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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-09-2013

24 economistas y juristas, ms expertos que los del gobierno, presentan su documento
En defensa del sistema pblico de pensiones

Rebelin


Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisin de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en l pretende acometer el PP. Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis econmica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se est llevando a cabo.

LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLTICO, NO ECONMICO.

Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solucin. La sostenibilidad del sistema pblico de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado como un problema tcnico cuando es un problema poltico. Se ha querido enmarcar como una cuestin de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestin es la distribucin de la renta. Se pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema pblico de pensiones depende de cuntos son los que producen, cuando la variable importante es cunto se produce.

Conscientes de que se trata de un problema poltico y no econmico, consideramos que nuestro papel debe centrarse nicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente tcnicos las posturas ideolgicas previamente tomadas.

Hace ya muchos aos que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema pblico de pensiones. La postura oscilaba desde los ms radicales, demandando su sustitucin por planes privados, hasta los medianamente posibilistas, que tan solo pretendan su reforma, de manera que los gastos sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo, all por 1993 la Fundacin BBV contrat a treinta y cuatro sabios, expertos, tcnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad, queran que se pronunciasen sobre la viabilidad, ms bien inviabilidad, del sistema pblico. Trabajaron durante veinte meses para llegar a la conclusin de la imposibilidad de mantener el sistema pblico si no se reformaba. Una vez ms se emple la expresin quiebra de la Seguridad Social. El resultado de sus clculos, que fueron facilitados a la prensa, consista en el pronstico de que para el ao 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habra aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. Cataclismo?, quiebra? Ser incompatible con Maastricht. Lo cierto es que el ao 2000 lleg y no se produjo prcticamente nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registr un supervit del 0,4%.

La argumentacin de todos estos informes era similar: el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujaban una pirmide de poblacin que hara inviable en el futuro el sistema pblico de pensiones. Vaticinaban que en un determinado nmero de aos se producira la quiebra de la Seguridad Social. El tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronsticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporacin de ms mujeres al mercado laboral o el incremento en el nmero de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demogrficas y el hecho de considerar solo la poblacin total no pueden constreir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones. A cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de actividad, tendr algo que ver en la solucin.

LA TASA DE ACTIVIDAD, UNA VARIABLE RELEVANTE

La incorporacin de mayor nmero de mujeres al mundo laboral ha tenido como consecuencia el incremento sustancial de la tasa de actividad. Sin modificar la poblacin total, el nmero de los trabajadores potenciales ha aumentado de forma considerable. Espaa goza de un amplio margen para avanzar en esta variable, dado que la tasa de actividad femenina es an baja, en cualquier caso menor que la de otros pases. A su vez, las llegadas de trabajadores inmigrantes tambin incrementan la tasa de actividad, pues aunque se eleva la poblacin total, todo el aumento producido es de activos. Es una irona contemplar a la Europa fortaleza preocupndose por la reducida tasa de natalidad y el envejecimiento de la poblacin. Si el problema radicara solo en estas variables, la solucin sera bastante sencilla: se tratara simplemente de abrir las fronteras a los trabajadores inmigrantes.

Llegados a este punto, est claro que sera un grave error considerar la poblacin activa como ncleo del problema. El factor ms importante no es el nmero de personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente puedan hacerlo. Si aceptamos esta premisa, la medida de retrasar la edad de jubilacin carece de todo sentido cuando existe un altsimo nivel de paro. En 2013, en Espaa, con 6 millones largos de parados, elevar la edad de jubilacin de los 65 a los 67 aos no tiene demasiada lgica.

LA PRODUCTIVIDAD, FACTOR DECISIVO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PBLICO DE PENSIONES

Pero ahondando ms en la materia, al plantear la cuestin de las pensiones hay que superar tambin la visin estrictamente cuantitativa del nmero de trabajadores para considerar, adems, la productividad. Como ya hemos dicho, el problema no estriba en cuntos son los que producen sino en cunto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones pblicas cometen un gran error al basar sus argumentos nicamente en la relacin del nmero de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporcin se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador ser mucho mayor. Quiz lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta aos el 30% de la poblacin activa espaola trabajaba en agricultura; hoy nicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce ms que el 30% anterior. En resumen, un nmero menor de trabajadores podr mantener a un nmero mayor de pensionistas.

CONSECUENCIAS DE UNA VISIN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO

Ha sido el Pacto de Toledo, o una visin sesgada del mismo, lo que ha introducido al sistema pblico de pensiones en un laberinto de difcil salida. A ello ha contribuido la consideracin de las cotizaciones sociales como fuente exclusiva de financiacin de las pensiones, no encontrando entonces otra salida que no sea la disminucin de las prestaciones.

Se llama Pacto de Toledo al documento aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, en la sesin del 6 de abril de 1995, titulado "Anlisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que debern acometerse". Su origen inmediato se debe buscar en la aprobacin por el Congreso de una proposicin no de ley, presentada por CiU, por la que se creaba una ponencia en el seno de la Comisin de Presupuestos para analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social. Pero esta iniciativa parlamentaria no descendi del cielo, sino que surgi de un escenario formado por dos hechos que se complementan.

El primero es una ofensiva internacional en contra de las pensiones pblicas y a favor de las privadas, que parta de ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial o la Unin Europea. Estas maniobras tenan -y an tienen- su eco en todos los pases, potenciadas por las entidades financieras y por la mayora de las fuerzas econmicas y polticas.

