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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-12-2013

Querella contra los crmenes del franquismo
Argentina y la ONU estrechan el cerco

Ramn Sola
Gara


El Estado espaol, que comenz silenciando y boicoteando la querella de 2010, ha tenido que virar de posicin. La insistencia de la jueza Servini se ha transmitido a su Gobierno y a la sociedad argentina, y posicionamientos como el de Amnista Internacional primero y la ONU recientemente han forzado a Madrid a abrir la mano. El PP tiene un problema.

En el pasado mes de mayo, cuando la jueza Servini ni siquiera pudo celebrar una videconferencia con testigos en el Consulado en Madrid por las presiones gubernamentales espaolas, era una autntica quimera pensar que dos acusados de torturas en el franquismo llegaran a declarar judicialmente en Madrid. Aquel boicot se acompa de un silencio meditico casi total. La querella se presentaba como algo estrambtico y que no iba a llegar a ningn lado.

La comparecencia de ayer muestra que el Estado espaol ha tenido que abrir la mano. Desde el mes de mayo hasta aqu, su relacin de fuerzas en este terreno se ha debilitado por varios factores. El principal es la insistencia de la juez Servini y la implicacin paralela de la sociedad y el Gobierno argentinos. En realidad, solo desde la ignorancia absoluta sobre su curriculum se poda pensar que Servini iba a tirar la toalla a las primeras de cambio. En su trayectoria hay episodios como presentarse en persona en las prisiones para resolver varios motines carcelarios en los aos 80. Pero el ms conocido y asemejable al caso del franquismo es el del da en que aterriz en Chile para interrogar a dos pinochetistas sospechosos de la muerte en 1974 del general Carlos Prats -que haba sido comandante en jefe del Ejrcito, ministro de Interior y de Defensa y vicepresidente con Salvador Allende- y de su esposa Sofa Cuthbert. El Gobierno chileno se haba negado a extraditarlos, as que Servini tom la iniciativa de ir a a buscarlos.

A Madrid probablemente no le haya pasado desapercibido que Servini evocara este precedente. En una entrevista concedida anteayer a Radio Euskadi, cuando se le plante que podra ocurrir si no se materializan las extradiciones de Muecas y Billy el Nio, la jueza argentina record expresamente lo que hizo en el caso de Prats.

Los consulados trabajan

La firmeza de la juez se extiende al aparato estatal argentino. La apertura de todos los consulados en el mundo para recoger denuncias, en setiembre, dio otra seal a Madrid de que el proceso va en serio. Solo en territorio estatal hay cuatro grandes consulados argentinos: Madrid, Barcelona, Vigo y Cdiz. Y consta que estn trabajando: el cnsul argentino en Cdiz, Agustn A. Nez, confirma que han recibido dos denuncias de personas de edad, adems de muchas llamadas interesndose por la opcin de contar sus propias historias.

A nivel parlamentario, anteayer la comisin de Derechos Humanos de la Cmara de Diputados de Argentina recibi a la delegacin de vctimas que testifican estos das ante Servini. Son catorce en total, entre ellas vascos como Andoni Txasko, herido en la matanza de Gasteiz del 3 de marzo de 1976. Las palabras del presidente de la comisin y diputado por el gobernante Frente para la Victoria, Remo Carlotto, resultaron elocuentes: Tienen las puertas abiertas, no solo de esta comisin sino de toda la Cmara.

La cuestin de los desaparecidos es obviamente muy sensible en Argentina. Organismos de la influencia de Abuelas de Plaza de Mayo impulsan esta querella. Su presidenta, Estela de Carlotto, la ve como un llamado de atencin, una sacudida a la negativa ante los crmenes del franquismo y augura que tal y como van las cosas habr una respuesta al reclamo de la Justicia argentina. Si es una respuesta negativa, se seguir peleando; y si es positiva, se seguir construyendo.

Mariela Belski, directora de Amnista Internacional de Argentina, lo tiene claro tambin: La obligacin de Espaa de conceder la extradicin surge del Derecho Internacional. El tratado bilateral de extradicin y asistencia judicial en materia penal obliga al Gobierno espaol a tramitar, una vez presentado, el pedido de extradicin.

A todo ello se ha sumado, como la gota que colma el vaso, la reciente apelacin directsima de la Comisin de Desapariciones Forzadas de la ONU para que Madrid deje de mirar a otro lado. De momento, le ha dado un ao de plazo para que presente avances. As las cosas, el PP ha tenido que cambiar el guin sobre la marcha. Habr que ver cmo sale de su propio atolladero.

Fuente: http://www.naiz.info/eu/hemeroteca/gara/editions/gara_2013-12-06-06-00/hemeroteca_articles/argentina-y-la-onu-estrechan-el-cerco



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