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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-01-2014

Las polticas de vivienda en Andaluca
Apuntes crticos sobre la gestin de izquierdas de una administracin pblica

Iban Neira
Rebelin


IU en Sevilla y Andaluca

El ejemplo de las dos legislaturas en que IU y PSOE compartieron el gobierno de Sevilla, 2002-2006 y 2006-2011, fue en su momento utilizado para mostrar las virtudes y posibilidades de un gobierno progresista. El caso de una ciudad como Sevilla, capital y mayor ciudad de Andaluca, gobernada por un pacto entre partidos de izquierda, en un territorio en el que el conservadurismo de sus grandes ciudades contrasta con el escoramiento hacia la izquierda del campo y los ncleos de menor tamao, es claramente relevante. De alguna forma, este pacto, esta posibilidad de gobierno, es el que se ha reeditado con la coalicin que gobierna en Andaluca desde 2012. As, ambos casos pudieran ser buenos ejemplos de las potencialidades de la accin poltica institucional a travs de pactos entre partidos de centro e izquierda, lo cual a da de hoy parece agotar las posibilidades de gobierno progresista en una entidad territorial de cierto tamao dentro del Estado espaol.

Aunque dentro de IU siempre han existido posiciones contrarias al pacto, en ambos casos se ha acabado imponiendo una perspectiva mayoritaria. Esta es la de que un partido poltico integrado en las instituciones debe aspirar a gobernar, debe mostrar en algn momento que es capaz de gestionar, aunque sea como socio minoritario de una coalicin de centro-izquierda. La ltima dcada ha permitido hacer esto, adems, en mbitos territoriales de una notable entidad, como son la comunidad autnoma ms poblada y la cuarta ciudad del Estado. La operacin parece haber consistido en ambos casos en apostar por compartimentos de poder muy concretos y con carcter estratgico, desde los cuales poder realizar una gestin de izquierdas que marcase la diferencia. Uno de los frentes clave en el pacto de Sevilla fue la vivienda y, en el caso Andaluz, por ahora, parece haber sido el nico por el que realmente se ha apostado. Estas polticas, con claro contenido de izquierdas, han recogido reivindicaciones y crticas realizadas por los movimientos sociales y de base contra la especulacin y por la vivienda digna. Al mismo tiempo, han sido tambin criticadas por estos y las relaciones entre partido en el gobierno y activismo autnomo de base no han sido siempre placenteras. En relacin a estas cuestiones, el presente texto pretende examinar la posibilidad de una crtica de izquierdas hacia las polticas desarrolladas, problematizando al mismo tiempo la relacin entre el partido en cuestin y los movimientos de base.

Realizo esta aproximacin al problema desde el punto de vista de un activista social, vinculado en gran medida al problema de la vivienda en la ciudad de Sevilla, y que es conocedor de esta realidad. Al mismo tiempo, ni conozco ni pretendo conocer la realidad interna de un partido como IU. Aun as, este punto de vista creo que puede ser vlido o de inters, sin poder en ningn caso cubrir todas las perspectivas sobre la cuestin.

La administracin de izquierdas y el problema de la vivienda en Sevilla

El activismo social de base en relacin a la cuestin de la vivienda en Sevilla, durante las ltimas dos dcadas, ha sido bastante rico y diverso. El discurso de denuncia de las dinmicas especulativas en el mercado inmobiliario fue bandera de los movimientos de corte ms conservacionista, ecologistas o vinculados al urbanismo crtico, pero tambin del movimiento okupa. Este ltimo ha tenido una presencia notable en la ciudad, habiendo resultado especialmente interesante cuando sus prcticas se han combinado con las problemticas materiales de vecinos amenazados por la especulacin inmobiliaria. Esto se produjo, en primer lugar, con las organizaciones de inquilinos, que han sido un elemento de los movimientos de base relevante y realmente particular del caso sevillano. Finalmente, el ms reciente activismo contra los desahucios, alimentado por las energas desatadas por las manifestaciones del 15 de mayo de 2011, ha sido importante, tanto en esta ciudad como en Crdoba o Granada, permitiendo interesantes procesos de autoorganizacin de los afectados.

Bastante antes de eso, se produjo la entrada de IU en el gobierno de Sevilla, que procur recoger parte de las reivindicaciones y crticas elaboradas desde el activismo social entonces existente. Por ejemplo, en los noventa se critic el desarrollo de ambiciosos planes de rehabilitacin en el centro histrico de la ciudad. Los fondos pblicos de diversas administraciones, como el programa europeo Urban, sirvieron en parte para alimentar una especulacin inmobiliaria con los barrios populares histricos que desembocara en procesos de gentrificacin y desplazamiento. No es casual que el segundo Urban de la ciudad se est desarrollando en un mbito perifrico y tan poco del agrado de las empresas inmobiliarias como el Polgono Sur, en gran parte como continuacin del Plan Integral dedicado a este sector en la dcada anterior. Si bien este giro de la inversin pblica hacia un espacio perifrico es loable, respondiendo a la presencia de IU en el ayuntamiento, no lo es tanto el continuismo con cierto tipo de urbanismo por proyectos -muy presente en la ciudad desde la dcada de los ochenta-, opuesto al desarrollo de planteamientos para el conjunto de la ciudad. Un enfoque que resulta muy atractivo a los gobiernos locales, por proporcionar resultados rpidos y rentables polticamente. As, el mantenimiento de cierta paz social en el Polgono Sur se ha podido producir mientras otros sectores del este obrero de la ciudad agudizaban su declive.

