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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-10-2013

Sobre la indignacin en Italia por el entierro del nazi Erich Priebke y otras indignaciones ms prximas
Incompatibles con el olvido

Antonio Maira
El Viejo Topo

Esta artculo fue publicado, por primera vez en El Viejo Topo en diciembre de 1998


Reivindicacin de la memoria

En el ao 1944, durante la II Guerra Mundial, las autoridades alemanas de ocupacin en Italia ordenaron el asesinato de 335 personas. La matanza era la respuesta por la muerte de 33 soldados alemanes ocurrida en una accin guerrillera de los partisanos italianos. El nmero de vctimas fue calculado al trueque de 10 a 1 y su seleccin tuvo carcter indiscriminado. La masacre se realiz sobre ciudadanos de cualquier edad o condicin, todos ellos ajenos a la operacin militar de la guerrilla antifascista. Esa fue la cualidad especfica de la represalia, lo que le dio su carcter terrorfico.

El tribunal de Roma que en 1997, ms de cincuenta aos despus, juzg a Erick Priebke y a Karol Hass, acusados como responsables de ese asesinato masivo ejecutado en las Fosas Ardeatinas, acu en su sentencia una expresin memorable. Para sealar que aquel delito contra la humanidad, por su enorme gravedad, no poda prescribir, lo defina como incompatible con el olvido.

Delitos incompatibles con el olvido. La expresin de los jueces va mucho ms all de una precisin jurdica sobre la vigencia del derecho de persecucin de esos delitos, o sobre su no prescripcin pese al tiempo transcurrido y a la larga desaparicin de los culpables. Al referirse a la atrocidad de los hechos ms que a la catalogacin jurdica de los mismos, la definicin trasciende el mbito del propio tribunal e incluso la circunstancia concreta de la aplicacin de un castigo. El tribunal se dirige a la sociedad y seala la radical incompatibilidad entre el delito contra la humanidad y su olvido. Eso es mucho ms que decidir sobre la gravedad de una pena, sobre la necesidad de un castigo, o sobre la vigencia del delito. Los jueces declaran que el delito no puede olvidarse. Tal es la gravedad de los hechos que su existencia impone la memoria, prohibe el olvido. Slo el recuerdo puede salvarnos de la repeticin de atrocidades semejantes. Mirar cara a cara a la verdad para seguir siendo humanos.

Justo lo contrario de lo que algunos intelectuales siempre acobardados han proclamado durante estas ltimas semanas en relacin con el procesamiento de general Pinochet, un dspota sanguinario que ampli los lmites del terror y se ensa con un pueblo. Ellos colocan la desmemoria como pilar nico y necesario de las transiciones y las democracias en Chile y Argentina. Consideran el olvido como garanta de reconciliacin, y como sustancia de esa extraa virtud ciudadana que reside, al parecer, en unas mayoras desalmadas centradas en la indiferencia, ajenas a la pasin cvica, al recuerdo, a la historia y a la esperanza.

Justo lo contrario tambin de esos polticos que como Frei, Medem y Sanguinetti, pero tambin Gonzlez, Aznar y tantos otros, se han lanzado a la defensa formal y cnica de una soberana que no existe, la de una jurisdiccin que como la chilena est aherrojada y humillada. Y ah tenemos al canciller Insulza insinuando que Chile puede juzgar al genocida vitalicio, y asegurando que su democracia est en condiciones de garantizar el estado de derecho. Todo ello sin aclarar que ese derecho incluye la ley de amnista, el imperio de la jurisdiccin militar sobre la devastacin de los derechos humanos, los honores senatoriales de Don Augusto y el compromiso de fidelidad al jefe de las Fuerzas Armadas de Chile. Todos aquellos dirigentes polticos han hecho votos para que no se ponga en riesgo una estabilidad poltica que exige como condicin permanente la mentira, la dignificacin de los asesinos, y la creacin de mitos colectivos de reconciliacin y consenso sobre realidades iniciadas con la traicin y la felona, y construidas sobre el pavor de la tortura y el asesinato. 

