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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-09-2013

Un dictamen de Oyarbide sobre Acindar y los debates sobre la complicidad con el Terrorismo de Estado
El protagonismo empresarial en el Genocidio, fueron la excepcin o la regla?

Jose Schulman
Rebelin


In memorian

de Carlos Sosa y Tito Martn

protagonistas de las luchas obreras

y populares de Villa Constitucin

y maestros de la poltica revolucionaria.

 

En diciembre de 2010, junto con un destacado conjunto de protagonistas del Villazo (la gran rebelin democrtica sindical de los trabajadores de Villa Constitucin contra la Unin Obrera Metalrgica en marzo de 1974) y sobrevivientes del Operativo Serpiente Roja (de marzo de 1975 ordenado por un decreto gubernamental de Isabel Pern e inspirado por el presidente del directorio de Acindar y futuro ministro de economa Alfredo Martnez de Hoz) entre los que se contaban Juan Actis, Alberto Piccinini y Carlos Sosa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunci penalmente al directorio de Acindar [1] por los crmenes cometidos contra los trabajadores y el pueblo de Villa Constitucin, alegando que fueron funcionales a la imposicin de un modelo de pas que favorecera directamente a la empresa de un modo directo (la deuda externa que cargaron al estado o la burla a la Ley Savio que prohiba producir acero a partir del mineral de hierro ya que esta labor era monopolio estatal de Somisa) y como resultado del Plan Econmico que continuaron Cavallo, Menem y De la Ra. Puntualmente denunciamos las muertes, las torturas al interior de la Planta Fabril, las detenciones ilegales, los cambios regresivos en las relaciones laborales y la transferencia de las deudas contradas por Acindar al Estado Nacional.

La denuncia nunca goz de la velocidad procesal que caracterizan otras causas judiciales emprendidas por el Dr. Oyarbide. En octubre del 2011 reconoci a la Liga como querellante y tom algunas pocas testimoniales. Con la muerte de Alfredo Martnez de Hoz se tema que el Juez clausurara la investigacin a pesar de que en estos aos hemos aportado nuevos testimonios y la nomina del directorio de Acindar de entonces. sin embargo con fecha 16 de setiembre del 2013 el Juez resolvi determinar que las presentes actuaciones continen trmite bajo el rgimen procesal de la ley 23984 dndole vista al fiscal para que se pronuncie sobre la cuestin. Como ni soy abogado ni el fiscal se ha pronunciado sobre la cuestin, omitir las consideraciones operativas para concentrarme en los fundamentos de la resolucin que receptan los fundamentos principales de nuestras posiciones sobre la relacin entre Acindar y el terrorismo de Estado as como la gnesis misma del Golpe.

Citaremos algunos prrafos del resolutorio (son veinte carillas) para luego sealar algunas cuestiones metodolgicas y de fondo sobre el debate que se ha potenciado con la publicacin del libro Cuentas pendientes. Los cmplices econmicos de la dictadura [2] compilado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Boholslavsky.

Dice Oyarbide: los distintos textos acompaados por la querella y otros textos publicados a los que se ha tenido acceso y que tratan los acontecimientos de Villa Constitucin, dan la pauta que la represin y persecucin que se inicia el 20 de marzo en Villa Constitucin y se contina ms all del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 tiene por objeto fundamentalmente la desarticulacin de la comisin directiva de la UOM de dicha localidad con la detencin de todos sus integrantes y la intervencin de la seccional gremial con la clara intencin de que las polticas econmicas que se pretendan implementar no fueran obstaculizadas por la actuacin gremial [3] (a folio 3 del resolutorio).

