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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-12-2013

Medidas de austeridad sepultan Derechos Humanos, el caso griego

Antonio Cuesta
Prensa Latina


A punto de concluir 2013, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, present un demoledor informe en el que responsabilizaba de la creciente violacin de principios bsicos legales en los pases del continente a la aplicacin de medidas de austeridad.

El grave deterioro en la defensa y el cumplimiento de los derechos fundamentales en Grecia es un ejemplo paradigmtico de lo denunciado por Muiznieks, no solo en su trabajo investigativo "Salvaguardar los Derechos Humanos en tiempos de crisis econmica", sino tambin durante su presentacin en Estrasburgo.

"Muchos gobiernos europeos que promulgan medidas de austeridad olvidan sus obligaciones con los derechos humanos, especialmente con los derechos sociales y econmicos de los ms vulnerables, y la necesidad de garantizar el acceso a la justicia as como el derecho a la igualdad en el trato", segn asegur el Comisario.

Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos griegos, sino la mayor, es el problema del desempleo, que al finalizar el ao afecta al 27 por ciento de la poblacin activa, y cuyo correlato es el deterioro de las condiciones laborales, la prdida de derechos y el descenso de los salarios.

Ya en el informe de 2012 del Comit Europeo de Derechos Sociales, Grecia fue denunciada por incumplir la Carta Social Europea en su artculo primero, en lo que respecta al derecho al trabajo y a las polticas de pleno empleo, pero 2013 supuso un empeoramiento de la situacin.

En los ltimos dos aos los salarios descendieron en Grecia un 32 por ciento, fruto de las sucesivas reformas encaminadas a "mejorar la competitividad", al tiempo que aumentaron los casos de empresas que tenan a sus empleados sin contrato ni seguridad social, alcanzando al 52 por ciento de los trabajadores inspeccionados.

En ese clima de rampante precariedad, quien se llev la peor parte fue la mano de obra extranjera, y a lo largo del ao se sucedieron actos de violencia contra los inmigrantes que trataron de hacer valer un derecho tan bsico como recibir el salario por el trabajo realizado.

Por esta razn, 29 trabajadores de Bangladesh fueron tiroteados en el mes de abril por los capataces de una explotacin agrcola en la localidad de Nea Manolada, y segn denunciaron diversas organizaciones sindicales y sociales, la violencia racista en la zona y las condiciones de trabajo de semiesclavitud contaban con la connivencia de las autoridades.

Para el principal sindicato del pas, la Confederacin General de Trabajadores (GSEE), en la zona existe "una especie de Estado dentro del Estado", donde miles de trabajadores inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, son empleados como recolectores sin contrato, cobertura social o cualquier tipo de derecho.

En meses posteriores, otras denuncias similares fueron apareciendo en distintas reas agrcolas sin que las autoridades se decidieran a atajar la raz del problema y con el agravante de que a muchas de las vctimas se les inici expedientes para su expulsin.

Pese a las peticiones y denuncias de organizaciones de derechos humanos, el gobierno sigui manteniendo en campos de reclusin a miles de inmigrantes, sin cargos en su contra ni posibilidad de poner fin a un cautiverio que en muchos casos excedi el mximo legal permitido para las detenciones administrativas.

Tambin en abril el enviado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU constat el atraso gubernamental para hacer valer la justicia frente a unas polticas de austeridad "excesivamente rgidas", y destac los recortes en los programas sociales que dejaron sin sanidad y en la pobreza a un amplio sector de la poblacin.

En efecto, desde que comenzaron las polticas de ajuste el presupuesto para el gasto social (pensiones, sanidad y otras ayudas) se llev la peor parte, reducindose en un 27 por ciento y dejando a una buena parte de los jubilados, enfermos y menores, principalmente, en la ms absoluta precariedad.

Los datos presentados por el Instituto del Trabajo de la GSEE, situaron a un tercio de los griegos bajo la sombra de la pobreza o la exclusin social, y a uno de cada cinco trabajadores con un salario insuficiente para cubrir sus necesidades bsicas, responsabilizando de esta realidad a las medidas de ajuste exigidas por los prestamistas.

En la misma situacin se encuentran el 30,4 por ciento de los menores, 597 mil, mientras que otros 322 mil viven con graves privaciones materiales, segn recogi el estudio "La situacin de los nios en Grecia", elaborado por la Universidad de Atenas en colaboracin con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Adems, la ONG Praksis calcul que unos seis mil nios viven en las calles de las dos principales ciudades del pas, Atenas y Tesalnica, siendo la mayora de nacionalidad blgara y rumana.

Otro aspecto problemtico fue el relativo a las agresiones y ataques racistas pues, tras crecer un 20 por ciento el ao anterior, siguieron aumentando hasta el momento del asesinato del joven rapero y activista de izquierdas Pavlos Fyssas, ocurrido el 17 de septiembre.

El crimen marc el fin de la impunidad de las agresiones del partido neonazi Amanecer Dorado, y puso al descubierto sus conexiones con sectores de la polica y empresarios, as como la connivencia con el poder.

Azuzado por la Unin Europea, el gobierno se movi con rapidez para detener al lder de la organizacin y a varios de sus dirigentes, presuntamente implicados en la muerte de Fyssas, pero sigui demorando la aprobacin de una ley que tipifique y castigue la violencia racial, y tambin la financiacin pblica a partidos que la promuevan.

Otro tipo de violencia, en este caso la de gnero, tambin mostr una preocupante tendencia alcista vinculada a la dura situacin econmica, pues junto al incremento del 47 por ciento en las denuncias se constat que ocho de cada 10 agresores eran desempleados o se enfrentaban a serias dificultades econmicas.

El gobierno griego suspendi este ao en su misin de salvaguardar los derechos humanos en el pas y, como advirti el enviado de la ONU, "estn en peligro o siendo socavados por las duras medidas de austeridad" exigidas por los prestamistas extranjeros.

Antonio Cuesta es corresponsal de Prensa Latina en Grecia.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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