El segundo hecho es nacional y reside en las acusaciones mutuas entre los dos partidos polticos mayoritarios de nuestro pas, que se reprochaban poner en peligro el sistema pblico de pensiones. El PSOE, desde el gobierno, haca propaganda del mrito de pagar a los pensionistas, y ante la amenaza de perder las elecciones generales -como as ocurrira en 1996- difunda la idea de que la llegada de la derecha al poder supona un grave riesgo para esta prestacin social. Al mismo tiempo, ante el dficit que en aquel momento mostraban las cuentas de la Seguridad Social, el Estado, en vez de enjugarlo con transferencias a fondo perdido, lo compensaba mediante prstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje negativo al presentar la Seguridad Social como una institucin distinta del Estado y, por otra, desde el punto de vista financiero, la colocaba en una situacin crtica de cara al futuro. Este hecho daba ocasin al PP para acusar al Gobierno de ponerla en peligro.

La presencia de ocho millones de pensionistas, convertidos en ocho millones de votantes, cuyo mbito de preocupaciones, en esta etapa de su vida, se circunscribe en buena medida a cmo afrontar econmicamente los ltimos das de su existencia, es bastante aliciente para que los dos partidos mayoritarios utilicen el tema de las pensiones como arma electoral. Los jubilados son percibidos como presa fcil de la demagogia poltica.

Esta similitud de comportamientos entre los dos partidos mayoritarios resultaba preocupante porque sembraba la sospecha de que tanto uno como otro consideraban las pensiones pblicas como algo graciable que poda reducirse. Cuando piensan que estn perjudicando a la otra formacin poltica, en realidad lo que hacen es descubrir su concepcin espuria sobre el tema. El simple hecho de dar como posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al Estado social que consagra la Constitucin.

LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES ALGO DISTINTO DEL ESTADO

La autntica amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad Social como algo distinto y separado de los servicios del al Estado. El divorcio solo es planteable desde una concepcin neoliberal, pero no desde los principios constitutivos del Estado social. En su virtud, la proteccin social no es algo accidental al Estado sino una responsabilidad de ste, algo que sigue a su esencia. El Pacto de Toledo realiz una segregacin entre Estado y Seguridad Social, estableciendo la separacin de fuentes de financiacin. Mientras determinadas prestaciones, como las no contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado y a financiarse con impuestos, otras, las contributivas, quedan confinadas en el mbito de la Seguridad Social y financiadas con cotizaciones sociales. Bien es cierto que el Pacto de Toledo utilizaba la palabra preferentemente en lugar de exclusivamente, pero lo cierto es que, en la prctica, tal matizacin se olvida y se hace depender el mantenimiento de las pensiones nicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su financiacin se hace en extremo vulnerable.

Anteriormente no haba sido as. De hecho, en los presupuestos del Estado aparecan transferencias de recursos del Estado a la Seguridad Social. La Ley de Presupuestos de 1989 estableci un cambio de modelo de financiacin mediante el compromiso de financiar progresivamente con aportaciones pblicas. Los complementos de mnimos de las pensiones y la sanidad Fue en 1994 cuando se introdujo un antecedente muy negativo al cubrir los desequilibrios entre cotizaciones y prestaciones con prstamos del Estado en vez de hacerlo mediante transferencias, prueba palpable de la distincin que se quera hacer entre el Estado y la Seguridad Social. El tema era tanto ms grave cuanto que en 1995 se reduce un punto la cotizacin por contingencias comunes.

La separacin de fuentes se ha entendido como algo estructural, no como un mero instrumento para la transparencia y una administracin racional de los recursos del Estado. Este mecanismo se ha transformado en una caracterstica esencial del sistema y, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasin a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado econmicamente de la Hacienda Pblica. Esta concepcin es claramente abusiva y coloca a la Seguridad Social en una situacin de mayor riesgo, dificultando adems toda mejora en las prestaciones.

EL FONDO DE RESERVA

Este diseo de sistema cerrado que se da a la Seguridad Social tiene su contrapartida en el establecimiento por el Pacto de Toledo del fondo de reserva. Se estipula que en las pocas en que la recaudacin por cotizaciones sociales exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a financiar el dficit cuando los trminos se inviertan. No es este fondo al que vulgarmente se llama hucha de las pensiones lo que puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garanta de que detrs del derecho a la prestacin se encuentra el Estado con todo su poder econmico. La prueba evidente es que de nada ha servido que durante todos los aos de bonanza se haya ido incrementando y que los distintos gobiernos de uno o de otro signo se hayan vanagloriado de ello. Ha bastado que se produjesen los primeros dficits en el sistema para que surja con virulencia una propuesta de reforma y de reduccin de las prestaciones.

LAS PENSIONES NO TIENEN POR QU FINANCIARSE EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE COTIZACIONES SOCIALES

En un Estado definido como social por la vigente Constitucin, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, tambin a las pensiones. La separacin entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable pero no econmica y, mucho menos, poltica; es ms, el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social hoy se encuentren en los presupuestos del Estado o de las Comunidades Autnomas prueba que se trata de una separacin convencional.

La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra solo se concibe unida a la quiebra del Estado y el Estado no puede quebrar. Como mximo puede acercarse a la suspensin de pagos, pero tan solo si antes se hubiese hundido toda la economa nacional, en cuyo caso no seran nicamente los pensionistas los que tendran dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pblica, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos ltimos, que son los que al mismo tiempo ms hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen mayor riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la pasada crisis burstil. Ante una hecatombe de la economa nacional, muy pocos podran salvarse, pero no tiene por qu ser ese el futuro de la economa espaola, a no ser que cierto dogmatismo econmico nos introduzca en una coyuntura de difcil salida.

