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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-07-2004

Masacres en Colombia: Revisin Histrica (II)

Allende La Paz
ANNCOL


Las masacres antes y durante la 1 Fase del Plan Colombia. Cuanto cinismo, en un comunicado del 04 diciembre de 2001, reproducido por los medios de comunicacin con gran resonancia, los grupos paramilitares anunciaron que no realizarn ms masacres y que ahora slo realizarn asesinatos selectivos de no ms de 3 personas. Fuerza Pblica travesti. Y continan los asesinatos selectivos, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y todas las dems violaciones que cometen los grupos paramilitares, a pesar de encontrarse en un mal llamado proceso de paz entre compadres y colegas.

Sin embargo, la orga de sangre continu contra el pueblo colombiano.

Masacres durante la administracin de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) Reseamos las siguientes masacres:

Tiquisio y Puerto Coca, Bolvar : En marzo de 1997, fuerzas combinadas del Ejrcito y paramilitares, compuesta por 200 hombres del Batalln Nario y miembros de las ACCU, entr en Tiquisio y detuvo a los franciscanos, fray Bernardo Villegas y fray Diego Garca, a quienes informaron que los iban a matar, al igual que al padre Jess Martnez. Tambin detuvieron al mdico Navarro Patrn y le dijeron que tenan orden de ejecutarlo. Villegas y Navarro Patrn pudieron salir con vida. La unidad se dirigi a Puerto Coca, en donde asesin a 4 hombres y distribuyeron una lista negra con 34 nombres. Al salir de la zona, se llevaron 600 cabezas de ganado, motobombas de la comunidad, medicinas, dinero y lo saqueado del comercio local.

Mapiripn, Meta: El 14 de julio de 1997, los paramilitares de las AUC asesinaron a un nmero no determinado de personas acusndolas de ser auxiliadores de la guerrilla. En esta masacre estn implicados un Coronel del Ejrcito y el Brigadier General Jaime Humberto Usctegui, dos oficiales delejrcito, el Secretario de Gobierno del Guaviare, el Alcalde, el registrador municipal, el inspector de Polica y el personero del Municipio de Mapiripn. El proceso ha seguido un camino tortuoso y por decisin del Consejo Superior de la Judicatura se encuentra en manos de la justicia penal militar. Hoy el general Usctegui amenaza con abrir la boca porque no se va a dejar meter 40 aos de crcel, as que hagmosle pasito, en un claro chantaje a sus superiores de entonces.

San Jos de Apartad, Antioquia: Durante 1997 patrullas conjuntas del Ejrcito y los paramilitares se realizaban en este pueblo de 850 habitantes. Se instal un retn paramilitar en febrero, a menos de dos kilmetros de la base militar, detuvieron requisaron y asesinaron a los viajeros de la zona, amenazando los soldados para que abandonaran las casas porque o si no vendran los mochacabezas a terminarlos. El General Bonett Locarno respondi a la denuncia de los retenes de manera contundente:

estos retenes no existen. Sin embargo, el 29 de marzo de 1997, las ACU entraron al pueblo de Las Nieves y capturaron y ejecutaron al menos a cinco personas pertenecientes a una sola familia. La Dcimo Sptima Brigada ha calificado a los muertos como guerrilleros cados en combate.

Nudo de Paramillo, Antioquia: El 25 de octubre de 1997 tropas combinadas del Ejrcito y las ACU rodearon el pueblo del Aro y sus 2000 habitantes, como parte de una ofensiva regional contra las FARC, con el objetivo de hacer abandonar la regin y conquistarla. El Ejrcito rodeaba el pueblo, los paramilitares penetraron en ste y masacraron a 4 personas en la plaza, permanecieron en l durante cinco das y ejecutaron al menos a 11 personas, entre ellos 3 nios, incendiaron 47 de las 68 casas, destruyeron tuberas del agua potable y obligaron a huir a la mayora de la poblacin. Se fueron el 30 de octubre, y las ACU se llevaron ms de 1.000 cabezas de ganado, lo saqueado en las casas y el comercio. Al final se report la desaparicin de 30 personas.

La expansin y consolidacin de las actividades paramilitares se fue acelerando durante el gobierno del presidente Samper, pese a sus promesas de disolver tales grupos. Es ms, no slo no cumpli su promesa de erradicar a las organizaciones paramilitares sino que es indudable que ciertas decisiones polticas adoptadas durante su gobierno contribuyeron a la proliferacin de estos grupos con el desarrollo del programa gubernamental para la creacin de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (CONVIVIR), mediante Decreto 0356 de 1994, propuesto por el entonces Ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, y avalado por el entonces gobernador de Antioquia y hoy presidente de Colombia, lvaro Uribe Vlez.

