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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-01-2014

Implicaciones de un renovado Somatn
Lo ms grave de las Leyes Mordaza

Alberto Rojas Andrade
Rebelin


Se instala un nuevo capitalismo todava ms brutal y conquistador. Ignacio Ramonet 2007

 
Es incuestionable que el Partido Popular (PP) est empeado en profundizar los mtodos antidemocrticos de trato a la poblacin en Espaa a casi 40 aos del nominal fin del franquismo. El paquete legislativo propuesto en este ao que concluy, llamado por quienes son sus destinatarios Ley Mordaza, y eufemsticamente Ley de Proteccin de la Seguridad Ciudadana, es una afrenta a elementales conquistas democrticas en cualquier pas del mundo luego de la derrota del fascismo europeo en la Segunda Guerra Mundial.

Esta normatividad impulsada por el PP (cuyo nombre acorde con sus planteamientos sobre libertades sociales podra ser Alianza Neofranquista), con ayuda de otros del mismo tenor Convergencia y Unin (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), en la materia resulta aborrecible para cualquier humano de esta centuria.

La libertad de pensamiento, que no es otra cosa que su ejercicio ilimitado, es decir el de expresin es inequvocamente atacado; no siendo un mero arrebato fascista de Rajoy y adlteres, sino una parte de una escalada de represin que con mucho tiende a abarcar toda tierra donde los humillados y ofendidos, como dira Dostoyevski, procuren detener la desposesin y la destruccin de hbitats a la que son sometidos.

Castigar la divulgacin del pensamiento ajustado con la realidad sentida por millones, como es la declarada ausencia de algo asimilable a democracia en el estado espaol es el meollo de la cuestin. Tal carencia con la crisis es utilizada para los latrocinios de banqueros con sus desahucios, tarifazos de servicios pblicos, el descenso vertiginoso de la calidad de vida de la generalidad de la poblacin consecuencia de la desposesin masificada, expulsin de la poblacin joven por el paro, absurda vigencia de la ominosa monarqua, etc., todo ello insistentemente denunciado de forma efectiva en movilizaciones multitudinarias; la asfixia del pensamiento, la socializacin del mismo y la consecuencial actuacin colectiva, es a lo que apunta el conjunto de leyes mencionado.

Dentro de este la denominada seguridad privada que se ha elaborado implica el otorgamiento de competencias adicionales reflejadas en la vida cotidiana, a poderes de facto actuantes en el territorio espaol con una capacidad de influencia, por supuesto, negada al ciudadano comn. Dichos poderes reales, la oligarqua financiera y dems socios, asumen atribuciones suplementarias de control, ms all de las ya en ejecucin en cabeza de autoridades centrales o autonmicas; en este caso concreto abrir la posibilidad de ir ms all de las capacidades de castigo acostumbradas de la polica.

Lo anterior, aunque mimetizado, se encuentra firmemente presente en el proyecto de ley en cuestin en la exposicin de motivos entregada ante el Congreso de Diputados de Madrid. Si sustituimos los trminos agentes privados por capitalistas, y actividad industrial o mercantil por la de quehaceres extractivos, es evidente la intencin de quienes poseen el poder econmico de procurarse nuevos elementos de contencin, esta vez directamente violentos, ante las circunstancias sociales presentes o las futuras de crisis de su posicin dominante:

Los Estados, al establecer el modelo legal de seguridad privada, lo perfilan como la forma en la que los agentes privados contribuyen a la minoracin de posibles riesgos asociados a su actividad industrial o mercantil, obtienen seguridad adicional ms all de la que provee la seguridad pblica o satisfacen sus necesidades de informacin profesional con la investigacin de asuntos de su legtimo inters. [1]

Las limitaciones a los procederes de los cuerpos de seguridad privada contempladas en el proyecto, acerca de que estos van a estar sometidos a la polica, resultan ser una obviedad engaosa, puesto que en todos los casos conocidos en el mundo de empleo de cuerpos paraestatales, estos lo estn a una autoridad, y es justamente este sometimiento el posibilitante de su utilizacin eficaz al servicio de los poderosos [2].

El citado proyecto legislativo de Seguridad Privada impone la tercerizacin de funciones pblicas en las fuerzas armadas estatales, tendencia netamente antidemocrtica patrocinada desde los centros militares y econmicos de occidente. Es decir, se hace rentable econmicamente la represin a la vez que se la descentraliza hacindola ms brutal.