Una evidencia de barbarie

Hace unas semanas los jueces espaoles Garca Castelln y Baltasar Garzn, solicitan que el general Pinochet sea retenido en Londres para ser interrogado como implicado en delitos de genocidio, terrorismo y tortura. La acusacin particular haba conseguido acumular datos sobre una enorme lista de ms de 4.000 personas desaparecidas o asesinadas, la inmensa mayora chilenas, pero que inclua a ciudadanos de una decena de pases distintos. Algunos de ellos eran espaoles, los ms conocidos Carmelo Soria y Antonio Llid.

Ante las dificultades encontradas para asegurar la retencin del genocida Pinochet con fines de interrogatorio, el juez Garzn avanza un paso ms. Horas despus del primer intento de colocar al senador vitalicio ante las preguntas de un juez, Garzn admite a trmite dos querellas por secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, limitadas a los casos de unas 200 personas. Todas ellas haban sido capturadas en los territorios de varios pases latinoamericanos, distintos al suyo propio, como consecuencia de una decisin de coordinacin represiva que se denomin Operacin Condor. Este peculiar sindicato o confederacin genocida que se ensa con el exilio y rompi con todas las normas de la territorialidad y el asilo, intercambi durante aos manuales y recuerdos comunes de los cursos que para los milicos del continente organiz la muy imperial Escuela de las Amricas. Intercambi tambin tcnicas de tortura que estaban ensayando y evaluando las dictaduras militares latinoamericanas, y cuerpos maltratados entre los centros de detencin clandestinos de Chile y Argentina.

La Operacin Condor fue concebida y coordinada por la DINA -la polica represiva de Pinochet, su expresin ms personal- que actu como precisa y minuciosa mquina de exterminio dirigida bajo mano y alarde impdico del hoy asesino viejo. La DINA soy yo!, dijo en una ocasin el ahora honorable senador vitalicio.

Con esas querellas Garzn cursa una orden de detencin a las autoridades inglesas.

La decisin alcanza su objetivo inmediato y encadena varios acontecimientos, algunos de importancia extraordinaria, que se suceden en Espaa y en el Reino Unido.

En Londres una resolucin de la Corte Suprema, que responde a una demanda de habeas corpus presentada por los abogados del generalazo, declara que la detencin es ilegal. Pinochet disfruta de inmunidad por haber sido jefe de Estado y por haber sido cometidos los hechos denunciados en el ejercicio de su funcin oficial.

La resolucin provoca el escndalo de multitud de asociaciones de juristas y organizaciones de derechos humanos que sealan la barbaridad que supone la afirmacin de que la inmunidad se deriva de la condicin de Jefe de Estado, precisamente la nica condicin que, con las caractersticas que le dieron Pinochet y los militares argentinos, permite la realizacin impune de un genocidio masivo, sistemtico y continuado, como los ocurridos en Chile y Argentina. Los juristas golpean tambin sobre los frgiles fundamentos jurdicos de la resolucin del Tribunal de Londres cuya lgica conduce inexorablemente a la inclusin de la tortura, el asesinato o las desapariciones policiales entre las funciones pblicas. Introduciendo un recuerdo doloroso y una mirada severa al tribunal britnico, Isabel Allende recuerda que Augusto Pinochet Ugarte despreci cuarenta mil recursos de amparo como el que provisionalmente le ha salvado de la accin de la justicia.

Los hechos judiciales irn esparciendo una evidencia de barbarie. Ese ser el primer gran triunfo. Todos los defensores y protectores de Pinochet y de las Juntas Militares argentinas se han visto obligados a actuar admitiendo la verdad, en los hechos, de las tremendas denuncias de las acusaciones particulares que sirvieron de base a los jueces espaoles.

El auto de la Audiencia Nacional publicado el 5 de noviembre sostiene con fuerza la instruccin de Garzn y Garca-Castelln cuando establece como realidad indiscutible la relacin de delitos atroces descritos por los jueces. Las partes de la apelacin no han discutido que esos hechos imputados consistan en muertes, detenciones ilegales, sustraccin de menores y torturas producidas en Argentina (y en Chile) por razones de depuracin ideolgica.