Las CONVIVIR son grupos civiles de vigilantes encargados de ayudar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad y ya funcionan ms de un centenar de estos grupos en todo el pas, en su mayora en zonas rurales, bajo el control directo de los comandantes regionales del Ejrcito, para desarrollar nuevas estructuras paramilitares a fin de perpetuar y extender prcticas de contrainsurgencia, como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones, y al trmino del Mandato Samper haba reconocidas ms de 1.200 de dichas agrupaciones.

Las masacres han venido aumentando de manera contnua y sostenida a partir de 1995, ao en el cual los grupos de Paramilitares de Crdoba y Urab extienden su accionar hacia la zona plana de Urab, en aplicacin del plan estratgico diseado por las FF. MM. Colombianas. Como consecuencia directa de lo anterior, la aplicacin prctica del proyecto paramilitar ha repercutido de manera directa en la expansin de las masacres en el territorio nacional, as como en su aumento nominal total y la participacin en el total de homicidios en el pas, y ello devino en una crisis humanitaria y una degradacin del conflicto sin antecedentes en la historia del pas.

En los aos 1996 y 1998, su accionar se extendi, ante todo, por la Costa Norte del pas, a los departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira, Sucre y Bolvar, adems de la zona sur-oriente del pas en relacin con las retaliaciones producidas contra los campesinos que protestaban contra la erradicacin de los cultivos ilcitos en la marcha campesina de 1996, y de la arremetida de las Fuerzas Armadas oficiales luego de la liberacin de los soldados de Las Delicias, Putumayo.

El aporte de Andresito Pastrana (1998-2002)

De igual manera, durante la Administracin Pastrana, a pesar de que el combate al paramilitarismo fue una de las exigencias de las FARC para iniciar los dilogos en Enero de 1999, el accionar de los grupos paramilitares ha sumido a Colombia en un bao sangriento contra la poblacin inerme.

De acuerdo con el Comit Permanente de Derechos Humanos, durante el perodo de 1997 a 2000, las vctimas de masacres pasaron de 1.128 en 1997 a 2.564 en el ao 2000, lo cual represent un aumento del 127.3%, siendo significativo que durante 1999 los grupos paramilitares llevaron a cabo el 49,96% de los homicidios colectivos (masacres), mientras que desconocidos cometieron el 35.64%.

La distribucin de las masacres se concentr enormemente en ciertos departamentos como Antioquia, que particip con el 32.22% de las vctimas en el ao 2000. Le siguen, en su orden, Valle del Cauca, con el 9.55%, Cesar, 7.34%, Magdalena, 7.34% y Bolvar, 7.27%. Es de resaltar que Magdalena, Cesar y Bolvar son parte de la costa norte, la regin que cuenta con la mayor presencia de los paramilitares.

De acuerdo con las cifras de la Defensora del Pueblo, Antioquia tiene la mayor participacin, pues de 1.753 vctimas, 493 fueron en este departamento, es decir el 28.12% del total, seguido del Valle con 205, es decir el 11.69%. La razn de que el accionar paramilitar se concentre en algunas zonas obedece a criterios geopolticos y econmicos. Se seala que la razn de su presencia en Antioquia est ligado desde el punto de vista geopoltico con el control de la zona del Atrato-Truand, en donde est proyectado la construccin de un canal interocenico a nivel, adems de las enormes riquezas bananeras y los ricos yacimientos de oro que subyacen en las playas del Choc.

Queremos resear solamente algunas de las masacres durante la Administracin Pastrana:

Masacre de Segovia: Nuevamente, el 11 de noviembre de 1998 en horas de la noche, un grupo de hombres que se movilizaban en un campero dispararon armas de fuego contra la poblacin, con el saldo de 43 muertos y 45 heridos.

Estn implicados cuatro particulares y cinco miembros de la Fuerza Pblica: Mayor Marco Hernndez Bez Garzn; Tenientes Alejandro Londoo Tamayo y Edgardo Hernndez y los Capitanes Hugo Valencia y Jorge Chacn. En uno de los pocos casos juzgados, los implicados fueron condenados a 18 aos de prisin.

Masacre de Puerto Alvira - Mapiripn: el 4 de mayo de 1999, los paramilitares asesinaron a un nmero no determinado de personas, quemaron viviendas, ocasionaron otros daos y amenazaron a los pobladores. No hay hasta el momento ningn capturado. El procurador General de la Nacin orden la apertura de investigacin disciplinaria contra cuatro generales de la Repblica, entre ellos dos Comandantes de Divisin, un Coronel del Ejrcito y dos Oficiales de la Polica Nacional, por posible negligencia para evitar la masacre.

