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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-11-2013

Algunas preguntas sobre la protesta social en Espaa

Arturo Borra
Rebelin


Las expectativas de una creciente articulacin de las resistencias populares, tras la explosin participativa en 2011 ligada al movimiento 15-M, parecen frustradas. A pesar de las numerosas manifestaciones colectivas (en defensa de la sanidad o la educacin pblicas, las pensiones o el derecho a la interrupcin del embarazo y, en general, la defensa de determinadas conquistas histricas), no hay demasiados indicios que nos permitan prever una confluencia de mareas (verdes, blancas, violetas u otras).

La desarticulacin entre estas protestas sigue siendo una evidencia abrumadora. El trabajo a nivel barrial y vecinal del despotenciado movimiento 15-M, aunque valioso, tampoco debera exagerarse: contribuye a construir una cultura cotidiana diferente y, sin embargo, al menos en el corto plazo, no parece que vaya a desembocar en una reconfiguracin poltica radical que pueda actualizar el fantasma de una revuelta (policial y jurdicamente conjurada) ni, mucho menos, de un proceso de transformacin social radical.

Dicho de forma sinttica: a pesar de una escalada neoconservadora sin precedentes en Espaa, impulsada por un aparato gubernamental corrupto y desacreditado, el grado de coordinacin de las clases populares y medias en sus acciones de protesta es bajo y son, predominantemente, de carcter defensivo. Atenazadas por una poltica de amedrentamiento, dichas clases son tratadas como enfermos terminales a los que slo resta aplicarles una terapia de electroshock para garantizar que no seguirn movindose despus de muertos.

La estrategia del miedo (1), sin embargo, apuntalada por un proceso de criminalizacin de la disidencia, no es suficiente para explicar esta situacin de fragmentacin sectorial. La perplejidad y la resignacin, pero ms centralmente, la falta de un proyecto contrahegemnico, han conformado un blindaje slido contra la posibilidad de lo (que hoy anuncian como) imposible.

Contra todos los pronsticos, la estafa del rescate bancario, el creciente endeudamiento pblico (200.000 millones de euros solamente en 2012), el saqueo de las prestaciones pblicas, la consolidacin de una estructura tributaria regresiva, los recortes de los servicios pblicos, el desangre de los desahucios o los escndalos de corrupcin estructural de los partidos de gobierno, por mencionar slo algunas cuestiones, no han supuesto una radicalizacin de los conflictos sociales. Las manifestaciones se repiten como un coro de fondo: discontinuo, disfrico, improvisado, ms o menos previsible. A pesar de las 36232 manifestaciones que se produjeron en los primeros diez meses de 2012 en Espaa (2), que duplican las de 2011, las polticas que las motivaron no han cambiado en lo ms mnimo.

La multiplicacin de protestas pblicas sectoriales se asemejan a una solucin de desesperacin: moverse sin saber dnde. No extraan los reproches a esta hiperactividad que no oculta su falta de auto-reflexividad: los manotazos de ahogado nunca salvaron al ahogado. Dicho de otro modo: las catarsis colectivas no garantizan en lo ms mnimo el cumplimiento de sus reivindicaciones.

Un repaso somero y esquemtico puede ayudarnos a clarificar la cuestin. En el terreno de la educacin pblica las rplicas por parte de las comunidades afectadas son en efecto diferido: se despliegan a otra velocidad que la poltica oficial. Ni siquiera los movimientos estudiantiles han conseguido movilizarse de forma permanente, siendo como son uno de los colectivos ms perjudicados tanto por el nuevo sistema de becas y tasas educativas como por un modelo de enseanza impuesto parcialmente a nivel europeo y otro tanto por una poltica educativa retrgrada, fuera de toda consulta democrtica. Las mareas docentes que se producen en algunos territorios revelan por su parte la inaccin en otros territorios y, en conjunto, muestran la carencia de un plan de luchas, ms o menos organizado y compartido. Y si esto vale para los profesores del ciclo primario y secundario, ni siquiera puede sostenerse con respecto al profesorado universitario, sumido en un letargo del que no parece despertarse.

Los sindicatos mayoritarios -amordazados por lo que el estado les adeuda y acorralados por una paulatina deslegitimacin de la que son co-responsables- brillan por su ausencia. Ni siquiera han asomado la cabeza en los ltimos meses, cuando se avecinan nuevas privatizaciones y un autntico saqueo a las pensiones. No lo han hecho antes ni lo harn ahora. Demasiados comprometidos con el actual sistema de subvenciones estatales, su credibilidad ha quedado dinamitada, especialmente de cara a aquellos movimientos sociales y sindicales que han rechazado por espurias las negociaciones tripartitas con el gobierno nacional y la CEOE, representantes de los intereses econmicos ms concentrados.