La fiscala inglesa argumentar sobre los salvajes y brbaros crmenes cometidos en Chile y en otros pases, y los propios abogados de Pinochet no encuentran ms salida ante los Lores que invocar el riesgo de la transicin chilena: hay un equilibrio delicado entre la responsabilidad del individuo frente a los crmenes y la necesidad de estabilidad social y poltica, intentando convencerlos de que deben tener en cuenta los pactos polticos que en Chile aseguran la transicin pacfica. La evidencia de que la barbarie se desat sobre Chile en aquellos tiempos de infamia obliga a que esos mismos letrados acepten, como mal menor, que la ignominia ms absoluta caiga sobre su cliente: las torturas cometidas bajo el rgimen de Pinochet eran actos oficiales y no fueron ejercidas por sadismo.

Esos hechos judiciales culminarn, en una primera etapa, en la resolucin de la Cmara de los Lores constituida en supremo tribunal de apelacin. Los Lores negarn la inmunidad soberana del genocida chileno.

Contra el conformismo y la indiferencia

En Espaa haban pasado ms de dos aos y muchas cosas desde que Garzn primero, y Garca Castelln despus, iniciaron sendos procedimientos judiciales para investigar la realizacin de delitos de genocidio, terrorismo y tortura por las Juntas Militares argentina y chilena.

Garzn y Garca Castelln, a iniciativa de colectivos judiciales progresistas, haban decidido poner a prueba el acuerdo implcito y general sobre la inutilidad de remover pasados, de limpiar pocilgas llenas de honores vitalicios y de poner a prueba cobardas demasiado rentables. Los jueces deciden dignificar a las vctimas con la proclamacin de la existencia de su sacrificio y tambin de sus razones. Dignificar a decenas de miles de ciudadanos humillados con la tortura, desaparecidos, asesinados y olvidados.

Los dos jueces se enfrentaban al ms absoluto conformismo, muy arraigado en largos aos de pacto mentiroso. Se enfrentaban tambin a esa aceptacin de la derrota inevitable y permanente de la que se alimenta el poder poltico de los ms hipcritas. Y a los medios de comunicacin con su culto a lo inmediato, su horror a los procesos, a los orgenes, a las cuentas pendientes, a las explicaciones largas y a la importancia y presencia del pasado.

Los comienzos no fueron muy alentadores. Algunos medios, que podan haber apoyado la iniciativa, la presentaron con una sonrisa frvola y con algn comentario de escarnio. En lugar de proporcionar la cobertura informativa requerida por lo que era, sin duda, el ltimo intento para hacer justicia, el resultado del gigantesco esfuerzo de grupos humanos perseguidos y ninguneados, despacharon el asunto con alguna chanza contra el juez Garzn, con observaciones maliciosas sobre su comportamiento de estrella judicial. Esos medios se vengaban, anticipando el fracaso y frivolizando sobre una causa justa, de la instruccin de otra causa tambin histrica, la del caso Marey.

Fueron tal vez las reacciones a los desafueros cometidos por el fiscal de la Audiencia Nacional, Fungairio, y por el Fiscal General del Estado, Cardenal, para bloquear las acciones judiciales contra los represores de Chile y Argentina los que situaron los procesos en la atencin informativa. Y tambin cooperaron a ello los espantosos circunloquios argumentales con los que intentaron simultanear ese bloqueo con el lavado de la cara que justificaba los desmanes. Con las atroces declaraciones del arrepentido Scilingo los medios parecieron, por fin, recuperar la memoria, descubrir una verdad que sin embargo haba estado muy bien documentada durante dos dcadas.

Contra el terror

Haban pasado ms de veinte aos desde que en Chile primero y en Argentina despus, familiares de las vctimas, compaeros de lucha, exiliados, amigos, organizaciones polticas y de derechos humanos, iniciaran, contra la violencia y el terror, la denuncia desesperada de desapariciones, torturas y asesinatos.

