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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-10-2013

Per
Conflictos socioambientales y balcanizacin del Estado

Luis Hallazi
Rebelin


Cul es la relacin entre conflictividad socioambiental, movimientos sociales y derechos humanos en el Per contemporneo? Sin duda, cada vez emergen ms interpretaciones extensivas sobre los derechos actuales y tambin nuevos derechos humanos. Esto se debe en parte, a la creciente conflictividad socioambiental y al impulso que los distintos movimientos sociales le estn dando a estos derechos, con rasgos cada vez ms particulares y claro est, a la posicin geoestratgica del Per con respecto a estos nuevos escenarios. Esto nos llevara a reflexionar en las causas y consecuencias, me detengo en una consecuencia: la balcanizacin de la nocin de Estado-Nacin. El mismo concepto desde donde se han construido muchas de nuestras instituciones e identidades. La misma base tambin desde donde se ha construido la doctrina de los derechos humanos que desde 1948 viene tratando de equilibrar (cada vez menos) esta lgica economicista cultural y econmicamente liquida que impera.

Por tanto a la vez que asistimos al debilitamiento del Estado-Nacin observamos tambin el fortalecimiento del mercado trasnacional, de sus actores financieros que a travs de empresas o alianzas multinacionales y consorcios econmicos, definen polticas econmicas que inciden de manera alarmante en todo el planeta. El auge del capitalismo o el credo neoliberal, es tambin un actor que debilita al Estado-Nacin, este pensamiento nico, se consolida cada vez ms ante nuevos e inciertos escenarios en el marco de la globalizacin econmica y poltica, a la que tambin los movimientos sociales buscan dotarla de un cambio poltico.

Los derechos humanos emergentes, suponen una nueva concepcin de la participacin ciudadana, dando voz a actores nacionales e internacionales que tradicionalmente han tenido un nulo o escaso peso en la configuracin de las normas jurdicas nacionales e internacionales. Los movimientos sociales han sido los vehculos desde donde se han impulsado y deben seguir hacindolo si se quiere una sociedad con justicia social, justicia ambiental y solidaridad trasnacional en la defensa de territorios y recursos naturales. Quien puede negar, por ejemplo, el aporte en la conciencia ambiental respecto al caso Conga y su valor jurdico respecto al derecho a un medio ambiente sano o el derecho humano al agua.

Estas reivindicaciones de los movimientos sociales van siendo traducidas mediante una agenda de derechos y es all desde donde se esperan las respuestas. Es decir, el Derecho concebido como un Derecho transformador, es necesario dotarle de una fuente inspiradora que reinterprete esta realidad y permita generar equilibrio ante la actual arquitectura normativa asimtrica como es la que edifica el Derecho corporativo. Bajo esta premisa podemos encontramos formulaciones como la Declaracin Universal de los Derechos Humanos Emergentes, propuesta en el marco del Frum Universal de las Culturas de Barcelona en septiembre de 2004, y aprobada en el Frum de Monterrey (Mxico) en el 2007. Desde esa perspectiva hay muchos derechos que se han ido configurando, entre derechos nuevos sin ningn precedente o con escasos vnculos con los derechos reconocidos jurdicamente como el derecho a la renta bsica o el derecho a la paz, otros derechos ya conocidos pero con creativas interpretaciones como el derecho a habitar el planeta y el medio ambiente, el derecho a la resistencia o el derecho a la verdad y la justicia, son ejemplos que reavivan una lgica de derechos humanos basado en la dignidad, que permiten generar mecanismos efectivos para garantizar el plan de vida de individuos y comunidades a la luz de estos tiempos.

Sin embargo, el Estado peruano y su creciente ineficiencia para entender la conflictividad socioambiental aportan lo suyo para resquebrajar esa construccin endeble del Estado-Nacin. Solo para referirnos a un indicador: tenemos una institucionalidad estatal precaria, este diagnstico tambin coincide con los ms acuciosos anlisis del sector empresarial extractivo. Es decir sociedad civil organizada y sector empresarial extractivo llegan a la misma conclusin: es necesario trabajar en la institucionalidad estatal.

