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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-11-2013

Acceso a la seguridad social y polticas estatales orientadas a la migracin
Migracin colombiana y seguridad social: Una lucha en dos escenarios

Arrigo Paci
Rebelin


Ximena es colombiana, tiene ms de 30 aos de vivir en Suiza, casada y divorciada de un ciudadano de este pas, lleg a Europa a mediados de los 80. Ha trabajado de manera permanente desde finales de los 90, pero los bajos salarios, las enfermedades y el desempleo han hecho que en ocasiones haya tenido que recurrir a la asistencia social para sacar adelante a su familia. Siempre pens en jubilarse y regresar a su pas de origen, pero como nunca quiso o no pudo obtener la nacionalidad suiza le han dicho que si se jubila no podr exportar la pensin a Colombia porque no tiene los mismos derechos que una ciudadana suiza o de una de los pases que tiene acuerdos de seguridad social con la Confederacin Helvtica. Le han explicado que los acuerdos entre Suiza y Colombia son tratados de libre comercio que favorecen a las empresas pero no a personas trabajadoras como ella o como el grueso de la migracin colombiana. Si ella regresa definitivamente a Colombia no se le pagar ninguna pensin de jubilacin en el extranjero y lo nico que podr hacer es reclamar el reembolso de las cotizaciones que ella pago directamente al sistema suizo de seguridad social.

Hugo es refugiado poltico en Suiza. En Colombia trabajaba en una multinacional y era sindicalista. Perseguido por sus actividades fue vctima de torturas, de acoso y amenazas por parte del Ejrcito que le dejaron secuelas psicolgicas importantes. En el exilio nunca encontr un trabajo acord con sus capacidades, experiencias y sueos. Despus de varias crisis psicolgicas de diferente tipo y de mucho luchar para que las instituciones suizas le reconocieran su enfermedad se le concedi una pensin por invalidez. Como Ximena, quiere regresarse a Colombia, pero se ha dado cuenta que all tampoco l podr cobrar la pensin de invalidez que recibe en Suiza porque no existen acuerdos entre los dos pases que permitan que los derechos a la seguridad social sean transferidos de Suiza a su pas. En su caso las cotizaciones a la seguridad social no podrn recuperarse en su totalidad. Como la asistencia social cotiz por l mientras estuvo enfermo no podr reclamar ese dinero y adems como a causa de sus enfermedades, el seguro de invalidez pag para su readaptacin y su reinsercin al trabajo, de lo que l cotiz mientras trabaj le van a descontar el valor de ese tratamiento.

Discriminacin institucional en funcin del pasaporte

Ximena y Hugo son personajes ficticios pero su situacin se corresponde con la realidad que viven muchas personas migrantes colombianas en Suiza y de manera general en Europa. En Suiza con el marco legal vigente, todas las personas originarias de los pases del sur o de pases pobres que no tienen un acuerdo bilateral con la Confederacin Helvtica, o multilateral con la UE, sufren, en razn de su pasaporte, un trato diferenciado y discriminatorio si lo comparamos con las personas provenientes de la UE AELE o de los pases con los que la Confederacin helvtica tiene acuerdos. Sin embargo, es importante resaltar que no se trata de una situacin exclusiva de la migracin colombiana. Con sus particularidades, la situacin se puede hacer extensiva al resto de los migrantes de los pases del Sur que viven en Suiza y no tienen la nacionalidad de alguno de los pases del norte industrializado o de Chile, Filipinas, Turqua, Croacia, Macedonia. Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro, pases estos que en algn momento firmaron acuerdos para la seguridad social con la Confederacin Helvtica. Esta discriminacin institucionalizada de la poblacin migrante de los pases del Sur se presenta, no slo en los temas de la jubilacin o la invalidez, si no tambin, con los seguros de desempleo, los permisos de residencia o de trabajo, la reunificacin familiar o la adquisicin de los derechos de ciudadana.

Aunque la seguridad social en Europa vara de un pas a otro porque los sistemas son diferentes esta limitacin de los derechos o su negacin es similar para las personas colombianas que viven en otros pases europeos1. En el caso de Espaa y de Portugal estos pases han firmado un convenio de seguridad social con otros pases de Iberoamrica que abarca el tema de las pensiones de jubilacin y de la invalidez pero que por el momento no cubre a la dispora colombiana porque a diferencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Espaa, Paraguay, Portugal, Uruguay, el gobierno colombiano no ha sido diligente para firmar el acuerdo.