Durante veinte aos recogieron y anotaron datos, buscaron testigos, relacionaron recuerdos, reclamaron testimonios, lucharon en todo eso contra el miedo, y recogieron tambin, a manos llenas, como ha recordado el abogado Joan Garcs en estos ltimos das, humillaciones, incomprensiones y silencios.

Algunas personas, convertidas ms tarde en cientos, lanzaron pblicamente una demanda de justicia cuando esta idea estaba enterrada por una represin sin lmites. La represin que puso en marcha un enorme matadero clandestino, un chupadero, como le llamaban, sin eufemismo alguno, los militares argentinos. Hacan referencia a las detenciones que escenificaban con la violencia extrema que exige el terror pero que convertan despus en desapariciones sin rastro.

Fueron las Madres de la Plaza de Mayo y las organizaciones de familiares de desaparecidos en Chile las que, pese a todo, confiaron en la humanidad que reside en la mayora, lanzaron las denuncias ms all de las fronteras y emprendieron la marcha con la certeza del retorno de una sociedad liberada de la indiferencia y el miedo. Un largo camino en el que todo fue desesperar durante un tiempo interminable. Un largo camino entre humillaciones, incomprensiones y silencios. Fueron ellas las que enarbolaron la idea primigenia de justicia como reparacin, como arma contra el miedo. Las Madres nos dieron una leccin. Demostraron que la idea de justicia puede competir con el terror en su propio escenario, el que est arrasado por la enormidad de los delitos.

Es sin duda la perseverancia de las personas que han resistido esa iniquidad, la que anticipa la nica actitud compatible con la dignidad de seres humanos. Es la que se coloca en la contradiccin insalvable entre los delitos horrendos y el olvido, tal como sealara aos despus el tribunal de Roma.

El enorme triunfo de la dignidad humana que suponen las decisiones judiciales de las ltimas semanas tiene su raz en esa negacin del olvido, en esa empecinada reivindicacin de la memoria que empez veinte aos atrs de que el tribunal italiano pronunciase, precisamente como memoria y no como olvido, la verdad de la razn, de la moral y de la justicia, el deseo de una humanidad mas digna que sirva de identificacin para todos.

Porque recogiendo datos, testimonios, documentos, durante largos aos, las organizaciones mencionadas han conseguido un xito estratgico de importancia capital. A base de esfuerzo desbordan la gran defensa del enemigo: destruyen su posibilidad de negar y esto ser fundamental en los trmites judiciales y en los apoyos polticos.

11 magistrados hacen historia

El Auto con el que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contesta a los recursos de apelacin con los que los fiscales se han opuesto a la jurisdiccin espaola, y en concreto a las resoluciones del juez Garzn ordenando la detencin de Pinochet, es un documento histrico.

Los magistrados reclaman valientemente la soberana de los tribunales espaoles, y por extensin la de todos los tribunales del mundo, para juzgar los delitos de genocidio. Por aplicacin del principio de persecucin universal de determinados delitos los rganos jurisdiccionales no invaden la soberana de otros pases, ejercen su propia soberana en relacin con delitos internacionales. El genocidio altera el orden de la humanidad, haba puntualizado con enorme certeza el informe Contra la impunidad que varios juristas haban entregado a Garzn para colaborar en su trabajo.

Para que ese ejercicio de soberana sea realizable el tribunal aplica con rigor el principio de subsidariedad y tambin alerta contra los subterfugios que enmascaran la realidad.

El rigor es impecable: es cierto que la persecucin de los hechos de genocidio corresponde en primer lugar a Chile y Argentina porque los delitos se cometieron en su territorio y, en segundo lugar, a un tribunal internacional competente cuya jurisdiccin haya sido aceptada. Pero tambin lo es que eso no excluye la jurisdiccin de un tercer pas cuando los hechos no estuviesen siendo enjuiciados por aquellos a quienes previamente corresponde. El espritu del Convenio contra el Genocidio de 1948 es evitar la impunidad de un crimen tan grave.

