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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-11-2013

Guerra sucia contra exonerados polticos

Editorial de Punto Final
Punto Final


A medida que se aproximan las elecciones presidencial y parlamentaria, aumenta el miedo de la derecha. Como expresin poltica del gran empresariado y las trasnacionales se sabe minoritaria, y teme el triunfo de una oposicin heterognea en su composicin de neoliberales y estatistas, ahora con participacin protagnica del Partido Comunista, en la cual ganan terreno demandas como la Asamblea Constituyente. A pesar de sus debilidades y confusiones, la coalicin Nueva Mayora -que viene a reemplazar a la Concertacin- representa una amenaza de cambio institucional y eso es muy grave para la derecha. Lo demuestra la guerra sucia que ha iniciado a propsito de los exonerados polticos de la dictadura. La derecha necesita aferrarse a un poder que de ser cuestionado abre la posibilidad del trmino del modelo neoliberal y, por ende, de una institucionalidad que encarcela la voluntad popular y congela esta situacin en beneficio de los sectores dominantes.

La guerra sucia tiene diversas expresiones. El ministro de Hacienda, Felipe Larran, encabez la ofensiva alertando sobre los peligros que implicaran algunos planteamientos de la oposicin, que ahuyentaran las inversiones, perturbaran la tranquilidad de los empresarios y pondran en peligro la estabilidad econmica.

Esta nueva campaa del terror no se limita a la economa. Enfila tambin -y de manera fundamental- a la defensa de la institucionalidad impuesta por la Constitucin de 1980, ilegtima por su origen dictatorial y tambin por su ejercicio, ya que obstaculiza la democracia en tanto expresin de la voluntad ciudadana para producir los cambios profundos que los ciudadanos estn exigiendo mediante la movilizacin social.

En ese plano, la campaa del terror apunta contra la Asamblea Constituyente, que se demoniza como expresin de populismo. Lo notable es que nada de lo que teme la derecha ha ocurrido en los pases en que se ha cambiado la Constitucin mediante Asamblea Constituyente y referndum popular. Esos pases son hoy mucho ms democrticos y participativos.

El historiador Cristin Gazmuri ha deslizado una reflexin amenazante. Podra haber -seala en El Mercurio (10 de junio)- una reaccin conservadora de las fuerzas que controlan la economa, la prensa y diversos partidos polticos, que adems tienen las simpatas de otras fuerzas an ms poderosas, en obvia referencia a las fuerzas armadas. Y agrega: Estos poderes sern los que juzguen que se haya pasado la raya en materia de protesta de los sectores sociales.

A la campaa del terror se une la guerra sucia. Se quiere desprestigiar a los opositores hacindolos aparecer vinculados a hechos fraudulentos, en el caso de los exonerados polticos, y se intenta enlodar a las vctimas de la dictadura. Se aprovecha torcidamente un informe de la Contralora que objeta errores administrativos en los trmites de otorgamiento de las pensiones de algunos exonerados. Pero el informe no indica actuaciones delictuales. El escndalo ha sido alimentado por el gobierno, en circunstancias que se ha iniciado una investigacin judicial cuyos resultados es necesario esperar. Todos saben que es muy menor la existencia de irregularidades, en situaciones que involucran a un enorme universo de personas. Son miles los exonerados polticos que han debido ser compensados (de manera en general insuficiente) por haber perdido sus trabajos por motivos polticos durante la dictadura militar-empresarial. Durante aos ms de cien mil chilenos estuvieron cesantes por ese motivo. Sus nombres aparecan en listas negras que les vedaban acceso laboral en la administracin pblica y en la empresa privada.

As lo ha destacado el Comando de Exonerados Polticos, que sostiene la legitimidad de los beneficios concedidos por el Estado y el rol de parlamentarios que dieron testimonio, incluyendo parlamentarios de derecha. El Comando explica la complejidad de la tarea que permiti materializar esos beneficios an a costa de errores.

En miles de casos no exista finiquito, en no pocos las empresas haban desaparecido. Por ejemplo, documentar la exoneracin de campesinos en los asentamientos de la reforma agraria era prcticamente imposible. Por lo general, no haba archivos o stos eran incompletos, -o haban sido saqueados-. Fue necesario establecer una verdadera cadena de verificaciones en que, finalmente, se consideraba un factor determinante la buena fe de personas que haban tenido conocimiento o vinculacin con los solicitantes.

El Comando de Exonerados Polticos seala que no teme la investigacin judicial que debe realizarse, reiterando su confianza en lo irrefutable de la causa de esas vctimas del abuso dictatorial.

El caso de los exonerados polticos se liga necesariamente con la reticencia del gobierno de afrontar la situacin de las vctimas de violaciones a los derechos humanos an no reparadas. Fue acaso una casualidad que cuando la Cmara de Diputados debata la situacin de los exonerados polticos, un diputado de la UDI presentara una mocin para amnistiar a los responsables de violaciones de derechos humanos -en su mayora militares- que estn cumpliendo condena?

No ser el caso de los exonerados polticos una cortina de humo para esconder negociados de alto calibre en las grandes transacciones con el Estado, en las condonaciones de impuestos, en los conflictos de intereses, en las concesiones y otros mbitos tolerados por ste y los anteriores gobiernos?

 

Publicado en Punto Final, edicin N 783, 14 de junio, 2013

 

www.puntofinal.cl



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