La seguridad social como derecho universal

El actual proceso organizativo que la migracin colombiana est desarrollando en Europa y la reactivacin de los movimientos sociales y las organizaciones polticas realizada en el marco de las conversaciones de paz constituyen una buena oportunidad para abordar el tema de sus derechos sociales, polticos y administrativos en tanto que dispora. La seguridad social, el retorno, el uso de las remesas, el reconocimiento de diplomas y de experiencias de trabajo pueden ser abordados desde una ptica que les favorezca. En esas luchas contra esa segregacin legalizada la dispora colombiana debe asumir un rol protagnico uniendo sus esfuerzos a los de otras comunidades de migrantes provenientes de frica, Latinoamrica o Europa del Este que tambin viven los mismos problemas y sufren las mismas discriminaciones y a la clase trabajadora oriunda de las sociedades de acogida.

Hay que recordar que estos pases del norte industrializado, como el resto de naciones, han firmado mltiples acuerdos que estipulan que la seguridad social es un derecho humano fundamental, y sin embargo, esto no se cumple, pues en esos pases no todo el mundo tiene acceso a ella y cuando se accede no todas las personas tienen los mismos derechos u oportunidades. Tener o no la nacionalidad del pas en donde se reside o con el que hay acuerdos en este campo hace una real diferencia en trminos econmicos, sociales y polticos. Hay que destacar sin embargo que obtener esa nacionalidad depende de condiciones cada vez ms estrictas entre las que se destacan la autonoma financiera, el aprendizaje de las lenguas nacionales del pas en donde se reside y tener un historial jurdico sin infracciones penales o administrativas. Estos requisitos son un verdadero desafo cuando no se tiene un trabajo estable con un salario decente o cuando se carece de un permiso de trabajo o residencia.

Rol del trabajo en la definicin de derechos

En buena parte de las sociedades del norte industrializado, el trabajo asalariado es el elemento central para la definicin de las polticas sociales, los derechos o la forma como en estas se define la integracin en la sociedad. Como consecuencia de esa situacin aquellas personas que no tienen un trabajo digno y reconocido oficialmente, han estado desempleadas durante mucho tiempo o han cotizado pocos aos a los diferentes seguros, tienen un presente vulnerable y un futuro muy incierto. La situacin alcanza niveles extremos de desproteccin para aquella poblacin trabajadora clandestinizada, ilegalizada e instrumentalizada por el sistema capitalista, que al no otorgrsele permisos estables de trabajo o de residencia, vive en situaciones an ms precarias e inciertas.

Migracin colombiana y seguridad social: Una lucha en dos escenarios

En Colombia el acceso a la seguridad social por parte de la poblacin es limitado. No existe seguro de desempleo, el acceso a la salud est privatizado y es objeto de prcticas clientelistas y el rgimen de pensiones cobijaba en el 2011 slo al 31 % de la poblacin. En el exterior las cifras no mejoran para la poblacin colombiana. Segn un estudio del CONPES (2009)2 la mayora de esa migracin est por fuera de los mecanismos de proteccin formal de los pases receptores y no participan, o se ha desligado de los sistemas de proteccin social existentes en Colombia. Si partimos del principio que el trabajo es el factor determinante del acceso a la seguridad social en Europa y en los Estados Unidos la precaria insercin laboral que muestra una parte importante de la migracin colombiana en esos pases es un factor en contra que hace que tengan un deficiente acceso a los sistemas de proteccin social. Hay que tener presente que los diferentes estudios que se han hecho sobre estos temas indican que la dispora colombiana trabaja en oficios que la poblacin nativa de esos pases rechaza, bien porque son duros, mal pagos o porque hacen parte de ramas de la produccin en donde el valor agregado es poco, el reconocimiento social es mnimo y existen prcticas de precarizacin del trabajo importantes. En general son oficios en sectores como la gastronoma, el aseo, la construccin, las labores agrcolas y los servicios a las personas3.