LAS PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIN

Afirmar que son los trabajadores y los salarios los nicos que han de mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razn para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artculo 50 de la Constitucin Espaola afirma: Los poderes pblicos garantizarn, mediante pensiones adecuadas y peridicamente actualizadas, la suficiencia econmica a los ciudadanos durante la tercera edad. Las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitucin, tienen la consideracin de gastos obligatorios que por su naturaleza no estn ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolucin de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.

El denominado dficit del sistema, ms all de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente solo puede tener dficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede pretender que est en cuestin la viabilidad del sistema de pensiones por el hecho de que en una coyuntura como la actual se necesite que a los ingresos por cotizaciones se sumen otras aportaciones del Estado.

Asimismo, vincular la viabilidad del sistema pblico de pensiones a la coyuntura actual de crisis, en la que la cada brutal del empleo (provocada en parte por la propia poltica econmica adoptada a nivel europeo y nacional) ocasiona una reduccin de ingresos por cotizaciones, no parece razonable. El hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la cada de los ingresos debida a la recesin, y que, por extensin, lo verdaderamente insostenible es la propia recesin. Lo que se debera estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la cada del PIB y del empleo. En ningn caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo seriamente cuestionada por la severidad de la crisis econmica. Lo que est en cuestin es la poltica econmica seguida.

TAMBIN HAY QUE CONSIDERAR LOS INGRESOS

Es curioso que la cuestin se haya planteado siempre desde el lado del gasto para reducirlo, y nunca desde la ptica de los ingresos y de su posible incremento; ms bien todo lo contrario, de vez en cuando surgen presiones para disminuir las cotizaciones sociales. Estas presiones que, en los momentos actuales, proceden incluso de la propia Unin Europea, aaden sin duda un factor ms de inseguridad si hacemos depender exclusivamente las pensiones de las cotizaciones, tal como se asume en el informe de los expertos del Gobierno. Es una evidencia que las reivindicaciones para reducir las cotizaciones aumentarn en el futuro bajo el argumento de que estas constituyen un impuesto sobre las nminas, y que deberan ser sustituidas por impuestos indirectos.

El gasto, en relacin al PIB, del sistema pblico de pensiones espaol es reducido cuando lo comparamos con el de la mayora de los pases de nuestro entorno, por lo que no parece que tenga mucho sentido hablar de que su viabilidad est en cuestin. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%. Y aun cuando no se modificase el sistema, la situacin no va a cambiar durante muchos aos. Siempre siguiendo los datos de la Comisin Europea (que es la instancia que nos conmina a llevar a cabo reformas urgentes), en 2030 nuestro gasto en pensiones ser del 10,6%, prcticamente lo mismo que hoy gasta Alemania (10,5%). Y an en 2035, nuestro gasto ser del 11,3%. Los datos no avalan, pues, en modo alguno, la premura ni la obligacin por el lado del gasto.

Tras la reforma de 2011, el mximo de gasto en pensiones que alcanzara Espaa, segn admite la Comisin Europea en su informe The 2012 Ageing Report, sera del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se reduce rpidamente debido a que la presin demogrfica de la llegada a la edad de jubilacin de las generaciones del baby boom es sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de la ms baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos que destinar a las pensiones pblicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones pases como Austria, Francia o Italia.

LA RENTA PER CPITA COMO VARIABLE ESTRATGICA

Por otra parte, la esperanza de vida, la pirmide de poblacin y la proporcin entre activos y pasivos no son las nicas variables que habra que tener en cuenta si se quiere comprobar la viabilidad o inviabilidad del sistema pblico de pensiones, sino tambin la evolucin de la renta per cpita. Si la renta per cpita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirmide de poblacin, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cpita aumenta, las cuantas de las pensiones no solo deberan no reducirse sino que tendran que incrementarse por encima del coste de la vida.

El problema de las pensiones hay que contemplarlo en trminos de distribucin y no de escasez de recursos. En los ltimos treinta aos la renta per cpita en trminos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro contine una evolucin similar. Si es as, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilacin, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los polticos- de realizar una verdadera poltica redistributiva.

MS BIENES PBLICOS

Las transformaciones en las estructuras sociales y econmicas comportan tambin que las necesidades que deben ser satisfechas cambien y, por tanto, haya una variacin de los bienes y servicios que hay que producir. Es muy posible que la decisin que adopte el mercado referente a estos no sea la adecuada -en contra de lo que piensa el liberalismo econmico- a las necesidades reales, ni en su composicin cualitativa ni cuantitativa. La vida urbana y el trabajo en el sector industrial y en el de servicios presentan nuevas contingencias o, al menos, contingencias mucho ms acusadas que en el mundo rural. La incorporacin de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida crean nuevas necesidades y exigen por tanto la necesidad de que las sociedades se doten de nuevos servicios.

John Kenneth Galbraith anunci ya hace bastantes aos que todos estos cambios exigan una redistribucin de los bienes y servicios que deben ser producidos y en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes pblicos y en contra de los privados. Habr quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podra suministrar el mercado. Pero llevar a la prctica tal aseveracin significara en realidad privar a la mayora de la poblacin de ellos. Muy pocos ciudadanos en Espaa podran permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. Cuntos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuanta suficiente para garantizarse una pensin de jubilacin digna? La nica dificultad es ideolgica. Bajo el poder absoluto del neoliberalismo econmico, una sola tendencia pretende imponer su ley: ms iniciativa privada y menos sector pblico.

El envejecimiento de la poblacin de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema pblico de pensiones, pero s obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no slo a financiar las pensiones, sino tambin a pagar el gasto sanitario y los servicios de atencin a los ancianos y los dependientes. Detraccin por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la poblacin, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva.