Y luego de sostener que el Operativo Serpiente Roja fue parte de un proceso escalonado por el cual las Fuerzas Armadas fueron recibiendo del gobierno de Isabel Pern el control territorial de la nacin mediante los Operativos Independencia en Tucumn y el desencadenado en Villa Constitucin: En todo este proceso el accionar de las fuerzas armadas fue tomando cada vez ms relevancia ya para ese momento [4] tenan el control operativo sobre Tucumn, las fuerzas de seguridad controlaban el litoral despus de la represin del 20 de marzo en Villa Constitucin, y as se llega al dictado de los decretos 2770/75 y 2771/75 por los cuales la accin represiva contra la subversin en todo el pas queda en manos de las FF.AA. con la subordinacin de las fuerzas de seguridad (FF.AA. y Policas Provinciales y Servicio Penitenciario), llegndose as al golpe de estado del 24 de marzo de 1976 (a folios 13/14 del resolutorio) por lo cual, dado que considera que la Triple A existi entre el 21 de noviembre de 1973 (atentado contra Solari Irigoyen) y el 11 de julio de 1975 (salida de Lpez Rega y su sequito al exterior) los hechos represivos de Villa Constitucin deben investigarse por separado, pero a esta distincin temporal le suma un elemento de excepcional importancia: la responsabilidad de Acindar.

Dice as:mas lo cierto es que el alcance de la causa 1075/06 [5] parece ms acotada respecto de stas, ya que aqu se involucra la responsabilidad del directorio de una empresa como Acindar cuyo presidente en el momento de los hechos era Jos Alfredo Martnez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 pas a ser Ministro de Economa del gobierno militar que tom el poder, circunstancia esta que no puede soslayarse, dado que los intereses econmicos de Acindar, prima facie, no parecen ajenos a la represin que se desata el 20 de marzo de 1976 en Villa Constitucin (a folios 14/15 del resolutorio).

Y en un prrafo contundente afirma: lo que se vislumbra es que desde el gobierno nacional constitucional se mont un andamiaje represivo ilegal que se fue afianzando y consolidando, ya que en un principio los ataques (amenazas, atentados con bombas yhomicidios) aparecan como individualizados y solo dirigidos a personajes que se manifestaban abiertamente opositores -como Julio Troxler, Rodolfo Ortega Pea y el cura Carlos Mugica, por mencionar solo algunos- a los lineamientos polticos del gobierno encabezado por Mara Estela Martnez de Pern y Jos Lpez Rega..ms cuando los reclamos sociales se fueron masificando, organizando y las agrupaciones polticas revolucionarias fueron adquiriendo representatividad y legitimidad a travs de elecciones gremiales y sus reclamos fueron adquiriendo la entidad suficiente para transformarse en un obstculo para los fines perseguidos por el gobierno nacional, el aparato represivo ilegtimo se fue transformando en un verdadero terrorismo de estado que busc no solo amenazar y eliminar ya no a titulo individual a opositores polticos..sino a las organizaciones polticas y sus militantes completamente, y as se lleg a la institucionalizacin de la represin y vuelve a relatar la secuencia del Operativo Independencia, el Operativo Serpiente Roja y los decretos de Isabel Pern que ponen todo el pas bajo control operacional de las FF.AA.

Como la denuncia contra Acindar haba sido vinculada a la causa contra Triple A, el Juez resuelve continuar las investigaciones pero por carril propio dadas dos circunstancias: a) que la Triple A habra funcionado solo hasta el 11 de julio de 1975 y los hechos denunciados se prolongan mucho ms all en el tiempo, durante toda la dictadura militar que haba puesto una tanqueta en el camino de entrada a la planta fabril como clara seal de territorio enemigo bajo control militar y b) porque acepta nuestra hiptesis que la represin desatada fue instigada por el directorio de Acindar (dice prima facie = en principio o algo as como es probable que) en procura de sus intereses econmicos tal como lo venimos sosteniendo desde hace aos. [6]

Contra la teora de la excepcionalidad de la represin y de la excepcionalidad del compromiso empresarial con el terrorismo de Estado hemos sostenido reiteradamente las siguientes ideas fuerza que considero pertinente reiterar:

a) la historia de la Argentina es una historia de violentos actos de dominacin y control social a los fines de imponer y hacer funcional (o sea rentable) al capitalismo

b) somos, como latinoamericanos, hijos de una violacin: la invasin colonial europea que aniquil millones de hermanos originarios.

c) la historia de la Repblica Argentina, la historia de sus instituciones y su cultura, es como nos enseaba Walter Benjamn en sus Tesis sobre la Historia- al mismo tiempo la historia de la represin estatal sobre todos los opositores de todas las maneras posibles, generalmente y de una manera predominante, por medios brutales como la tortura y la prisin ilegal.