A esas caractersticas anteriormente descritas de la poblacin colombiana en el exterior, y a las leyes que la rigen, hay que agregar que esa deficiencia en la afiliacin a la seguridad social y las exclusiones que sufren se agravan por qu el Estado colombiano ha hecho muy poco para defender y promover los derechos de sus nacionales en el exterior. En temas de proteccin de las personas como la jubilacin, la invalidez, la enfermedad o el desempleo slo recientemente el gobierno colombiano ha firmado algunos acuerdos y convenios que tocan ciertos aspectos de la seguridad social y de la movilidad de las personas con los pases de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Espaa, Argentina, Uruguay y Chile. No obstante el alcance de esos acuerdos es limitado porque los esfuerzos de divulgacin son escasos y no existe claridad entre los potenciales beneficiarios sobre su funcionamiento y sobre cmo hacerlos efectivos.

Uno de los retos mayores de la poblacin migrante es el de organizarse para hacer frente a esos desafos ocasionados por el dbil acceso a la seguridad social. En el campo de los convenios internacionales, el Estado colombiano, que ha sido muy diligente para firmar tratados de libre comercio con muchos pases de Europa, Amrica y Asia; que ha suscrito pactos internacionales de distinto tipo en el marco del sistema de Naciones Unidas y acuerdos regionales, no se ha preocupado por establecer convenios que favorezcan a la migracin porque mejorar la calidad de vida de esas personas si no fue una prioridad cuando ellas estaban en Colombia menos lo ser en el extranjero.

La migracin como clientela a ofrecer

En el pasado el trabajo de las embajadas colombianas hacia sus nacionales estaba circunscrito principalmente a algunos asuntos de carcter administrativo, a la diplomacia entre Estados, a favorecer negocios e inversiones econmicas en el pas, a darle refugio a polticos o militares retirados, a espiar a sus ciudadanos y a defenderse de los cuestionamientos por sus continuas violaciones a los derechos humanos. El contacto con la migracin se suscriba a la celebracin de las fiestas patriticas o a mostrar una imagen positiva del pas por la va de la exaltacin individual de la carrera o las proezas de algunas personas.

A partir del gobierno de lvaro Uribe Vlez y de su estrategia de Estado comunitario la situacin cambi. En 2003 con la llamada seguridad democrtica se inici un mayor intercambio con las asociaciones de migrantes; se desarroll un diagnstico sobre las mismas; aument el acercamiento hacia colombianas y colombianos reconocidos en el exterior por sus aportes en los campos de la ciencia, las artes o el deporte y se despleg a travs de los servicios de inteligencia una actividad de control de la oposicin y de aquellas personas u organizaciones solidarias con el movimiento social colombiano. Toda esta estrategia uribista tuvo como propsito lanzar una percepcin de Colombia como una nacin moderna, democrtica, segura y pujante con la que se podan firmar acuerdos comerciales e invertir.

En el marco de la llamada Seguridad democrtica se puso en marcha el programa Colombia nos une que ms que resolver - con la migracin y a partir de los intereses de sta los problemas que le afectaban - busca vincularla a redes y programas que respondan a los intereses polticos y econmicos del establecimiento y de las empresas, tanto nacionales como extranjeras. A esos factores hay que agregar que con estos programas se prolongaron muchas veces las prcticas clientelistas del Estado colombiano, que construye sus estrategias a travs de promesas y dadivas a aquellos que son afines a la agenda oficial del Estado o que pueden ser potenciales aliados polticos o ideolgicos, tal como lo destaca en su estudio Guarnizo E. (2006)4.

El gobierno de Juan Manuel Santos le ha dado continuidad a este programa institucional Colombia nos une constituyndolo en una de las apuestas ms ambiciosas del Estado colombiano dirigida a sus compatriotas en el exterior.5 Adems de trabajar la imagen del pas se pretende aprovechar el potencial econmico que tiene la migracin colombiana en temas como las remesas, el retorno y el aprovechamiento de las redes sociales que se han consolidado en el extranjero para usufructuar de las posibilidades que stas tiene en trminos del comercio exterior6.

Sobre las actividades relacionados con el acceso a la seguridad social y la posibilidad de retorno, los programas ms importantes son el de "Colombiano Seguro en el Exterior" y las llamadas Ferias inmobiliarias.