EL SISTEMA ESPAOL NO ES GENEROSO

El tema de las pensiones lleva ya muchos aos acumulando tras de s todo tipo de falacias y sofismas. Una de las ms importantes quiz sea la afirmacin de la OCDE y de otros organismos internacionales acerca de que las pensiones en Espaa son muy generosas. Cosa curiosa, porque para generosidad la que estos organismos tienen con sus funcionarios. Trabajar unos pocos aos en cualquiera de ellos garantiza una generosa pensin que ya quisieran para s los trabajadores con mejor cualificacin de nuestro pas.

Esa versin alejada de la realidad de las pensiones espaolas proviene de unos planteamientos que no se corresponden con los datos, Adems, las comparaciones internacionales resultan muy complicadas en estos casos. Parten de la siguiente pregunta: qu pensin le correspondera en relacin con su ltimo salario a un trabajador que hubiese cotizado el nmero mnimo de aos para percibir la pensin mxima (en Espaa, ms de 35) y se jubilase a la edad legal (en nuestro pas, 65 aos, por ahora)? Este porcentaje, que se sita en Espaa por encima del 90%, es superior al de muchos pases de la Unin Europea, pero paradjicamente no a los de Portugal y Grecia. Por tanto, segn este indicador, los pases con menos ingresos de la Unin son los ms generosos con sus jubilados.

En realidad, se trata de todo lo contrario, porque el indicador anterior es un porcentaje terico que pasa por alto muchos factores: la dinmica del mercado de trabajo, la penalizacin de la jubilacin anticipada, topes mximos, salario mnimo, bases sobre las que cotizan determinados regmenes, pensiones mnimas, sistema fiscal, etc. La tasa real en nuestro pas est muy alejada de ese porcentaje. En vez del 90%, la cifra que se obtiene computando todos los factores, no alcanza siquiera el 60% del salario medio. En 2011, la media de las nuevas pensiones de jubilacin ascendi a 1.200 euros mensuales, mientras que el salario medio bruto para el cuarto trimestre de ese ao fue de 2.020 euros. El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas estn por debajo del umbral de pobreza. En 2011, la cuanta de la pensin media de jubilacin ascendi a 915 euros, y el 72% de los jubilados cobran en la actualidad menos de 1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los 700 euros).

SE PRETENDE FAVORECER LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES

Existen sospechas bien fundadas de que las mltiples campaas realizadas para sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones pblicas tienen tambin como finalidad potenciar los fondos privados de pensiones. De ah que en todas las reformas se plantee la necesidad de completar las pensiones pblicas con pensiones privadas. Lo primero a considerar es lo incorrecto y cmo induce a engao la denominacin pensiones aplicadas a los fondos, al menos tal como se instrumentan en Espaa, donde las aportaciones las realizan solo los particulares y no las empresas. De hecho, la nica alternativa que se propone a las pensiones pblicas es que cada persona de forma individual ahorre para la vejez. Pero para ese viaje no hacan falta tales alforjas. Si es as, lo que resulta an ms indignante es que pretendan decirnos en qu inversiones tiene que materializarse nuestro ahorro. Por qu en fondos y no directamente en bolsa o en vivienda o en obras de arte o en cualquier otro activo? Los fondos de pensiones no son ms que una forma de ahorrar y no precisamente de las ms ventajosas para el inversor. Habr que cuestionarse el motivo de incentivar un sistema de ahorro (los fondos de pensiones) en detrimento de otros.

Supeditar la solucin de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran mayora de la poblacin. Es bien sabido que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuanta a todas luces insuficiente para garantizar el mnimo vital en la jubilacin.

Los mal llamados fondos de pensiones solo benefician a las entidades financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las gestoras. De hecho, dejaran de existir tan pronto como desapareciese la desgravacin fiscal, tal como se encargaron de difundir sus propios defensores cuando se expandi el rumor de que iban a perder los beneficios fiscales. Pero cul es entonces la razn de ser de un producto financiero que sin desgravacin fiscal nadie -ni ricos ni pobres- estara dispuesto a demandar? Para el participante carecen de todo aliciente: ausencia de liquidez, carencia de control de la inversin, pago de importantes comisiones, etc. Pero, precisamente lo que son rmoras para el cliente, se convierten en ventajas para las entidades financieras: fondos cautivos que manejan a su antojo a travs de las gestoras y que les dotan de enorme poder econmico, a la vez que les permiten apropiarse mediante distintas comisiones de la casi totalidad de la rentabilidad que tales recursos puedan generar.

CAPITALIZACIN O REPARTO

Los propagandistas de los fondos de pensiones cantan las excelencias del sistema de capitalizacin sobre el de reparto, identificando el primero con el privado y el segundo con el pblico. En realidad, cuando se trata de un sistema pblico la distincin entre capitalizacin y reparto es ms terica que real. Si por una parte puede suponerse que las pensiones de los pasivos se financian con las cotizaciones de los activos -estaramos entonces en un sistema de reparto- tambin puede suponerse, y esto sera ms exacto, que en funcin de la unidad de caja del Estado todos los ingresos, incluidos impuestos y cotizaciones sociales, financian todos los gastos, tambin los de Seguridad Social.

