde su contexto y su precariedad, el fenmeno de las tomas de tierra exige ser tratado como un problema urgente y concreto, frente al cual no caben las soluciones represivas y criminalizadoras (3).

Cuestin bsica para una democracia es la efectivizacin y plena vigencia de los derechos y un respeto extremo de los Derechos Humanos. El derecho a la vivienda est consagrado en nuestra constitucin, la ausencia de decisiones oportunas y polticas en la materia nos ha llevado a esta preocupante situacin social.

Una cosa es pensar en la necesidad y en las formas que la gente la resuelve, y otra cosa es que esto se criminalice. Las organizaciones sociales en Crdoba tienen, desde hace mucho tiempo, una inscripcin territorial; incluso las ONGs han tenido en otras pocas una impronta considerable en relacin a la tierra y vivienda. Este modo de vincularse no es nuevo, y tiene que ver con el dinamismo de la sociedad civil y de las formas de solidaridad que en ella se articulan. Una democracia fuerte hace que las organizaciones estn comprometidas con los problemas que la ciudadana tiene, y en este sentido consideramos que el hecho que las organizaciones se vinculen a las problemticas sociales, as como el Estado debe ocuparse de las mismas, es lo razonable y esperable en un pas democrtico.

Insistir en catalogar a las tomas de tierras como acciones polticas e irresponsables de parte de organizaciones interesadas en la disputa pblica supone negar una necesidad concreta de la poblacin, e implica no reconocer las responsabilidades que como administraciones y sociedad nos caben.

Cuando pensamos en una democracia slida y reclamamos por instituciones que sean capaces de organizarla, debemos garantizar los espacios de inclusin y libertad para aquellas personas que estn luchando por una sociedad ms justa.

Para finalizar, slo quisiera resaltar que construir esa sociedad ms justa es tarea de todos. Trabajar en pos de ella significa para nosotros, universitarios, una accin comprometida y transformadora, tanto del conocimiento como de la realidad, atendiendo especialmente a aquellas situaciones que involucran a los ms vulnerables.

Notas:

* Una versin similar de este artculo fue publicado en la Revista Noticias UCC

(1) Disponible pblicamente en: http://goo.gl/YKgXM

(2) Para tener una referencia, en estos casos se registra un nmero aproximado de 1500 familias.

(3) Nos referimos a los intentos de desalojo por la fuerza pblica y las detenciones de vecinos y manifestantes en las ms conocidas como la del barrio Comechingones en Cuesta Blanca y la de Piedra Blanca, en el sur de la ciudad de Crdoba.

Mara Alejandra Ciuffolini. Investigadora del Colectivo de Investigacin El Llano en Llamas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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