En el primero de esos programas en materia pensional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el Instituto de Seguros Sociales ISS han creado el programa "Colombiano Seguro en el Exterior" que permite a las personas colombianas que viven en el exterior cotizar para alcanzar una pensin en el pas. El convenio, firmado en 2006 entre el ISS y la empresa Giros y Finanzas S.A., representante legal de Western Union en Colombia, confirma una tendencia muy propia de las polticas del Estado colombiano hacia la migracin y es que, si antes, con sus polticas sociales, econmicas y de seguridad los oblig o presion a salir, tambin all, lejos del pas, se les piensa ms como fuente de ingresos para las multinacionales y las empresas privadas que como personas con derechos tanto individuales como colectivos. La situacin, que favorece a ese pulpo financiero que es la Western Union, no es un caso exclusivo o ajenos a las prcticas de la clase poltica tradicional o del empresariado colombiano ya que con ella se repiten las estrategias neoliberales de privatizacin que hacen que sea el mercado, y en l las empresas privadas y las multinacionales, el que se encargue del futuro de unas personas a las que el Estado pretende seguir ofreciendo al mejor postor, aprovechndose de los recursos que, en su dura vivencia como migrantes, consiguen. Con estas polticas se refuerza en materia pensional la doble cotizacin para la jubilacin o para la invalidez cuando se regresa al pas. Esta opcin, que debera ser voluntaria, adquiere carcter obligatorio porque al no existir acuerdos entre Colombia y los Estados en donde reside la migracin si se quiere tener una vejez o un retorno con unas mnimas garantas a la frecuentemente obligatoria cotizacin al sistema de seguridad social de la sociedad de acogida en Europa o en Norteamrica se agrega otra que debe hacerse en Colombia.

En estas dinmicas el Estado colombiano sigue viendo a sus migrantes como clientes potenciales para ser ofrecidos a ciertos sectores econmicos (empresarios privados y multinacionales) a los cuales, adems, les presta sus servicios de intermediacin. No hay, como en cambio s lo hacen los nuevos gobiernos latinoamericanos de izquierda, estrategias orientadas a defender, o ayudar a que sus ciudadanos, que han migrado, puedan organizarse y contar con su apoyo para reclamar ante los pases del norte industrializado un mejor trato, ni se promocionan con decisin acuerdos bilaterales o multilaterales en materia de seguridad social, o para mejorar las condiciones de trabajo, o de otorgamiento de permisos, visas de trabajo, o reconocimiento de competencias.

Lo que hasta aqu se ha dicho deja claro que las intenciones y programas del gobierno colombiano, los de antes y el actual, no son precisamente las de interesarse por el mejoramiento de las condiciones de vida en el exterior de sus migrantes. Tampoco lo es el tratar de establecer convenios y acuerdos con los gobiernos de los pases receptores que les indiquen a stos, claramente, que tras sus migrantes hay un gobierno que cumple con su papel de proteger, apoyar y defender a sus ciudadanos, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Queda dicho tambin que resolver las causas estructurales que han causado esta masiva migracin, y en la que los gobiernos colombianos a travs de sus polticas han incidido de manera determinante, no forman parte de la agenda del actual gobierno. Que tampoco los gobiernos receptores, hacen lo necesario y suficiente para que la integracin del migrante sea una realidad de doble va, y en cambio, se empean en seguir fomentando la exclusin, la persecucin y el abuso, a travs de polticas policivas, excluyentes y no pocas veces xenfobas.

La poblacin migrante, en cambio, no hace ms que aportarle al pas que la obliga a salir y al pas que intenta expulsarla. Sus gobiernos, tanto el de origen y el receptor, slo piensan en beneficiarse de ella. Por cierto, si la integracin puede ser un concepto que como tal puede manosearse, definirse y redefinirse, la migracin no lo es; la migracin es un caudal de hombres, mujeres y nios, consecuencia de muchos de los factores antes expuestos, a los que como personas, trabajadores y ciudadanos, le son conculcados sus ms elementales derechos humanos.

La organizacin de la poblacin migrante en pro de lograr mejorar sus condiciones de vida en el exterior, tanto como por tratar de hacer ms provechosa, en su pas y para su familia, las riquezas generadas con su esfuerzo, se presenta como la asignatura pendiente de la propia migracin, la que, a s misma, debe definir su identidad, comprender el contexto que la obliga a salir y convertirse en sujeto poltico activo de una situacin que parece tiende a agravarse si se sigue dejando en manos de los gobiernos o de personas u organizaciones que no los representan pero que quieren seguir utilizndola.