Si esto es as, el sistema actual, al que llamamos de reparto, se convertira en un sistema de capitalizacin. Podemos suponer que los recursos aportados hoy por las cotizaciones seran un prstamo que los trabajadores actualmente activos realizan al Estado y que este dedicar a financiar la inversin social y pblica, desde la educacin a la sanidad, pasando por carreteras, comunicaciones, tecnologa, empresas pblicas, etc. Dicho prstamo al Estado se devolver junto con los intereses a los cotizantes de hoy en forma de pensiones. Del mismo modo, las prestaciones sociales que actualmente se pagan son el retorno a los jubilados de lo que cotizaron (prstamo al Estado) en el pasado. Que la distincin es ms terica que real se percibe con claridad en el hecho de que muchos fondos privados de pensiones terminan invirtindose en deuda pblica, es decir, prestando al Estado. Lo que est en juego, por tanto, es la intermediacin de las entidades financieras.

La argumentacin anterior hace que carezca de sentido el reproche al sistema pblico de pensiones de que genera una situacin intergeneracional injusta, ya que obliga a las generaciones futuras a mantener a un mayor nmero de pensionistas. Las cotizaciones y los impuestos de esos jubilados han hecho posible mediante la educacin, las infraestructuras, la investigacin, etc., que la productividad en una serie de aos se haya multiplicado y que el trabajo de los activos de ahora y del futuro produzca mucho ms y que la renta per cpita sea tambin mayor.

No obstante, todo lo hasta aqu afirmado responde a la ptica macroeconmica, analizando los efectos globales o a partir del anlisis de la prestacin promedio. Mas el punto de vista cambia cuando se trata de la conveniencia de un determinado particular, entonces s puede haber una distincin radical y fundamental entre el sistema pblico y el privado. En el segundo, no se da ninguna redistribucin de rentas. Existe una correspondencia unvoca entre cada prestacin y la correspondiente cotizacin individual. Las diferencias que se pueden generar en el sistema privado son muy superiores a las de un sistema pblico, hasta el extremo de que para muchos colectivos los planes de pensiones son prcticamente inaplicables, teniendo que hacerse cargo el sector pblico en ltimo trmino de las prestaciones.

CAMBIO EN LA DISTRIBUCIN DE LA RENTA

El pacto de Toledo tuvo al menos un efecto positivo que es el que ahora se intenta desterrar: el compromiso de las distintas fuerzas polticas acerca de que las pensiones se actualizaran anualmente de acuerdo con el incremento del ndice de precios al consumo. La medida pareca justa y lgica. Justa porque as lo proclama nuestra Constitucin y lgica porque con la inflacin tambin se incrementan y a veces ms que proporcionalmente los ingresos del Estado. Hay una afirmacin que debera ser de comn aceptacin: mientras que la renta por habitante de una poblacin se mantenga constante o crezca, ningn miembro de ella, bien sea pensionista, funcionario, escritor o bombero, tiene por qu ver empeorada su situacin en cuanto a ingresos. La no actualizacin de las pensiones conduce a que los jubilados vean que su pensin se reduce ao a ao. El planteamiento de los expertos del Gobierno consiste en utilizar la inflacin, aprovechando la ilusin monetaria, para reducir progresivamente las pensiones, de manera que se cierre el desfase existente por otras causas entre las cotizaciones y las prestaciones.

Si en un periodo determinado de tiempo las pensiones suben por trmino medio menos que lo que lo ha hecho la renta per cpita es porque otras rentas, bien sean las salariales, las de capital o las empresariales, lo hacen en un porcentaje mayor, es decir, se modifica la redistribucin de la renta en contra de los pensionistas; ni que decir tiene que este efecto es mucho mayor cuando se pretende que ni siquiera mantengan el poder adquisitivo. Los expertos del Gobierno hablan de un factor de equidad intergeneracional, pero lo cierto es que todas las recomendaciones que ofrecen en su informe tienden a romper tal equidad, condenando a los pensionistas a un empobrecimiento progresivo en favor de otras rentas y es bastante lgico suponer que estas sern las de capital.

No es la pirmide de poblacin, ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El riesgo viene de una ideologa liberal que contempla con satisfaccin que la presin fiscal de Espaa sea la ms baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos polticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta s que tendra que ser la primera y principal reforma que habra de llevarse a cabo.

ASEGURAR LAS PENSIONES PBLICAS ES TAREA DE TODO EL SISTEMA FISCAL

Asegurar pensiones pblicas que permitan mantener un nivel de vida digno es una cuestin de la mxima importancia social y poltica. Los principios que deben regir la gestin de este derecho de la ciudadana se encuentran en los textos fundamentales de nuestro ordenamiento jurdico. Ya hemos mencionado el artculo 50 de la Constitucin, que garantiza a todos los ciudadanos de la tercera edad pensiones adecuadas y actualizadas peridicamente. En consecuencia, y como ya se ha argumentado anteriormente, en pocas de dficit de la Seguridad Social ese derecho debe ser sufragado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debera ser ningn problema, si se aplicara el principio de progresividad, establecido en el artculo 31 de la Constitucin, y si las principales empresas del pas y las grandes fortunas pagaran las cantidades que en justicia les corresponden y en estos momentos eluden. No se trata de confiscar el dinero de nadie: una contribucin similar a la de sus equivalentes en otros pases europeos -Estados social y democrticamente ms avanzados- sera suficiente.

Para todos los que luchamos por la democracia y la justicia social, el mximo referente normativo no puede ser otro que la Declaracin Universal de Derechos Humanos. Su memorable artculo 25 hace una mencin expresa a la tercera edad, en relacin al derecho a un nivel de vida adecuado y al bienestar, derecho que todo ser humano posee. Es ms, el artculo 22 establece que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social.

