Portada :: Ecologa social :: Agua, el oro del siglo XXI
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-07-2005

Gobierno y sociedad organizada en contradiccin por el agua

Carlos Santos
Alai-amlatina


Poco antes de participar en la Marcha del Silencio del 20 de mayo, el Presidente Tabar Vzquez y su Consejo de Ministros emitieron un decreto que dej perplejos a muchos uruguayos. Este decreto referido a la Reforma Constitucional "del agua" habilit la permanencia de las empresas multinacionales de agua en el departamento de Maldonado. La decisin no slo viola el texto constitucional respaldado por el 64,7% de la ciudadana el 31 de octubre de 2004, sino que contradice una decisin de la propia Mesa Poltica del Frente Amplio de noviembre de 2004, en la que se estableci que la norma constitucional no admite interpretaciones. El tema del agua se ha convertido en el primer punto de divergencia entre el gobierno y los movimientos sociales, y seguramente su resolucin marcar las pautas de relacionamiento entre ambos durante los prximos cinco aos.

Si bien la posicin del gobierno con respecto a la Reforma Constitucional ya vena siendo comunicada por diferentes vas y voceros del Poder Ejecutivo, lo que extra a las organizaciones sociales y los ciudadanos que acompaaron el plebiscito fue el mecanismo elegido para su consagracin: un decreto presidencial, forma que recuerda tiempos nada gratos para la historia democrtica de este pas.

El referido decreto /1/ no hace otra cosa que interpretar el texto constitucional. Esto haba sido discutido por la Mesa Poltica del Frente Amplio en el mes de noviembre de 2004, en oportunidad de que el Partido Nacional hubiera presentado un proyecto de ley "interpretativo" del texto constitucional. Siguiendo un informe del senador y constitucionalista Jos Korzeniak -en el que se afirmaba que era "groseramente inconstitucional" la pretendida interpretacin- la Mesa Poltica del Frente Amplio defini que no haba lugar para leyes interpretativas.

Lamentablemente el organismo de conduccin de la izquierda no se expidi sobre los decretos interpretativos, como ste del 20 de mayo que firmaron Tabar Vzquez y todos los ministros, que representan al amplio espectro de sectores de la coalicin.

Lo que plantean los especialistas en la materia/ 2/ es que este decreto del 20 de mayo del Poder Ejecutivo es "jurdicamente nulo" por el hecho de que la pirmide jurdica establece que la norma de mayor jerarqua en el sistema es la Constitucin, y por debajo se encuentran las leyes, decretos y reglamentaciones.

Lo que dice el decreto

El decreto del Poder Ejecutivo (Presidente actuando en Consejo de Ministros) establece en su resolucin que: "Las personas jurdicas no estatales que tengan la calidad de prestatarios del servicio pblico de saneamiento o del servicio pblico de abastecimiento de agua para el consumo humano, en virtud de contratos celebrados con anterioridad al 31 de octubre de 2004, continuarn suministrando dichas prestaciones hasta el vencimiento del plazo originalmente pactado, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder en caso de incumplimiento".

Este primer artculo quiere decir que en el caso de las empresas privadas que prestan servicios de agua potable a partir de concesiones pueden continuar operando hasta la finalizacin de los contratos. Esta es una situacin que se da solamente en el departamento de Maldonado con dos empresas multinacionales: URAGUA (subsidiaria de la espaola Aguas de Bilbao) y Aguas de la Costa (subsidiaria de la francesa Suez).

La resolucin del decreto agrega que se adoptarn de manera "inmediata" las "medidas conducentes a asumir en forma directa y exclusiva la prestacin del servicio pblico de saneamiento y el servicio pblico de abastecimiento de agua para el consumo humano que al presente estn siendo suministrados por prestadores no estatales sin plazo contractual o con carcter precario".

Esta otra parte del decreto contradice claramente la anterior porque aplica la nueva constitucin de manera "inmediata" sobre los prestatarios sin contrato o de carcter precario. Disposicin tiene dos lecturas. Abarca por ejemplo la situacin de Aguas del Pinar, empresa que ha sido rechazada por los vecinos y denunciada por irregularidades en su gestin. En ese sentido el efecto del decreto presidencial es positivo. Sin embargo, incluye a otras 12 empresas que prestan servicios de agua potable y saneamiento, muchas de ellas de carcter cooperativo o autogestionario que sern canceladas.