Importancia de la solidaridad de clase para conquistar nuevos derechos

El discurso conformista e hipcrita de la crisis capitalista que se nos ha impuesto exime de responsabilidades a las grandes empresas, oculta el peso que sobre la misma tiene el modelo capitalista y responsabiliza - entre otras razones - a las poblaciones migrantes de la falta de trabajo o de abusar de los servicios sociales. Detrs de esas derivas xenfobas, racistas, diferencialistas y fatalistas, que sealan a la poblacin extranjera, especialmente la proveniente del sur o de los pases pobres y a las personas que con sus prcticas de vida se alejan de las normas impuestas por el sistema, de todos los problemas de la sociedad se esconden propsitos econmicos que facilitan la explotacin de la migracin mediante la limitacin de sus derechos, la sobreexplotacin de la fuerza de trabajo y su instrumentalizacin como pretendido factor de desestabilizacin. Negar o limitar el acceso a la seguridad social, pagar bajos salarios o bajas pensiones, hacer vulnerables a las personas migrantes utilizando el miedo a ser descubiertos u obligndolos con la miseria y la denegacin de derechos a aceptar condiciones de trabajo miserables son estrategias que ayudan al sometimiento perpetuo de la clase obrera. El enfrentamiento entre trabajadores nacionales y extranjeros debilita su capacidad de resistencia y permite al sistema capitalista que, aunque los costos en vidas humanas y en la calidad de la misma sean desproporcionados, los costos de produccin para las empresas se reduzcan y con ello sus mrgenes de ganancia.

Quienes hoy se interesan por luchar para mejorar las condiciones de vida de la migracin colombiana deben unir sus esfuerzos a los de otras poblaciones de migrantes provenientes del sur en una lucha que no puede perder su componente de clase y debe abarcar temas inseparables como la libre circulacin de las personas, la lucha contra el racismo y la reivindicacin de los derechos laborales, polticos y administrativos de todas las personas sin ningn tipo de discriminacin. Abogar porque haya contratos de trabajo justos, reivindicar la lucha por la seguridad social de los y las trabajadoras son elementos comunes a la lucha de todas las poblaciones migrantes incluida la colombiana y de todas las personas trabajadoras incluidas las originarias de las sociedades receptoras independientemente de su estatus. En nuestro caso es claro que esos propsitos no van a ser defendidos ni reivindicados por los polticos de derecha y por las instancias - que para el caso colombiano - estn detrs de la salida de Colombia de ms de 5 millones de personas. Se requiere de la construccin de un amplio movimiento de migrantes, que a partir de su propia realidad reivindique sus derechos y respalde a legtimos representantes de los intereses populares que puedan promover que se firmen acuerdos, leyes y tratados - bilaterales o multilaterales - entre los Estados para garantizar la libre circulacin de las personas y el derecho universal a la seguridad social. Hay que presionar para que de la poltica exterior de los Estados beneficie al conjunto de la poblacin y en este caso las personas migrantes que no deben seguir siendo considerando como mercancas de usar y tirar. Como referentes actuales estn algunos gobiernos progresistas de Amrica Latina, las organizaciones de migrantes de esos pases y en el pasado la dispora chilena que luch contra la dictadura de Pinochet y se uni tambin para reivindicar derechos en torno al retorno que permiti que surgieran algunos acuerdos en trminos de seguridad social que explican la posibilidad que tienen los nacionales de ese pas que se jubilan en Suiza para cobrar sus pensiones en sus pas de origen.


NOTAS:

1 Los modelos de proteccin social en Europa y en Estados Unidos se han construido a partir de tres concepciones: La liberal o residual que impera en los Estados Unidos, la universalista inspirada en los postulados de William Beveridge que tiene como referencia a la Gran Bretaa y la Corporativista que sigue los postulados de Otto von Bismarck y se aplica en Alemania y Suiza.

2 Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social - CONPES - Poltica integral migratoria (2009) Bogot

3 En los servicios a la persona hay que resaltar que las mujeres migrantes colombianas realizan un aporte invaluable a estas sociedades. Ellas sacrifican la atencin a sus propias familias para ocuparse de personas mayores y de infantes. Junto con otras mujeres migrantes, ellas terminan cubriendo las deficiencias estructurales que en materia de atencin a esos sectores especficos de la poblacin tienen los pases europeos y suplen las limitaciones que se tienen de guarderas, asilos y de personal de la salud y de los cuidados a las personas.

4 Guarnizo L.. "El estado y la migracin global colombiana". Migracin y Desarrollo006 (2006): 79-101.

5 http://www.cancilleria.gov.co/%20footer/join-us/work

6 https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=sOTSClEqIAI%3D&tabid=1238




Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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