La alerta tambin es clara. En la impunidad estbamos cuando iniciaron los jueces Garzn y Garca-Castelln sus procedimientos judiciales. La observacin del fiscal Fungairio, que sostiene Cardenal, sobre la aceptacin en Chile de 11 querellas contra Pinochet que tienen la misma base documental que las de Garzn y Garca-Castelln el Informe Retting- no conmueve en modo alguno a los magistrados de la Audiencia. En Chile y en Argentina no se ha juzgado ni se est juzgando el genocidio. Las leyes de Amnista, Punto Final y Obediencia Debida se han limitado a despenalizar las conductas que incurrieron en ese delito horrendo. Eso no tiene ninguna virtualidad para los tribunales espaoles, porque de lo que se trata precisamente es de sortear las dificultades de persecucin en los pases de origen y aplicar el principio de persecucin universal.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional define el genocidio sin admitir enmascaramiento alguno ni aceptar refugios evasivos en interpretaciones textuales restrictivas, como hacen los fiscales. El primer argumento es la apelacin a la conciencia social: El genocidio es un crimen consistente en el exterminio total o parcial de una raza o grupo humano, mediante la muerte o la neutralizacin de sus miembros. As es socialmente entendido, sin necesidad de una formulacin tpica..

Lo caracterstico del genocidio es la eliminacin de un grupo humano sea cual sea el elemento diferenciador.

El auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aporta algo ms que ya hemos mencionado. Expresa la certeza general de que la represin descrita en los sumarios judiciales coincide con los hechos reales.

Y adems responde a los fiscales.

El aprieto de los fiscales del reino

Los fiscales Fungairio y Cardenal quedaron colocados en una situacin insostenible.

Sostienen los apelantes dice la Sala de lo Penal refirindose a ellos- que los hechos imputados no pueden constituir genocidio, puesto que la persecucin no se efectu contra ningn grupo nacional, tnico, racial o religioso y que la represin[...] tuvo motivaciones polticas. La accin imputada replica el Auto de la Audiencia Nacional- es contra un grupo susceptible de diferenciacin y que indudablemente fue diferenciado por los artfices de la persecucin y hostigamiento[...] las acciones consistieron en muertes, detenciones ilegales, sin que en muchos casos haya podido determinarse cul fue la suerte corrida por los detenidos, dando as vida al concepto incierto de desaparecidos, torturas, encierros en centros clandestinos[...] sin que los familiares conociesen su paradero. Y sigue puntualizando: fue una accin de exterminio que no se hizo al azar, de manera indiscriminada, sino que responda a la voluntad de destruir a un determinado sector de la poblacin, un grupo, sumamente heterogneo, pero diferenciado[...] aquellos ciudadanos que no respondan al tipo prefijado como propio del nuevo orden[...] ciudadanos contrarios al nuevo rgimen pero tambin indiferentes[...], la represin no quiso cambiar la actitud del grupo sino que quiso destruir al grupo. 

Los jueces colocan a los fiscales ante su responsabilidad: El entendimiento restrictivo del genocidio que los apelantes defienden es decir Fungairio y Cardenal- impedira la calificacin de genocidio de acciones tan odiosas como la eliminacin sistemtica[...] de los enfermos de sida.

 Los dos fiscales sostenan tambin que los delitos no podan ser calificados como terrorismo en aplicacin de nuestra Ley Orgnica del Poder Judicial. Tambin en este caso, Fungairio y Cardenal, uno diciendo el otro sosteniendo, definan el terrorismo con meticulosidad formal y un compulsivo afn restrictivo. A pesar de que el terrorismo aparece como delito de persecucin internacional cuya finalidad es la subversin del orden democrtico, los fiscales condicionan su existencia a que su finalidad sea precisamente la subversin del orden constitucional espaol. Los 11 jueces son inexorables con interpretaciones tan poco generosas con la defensa de los seres humanos en otros pases del planeta: la tendencia subversiva ha de hallarse en relacin con el pas en el que el delito de terrorismo se cometa.