Masacre de la Gabarra y Tib: El 23 de mayo en La Gabarra, corregimiento del Municipio de Tib, los paramilitares asesinaron 6 personas, secuestraron 21 e instalaron retenes en la va. Los asesinatos colectivos, los secuestros y desapariciones continuaron durante un mes y ocasionaron un gran desplazamiento de campesinos. El 20 de agosto realizaron una nueva masacre y en total en 1999 se registraron ms de 130 muertes. Al comenzar el ao 2000, se registraron 26 vctimas. La Polica y el Ejrcito Oficial, con una base militar en la zona, nada hicieron para impedir las masacres. Masacre de La Hormiga: El 9 de enero de 1999, en horas de la noche, los paramilitares entraron en el poblado, seleccionaron a un grupo de pobladores, la mayora de ellos jvenes, y asesinaron un total de 24 personas.

Masacre de Chengue: el 17 de enero de 2001, grupos paramilitares asesin a 27 personas en el corregimiento de Chengue, Municipio de Ovejas, Departamento de Sucre, quem y saque las viviendas y produjo el desplazamiento de la poblacin.

Es de resaltar que durante la realizacin de las masacres se presentaba en todas las regiones afectadas fuertes patrullajes y presencia militar. Esto ha llevado a que la poblacin diga que en Colombia existe una Fuerza Pblica travesti, que en el da usa su uniforme normalmente, pero que en la noche se transforma. La sabidura popular ha sabido calificar acertadamente el modo de operar de las Fuerzas Militares Colombianas que acude al expediente de desarrollar la guerra sucia con sus unidades vestidas de civil y presentar una imagen magnificada del paramilitarismo en Colombia.

Segn lo han denunciado las FARC en repetidas oportunidades que paramilitares cados en combate tras las arremetidas de las fuerzas de la insurgencia, portaban documentos que los acreditaba como militares en servicio activo, en una prueba ms que muestra la real vinculacin del paramilitarismo con el Estado, lo cual ha llevado a que el Comandante de esta organizacin insurgente, Manuel Marulanda Vlez, califique este fenmeno como Paramilitarismo de Estado

Masacres a partir del 2.000

Human Rights Watch, present su Informe Anual 2001, eventos de 2000, en el cual consigna que Las Fuerzas Armadas colombianas siguen implicadas en graves violaciones a los derechos humanos as como en el apoyo a grupos paramilitares considerados responsables de al menos el 78 por ciento de las violaciones registradas en los seis meses posteriores a octubre de 1999.

Las tropas del Ejrcito atacaron indiscriminadamente y mataron a civiles, entre ellos seis nios que realizaban un viaje escolar cerca de Pueblo Rico, Antioquia, el 15 de agosto. Segn los testigos, los soldados dispararon durante 40 minutos, haciendo caso omiso de los gritos de los acompaantes adultos.

El Comandante del Ejrcito de Colombia, el Gral. Jorge Mora, pareci justificar el ataque en sus declaraciones a los periodistas:

"Son los riesgos de esta guerra en la que estamos comprometidos". Otro caso similar se produjo el 18 de junio, cuando tropas pertenecientes al Batalln Rebeiz Pizarro abrieron fuego contra un vehculo que transportaba a seis adultos y dos nios que regresaban de una fiesta. Todos ellos resultaron heridos.

Seguan existiendo pruebas abundantes, detalladas y constantes de la colaboracin directa entre el ejrcito y los grupos paramilitares.

Por ejemplo, los investigadores del gobierno afirmaron que oficiales en el servicio activo y en la reserva asignados a la Tercera Brigada del Ejrcito en Cali haban establecido y apoyado activamente al Frente Calima (De paramilitares). Se consideraba que, en los 12 meses que transcurrieron desde el comienzo de sus operaciones en julio de 1999, el Frente Calima era responsable de al menos 200 asesinatos y el desplazamiento de ms de 10.000 personas.

El 18 de febrero, unos 300 hombres armados pertenecientes al grupo paramilitar, Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab (ACCU) organizaron un tribunal irregular en la aldea de El Salado, Bolvar. Durante los dos das siguientes, torturaron, pasaron por el garrote, apualaron, decapitaron y dispararon a residentes. Los testigos dijeron a los investigadores que haban amarrado a una nia de seis aos a un poste y la haban ahogado con una bolsa de plstico. Se inform de que una mujer haba sido violada en grupo. Las autoridades confirmaron posteriormente 36 muertes (42 segn reporte de los pobladores). Otros 30 residentes haban desaparecido. "Para ellos era como una gran fiesta," dijo un superviviente al New York Times.

"Beban, bailaban y celebraban mientras nos mataban como a cerdos."

Mientras se estaban cometiendo estas atrocidades, la Primera Brigada de la Armada mantuvo retenes de carretera en los alrededores de El Salado que impidieron la entrada del Comit Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de otros grupos. Treinta minutos despus de que los paramilitares se hubieran retirado a salvo con los bienes y los animales saqueados, las tropas de la Armada entraron en la aldea.