Otra versin de esta poltica urbana del proyecto, de raz neoliberal, ha sido la de las recalificaciones a la carta de suelos industriales, operaciones muy beneficiosas para grandes empresas multinacionales, valga mencionar la relocalizacin de la fbrica de Cruzcampo (1). Qu decir de proyectos farnicos, despilfarradores y agresivos para con el patrimonio, como Las Setas de la Encarnacin o la Torre Cajasol, que han sido la bandera del urbanismo sevillano en la primera dcada del siglo XXI. Por lo tanto, aunque estas operaciones no han sido iniciativas del partido, ha habido una inevitable complicidad de este con ciertas polticas hegemnicas. La cuestin sera valorar hasta qu punto compensa comulgar con el pelotazo inmobiliario-financiero a cambio de ciertas contrapartidas, en forma de polticas sociales.

Dejando al lado el carril bici, una de las grandes apuestas de IU en poltica social y de vivienda fue la creacin de la Oficina Tcnica de Asesoramiento al Inquilino en Situacin de Abuso (OTAINSA). Esta abri solo un ao despus de que el vital movimiento de inquilinos contra los desalojos de Sevilla creara la Unidad Bsica de Asesoramiento al Inquilino en Situacin de Abuso, que trabajara durante casi una dcada de forma totalmente autnoma. En plena situacin de alarma social por los desahucios y los asustaviejas en las viviendas de alquiler del centro histrico de la ciudad, OTAINSA supuso una herramienta efectiva para intervenir sobre el problema. El apoyo de esta oficina fue clave para que muchos vecinos permaneciesen en sus casas y que, en otros casos, fueran desplazados a cambio de indemnizaciones importantes. Se realizaron varias expropiaciones contra propietarios que haban eludido el deber de conservacin y se consigui formalmente que la empresa municipal del suelo dedicase un 5% de su parque de viviendas a operaciones de realojo.

Sin embargo, la intervencin encontr fuertes obstculos dentro del propio gobierno municipal y los resultados finales son cuestionables. El 5% de viviendas para realojo nunca se cubri realmente y los alojamientos gestionados por OTAINSA siempre fueron insuficientes. Adems, la buena voluntad de los tcnicos de esta oficina se enfrentaba a una fuerte oposicin dentro de la Gerencia de Urbanismo. No en vano, all permanecan los mismos funcionarios que haban repartido frugalmente declaraciones de ruina en la dcada anterior, provocando desalojos y desplazamiento. Las medidas adoptadas, ayudaron fundamentalmente a personas en situacin de necesidad excepcional, pero en ningn caso se intervino sobre los procesos especulativos o sobre las dinmicas segregatorias. Es decir, estamos hablando de una poltica declaradamente asistencialista y desarrollada con recursos limitados. Una poltica que hace algunas cosas buenas por algunas personas, pero al trmino de la cual, los barrios populares del centro histrico se haban convertido en enclaves para turistas y clases medias y donde los problemas sociales siguieron inmutables en la periferia.

El gobierno de progreso en Andaluca

En 2011, el PP tom la alcalda de Sevilla y desmantel OTAINSA. Un ao despus se repiti el pacto de gobierno en la Junta de Andaluca, coincidiendo con el auge de la alarma social en torno a la cuestin de los desahucios provocados por ejecuciones hipotecarias. En este contexto se haba generado un importante movimiento social en torno a la vivienda, en parte heredero del nuevo panorama generado por la irrupcin del 15M en 2011. Los movimientos sociales, tras varios meses paralizando desahucios, establecieron en 2012 hasta 13 oficinas de asesoramiento sobre vivienda en el rea metropolitana de Sevilla, resistieron a decenas de desahucios, apoyaron a centenares de familias y promovieron grupos de afectados que desembocaron en ocupaciones colectivas (la primera la de La Corrala Utopa). Algo ms tarde, repitiendo la historia, la Junta desarrollara una red de oficinas propias, una por cada provincia andaluza. Al poco de hacerlo se vanagloriaba de haber paralizado miles de desahucios. La afirmacin era creble. Como sabamos los que habamos estado luchando contra los desahucios hipotecarios en los ltimos dos aos, el clima de tensin y repulsa social generado, gracias a la movilizacin social, haba hecho que desde mediados del 2012 las entidades bancarias y de crdito buscaran cualquier resquicio para evitar llegar al desalojo. La institucin lleg a la lidia con gran parte del trabajo hecho.