Mucho ms rigurosos son los magistrados cuando descartan el criterio de los fiscales de que las fuerzas armadas argentinas o chilenas no pueden constituir banda armada y en consecuencia ser reos de terrorismo. En este punto los jueces rechazan, frontal y valientemente, un argumento perverso que se apoya en un prejuicio detestable: el de la dignidad corporativa de las instituciones militares. Prejuicio reaccionario, con races de cuarenta aos en Espaa, que se impone con la fuerza del sable desenvainado y que ha servido para proteger, con la impunidad, alguna de las carniceras ms despiadadas de nuestro siglo.

Los jueces de la Audiencia no se dejan impresionar por prestigios institucionales a la hora de reconocer que el ejrcito argentino se convierte en una banda armada. Las muertes, lesiones, coacciones y detenciones ilegales se realizan por personas integradas en una banda armada, con independencia de las funciones institucionales que esas personas ostentasen[...] pues debe tenerse en cuenta que las muertes[...] eran efectuadas en la clandestinidad, no en el ejercicio de la funcin oficial, aunque prevalindose de ella. La asociacin para actos ilegales[...] tena vocacin de secreta, era paralela a la funcin institucional pero no confundible con ella.

Es evidente que estamos hablando de bandas armadas, en Chile y en Argentina, y en aquellos aos tambin en Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay, por mencionar a las ms prximas, de una peligrosidad extrema. Estaban integradas por miles de profesionales del uso de la fuerza, tenan derecho de alistamiento obligatorio, contaban con un enorme equipo militar. Su potencialidad para establecer el terror sobre los pueblo era casi ilimitada. Y lo hicieron. Adems contaban con el apoyo casi incondicional de otras instituciones. La judicatura era una de ellas, la Iglesia catlica, otra.

La naturaleza del crimen

Fue un crimen de lesa humanidad. Ellos le llamaban castigo. Se castigaron los intentos de cambiar la sociedad, el hecho de organizarse, las simpatas polticas. Se castigaron hechos legales, simpatas legales, organizaciones legales tambin. Se castigaron los actos, pero tambin las posibilidades, sobre todo la posibilidad de resistencia. Pero el crimen no se termin ah. Se castig incluso la comunicacin humana, es decir, la posibilidad de generar o transmitir formas de conciencia. Primero mataremos a todos los subversivos. Luego mataremos a los colaboradores. Luego a los simpatizantes. Luego a los indecisos. Y por ltimo mataremos a los indiferentes, deca el general argentino Ibrico Saint-Jean en 1976.

Lo hicieron con la conviccin de una absoluta impunidad. La impunidad de la fuerza absoluta y la impunidad de la mejor de las alianzas. Quin poda temer a una futura rendicin de cuentas cuando el golpe militar estaba concebido y apoyado por los EE.UU.?

Es posible que Pinochet sea juzgado en Espaa. Eso dignificara a nuestro sistema judicial pero, sobre todo, sera una enorme victoria de la justicia y de los pueblos. Saneara el aire y las conciencias y no slo en Espaa y en Chile.

Pero Pinochet no sera nadie sin Kissinger y Nixon es decir sin los EE UU. Y ah tendr que llegar la palabra porque no podr llegar la justicia.

Razones humanitarias

Estn apelando a las razones humanitarias. Lo est haciendo el gobierno chileno y est ofendiendo y humillando a su pueblo. Lo ha insinuado el gobierno ingls, como sondeando el ambiente, y le seguirn otros.

Hablan de un anciano en lugar de hablar de un asesino viejo y de una viejsima impunidad lacerante.

Razones humanitarias, dicen, no para que no se cumpla una pena sino para que no se juzgue un delito. Razones humanitarias para evitar un juicio y mantener as la imagen de inocencia de un general que ha bromeado con la muerte de sus vctimas, que ha alardeado de su propia ferocidad y que ha tratado a los seres humanos con un desprecio inconcebible.

Razones humanitarias para evitar un juicio por genocidio, razones humanitarias para perderse para siempre en el olvido.

Antonio Maira. Capitn de Fragata de la Armada.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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