En lo que la ley propuesta va ms all de lo visto en otras latitudes es en la directa asimilacin de la seguridad privada a la accin de agentes estatales, como autoridad pblica [3], un tema que en otros casos slo era definido simple y llanamente por los hechos; por ende los guardias privados podrn requisar a los ciudadanos, un abuso intolerable en otros tiempos y latitudes, con toda legalidad.

Una caracterstica especialmente fascistoide de las nuevas potestades de los guardias privados, ya con funciones pblicas, es su constitucin de informantes de los cuerpos de seguridad estatales tal como lo contempla el proyecto en los artculos 8 4.C., 14. 1, y 21. 2., este ltimo como obligacin [4], delatando clamorosamente su rol de servicio de espionaje y la magnitud de dominacin poltica que se pretende imponer.

En concomitancia con este desdoblamiento policial de los cuerpos de seguridad privada, se ha elaborado un conjunto de prohibiciones con propsitos definidos de anulacin de las armas cvicas de la sociedad, mediante las cuales ha sido posible ejercer presiones efectivas ante los entes visibles de poder, por poseer la capacidad de alterar la cotidianidad capitalista.

Esto lo manifiesta el proyecto en el castigo a concentraciones no comunicadas ante entidades del estado central o las autonomas en cualquier tiempo, el escarmiento en iguales circunstancias pero en lugares estratgicos de comunicaciones y generadores de energa (penando el tomar desprevenidas a las autoridades y afectar la vida diaria); el establecimiento de permetros inviolables de seguridad por parte de la polica (negando de plano la libertad de locomocin por la saa policial); la sancin a repulsas (escraches) populares a funcionarios pblicos y a manifestarse con atuendos dificultantes del establecimiento de la identidad (negando derechos elementales); la etrea proscripcin de cualquier expresin verbal de inconformidad frente a las acciones policiales en el escenario tumultuoso callejero ideal para cualquier arbitrariedad; la penalizacin del obstaculizamiento de la va pblica con variados objetos como neumticos; o la censura a la obtencin de pruebas flmicas de los acostumbrados abusos policiales (una garanta a la impunidad), etc.

Lo referente a la imposicin de multas como forma de coaccin sutil pero efectiva de represin, guarda relacin tambin en el pluricitado proyecto mordaza, con la legalidad instaurada en naciones donde se criminaliza en la actualidad a grandes segmentos de la poblacin mantenindolos constreidos a estar ligados a un intrincado sistema judicial del cual es prcticamente imposible salir, y sin embargo es extremadamente fcil entrar [5].

El Consejo de Europa en voz de Nils Muiznieks ya defini el proyecto de Ley de Proteccin de la Seguridad Ciudadana, conocido como Ley Mordaza o Ley Anti15-M, como "altamente problemtico" (un eufemismo de la diplomacia), alertando sobre la inexistente proporcionalidad de las multas propuestas. [6] Empero, esto justamente relativo a las sanciones administrativas, ha sido lo ms rpidamente negociable en el Congreso de los Diputados, mientras el ncleo del proyecto como control social amenazadoramente violento ha permanecido intacto.

A este ltimo respecto es necesario acotar, como las citadas facultades parapoliciales, se aaden a la ya legendaria aspereza en el trato a los ciudadanos con que actan los diversos cuerpos policiales del estado espaol. Hacen parecer a los de ciertos pases con gobiernos neoliberales en Latinoamrica como grupos de timoratos de gendarmes con reatos de conciencia. Aqu es notable que en cuanto a mtodos, aquellas entidades policiales han tenido contacto de entrenamiento e ideologizacin con colegas de otras naciones de la OTAN, instructores reconocidos de formas violentas de someter levantiscos.

En el aspecto comparativo, qu tal si los gobiernos de Caracas, La Paz, La Habana o Quito hicieran un anuncio de proponer procederes tan inefables como las de la Ley Mordaza? Pues nos iramos todos en contra por los medios a disposicin para evitar tamaa afrenta a las luchas sociales de varios siglos. Claro, al instante medios como El Pas, Televisin Espaola, ABC, etc., en la hiptesis planteada, pondran el grito en el cielo y les faltara papel, bites y tiempo al aire en imgenes para denunciar ad nauseam a aquellos como dictaduras gobiernos tirnicos, violadores de elementales derechos humanos llamando al derrocamiento de los mismos y a fuertes sanciones internacionales.