d) desde 1902 en que se sanciona la ley 4144 de represin a los inmigrantes indeseables, pasando por la ley de seguridad nacional de 1910, el estado de sitio del mismo ao, siguiendo por la formacin de la seccin especial de lucha contra el comunismo creada al interior de la Polica Federal en 1930 y todos los golpes de estado: de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 la represin ha sido la regla y el respeto a los derechos humanos, la excepcin.

e) el Terrorismo de Estado desplegado entre finales de 1973 y finales de 1982 (nunca los periodos sociales son exactos) marc un salto de calidad en la represin (del control y el dominio, de la eliminacin parcial al exterminio de un grupo nacional) pero no fue otra cosa que la culminacin de un largo periodo de preparacin que se remonta a la Conquista Imperial Espaola sobre nosotros. Y an ms, como desarrollamos en otros textos [7] , la cultura represora no desapareci en democracia sino que se recicl, y hoy amenaza con crecer de manera desorbitada de la mano de Milani, Marambio, Granados y quienes lo corren por derecha como Massa, De Narvez, Macri y Lilita.

f) la relacin entre la represin y las empresas viene de larga data; y es ms, desde los 40 del siglo XX, que funciona un verdadero tringulo de la muerte: empresa, gobierno y burocracia sindical; en los aos del Terrorismo de estado proporcionaban listas a los servicios de Inteligencia o prestaban autos, camiones e instalaciones. Y esa relacin, en las nuevas condiciones, se mantiene inalterable. El capitalismo, por naturaleza, es incompatible con los derechos humanos.

g) la relacin entre las empresas y el estado argentino tambin es permanente. Solo a modo de ejemplo, y de un modo acotado porque voy a citar un libro de 1995 [8] veamos la historia de Acindar y el Estado: fundada en los marcos del primer peronismo, goz de todas las polticas de incentivo industrial de aquel gobierno que anunciaba la constitucin de Somisa y subsidiaba la industria nacional del acero; su fundador, el Ingeniero Acevedo fue Ministro de Obras Pblicas de Frondizi con el expreso objetivo de privatizar los ferrocarriles (frustrado por la gran huelga ferroviaria de 1962), luego colocaron a su gerente financiero, Carlos Carrera como Subsecretario de Finanzas de la Nacin en el equipo de Krieguer Vasena, del gobierno militar de Ongana, quien los ayud a perpetrar una de las mayores estafas burstiles de la historia, para culminar con la entronizacin de Martnez de Hoz en el 76 quien fuera reemplazado por el vencedor del Cordobazo: el General Alcides Lpez Aufranc; durante toda su historia el Estado estuvo a su servicio, y no solo en las funciones econmicas, tambin en las de control social y represin a los trabajadores.

1. Somisa fue saboteada desde el mismo momento en que fue concebida, tardando 14 aos en ponerse en funciones. ...precisamente cuando Somisa comienza a producir arrabio y acero, en lugar de ayudar a su pronta expansin se permite a la iniciativa privada aspirar a su dominio del mercado. La ulterior expansin a cuatro millones de toneladas fue negada a Somisa para confiar en los planes de integracin de Acindar y Propulsora Siderrgica, autorizados en 1967, el primero debi ser anulado en 1968 ante las condiciones lesivas para el pas con que Acindar pact la intervencin de la Steel Co. de los EE.UU Thoa. Y un ex secretario de Ongana, el Dr. Roth comenta: No haba en el pas empresa que hubiese recibido mejor proteccin arancelaria, ni ms aportes y crdito estatal. La contribucin del Estado tena por destino la construccin de un alto horno a lo cual se haba obligado la empresa una dcada antes. El Plan Siderrgico inclua un milln de toneladas que producira Acindar en sus previsiones.Acindar haba postergado de ao en ao la construccin del alto horno, mientras estaba exenta de impuestos que su competencia pagaba, prcticamente por lo que iba a construir.. Durante todos esos aos Acindar se beneficiaba no slo de las exenciones ms arriba descriptas, tambin del precio subsidiado con que Somisa le venda la palanquilla. Un estudio de Lozano, Basualdo y Fuks demuestra que entre 1970 y 1975 Acindar, le pag a Somisa 100 millones de dlares menos de lo que se cotizaba la palanquilla en el mercado.