La diferencia es que en la prctica la CONFIEP [1] y sus principales voceros presionan al Gobierno para destrabar proyectos, lo que concretamente implica la flexibilizacin de instrumentos de control ambiental (estudios de impacto ambiental EIA, CIRA, etc.); flexibilizacin de mecanismos de participacin poltica (restriccin del derecho a la consulta previa de los pueblos indgenas); flexibilizacin de derechos laborales, etc. Esa es la respuesta del sector empresarial extractivo que no hace ms que contribuir a seguir precarizando las instituciones. El Estado por su parte asume el compromiso de implementar medidas que permitan desbloquear proyectos [2] reduciendo sus mrgenes de actuacin a un papel de mero facilitador, sin capacidad de garantizar derechos. Las preguntas que nos hacemos algunos son: Cunto ms puede soportar esta institucionalidad precaria, el flujo de inversiones que como seala el Presidente, aumentan a un ritmo de 35% anual [3] en las actividades extractivas?, Cul es el lmite ante la premisa que los conflictos sociales son precursores de cambios institucionales sociales y ambientales, con un Estado reducido a su mnima expresin de modelo neoliberal?

El Gobierno asumi compromisos que no puede cumplir con las poblaciones afectadas; por otro lado, asume nuevos compromisos con los inversionistas nacionales y extranjeros a largo plazo, que dejar un enorme impacto social y ambiental en las poblaciones. Esta doble irresponsabilidad del Gobierno y de los propios inversionistas y empresarios nacionales del sector extractivo ir desembocando en ms tensiones, que acaben por desbordar y generar cauces distintos de conflictividad, con cambios en la configuracin territorial. Estamos entonces ante una balcanizacin del Estado nacional y el fracaso de la construccin de un proyecto Estado- Nacin a la vieja usanza. En su lugar tenemos la impronta de un Estado neoliberal, que por otra parte tendr que hacer frente a la falta del cumplimiento de compromisos del Gobierno, que se traduce en una crisis de legitimidad y de gobernabilidad, indicadores que tienen poco inters en una sociedad neoliberal donde el xito econmico es lo que realmente preocupa.

Bajo esa realidad, los retos siguen siendo los mismos, es necesario generar un aglutinamiento de aquellas fuerzas que pretenden equilibrar el actual panorama, eso significa trabajar de una manera ms coordinada y estratgica. Son las corporaciones empresariales extractivas, nacionales e internacionales, los motores que impulsan estos cambios. Desde esa perspectiva un Derecho transformador tiene que activar todos los mecanismos jurdicos, polticos y comunicacionales para garantizar los derechos de las poblaciones vulneradas. Se hacen necesarias interpretaciones creativas de los cuerpos jurdicos y de diagnsticos polticos, de tal manera que se agoten acciones de exigibilidad y justiciabilidad contra la violacin de distintos derechos humanos que lamentablemente, son sistemticamente vulnerados por los impactos de empresas transnacionales y nacionales no solo en Per sino en el planeta entero.

Notas:

[1] La CONFIEP es la Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.

[2] Discurso del Presidente de la Republica en la Ceremonia de cierre de PERUMIN-31 Convencin Minera, 20-09-2013, Arequipa.

[3] Son los datos brindados por el Presidente Ollanta Humala en la ceremonia de cierre de PERUMIN-31, adems agrega que el monto alcanzado hoy es un total de casi 60,000 mil millones de dlares.

Luis Hallazi es abogado y politlogo, asesor de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indgenas-CAOI, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid; Ciencia Poltica y Relaciones Internacionales por la Universidad Autnoma de Madrid, actualmente candidato a doctor por la misma universidad. Contacto: [email protected]com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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