Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Golpe militar y resistencia popular en Honduras
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-09-2013

Honduras
La justicia es rehn del capital, dice abogado de indgenas condenados por daos a empresas

Giorgio Trucchi
Opera Mundi

Para Vctor Fernndez, Honduras vivir a partir de ahora una fase de mayor criminalizacin de la protesta social


El pasado 20 de septiembre, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, del Juzgado Primero de Letras de Intibuc, dio por terminada la audiencia inicial contra tres dirigentes indgenas Lenca del Copinh (Consejo cvico de organizaciones populares e indgenas de Honduras). En su resolucin, dict auto de prisin con medidas sustitutivas para Aureliano Molina y Toms Gmez, y prisin preventiva para Bertha Cceres, coordinadora nacional y dirigente histrica de esta organizacin.

Los tres dirigentes populares fueron acusados por las empresas DESA (Desarrollos Energticos, S.A. de C.V.) y Sinohydro, de capital hondureo y chino respectivamente, de inducir a pobladores de la zona de Ro Blanco, a provocar daos materiales a sus instalaciones por ms de 3 millones de dlares. Esta acusacin fue tajantemente rechazada por los acusados y por los mismos pobladores.

Desde hace varios meses, las dos empresas estn impulsando un proyecto hidroelctrico (Agua Zarca) sobre el ro Gualcarque, encontrando la frrea resistencia de las comunidades indgenas Lenca de la zona, que se oponen al concesionamiento del ro, considerado sagrado.

En conversacin con Opera Mundi, el abogado defensor de los tres dirigentes indgenas, Vctor Fernndez, asegur que la decisin tomada por la jueza en total apego con la demanda de la Fiscala, es el inicio de una nueva fase de represin y criminalizacin generalizada.

Segn l, el gran capital nacional e internacional, en alianza con el poder poltico tradicional, estaran recrudeciendo el ataque contra los principales dirigentes de las organizaciones que se oponen al acaparamiento de territorios y a la explotacin de los recursos naturales.

-Opera Mundi: Cul su evaluacin de esta resolucin condenatoria?

-Vctor Fernndez: Si bien no se trata an de una sentencia definitiva, marca una tendencia de parte de la justicia hondurea de quererse inclinar hacia los intereses de las empresas. De nada sirvi que presentramos todas las pruebas que demuestran las irregularidades cometidas en el proceso de concesionamiento de las aguas del ro Gualcarque, as como la violacin al derecho que tienen las comunidades indgenas de Ro Blanco a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, que establece el Convenio 169 de la OIT (Organizacin Internacional del Trabajo).

Tampoco tomaron en cuenta los testimonios de muchos pobladores, que afirmaron que la lucha contra el desarrollo del proyecto hidroelctrico es producto de la decisin autnoma y libre de al menos tres instancias comunitarias, y que non han necesitado de ninguna induccin externa.

En este sentido, es lamentable ver como la justicia decidi hacer caso omiso a toda la documentacin y pruebas que presentamos, para inclinarse a satisfacer las peticiones de la parte acusadora.

-OM: Usted cree que hay algo ms detrs de esta resolucin?

-VF: Lo que se pretende hacer es profundizar la estigmatizacin de los lderes sociales y comunitarios, pasando ahora a un plano de carcter legal que consiste en criminalizar ese liderazgo y el derecho ciudadano de oponerse a estos proyectos. Una vez ms se demuestra que en Honduras el sistema de justicia es instrumentalizado fcilmente para defender los intereses de empresas que, en este caso, han violado y atropellado la dignidad y los derechos del pueblo indgena de Ro Blanco.

-OM: Cul es ahora la situacin judicial de Bertha Cceres?

-VF: Al no presentarse a la audiencia, la jueza no pudo notificarle la sentencia, ni llevar a cabo la detencin para llevarla al centro penal. Para los prximos das estamos esperando que se libre una orden de captura contra ella. Nosotros vamos a presentar un recurso de apelacin ante la Corte de Apelacin de Comayagua, sin embargo esa accin no va a interrumpir el mandato de prisin preventiva para Bertha Cceres.

-OM: La sentencia dict tambin el desalojo inmediato del lugar donde se han llevado a cabo los hechos. Qu quiere decir eso?

-VF: Es totalmente incomprensible e inaceptable. Cmo van a desalojar a la gente de sus comunidades y de sus territorios ancestrales? Creemos que la resolucin, aunque no lo diga expresamente, va orientada a desalojar la carretera que est siendo controlada por la comunidad indgena, para evitar que la empresa contine las obras en el ro Gualcarque. Eso implicar una mayor militarizacin de la zona y ms violencia.

-OM: La situacin que se est dando en Ro Blanco es algo excepcional o es parte de una tendencia que se va generalizando en el pas?

-VF: Por mi experiencia como profesional del derecho y como ciudadano responsable, integrante de organizaciones que se ocupan de estos temas, creo que es una ruta que las empresas explotadoras de nuestros recursos han estado tomando.

Todo es parte de una estrategia que apunta a atacar a los lderes y lideresas de los movimientos que se oponen a los proyectos y megaproyectos hidroelctricos, mineros, de expansin de los monocultivos. Quieren atemorizarlos y debilitarlos, criminalizando el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Lamentablemente, constatamos tambin que la institucionalidad del sector justicia se ha convertido en un instrumento en manos de estas empresas, y que est operando como rehn al servicio del gran capital nacional e internacional.

Fuente original: Opera Mundi (portugus)


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