2. Utilizacin del crdito internacional con avales del Estado. Asuncin por parte del mismo de dicha deuda mediante el mecanismo del seguro de cambio. Monto de la deuda externa: 652.193.000 dlares, subsidio del 64.8 %. Cavallo prcticamente la estatiz en 1981 cuando estaba al frente del Banco Central y Alfonsn lo consider cosa juzgada en 1984 asumiendo prcticamente el pago de la misma. Dicho de otro modo, la Planta Integrada y subsiguientes mejoras fueron construidas con dineros pblicos. No slo consigui quebrar el monopolio estatal que Savio haba soado para la produccin de acero, sino que consigui que el mismo Estado (el suyo, no?) se lo pague (11).

3. Beneficios de los regmenes de promocin industrial. Recibi exenciones impositivas por la construccin de la Planta Integrada (monto 251 millones de dlares, aprobado en enero del 75); por la ampliacin de la planta de hierro redondo y alambrn (monto 40,4 millones de dlares, aprobado en enero de 1983); por la instalacin de 12 empresas en la provincia de San Luis las cuales, por 16 aos, gozan del beneficio de no pagar I.V.A. ni por las compras ni por las ventas. Lo ms cmico del asunto es que durante ese lapso haya exigido subsidios para integrar su produccin y concentrarla geogrficamente. Con el traslado a San Luis de parte de sus instalaciones industriales, para desintegrar y desconcentrar la produccin desde el punto de vista tcnico, la vieja excusa de los profesores de economa para justificar el monopolio.

4. Goz de crditos del BANADE (deba 231 millones de dlares a fines de 1987 que pasaron a menos de 118 millones de dlares en 1988 sin haber pagado casi nada); y de avales del Tesoro Nacional por 148, 256 millones de dlares recibidos del siguiente modo: el 9/1/76: 81.103 millones de dlares; el 9/1/78: 27.695 millones de dlares y el 5/6/78: 39.728 millones de dlares. Con esos dineros, por esos aos, haca importantes diferencias en la bicicleta financiera, tal como lo muestra el balance de la empresa de 1985 que revela una ganancia (expresada en pesos de entonces) de 4.446,40 millones, de los cuales 867, 5 millones corresponden a actividades productivas (es decir, al trabajo no retribuido de los trabajadores, los cuales producan en una hora, el equivalente a su salario mensual y continuaban trabajando a ganancia de la empresa el resto del tiempo) y, nada menos que 3.378,8 millones a utilidad no operativa eufemismo tcnico que esconde la vulgar bicicleta o especulacin financiera tpica de la burguesa argentina en aquellos tiempos.

En ocasin de un acto en homenaje al levantamiento del Ghetto de Varsovia, el Dr. Ral Zaffaroni sostuvo que ni la Memoria ni el Juicio y el Castigo tenan funciones preventivas contra un nuevo Genocidio [9] . Es ms, la Declaracin de los derechos humanos por parte de las nacientes Naciones Unidas pareci ms la seal de largada para un interminable ciclo de golpes de estado y genocidios que el anuncio de un nuevo tiempo de amor y paz. El propio Juicio de Nremberg solo preanunci el inicio de la Guerra Fra y el fiscal argentino Alejandro Alagia, reconoci su sorpresa al momento de la sancin de la Ley Antiterrorista puesto que pensaba que con los juicios al Terrorismo de Estado, esas cosas no volveran a ocurrir [10].

Es que entonces, los juicios no tienen ningn valor, ms all del reparatorio individual o colectivo?. Nada de eso, como rescat el Dr. Rozanski en su fallo contra Etchecolatz, el derecho genera verdad, al decir de Foucault, y estos juicios abonan la resignificacn de un pasado reciente que necesariamente debe ser asumido como aprendizaje para las nuevas generaciones de luchadores por la libertad y el buen vivir.

Por esas razones, acaso sin siquiera imaginarlo, el dictamen del Juez Oyarbide abona ese camino y tal como lo destaca en su resolutorio- pone en su justo lugar a luchadores como Carlos Sosa o Rodolfo Graff, revolucionarios comunistas para quienes el sistema gubernamental de memoria nunca tiene tiempo ni lugar para recordarlos.