DERECHO CONSTITUCIONAL

En tanto en cuanto recibir una pensin digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaracin Universal de Derechos Humanos, los abajo firmantes, economistas, profesionales y acadmicos de distintas procedencias y sensibilidades, no podemos dejar de denunciar enrgicamente la nueva reforma de las pensiones pblicas que prepara el Gobierno, que supone un nuevo engao a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y aseguradoras:

- Denunciamos que esa reforma se hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin participacin de la sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez ms las pensiones.

Disminuir an ms el nivel de vida en medio de una crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la poblacin que seguir bajando en el futuro es todo lo contrario de lo que conviene hacer para recuperar la confianza y el consumo imprescindible para salir de una recesin. Y adems, justificar la reforma con argumentos falsos, solo para satisfacer a los grandes grupos financieros de presin es una verdadera traicin a los intereses de la mayora de la poblacin.

- Denunciamos ante la opinin pblica que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en peligro el futuro de las pensiones.

Es verdad que en los aos prximos habr ms personas jubiladas y, en proporcin, menos empleadas, pero no es cierto que de ah se pueda deducir que inevitablemente se producir un desequilibrio financiero de la Seguridad Social que impedir pagar las pensiones, salvo que se reduzca su cuanta desde ahora, como se propone.

El equilibrio financiero depende no solo del nmero de pensionistas y empleados y de la magnitud de las pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando se propone rebajar las pensiones:

Por lo tanto, no es cierto que lo que pone en peligro el futuro de las pensiones sea que, afortunadamente, aumente la esperanza de vida sino el aumento del paro, la especializacin de nuestra economa en actividades de bajo valor y poco productivas y la desigualdad que hace que los salarios tengan cada vez menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo que viene ocurriendo como consecuencia de las polticas neoliberales que han aplicado los gobiernos en los ltimos aos siguiendo las directrices de la Unin Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que se est dando a la crisis cuyo nico propsito es el de favorecer a los bancos y a las grandes empresas y que est produciendo, precisamente, todo estos fenmenos: aumento del paro y de la desigualdad

Si se logra aumentar el empleo, si conseguimos que la productividad aumente en los prximos aos simplemente lo mismo que aument en los ltimos decenios y si frenamos el proceso creciente de desigualdad en el reparto de la renta, Espaa podr hacer frente sin dificultades al mayor gasto en pensiones que lgicamente se producir en los prximos aos.

El engao que llevan consigo las predicciones catastrofistas con las que se justifican los recortes es patente si se tiene en cuenta que el ltimo informe de la Unin Europea sobre envejecimiento prev que Espaa llegue a un mximo de gasto en pensiones de algo ms del 14% en 2050. Se dice que es un porcentaje excesivo pero se oculta que otros pases ya lo han alcanzado en la actualidad. Asumir que Francia o Italia puede dedicar hoy da el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que Espaa no podr dedicar ms o menos esa misma proporcin en 2050 o es de un irrealismo sospechoso o es aceptar sin ms que el paro alcance niveles impensables y que los salarios espaoles van a ser mucho peor que tercermundistas en los prximos aos. Pero, en ese caso, resulta tambin completamente cnico y falso culpar de la crisis futura que puedan tener las pensiones al aumento de la esperanza de vida.

Ninguno de ellos acert en ninguno de sus estudios en los que asustaban alegando que habra dficit del sistema de pensiones en 1995, 2000, 2005 o 2010. A pesar de lo cual, eran de nuevo contratados por los bancos y aseguradoras para que los repitieran para otros aos, volviendo siempre a equivocarse y ahora vuelven a presentarse como si ellos fueran los que saben lo que hay que hacer para hacer frente a los problemas del futuro.

Sabemos sin lugar a dudas que las personas de mayor renta y de cualificacin profesional ms elevada tienen mayor esperanza de vida (en Espaa hay una diferencia de casi 10 aos entre lo que vive por trmino medio la persona de renta ms alta y la de ms baja). Por tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta ms baja financien de modo desigual las pensiones de las de rentas ms altas, y tambin prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempean actividades ms molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los desiguales, como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia inaceptable.

La inmensa mayora de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculacin con entidades financieras o de seguros que es obvio que van a beneficiarse de una eventual rebaja en las pensiones y de un aumento de la suscripcin de planes de ahorro privados.

Como ya ocurre en otros pases, en casos de crisis o de insuficiencia de las cotizaciones el sistema se puede financiar con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y se oculta tambin que se pueden obtener muchos ms ingresos pblicos para ello y para otros fines si se reforma el sistema fiscal para hacerlo ms equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude fiscal, en lugar de reducir constantemente los medios dedicados a su persecucin.

Es evidente que difundir continuamente informes catastrofistas, estudios sesgados y predicciones terribles sobre el futuro de las pensiones pblicas solo puede tener una consecuencia: que cada vez ms gente desconfe del sistema pblico y trate de asegurarse el futuro mediante planes de ahorro privado. Ese es el negocio que buscan las entidades financieras, pero se oculta a la poblacin que la mayora de los trabajadores no podr ahorrar lo suficiente, que esos fondos son muy inseguros y peligrosos, y que solo son rentables gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre enemigos de lo pblico reclaman para que las pensiones privadas puedan resultarles un negocio suculento.

Por todo ello, y a partir de nuestros conocimientos y experiencia como economistas y juristas, pedimos a la opinin pblica que no se deje engaar por argumentos interesados que solo buscan obtener an ms ganancias, en este caso gestionando los fondos que ahora maneja la Seguridad Social.