En este sentido el efecto del decreto es negativo. Y aqu la interpretacin del Poder Ejecutivo es diferente: se aplica la Constitucin de inmediato y todas estas empresas pasan a manos de OSE. /3/ Chau URAGUA ... y Aguas de la Costa?

Afortunadamente, y en consecuencia a lo que plante la Comisin Nacional en Defensa del Agua y de la Vida durante la campaa del plebiscito de Reforma Constitucional, la concesin de la empresa Uragua en el departamento de Maldonado caa con o sin la Reforma.

Esto se fundamentaba en base a los graves incumplimientos que la empresa, subsidiaria de la espaola Aguas de Bilbao, que iban desde el atraso en el cronograma de obras hasta el no pago de los cnones al Estado.

El gobierno aplic las clusulas del propio contrato, revis el estado de la concesin y determin (como la haba planteado la CNDAV) que el contrato de URAGUA sera rescindido. Esto fue anunciado por el Ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana y el directorio de OSE, encabezado por Carlos Colacce, el da mircoles 1 de junio de 2005.

Las autoridades aclararon expresamente que la cancelacin de la concesin de URAGUA no se realizaba por aplicacin de la nueva Constitucin, sino por el incumplimiento de contrato. Esto, obviamente, para no tener que hacer frente a la demanda que la empresa inici al Estado, por entender que la modificacin constitucional cancelaba automticamente su contrato.

Un hecho poltico indiscutible es que sin la campaa realizada por la CNDAV y sin la aprobacin constitucional es incierto lo que hubiera sucedido con este contrato, ya que la Comisin de Contralor de Concesiones de OSE vena constatando las irregularidades de URAGUA desde el ao 2003, que haban sido denunciadas pblicamente por FFOSE sin que se hubiera tomado ninguna medida al respecto.

La empresa URAGUA, a travs de sus accionistas espaoles, inici una accin judicial internacional contra el gobierno uruguayo por la cancelacin del contrato, amparndose en el Tratado Bilateral de Proteccin de Inversiones con Espaa, firmado en el ao 1992. En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes, la diferencia se dirime ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencia de Inversiones) del Banco Mundial, de acuerdo al texto del propio documento.

El da 2 de junio de 2005, durante la interpelacin que le realiz en la Cmara de Diputados el legislador herrerista Luis Lacalle Pou, el Ministro Arana argument la existencia de un "perodo de transicin" necesario para el progresivo cumplimiento de la Reforma Constitucional.

En lo que respecta a la empresa Aguas de la Costa, subsidiaria de la empresa francesa Suez, su contrato contina hasta el ao 2018. Parece un "perodo de transicin" un poco exagerado para que el servicio pase a manos de la OSE.

Un decreto para la Suez

Claramente el objetivo del decreto del Poder Ejecutivo del 20 de mayo persigue la lnea que ha definido el Ministro de Economa, Danilo Astori, de "no generarle problemas a los que invierten" /5/ la que se aplica en otros casos lamentables, como el de la instalacin de las plantas de celulosa en Fray Bentos.

Ante la amenaza de un posible juicio en Tribunales Arbitrales Internacionales -claramente realizada por Aguas de la Costa, subsidiaria de Suez- el Poder Ejecutivo resolvi desconocer la voluntad popular y aceptar las amenazas de una empresa multinacional.

Se ha manejado en reiteradas oportunidades que el Estado uruguayo no tiene recursos para hacer frente a una demanda iniciadas por las empresas. Pero, cmo se llega a esa situacin? Cmo se llega a una demanda de las empresas si nuestro sistema jurdico se rige por la Constitucin y en ella se establecen mecanismos de indemnizacin? Acaso los contratos con empresas multinacionales estn por encima de la Constitucin?