Sosa, Secretario General de la Unin Ferroviaria de Villa Constitucin y militante del Partido Comunista, segn el escrito de la querella, fue detenido tambin el 20 de marzo de 1975. En su testimonio, Carlos Antonio Sosa relata que el 5/8/76 estando en la casa de Tefilo Graff llegan dos individuos armados en un Dodge 1500, Graff logra escapar y l es arrestado, con esposas y capucha es introducido en un vehculo y llevado a un lugar donde permanece cinco das en una celda..oye que personas son torturadas.seala que luego es trasladado en un vehculo policial a la seccional central de la Polica provincial de San Nicolsrefiere que en este nuevo lugar permanece 40 das y le dicen que est a disposicin del Area Militar 211.es interrogado por un mayor del Ejercito de apellido Bounier o Born y tratan de convencerlo que trabaje para ellos dentro del movimiento obrero dada su condicin de Secretario General de la Unin Ferroviaria, cargo que ocup hasta el 20 de abril de 1975 en que qued cesante y como no acepta, es amenazado y trasladado al Regimiento de Pontoneros de San Nicols. (a folios 16 del resolutorio).

Carlos Sosa falleci luego de presentar la denuncia penal contra el directorio de Acindar, sin llegar a ver el juicio anhelado. Luego del fin de la dictadura volvi al ferrocarril y a la Unin Ferroviaria, resisti la privatizacin de los FFCC y ocup la estacin local para un emprendimiento productivo. Jubilado, andaba en bicicleta convocando rebeldas cuando un infarto le golpe en su costado ms sensible: su rojo corazn rojo.

Fueron esos obreros ferroviarios y metalrgicos los primeros en denunciar lo que hoy se abre paso trabajosamente en la sociedad: Acindar y los empresarios nacionales fueron parte del Genocidio tanto como Ford y la embajada de los Estados Unidos. Esa es la primera verdad del proceso histrico reciente, y por ello, la ms oculta por la derecha y el progresismo.

Notas:

[1] http://cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com/2010/12/28/texto-de-la-denuncia-penal-contra-alfredo-martinez-de-hoz-el-directorio-de-acindar-e-isabelita-por-el-operativo-represivo-del-20375-por-parte-de-la-liga-y-dirigentes-historicos-del-villazo/

[2] editorial Siglo XXI, 2013

[3] en todos los casos donde se resalte con negrita, son del autor.

[4] est citando la denuncia contra Lpez Rega y la Triple A publicada en La Opinin del 6 de julio de 1975, que el Juez relaciona con las denuncias del Ejercito contra Lpez Rega y su posterior desplazamiento del gobierno del 11 de julio, fecha de su viaje al exterior y que Oyarbide considera el fin de la Triple A

[5] la causa iniciada en diciembre de 2006 contra la Triple A al momento de la detencin de Morales y Almirn en Espaa, que reactiva la abierta en 1975, inmovilizada por la dictadura y clausurada con la muerte de Lpez Rega en 1984.

[6] en 1995 publiqu Tito Martn, el Villazo y la verdadera historia de Acindar, cuya segunda edicin fue aceptada como documento de prueba por el Juez y cuya versin on line gratuita est en http://schulman52.files.wordpress.com/2010/02/libro_tito_martin.pdf

[7] Quin est matando a los militantes populares en la Argentina? http://cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com/2012/01/24/quien-esta-matando-a-los-militantes-populares-en-la-argentina/

[8] del libro ya citado Tito Martn, el Villazo y la verdadera historia de Acindar

[9] el audio del acto est en http://cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com/2013/04/20/70o-aniversario-de-la-rebelion-del-ghetto-de-varsovia-acto-realizado-en-buenos-aires-el-1942013-audio-de-la-intervencion-de-jose-schulman-de-la-ladh-y-del-dr-raul-zaffaroni-miembro-de-la-corte/

[10] Pagina 12 del 20/12/2012: Lo que se crea que no volvera a pasar, ocurri. Sabemos que la pulsin de todo poder punitivo es llevarse siempre algo a la boca. Confiamos equivocadamente que los juicios por crmenes de masa cometidos por la ltima dictadura contra una parte de la poblacin definida como enemiga terrorista era suficiente para no repetir el error de inventar amenazas absolutas.

Blog del autor: http://cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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