Somos plenamente conscientes de que nuestras pensiones pblicas corren un grave peligro pero, como hemos dicho, no por las razones que se aducen sino justamente por las que se callan y que los mismos gobiernos han provocado. Sabemos que el ms lento envejecimiento aumentar nuestro gasto y que eso requiere disponer de ms recursos, pero la solucin "sabia" no puede ser reducir la cuanta de las pensiones, sino determinar cuntos nuevos recursos se van a necesitar y poner entonces sobre la mesa la forma en que hemos de generarlos. Tiene que ser as porque tambin sabemos con certeza que no todas las personas pueden financiarse ahorro privado para cuando lleguen a la vejez y que sin pensiones pblicas casi siete de cada diez pensionistas estaran ahora o estarn en el futuro en situacin de pobreza severa.

Llamamos, pues, a la denuncia de las propuestas que prepara el Gobierno, a manifestar el rechazo frontal a todas ellas y a reclamar con toda firmeza otra poltica econmica frente a la crisis que no siga destruyendo empleo y generando cada da ms deuda y empobrecimiento.

Francisco lvarez Molina

Analista financiero. Doctor en Ingeniera Informtica y licenciado en Matemticas (Paris-Sorbona).Diplomado del Chartered Institute for Securities and Investment de Londres. Ex vicepresidente de la Bolsa de Pars y ex consejero-director general de la Bolsa de Valencia. Miembro del comit asesor de la Convention of Independant Financial Advisers, que a su vez asesora al comit socio-econmico de la ONU. Miembro de la asociacin espaola de analistas financieros. Presidente de la consultora independiente TICA Family Office y presidente de la empresa de asesora financiera independiente TICA Patrimonios EAFI.

Lourdes Benera

Doctora en Economa por la Universidad de Columbia (USA), Catedrtica de la Universidad de Cornell hasta jubilarse en 2009 donde fue Directora de varios programas como el Programa de Estudios Latinoamericanos y el de Gnero y Cambio Global; trabaj en el Programa de Empleo Mundial de la OIT y ha colaborado como consultora en otras agencias de las Naciones Unidas como UNIFEM, PNUD Y el Consejo Econmico y Social. Ha sido Presidenta de IAFFE (2005) y es miembro del consejo editorial de varias revistas acadmicas de Economa.

Francisco Javier Braa Pino

Catedrtico de Universidad en el Departamento Economa Aplicada en la Universidad de Salamanca. Doctor en Ciencias econmicas y empresariales, con una extensa y reconocida actividad investigadora, tiene tambin una amplia experiencia en el sector empresarial, tanto pblico como privado. Coautor del libro, editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2007, "Extensin de la vida laboral o insercin temprana de jvenes. Alternativas al sistema de pensiones. Agusti Colom ha sido Sindic de Comptes de Catalunya.

Cristina Carrasco

Profesora de Teora Econmica de la Universidad de Barcelona. Amplia investigacin y ublicaciones en temas de trabajo de las mujeres y economa feminista. Pertenece al consejo Editorial de la Revista de Economa Crtica y del Feminist Economics. Participa en el Seminario de Economa Feminista de Barcelona

Agusti Colom

Profesor de Teora econmica en la Universidad de Barcelona. Ha sido Sindic de Comptes de Catalunya. Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica.

Fernando Esteve Mora

Profesor Titular de Fundamentos de Anlisis Econmico. Universidad Autnoma de Madrid. Autor del trabajo "Justicia distributiva y sistemas de pensiones". Principios. Estudios de Economa Poltica, n 13, 2009, y de otros artculos sobre el sistema de pensiones en colaboracin con Rafael Muoz de Bustillo, entre el que destacara el informe "Extensin de la vida laboral o insercin temprana de jvenes. Alternativas al sistema de pensiones" (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.2007). 

Miren Etxezarreta

Economista. Ha sido durante 35 aos Catedrtica de Economa Aplicada de la Universidad Autnoma de Barcelona, de donde sigue siendo Catedrtica emrita. Entre sus diversas obras se pueden mencionar: Que pensiones, qu futuro con otros colegas, Ediciones Icaria, 2009 y Privatisation of pensions, artculo con Mejra Festic, publicado en Privatisation against the european social model, Editado por Marika Frangakis et. al. Palgrave, 2009.

Ramn Franquesa

Profesor Titular de Economa mundial de la Universidad de Barcelona. Delegado sindical de CCOO en la JPDI de la UB. Coautor de Economa Mundial, JM Vidal Villa; McGrawHill , 2001.

Alberto Garzn

Licenciado en Economa por la Universidad de Mlaga y Mster en Economa Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Consejo Cientfico de ATTAC-Espaa. Responsable de Economa Poltica Global y portavoz de Economa y Hacienda en el Congreso de los Diputados por Izquierda Unida.

Antonio Gonzlez Gonzlez

Economista. Ha sido Secretario General de Empleo (entre 2006 y 2008), as como Director del Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigracin, vocal asesor en la Oficina Econmica del Presidente del Gobierno, Director del Gabinete Tcnico de la Comisin Ejecutiva Confederal de UGT entre 1995 y 2004, e investigador en el Instituto Sindical de Estudios. 

Adoracin Guamn

Profesora Titular de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de Valncia. Doctora por las universidades de Valncia y Paris X Nanterre. Su mbito actual de trabajo y estudio son las consecuencias de la crisis econmica sobre la regulacin del trabajo y los derechos de las y los trabajadores. Colaboradora habitual con distintos movimientos sociales y sindicales, ha desarrollado la tarea de anlisis, crtica y difusin de los contenidos y efectos de las sucesivas reformas laborales. Entre sus ltimas publicaciones destaca El huracn neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo, junto con Hctor Illueca y la coordinacin del libro Educacin Pblica, de todos para todos: las claves de la marea verde.

