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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-11-2013

La dictadura democrtica prohibe la protesta social

Csar Manzanos Bilbao
Rebelin


Este Viernes se celebran dos acontecimientos importantes relacionados con la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Uno su aprobacin en el Congreso de Madrid y, el otro, las Jornadas sobre Criminalizacin de la Protesta Social y Estrategias de Resistencia Ciudadana en Sevilla, organizadas por la Coordinadora para la Prevencin y Denuncia de la Tortura ante la constatacin de que durante los aos 2011 y 2012 los informes de la CPDT han visibilizado un aumento importante en el nmero de denuncias cuyo origen se enmarca en la represin de las protestas sociales. De las 851 personas agredidas durante 2012, 591 personas lo fueron durante o despus de participar en las protestas sociales, lo que supone un 69% del total de personas agredidas que presentan dichos informes.

Asistimos a los efectos de dos demoledores aos de gobierno por un partido nico que, al igual que otros partidos totalitarios en la trgica y an reciente historia europea, tambin ha sido apoyado por una mayora de la ciudadana, suficiente para por fin tratar de imponernos su proyecto autoritario, para por fin poder actuar sin tener que disfrazar su dictadura con adornos democrticos. Ahora la derecha ya tiene en sus manos toda la maquinaria del estado, su colaboracin imprescindible para someter toda relacin social a la lgica del mercado, del capital, de un mercado que no nos olvidemos tiene su motor de funcionamiento en la lgica de la guerra permanente. Este proyecto ya en fase de aplicacin, se concreta en un cmulo de medidas rpidas que buscan inhabilitar mediante la amenaza punitiva de la reclusin durante el mayor tiempo posible de encarcelamiento, a quienes se atrevan a protestar ante las reformas polticas, laborales y sociales que estn convirtiendo a las clases trabajadoras en infra-clases condenadas a la depauperacin y la miseria.

Efectivamente, ahora que no tienen la disculpa de la violencia armada para ejercer la represin y catalogar de terroristas a quienes critican y protestan frente a sus imposiciones totalitarias, con la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Corcuera en la mano como referencia, promulgada, no nos olvidemos, por el PSOE en el ao 1991, este viernes el actual Gobierno Totalitario de Partido nico sordo e intransigente con la oposicin dar un importante paso ms en el proceso de conversin del Estado Social en un Estado Militar, Penal y Policial, institucionalizado el estado de excepcin permanente mediante una legislacin punitiva de carcter administrativo destina ex-profeso a sancionar y tratar de erradicar la protesta social provocada por la devaluacin y suspensin de derechos y libertades fundamentales contempladas en el ordenamiento constitucional espaol.

Esta legislacin punitiva administrativa se suma a las nuevas contra-reformas penales que nos recuerdan a las de la poca de Aznar y que consisten en alargar las penas para todo tipo de delitos, lo cual ni pretende, ni consigue reducirlos o eliminarlos, sino que responde a intereses polticos y econmicos ajenos a la prevencin y lucha contra el delito y las diversas formas de violencia en la sociedad. No nos olvidemos de que el potencial sancionador de esta ley contempla sanciones econmicas desproporcionadas por manifestarse pacficamente ante responsables financieros y polticos o antes instituciones del estado, o por presuntamente insultar a un funcionario policial o por grabar los abusos y brutalidad policial en manifestaciones de protesta que se ensaan con obreras/os en proceso de despido, personas desahuciadas, jvenes sin expectativas de futuro, etctera. De estos sectores que protestan por luchar por el derecho al trabajo, a la sanidad, a la educacin o a la vivienda obtendr el estado un potencial recaudador para engrosar sus arcas y as poder seguir financiando a los bancos y a la industria militar.

Mediante esta legislacin de excepcin, reforzarn la impunidad y la brutalidad policial que ya le ha costado duras crticas al Gobierno Espaol por parte del Consejo de Europa. Adems amplan el etiquetamiento, criminalizando cualquier forma de resistencia, incluso la resistencia pasiva, estigmatizando a otros sujetos sociales como enemigos de la seguridad mediante trminos tales como guerrilla urbana, violencia anti-sistema, etctera. Cuando quieran, no les har falta ms que ordenar a la polica que se infiltre o presione encendiendo los nimos (para lo cual est muy bien adiestrada), y lo puede hacer en cualquier tipo de movilizacin o concentracin, para as poder sancionar o encarcelar arbitrariamente a quienes quieran acusar de ejercer la violencia, incluso a quienes sin necesidad de estar presentes hayan convocado las acciones en las que se produzca el altercado.

El objetivo es muy claro: pretenden aterrorizar a la poblacin en general y a la juventud en particular para que adems de condenarnos al recorte y/o privacin del efectivo ejercicio de nuestros derechos fundamentales tambin se nos condene a la privacin del derecho a reivindicar nuestros derechos (huelga, expresin, manifestacin, reunin, etctera). Sus asesores les han aconsejado que lo hagan. Saben que estas medidas servirn para crear un clima de violencia, conflicto y desorden social y, ante los aplausos de sus televidentes, buscan achacar a quienes se atreven a protestar, la responsabilidad de los problemas que sus polticas de estado subsidiarias a la iniciativa del capital han creado.

Por eso no es casual que en situaciones de devaluacin de los derechos y de las polticas sociales, se recurra a intensificar la represin y las polticas criminales. El estado es una maquinaria de violencia, no nos olvidemos. Los recortes en materias que afectan a seguridad social de la ciudadana (trabajo, educacin, sanidad, etctera) no afectan a materias relacionadas con la seguridad del estado (gasto militar, policial, penal, etctera). Las clases dominantes han capturado y secuestrado al estado para privatizarlo, han sepultado por fin la democracia mediante el asesinato de la soberana popular, principio bsico de la misma, desplazando la toma de decisiones a lites de poder econmico supra-estatales, convirtiendo al estado en un ente meramente administrativo que recauda y utiliza nuestro dinero para financiar sus empresas desplazadas a otros pases, para financiar nuestra ruina.

Contra este proyecto totalitario podemos unirnos y lanzar nuestra ofensiva. Es el momento de resistir y, al parecer, vamos por buen camino, porque sino ni se preocuparan en armarse penal y policialmente contra la insurgencia de unas mayoras ciudadanas hartas de unas clases polticas al servicio de intereses particulares que han secuestrado y asesinado los derechos y libertades pblicas. Ahora es tiempo de actuar sin que sepan cmo, con imaginacin y eficacia, aplicar nuevas estrategias de respuesta. As conseguimos en su momento conquistar los derechos democrticos y as luchamos ahora para que no nos los arrebaten.

Csar Manzanos Bilbao, Doctor en Sociologa, miembro de Salhaketa

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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