Por su parte, es innegable que el activismo de la PAH ha evitado un nmero importante de desahucios, aunque su victoria sigue siendo prrica mientras no logre la sancin de una nueva ley hipotecaria que contemple, de mnimo, la dacin en pago. La mayora automtica de las iniciativas legislativas del PP como partido de gobierno bloquea esa posibilidad y las esperanzas cifradas a nivel europeo siguen siendo inciertas. Entretanto, el problema de la vivienda no hace sino aumentar, produciendo estragos en los afectados, incluyendo la expansin de los sin techo.

La suerte de la sanidad en vas de privatizacin sigue abierta precisamente por la combatividad del personal sanitario, especialmente en la comunidad de Madrid, que ha complementado la movilizacin con la interposicin de sucesivos recursos judiciales. Es esa pulseada a muerte en varios frentes lo que est ralentizando el proceso privatizador. Tambin jubilados y pensionistas como los afectados por las preferentes reclaman un lugar dentro del mapa de las protestas sociales. Sus logros estn vinculados tanto a sus manifestaciones peridicas como a los fallos judiciales en los que incidieron favorablemente.

La enumeracin de protestas locales puede extenderse de un modo casi exasperante: farmacias que cierran sus puertas por impagos por parte de los gobiernos autonmicos, familias con personas dependientes que han dejado de percibir la prestacin correspondiente, plataformas para el cierre de los CIE, marchas contra las redadas policiales racistas, etc.

El malestar social es ntido. Las escenas que producen esos estados de nimo colectivos son diversas, incluyendo el aumento de suicidios, de la violencia familiar y de gnero o las drogodependencias. Los brotes verdes que oficialmente proclaman son, simultneamente, tierra seca para millones de familias sumidas en una desesperada falta de horizonte. El autismo autoritario y cnico del gobierno nacional y autonmico no juega a los dados: hace tiempo ha asumido que la contrapartida de su apuesta poltica era el azar de las protestas reducidas a una liturgia. Y, lo saben perfectamente, a menos que aparezca algo disruptivo -heterogneo con respecto a lo que viene dndose en las protestas actuales- seguirn haciendo lo que ya han decidido hacer: reconfigurar de forma radical la sociedad espaola, a pesar de las resistencias que indudablemente suscita.

Por su parte, los discursos dominantes que circulan en los massmedia han tomado partido representando las movilizaciones populares como un ritual trivial, ms o menos inocuo, parte de la normalidad democrtica. Aunque no siempre tengan como objetivo desalentar la protesta, su construccin discursiva como escena cotidiana rutinizada y rutinaria, tiende a desactivar su carcter poltico: en vez de leerse como sntoma de una deslegitimacin gubernamental, en tiempo rcord, estas prcticas son planteadas como parte del orden establecido.

La conclusin provisoria que cabe apuntar es que en esta repeticin de protestas sectoriales algo est fracasando de manera estrepitosa. Las polticas neoconservadoras que estn arrasando la vida de millones de ciudadanos siguen su curso indiferente. La escalada contra los derechos sociales, econmicos, culturales y polticos obtenidos en las ltimas dcadas no est siendo revertida en absoluto. La fragmentacin social persiste y la calle por no decir la plaza- no est provocando los cambios que se supona iba a precipitar. El mismo sentido de las protestas pblicas est en discusin y no faltan voces discordantes que advierten sobre una cierta naturalizacin de esas manifestaciones como parte de la vida cotidiana, reduciendo la lucha poltica a una escena ms dentro del espectculo global en el que sobrevivimos. Por su parte, el discurso oficial ni por asomo se plantea que esas demandas populares deben ser atendidas y gestionadas de forma democrtica.

Llegados a este punto, la pregunta insiste: qu eficacia poltica estn teniendo las protestas sociales, una vez que reconocemos simultneamente su necesidad y su insuficiencia? Si, a pesar de las numerosas movilizaciones de los ltimos aos, las polticas gubernamentales no han hecho ms que agravar las desigualdades y la transferencia de recursos pblicos a las lites financieras, hasta qu punto no precisamos, desde un horizonte poltico antagnico, construir estrategias de lucha que rebasen el momento predominantemente defensivo al que parecen confinadas las protestas actuales? Y, lo que es ms decisivo aun: en qu medida podemos imaginar un giro poltico a partir de la articulacin de diferentes sujetos en torno a otro proyecto de sociedad? Cules son los lmites de las clases populares y medias ante el desastre que se precipita sobre sus narices? Para decirlo de una forma ms concisa: hasta cundo soportaremos este ultraje sistmico y sistemtico sin convertir la indignacin en una rebelin continua en diferentes dimensiones de nuestras vidas?

Notas:

  1. He analizado este proceso en La criminalizacin de la protesta social. La escalada autoritaria en Espaa, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144938.

  1. http://www.publico.es/espana/448791/2012-el-ano-en-que-la-crisis-empujo-a-los-ciudadanos-a-la-calle

Blog del autor: http://arturoborra.blogspot.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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