Los oficiales implicados en graves abusos siguieron en el servicio activo, y slo fueron suspendidos en casos excepcionales. Los jueces militares continuaron ignorando generalmente una decisin de 1997 de la Corte Constitucional por la que se ordenaba que todos los casos relacionados con soldados acusados de graves violaciones a los derechos humanos fueran procesados ante las cortes civiles. Segn la oficina en Bogot de la Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), encargado de resolver los conflictos jurisdiccionales, continu desobedeciendo tambin el dictamen de la Corte Constitucional y transfiriendo "casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario a la jurisdiccin castrense."

El Ministro de Defensa Luis Fernando Ramrez declar en julio que los tribunales militares ya haban trasladado 533 casos policiales y militares a la jurisdiccin civil, lo que demostraba el cumplimiento del fallo de 1997. Sin embargo, tras revisar la informacin sobre 103 casos suministrada por el Ministerio a Human Rights Watch, descubrimos que slo 39 de ellos eran casos que podra considerarse violaciones a los derechos humanos. La mayora de ellos estaban relacionados con soldados de bajo rango y en ninguno de los casos se aluda a los oficiales superiores que haban ordenado u organizado presuntamente las violaciones a los derechos humanos.

La Defensora del Pueblo el 13 de julio de 2.000, revel que en el primer semestre de 2000 se produjeron 235 masacres, la mayora ocurridas en Antioquia, y que dejaron 1.073 vctimas. Segn fuentes estatales y no gubernamentales, en el ao 2.000 se registraron un total de 548 masacres. (1)

En el ao 2001, la organizacin defensora de derechos humanos HRW en documento titulado La Sexta Divisin presenta acusaciones detalladas sobre la colaboracin de las Brigadas Veinticuatro (del Putumayo), Quinta (Santander) y Tercera (del Valle y Cauca) con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es de sealar que de acuerdo con el Informe, los batallones militares creados, entrenados y equipados con asistencia estadounidense para la lucha antidroga prevista en el Plan Colombia reciben el apoyo de una Brigada vetada por Washington, que al decir de Jos Miguel Vivanco, director de la seccional Amrica de HRW, es la XXIV Brigada del Ejrcito, con sede en Putumayo. Los nexos denunciados en el documento se refiere a una activa coordinacin durante las operaciones militares entre gobierno y paramilitares, por radio y celulares y a soldados en servicio activo que sirven en unidades paramilitares y comandantes paramilitares que se alojan en bases militares (VER: ANNCOL. Noviembre de 2001)

Es tal la orga de sangre que solamente en el mes de Octubre los paramilitares asesinaron 140 personas en diferentes masacres a lo largo del pas. De noviembre del 2.000 a lo que va corrido del 2.001, se han registrado en el Departamento del Cauca 17 masacres con un saldo de 520 muertos en los municipios de Santander de Quilichao, Cajibo, Rosas, Piendam, Morales, Buenos Aires, Surez, Purac y Alto Naya. En el Naya, los campesinos e indgenas afirman que son 100 los muertos. En el corregimiento El Palo, municipio de Caloto, paramilitares asesinaron al exconcejal de la UP y lder comunitario de 77 aos Ricaurte Castro. Su edad no les import.

Cambio tctico?

Ante las denuncias de diferentes organismos nacionales e internacionales, incluidas la Naciones Unidas, y la presin que la comunidad internacional ejerci sobre la Administracin Pastrana y las Fuerzas Armadas oficiales para combatir efectivamente el paramilitarismo, se produjo un cambio tctico de los grupos paramilitares.

En comunicado del 04 diciembre de 2001, reproducido por los medios de comunicacin con gran resonancia, los grupos paramilitares anuncian que no realizarn ms masacres y que ahora slo realizarn asesinatos selectivos de no ms de 3 personas. Cuanto cinismo y cuanta inhumanidad demuestran con semejantes planteamientos!!! Solamente una mente enferma es capaz de hacer semejante pronunciamiento!! Esas son las criaturas que ha engendrado el militarismo y la injerencia gringa en Colombia!!!

Tal aseveracin la llevaron a la prctica y durante el gobierno de lvaro Uribe Vlez (AUV) han disminuido las masacres, pero continan los asesinatos selectivos, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y todas las dems violaciones que cometen los grupos paramilitares, a pesar de encontrarse en un mal llamado proceso de paz entre compadres y colegas.

El impacto de las violaciones de derechos humanos durante la aplicacin del Plan Colombia con seguridad democrtica durante la administracin fascista de lvaro Uribe Vlez, ser objeto de estudio en el otro artculo de esta serie sobre Derechos Humanos en Colombia.

1. El Espectador. Mnimo aporte en DH. 4 de agosto de 2001.



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