Hctor Illueca Ballester

Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia e Inspector de Trabajo y Seguridad Social, desde 2004. Participante habitual en sistemas extrajudiciales de solucin de conflictos laborales, ha sido rbitro en materia de elecciones sindicales durante los aos 2005-2009. Ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre diferentes materias vinculadas al mbito de los derechos sociales y polticas pblicas y es coautor del libro "El huracn neoliberal: una reforma laboral contra el Trabajo" (2012), que estudia crticamente los cambios percibidos en la configuracin del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde la irrupcin del neoliberalismo.

Juan Lpez Ganda

Catedrtico de la Universidad de Valencia. Experto en materia de Pensiones, y firme defensor del Sistema pblico de pensiones en el Estado Social de Derecho. Ha publicado numerosos artculos especializados y es autor, entre otros, del libro Las claves de la reforma de la Seguridad Social, un anlisis practico de la ley 27/2011.

Juan Francisco Martn Seco

Ha sido profesor de Introduccin a la Economa, de Teora de la Poblacin y de Hacienda Pblica. Pertenece a los Cuerpos de Interventores y Auditores del Estado y al de Inspeccin de Entidades de Crdito y Ahorro del Banco de Espaa. Ha desempeado, entre otros, los cargos de Interventor General de la Administracin del Estado y de Secretario General de Hacienda.

Jos Luis Monereo

Catedrtico de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada, durante 34 aos. Experto en materia de Seguridad Social y del Sistema de Pensiones. Autor, entre otros, de los libros y ensayos "Pblico y Privado en el Sistema de Pensiones", "Los planes de pensiones del sistema de empleo", "La edad de jubilacin", "La poltica de pensiones en el Estado Social en Transformacin", "Los planes de pensiones en el sector pblico", "Derechos sociales de la ciudadana y ordenamiento laboral", "Planes y fondos de pensiones: propuestas de reforma" (Fundacin Alternativas), "Ciudadana y derechos de las personas mayores".

Pedro Montes

Miembro por oposicin del Servicio de Estudios del Banco de Espaa, en el que trabajo durante 38 aos, algunos de los cuales fue responsable del Sector Pblico. Autor, junto a Jess Albarracn, de la investigacin Las pensiones y la Sociedad del futuro, publicada por la Universidad Carlos lll de Madrid. Autor, entre otros, del libro Golpe de Estado al Bienestar.

Rafael Muoz de Bustillo Llorente

Catedrtico de Economa Aplicada de la Universidad de Salamanca, donde ha sido profesor desde hace ms de 30 aos. Durante el curso 2012-13 ha sido Visiting Scholar de la School of Public Policy and Urban Affairs de la Universidad de Northeastern, Boston. Ha publicado numerosos libros y artculos sobre el Estado de Bienestar y distintos trabajos sobre el sistema de pensiones para el Ministerio de Trabajo y el Fondo de Investigacin de la Proteccin Social de la SS. Participa de forma habitual en grupos internacionales de investigacin con financiacin de la Unin Europea y la Organizacin Internacional del Trabajo.

Vicen Navarro

Catedrtico de Polticas Pblicas de la Universidad Pompeu Fabra, y tambin de la The Johns Hopkins University en EEUU. Dirige el programa de Polticas Pblicas y Sociales, de patrocinio conjunto por la UPF-Hopkins. Es uno de los autores ms citados en la bibliografa cientfica internacional en Ciencias Sociales, que incluye Ciencias Polticas y Economa entre otros.

Carlos Ochando Claramunt

Profesor titular del Departamento de Economa Aplicada de la Universidad de Valencia y experto en temas relacionados con el Estado del bienestar y las polticas sociales.

Albert Recio

Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica. Especialista en Economia laboral y represento en Espaa el International Working Party on Labour Market Segmentation, soy miembro del Institut dEstudis del Treball

Jordi Roca Jusmet

Catedrtico del Departamento de Teora Econmica de la Universidad de Barcelona. Autor del libro Pactos sociales y poltica de rentas y coautor de Economa ecolgica y poltica ambiental. Ha publicado numerosos artculos en revistas acadmicas internacionales. Ha sido profesor entre otras muchas materias de "economa laboral".

Julio Rodrguez Lpez

Estadstico superior del estado en el INE durante 2 aos, por oposicin (1969-71), despus fue titulado del Servicio de Estudios del Banco de Espaa a partir de 1971, tambin por oposicin. Entre 1982 y 1985 fue consejero de Economa e Industria de la Junta de Andaluca; entre 1985 y 1994 fue presidente del Banco Hipotecario de Espaa y entre 1994 y 2001 fue presidente de la Caja de Ahorros de Granada. Entre 2006 y 2008 fue gerente de la Universidad de Alcal. Ha publicado numerosos artculos sobre mercado y poltica de vivienda. Fue miembro de la Comisin Ejecutiva del PSOE de Madrid (antigua FSM), negociando el Estatuto de Autonoma de Madrid con UCD y con AP.

Amat Snchez

Profesor Titular del Departamento de Economa Aplicada de la Universidad de Valncia. Especialista en Economa Laboral. Director de la Unidad de Investigacin Economa y Poltica Laboral. Investigador asociado del Insitut dEstudis del Treball.

Juan Torres Lpez

Juan Torres Lpez, doctor en Ciencias Econmicas y Empresariales, catedrtico del departamento de Teora Econmica y Economa Poltica de la Universidad de Sevilla. Ha sido decano de la Facultad de Derecho y Vicerrector de Ordenacin Acadmica y Profesorado de la Universidad de Mlaga. Ha desempeado el cargo de Secretario General de Universidades e Investigacin de la Junta de Andaluca.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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