No obstante, el nefasto control social ad portas va mucho ms all de lo enunciado. El colectivo de militares republicanos y demcratas Anemoi, ha advertido sobre reformas al Cdigo Penal Militar, tendientes a s mismo a amordazar a quienes estando bajo esa jurisdiccin se opongan a las imposiciones de dictadura no tan blanda, contenidas en esta legislacin de Proteccin de la Seguridad Ciudadana y la extensin en la aplicacin de aquel Cdigo en el evento obstaculizacin de acciones militares reaccionarias o la difusin de espionajes ilegales, por parte de militares civilistas. [7] Ley de Proteccin de la Seguridad Ciudadana y su correspondiente de Seguridad Privada hacen parte de un bloque de normas intensamente represivas, comprensivo de las anunciadas reformas del Cdigo Penal, del Cdigo Penal Militar [8]. De estas nada humanista y libertario se puede esperar.

Empero, es asimilable a un ataque fsico a los pueblos del estado espaol, la ocurrencia de lo advertido por ANEMOI acerca de la imposicin de un control social de caractersticas paramilitares, lo cual debe poner en pi de lucha hasta el ms indiferente.

Estamos hablando de la implantacin por ley del ejercicio represivo de cuerpos paraestatales con expresas atribuciones de agentes represivos del estado. Se les otorgan facultades de control directo de la poblacin (detencin, requisa y hasta el interrogatorio en la identificacin) con toda la carga de potencial violencia contraria a derecho inherente. Las extralimitaciones y despotismos son pan de cada da con cuerpos estatales; los parapolicas en el papel de guardias privadas podrn ir an ms all.

La advertencia de ANEMOI acerca de que estos parapolicas no tendrn restricciones en su incorporacin en cuanto a antecedentes de violacin de derechos humanos y agregaramos racismo, corrupcin, permite ver ms all de lo aparente y detectar que es justamente este tipo de personajes a quienes se tendr como los ms aptos para los fines no confesados del paquete legislativo: la constitucin de una fuerza de castigo relevante del desgaste presente y futuro de las fuerzas estatales, ejecutante de prcticas de vigilancia coactiva y espionaje por fuera de la ley, sirviendo de pelele, de brazo no oficial al cual culpar de los atropellos con indignados, insumisos y dems.

As mismo es notorio con la excusa de promover el empleo con la expansin de las funciones de los guardias privados, el establecimiento de la tctica de enfrentar a una parte de las clases desposedas con otras en circunstancias equivalentes. En otras palabras, se alienta la artificial pugna pueblo contra pueblo, al servicio de la oligarqua en el momento justo del frenes de su rapia.

En el conjunto legislativo donde encontramos la Ley Mordaza tambin es apreciable como teln de fondo, la intencin de colocar a la totalidad de los miembros de la poblacin inclinados a la movilizacin en rechazo a las medidas extractivas del gobierno respaldando los oligopolios, en la calidad de enemigo interno, algo anlogo a la categora establecida hace medio siglo por la Doctrina de la Seguridad Nacional (DNS) en Amrica Latina (an como ideologa en vigor): la sociedad entera erigida como objeto de sospecha y punicin.

Esto ocurre en un territorio el cual hace siglos vio la creacin de un cuerpo paramilitar llamado Somatn, el cual ayer como hoy, tiene su esencia y justificacin en la proteccin agresiva de la propiedad privada. Remembramos como hacia el ao de 1875 a instancias de militares y familias oligrquicas de Barcelona se recrea una entidad medieval, la cual consiste en cuerpos armados, no pertenecientes a las fuerzas estatales, reunidos espordicamente ante la existencia de un peligro representado en delincuentes o invasiones, son llamados Somatn. Esta organizacin defiende los intereses fundamentalmente de latifundistas de amenazas a su dominio territorial, a la vez de encontrarse a rdenes de las tropas regulares espaolas [9]. Ya en el siglo XX, la relacin del Somatn con las fuerzas ms reaccionarias es puesta en evidencia cuando el dictador Miguel Primo de Rivera al dar el golpe de Estado de 1923, en su proclama sediciosa dirigida a Espaa y al ejrcito da fe de la adopcin de aquel como organizacin de control de la poblacin en general y a la vez de castigo de quienes se oponen al autoritarismo:

Somos el Somatn, de legendaria y ponderada tradicin espaola, y como traemos por lema <<paz, paz, paz>>; pero paz digna fuera y paz fundada en saludable rigor y justo castigo dentro [10]

Por consiguiente, los habitantes del estado espaol pueden recordar lo que significa que personas privadas o cuerpos estatales desdoblados como civiles sean facultadas para controlar a la poblacin. Amrica Latina sabe tambin de ello con el control brutal ejercido por diversas formas de escuadrones de la muerte que empezaron a actuar en la dcada de los aos cincuenta en algunos pases y luego se constituyeron en forma ms o menos usual de trato a inconformes.
Tener presente la correspondencia de la violencia privatizada castigando la lucha social con cuerpos paraoficiales como la Triple A en Argentina, los escuadrones de El Salvador, las PAC de Guatemala, o los ms citados por estos tiempos AUC de Colombia o Zetas de Mjico, es pensar que de una u otra forma estos han sido erigidos por poderes estatales como fuerzas extralegales practicantes de graves delitos que no podan ni pueden, ser cometidos por las autoridades en razn del resultante desprestigio tanto internamente como en el exterior.