De ser as, la ciudadana debera saberlo, para tomar posicin ante otros contratos con otras multinacionales (ya vigentes o prximos /6/). En otra lnea, el Estado uruguayo, como Estado soberano e independiente, no se encuentra en condiciones de cuestionar la legitimidad de estos Tribunales Arbitrales Internacionales como lo ha hecho recientemente el Estado argentino?

La situacin que se ha establecido a partir del decreto del Poder Ejecutivo sobre la Reforma Constitucional del Agua puede marcar precedentes muy importantes que, de no corregirse, pueden marcar una lnea de confrontacin entre el gobierno y los movimientos sociales, como la CNDAV y el propio PIT-CNT /7/. En defensa del agua y de la voluntad popular

La CNDAV ha reaccionado de manera contundente al decreto del Poder Ejecutivo. Reunida en Plenario en el departamento de Maldonado emiti una declaracin en la que resuelve "rechazar y recurrir el decreto del Presidente de la Repblica del viernes 20 de mayo de 2005 y todas las resoluciones del gobierno que contradigan el mandato popular".

Al mismo tiempo se comenz a aplicar un plan de movilizaciones, que dio comienzo con una concentracin en la Plaza Libertad el 27 de mayo de 2005, convocada conjuntamente con el Grupo Guayubira contra la instalacin de las plantas de celulosa en Fray Bentos.

Eduardo Galeano, orador central de este acto, afirm que las organizaciones y movimientos sociales estn tratando de hacer que "el gobierno escuche otras voces y no slo las voces que lo urgen a tomar decisiones apuradas en relacin a temas fundamentales para el pas (...) Alguien dijo, no s si Artigas -probablemente Artigas- que la contradiccin es la nica prueba de la libertad. Yo adems creo -agreg Galeano- que la contradiccin es la nica prueba de la vida."

Galeano tambin sentenci que "cuando se confunde la unidad con la unanimidad no se llega a buen puerto, porque no existe una verdad nica, sino una suma de verdades que resultan de la contradiccin de las muchas verdades que la verdad contiene. Entonces no le tenemos miedo a la contradiccin y no nos importa, realmente no nos importa que nos llamen 'traidores' por discrepar, o acaso hemos vuelto a los tiempos de la santa inquisicin y ahora nos van a quemar con lea verde por creer que alguna de las medidas que el gobierno est tomando son equivocadas o apresuradas?"

Las afirmaciones de Galeano, ovacionadas por las ms de mil personas que se concentraron en la Plaza Libertad, plantean una piedra en el zapato del gobierno de izquierda. O una gota, que como bien dice Daniel Viglietti, "con ser poco, con otra se hace aguacero".

1) Se puede consultar el texto en:
http://www.presidencia.gub.uy/_Web/decretos/2005/05/CM%2071_20%20MAY%2005_ 00001.PDF

2) No slo el Dr. Ramiro Chimuris, asesor legal de la Comisin Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, sino los destacados abogados Jos Korzeniak, del Partido Socialista, y Helios Sarthou, de la Corriente de Izquierda.

3) En muchos casos, estos emprendimientos autogestionarios fueron emprendidos por vecinos de diferentes localidades a las cuales no haba llegado la empresa estatal. El Poder Ejecutivo podra promover la asimilacin de estas empresas autogestionarias o cooperativas a "personas jurdicas estatales", creando unidades ejecutoras con la participacin de OSE, por ejemplo, y permitiendo la continuidad de estos emprendimientos.

4) Semanario Bsqueda, N1.307, Montevideo, 9 de junio de 2005, pg. 1. Se puede acceder al texto del Tratado en
http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/acuerdos/acue16444.htm

5) Entrevista publicada en El Observador, 1 de junio de 2005.

6) Por ejemplo, con la participacin de la empresa brasilea PetroBras en GASEBA

7) Resolucin de la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT reunida el da 23 de mayo de 2005. Trabajo y Utopa, Montevideo, mayo de 2005, pg. 5.

- Carlos Santos es miembro de REDES-Amigos de la Tierra - Comisin Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Este artculo fue publicado originalmente en La Angostura, N 4, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay, junio de 2005.


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter