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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-01-2014

Cierre de ciclos inconclusos

Eduardo Nava Hernndez
Cambio de Michoacn


El cierre del ao 2013 fue ciertamente dramtico; no, ciertamente, porque el pas haya roto con tabes y rmoras del pasado, como lo plantea el discurso oficial, ni porque ahora s estemos en la antesala del progreso econmico a travs de masivas inversiones, generacin de empleos, crecimiento y mejores salarios. Lo ha sido porque el inicio del 2014 nos coloca, efectivamente y al parecer de manera definitiva en otra nacin, muy distinta de la que tenamos hace un ao, no se diga hace un sexenio.

El ao que apenas ha terminado pasar seguramente a la historia no slo como el de las grandes reformas que la tecnoburocracia y la derecha gustan de llamar estructurales, sino como el de la cancelacin de dos ciclos nunca concluidos: el del proyecto constitucional de 1917, nunca cumplido a cabalidad, y el de la frustrada transicin democrtica que se anunciaba desde finales de los aos ochenta y en los noventa del pasado siglo. Ambos proyectos yacen hoy relegados y totalmente ausentes de nuestra nueva realidad.

No son hechos nuevos sino la culminacin de largos procesos de reversin que, en uno de los casos, el del fin del constitucionalismo contemporneo mexicano, tiene al menos treinta aos; y en el otro, el de la frustracin de la nunca alcanzada democracia, se inici paradjicamente hace unos ocho o nueve, cuando la alternancia partidaria en el gobierno pareca orientada a prolongar la senda hasta entonces recorrida en materia de apertura electoral y participacin ciudadana.

El proyecto nacional perfilado en 1917, como se sabe, implicaba priorizar ante todo la bsqueda de la justicia social por medio de la responsabilidad del Estado en aspectos como soberana econmica, educacin, reforma agraria, tutela a los derechos de los trabajadores asalariados y restricciones polticas a la influencia eclesistica. En muchos sentidos, tales metas nunca se cumplieron a cabalidad. Nuestro pas no fue a la postre menos dependiente econmicamente del capital externo que lo que haba sido durante el porfiriato; las metas educativas han estado siempre muy lejos de ser cumplidas en cobertura y calidad, como es hoy evidente al retraerse en realidad la responsabilidad del Estado en esa materia; las limitadas acciones agrarias no impidieron la concentracin de la riqueza agrcola, el neolatifundismo ni el empobrecimiento extremo de grandes grupos campesinos; los derechos establecidos en el 123 en materia de salario, seguridad social, acceso a vivienda digna, reparto de utilidades, sindicalizacin, huelga, etc., quedaron muchas veces en el papel en tanto que la realidad laboral era muy otra; y la despolitizacin del clero fue, desde los acuerdos Estado-Iglesia de 1929 que pusieron fin al movimiento cristero, una simulacin que nunca impidi la participacin religiosa en la educacin, por ejemplo.

A partir de los ochenta, sobre todo de 1988, sin embargo, no se trat slo del incumplimiento de tales metas sino de la renuncia de los sucesivos gobiernos a las mismas. Las reformas constitucionales de Carlos Salinas de Gortari cancelaron el reparto agrario e iniciaron el desmantelamiento del ejido en aras de la privatizacin de la tierra, y devolvieron al clero personalidad jurdica y derechos polticos; y el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte fue la abdicacin oficial de la proteccin a los sectores productivos nacionales. Los procesos de privatizacin de empresas pblicas y sectores econmicos, as como de desregulacin econmica, prolongados y profundizados en cada gobierno desde entonces, dieron como resultado un Estado cada vez ms dbil frente a otros poderes acrecentados, externos e internos, formales e informales. Las reformas de 2012 y 2013 completaron el desmantelamiento del proyecto constitucional en sus espritu y su letra: acabaron con el papel tutelar del Estado sobre los derechos laborales, rompieron la alianza histrica del mismo con los maestros, es decir con sus agentes en el proceso educativo, abrieron al capital externo la posibilidad de controlar el cien por ciento del capital en nuevas empresas de telecomunicaciones y, al revertir tanto la nacionalizacin de la industria petrolera realizada en 1938 como el monopolio estatal sobre los recursos del subsuelo y el espritu nacionalista de 1917, han acabado con el ltimo resquicio que de ese proyecto se conservaba: el control pblico sobre los hidrocarburos. No son un paso hacia la modernidad sino un salto al pasado que perpetuar a Mxico como un pas maquilador y exportador de petrleo (exactamente como lo era en el porfiriato y volvi a serlo desde fines de los aos setenta, pero esta vez ya en manos de las poderosas empresas transnacionales), y no como productor de derivados.

Pero la reciente andanada de reformas tambin ha finiquitado las esperanzas de contar con un rgimen democrtico en este pas. Como queda dicho ms arriba, esas esperanzas comenzaron a ser malogradas desde que Vicente Fox ―el mayor beneficiario de la trabajosamente iniciada transicin― decidi cargar los dados para impedir que Andrs Manuel Lpez Obrador llegara a la presidencia de la Repblica. Primero con el fallido desafuero de 2005, y luego con la en muchos sentidos fraudulenta eleccin de 2006, la expectativa democrtica comenz a naufragar. En 2012, la compra de la presidencia por el priismo, tolerada por las autoridades que arbitraron y las que calificaron el proceso electoral, cancel las esperanzas en que dicha transicin llegara a buen puerto por la va del sufragio. La derrama de dinero, pese a las prevenciones tomadas en la ley al respecto desde 2007, sigui siendo el factor decisivo de la contienda electoral.

Ahora, el proceso legislativo con el que se sac adelante la reciente reforma para la desnacionalizacin energtica represent un quiebre radical de la democracia representativa, una fractura de la nocin misma de representacin. Senadores, diputados y legislaturas locales se han ufanado de la velocidad con la que sacaron adelante en desaseado procedimiento las reformas conforme a las instrucciones del presidente Pea Nieto, a pesar no slo de las argumentaciones en contra vertidas en tribuna por los legisladores opositores a la entrega de los recursos petroleros, sino de los sondeos que la presentaban como una reforma antipopular y de las movilizaciones masivas realizadas por el lopezobradorismo y el PRD en la ciudad de Mxico y en otros lugares de la Repblica. Esa misma ruptura se anunciaba dese la mal llamada reforma educativa, que margin por completo las opiniones del magisterio expresadas en foros organizados no por el Congreso ni por la SEP sino por la Secretara de Gobernacin, y tambin a contrapelo de las movilizaciones de la CNTE y de varios otros sectores magisteriales, y se ratific luego en la reforma fiscal, que vendr a afectar de manera grave a partir de este ao a distintos sectores de la economa nacional, as como en la reforma electoral.

El Partido Accin Nacional haba puesto sobre la mesa la condicin de que con anterioridad a la reforma energtica se aprobara la reforma poltico-electoral. sta result un fiasco centrado en la propuesta panista de transformar al IFE en un Instituto Nacional Electoral y en la reeleccin de diputados y senadores, pero que omiti incluir o reglamentar los aspectos de mayor inters para los ciudadanos, como la revocacin del mandato ―la cual es, y no la reeleccin legislativa inmediata, el verdadero instrumento de control de los electores sobre sus representantes― y la consulta popular.

La transicin democrtica desemboc en la restauracin del viejo rgimen de partido de Estado y aun del desprestigiado presidencialismo, la cual oper desde la firma del Pacto por Mxico hace trece meses convirtiendo a las otras dos agrupaciones polticas fuertes, el PRD y el PAN, en partidos de colaboracin, a los cuales se sumaron de manera natural el PVEM y Nueva Alianza para conformar un fuerte bloque legislativo que, con algunas disidencias en las reformas fiscal y energtica, sac adelante los proyectos de Pea Nieto y el PRI. El Pacto anul la lnguida autonoma del poder Legislativo y convirti a la representacin popular en una caricatura de democracia. Los procesos legislativos del ltimo ao lo corroboraron. Las argucias legislativas del panismo, el priismo y sus aliados para impedir que la reforma energtica pueda ser sometida a consulta ni ahora ni en el 2015 lo sellaron.

A un cuarto de siglo de que arrancara la bsqueda de la democracia, estamos muy lejos de haberla alcanzado, y aun la institucin que en su momento compendi a la transicin, el IFE, vaga hoy sin rumbo ni destino, convertido en mero juguete y prenda de negociacin entre las fracciones parlamentarias. El pas, sin proyecto social ni oportunidad democrtica, mira en medio del desnimo y la impotencia cmo le son arrebatados impunemente derechos ya conquistados, y expropiado su futuro. Sin embargo, a travs de diversas formas, empiezan grupos sociales varios a organizarse contra la reversin de sus aspiraciones histricas y a expresarse de manera autnoma frente a un sistema que no les es funcional. La perseverancia del zapatismo en su regin de origen a veinte aos de su levantamiento insurreccional, la conformacin de policas comunitarias y grupos de autodefensa en Guerrero, Michoacn y otros Estados, la resistencia activa de las comunidades de muchas regiones contra la depredacin ambiental y cultural de las todopoderosas empresas mineras, la persistencia de los pueblos indgenas en la reivindicacin de sus territorios, sus culturas y sus derechos colectivos, la movilizacin magisterial sin ocaso y el surgimiento de nuevos brotes de organizacin social contra las propias reformas estructurales y las expresiones del autoritarismo poltico, anuncian sin embargo que el divorcio Estado-sociedad enrutar a sta en el prximo periodo por nuevos derroteros que la propia sociedad ir construyendo.

Eduardo Nava Hernndez. Politlogo UMSNH

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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