Y aqu es pertinente traer a la memoria como en Colombia los paramilitares comenzaron su evolucin en los aos noventa, justamente como grupos de seguridad privada cooperativos (con el paradjico nombre de Convivir); y terminaron, en aplicacin a la poltica sostenimiento de aquellos del presidente de entonces lvaro Uribe Vlez, una vez tericamente desmovilizados, incorporndose a compaas privadas de vigilancia, en las cuales desarrollan actividades similares a las previas a su formal entrega de armas. Para fortuna de los habitantes del estado espaol no sern tratados como lo han sido en el pasado y en el presente muchos latinoamericanos, no obstante, el esquema general paramilitar de control social poblacional en su esencia es anlogo al espritu de dominio atemorizante contenido en las leyes propuestas.

El conjunto de la accin de castigo de estos cuerpos termina asociado con la vigilancia, la delacin, los informantes el estado policiaco, el de la Seguridad Nacional; el ambiente social deviene a que los habitantes sean blancos de castigo, hostigamiento y vigilancia invasiva. La seguridad privada es el campo donde se pueden realizar mejor y ms calladamente tales acciones por las facultades otorgadas en espacios privados y comunales; es un paso ms hacia la anulacin de las libertades que intentan detener la debacle social y ambiental.

Notas [
1] Exposicin de Motivos. Congreso de Diputados. Boletn Oficial de las Cortes Generales. Seria A. Nm. 50-3. 10 de diciembre de 2013. Pg. 3
[2]
base irrenunciable de la preeminencia de la seguridad pblica sobre la seguridad privada . Exposicin de Motivos. Pg. 5
[3]
Otra de las novedades que se incorpora en materia de personal, largamente demandada por el sector, es la proteccin jurdica anloga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperacin y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Exposicin de Motivos. Pg. 7
[4]
Tendrn prohibido comunicar a terceros, salvo a las autoridades judiciales y policiales para el ejercicio de sus respectivas funciones, cualquier informacin que conozcan en el desarrollo de sus servicios y funciones sobre sus clientes o personas relacionadas con stos, as como sobre los bienes y efectos de cuya seguridad o investigacin estuvieran encargados. Exposicin de Motivos. Pag.11, 15, 18,
[5]
La criminalizacin de grandes y especficos sectores de la poblacin es una tctica poltica de dominacin practicada con lujo de detalles en los EE.UU., donde por sentencias mnimas obligatorias por delitos no graves ni violentos, se imponen condenas de hasta 20 aos. En algunos casos se estipula hasta la cadena perpetua a jvenes por delitos cometidos sin violencia relacionados con el trfico ilegal de psicoactivos; naturalmente, esto va dirigido a afros, latinos y blancos pobres. Es notable en la primera potencia militar del planeta variados esfuerzos por realizar un control altamente punitivo en grupos sociales que pueden ser tenidos en determinado momento como rebeldes. Josep Fontana. El Futuro es un Pas Extrao. Reflexiones Sobre la Crisis Social de comienzos del siglo XXI. Editorial Pasado y Presente. Barcelona 2013. Pag.50, 51. En Espaa sin los pretextos estadounidenses, obran aspectos ms abstractos como seguridad o generacin de empleo.
[6]
http://www.publico.es/486702/el-consejo-de-europa-tambien-expresa-su-preocupacion-por-la-ley-mordaza-del-gobierno
[7]
Anemoi. Otro paso ms en el golpe de Estado encubierto Denunciamos la Ley de Seguridad Privada, como la instauracin de cuerpos parapoliciales al servicio de la oligarqua y de su Rgimen antidemocrtico. Rebelin. http://www.rebelion.org/noticias/2013/12/178180.pdf
[8] Ibdem.
[9]
El Principat de Catalunya. La Defensa Contra Malhechores: el Somatn. Noviembre 2 de 2009 http://elprincipatdecatalunya.blogspot.com/2009/11/el-somaten.html Somatn significa en cataln estamos atentos. [10] Jordi Cassasas Ymbert. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Anthropos Editorial Del Hombre. Barcelona 1983. Pag.83

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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