Siguiendo con las semejanzas, el gobierno andaluz tambin ha respondido a reivindicaciones histricas de los movimientos por la vivienda digna. Tal es el caso de la defensa de la vivienda pblica en alquiler frente al a vivienda en propiedad para las clases medias, que haba predominado en el periodo anterior. Sin embargo, este giro poltico se produce en un contexto en el que no se construyen nuevas viviendas por parte del agente pblico. El cambio de unas pocas promociones en proceso de adjudicacin de propiedad a alquiler, algo inevitable por otro lado ante la situacin econmica de los demandantes, puede ser su nico resultado. Al mismo tiempo, el parque existente en propiedad de la Junta es muy reducido (se ha venido privatizando a marchas forzadas durante las ltimas legislaturas) y, segn se ha afirmado insistentemente desde IU, est completamente ocupado. De esta forma, el abanico de posibilidades que ofrece la actual gestin de la consejera de Vivienda y Fomento se revela muy pobre.

Finalmente, la poltica estrella de IU en el gobierno andaluz ha sido el Decreto y Ley antidesahucios. Para empezar, como ya se denunci en su momento desde la Intercomisin de Vivienda del 15M Sevilla, esta ha sido una poltica tmida que nunca ha sido aplicable a las miles de familias que se encuentran desahuciadas por impago de alquiler o a las que se han visto forzada a ocupar viviendas abandonadas, adems de depender de las disponibilidades presupuestarias, lo que desde un principio anunciaba su carcter de papel mojado. As, durante el ao que estuvo en funcionamiento, con dificultades, se iniciaron los trmites para la expropiacin de uso de tan solo 39 viviendas para toda Andaluca. A da de hoy solo en dos casos, uno en Huelva y otro en Torremolinos, este proceso se ha hecho efectivo (2). Este es un nmero muy alejado de las centenares de familias desahuciadas que se han organizado, con el apoyo de los movimientos sociales de distintas ciudades andaluzas, para ocupar viviendas vacas en manos de los bancos (3). No obstante, ante la suspensin decretada por el Tribunal Constitucional, el texto promovido por IU amenaza con quedar en la mera ancdota, en un elemento de lucha partidista y propaganda polticas sin incidencia sobre las problemticas sociales reales. Esto define bastante bien la poltica de vivienda que se est desarrollando: una poltica de coste cero. Podramos pensar que cuando se nos ha repetido esta ltima frase, no solo se hablaba de un coste econmico, sino tambin del riesgo poltico. No obstante, los problemas sociales, la creacin de alternativas a las injusticias del sistema, la resistencia a las agresiones de clase, difcilmente pueden tener un coste cero. Tienen un coste econmico y poltico.

La administracin de izquierdas y los movimientos sociales

En el mbito al que aqu nos referimos, la relacin de los movimientos sociales con IU ha sido problemtica, notoriamente en el caso de Sevilla. Como se ha visto, se han tomado ideas de los movimientos sociales, duplicando estructuras, al tiempo que, en parte, se contaba poco con los propios movimientos, en parte, los movimientos renunciaban a que se contase con ellos. Surge la duda de hasta qu punto estas oficinas de la administracin sirven para reforzar las instituciones que emanan de la accin de base o, por el contrario, se utilizan para competir con ellas y vaciarlas de contenido. En cualquier caso, resulta difcil creer que se est buscando apoyar los procesos de autorganizacin. Ms bien, se ha pretendido integrar dentro de la administracin las instituciones autnomas que se perciban como tiles y con una cierta influencia social. Aqu puede valorarse que, en ciertos casos, claramente en el de OTAINSA, mucho menos en el de las oficinas sobre desahucios hipotecarios a escala andaluza, existe una mayor eficiencia en la institucin pblica por su mayor volumen de recursos. No obstante, al mismo tiempo, el valor de la creacin autnoma y autogestionaria y la autoorganizacin de las clases populares, deberan ser valores consustanciales a la izquierda, no adversarios a batir.

La tnica general invita a pensar que IU desconfa de toda actividad poltica de base que no controle directamente. Las dadivas han sido escasas. En Sevilla, en el ltimo momento, antes de salir del gobierno, se consigui la expropiacin del ocupado Palacio del Pumarejo, donde IU se opona abiertamente a la autogestin del espacio por la asamblea, considerndola una privatizacin. En ocupaciones de vecinos amenazados de desahucio, como las realizadas en el histrico barrio de San Bernardo, en 2005, el papel de IU fue esencial para propiciar el realojo de las familias, en su mayora ancianas. No obstante, con el tiempo, acab requiriendo el desalojo de las familias ms jvenes, que eran precisamente las que haban promovido la accin y que no entraban en los estrechos criterios establecidos para el realojo. En otro caso de vecinos amenazados de desahucio, en calle Guadalcanal, se impusieron soluciones individuales ninguneando el trabajo previo de los activistas. La lnea de accin seguida en estos casos busc romper la solidaridad interna de los grupos en lucha, castigar a los activistas e implementar un amable asistencialismo de cara a la opinin pblica.

Fuera de lo estrictamente relacionado con la vivienda, algunos cargos de IU se sienten demasiado cmodos ejerciendo el papel de partido del orden. As, en Sevilla, IU se convirti en cmplice de una ordenanza cvica especialmente conservadora y restrictiva con el uso de los espacios pblicos, de la creacin de un cuerpo de antidisturbios de la polica local y de su uso para reprimir las protestas contra la norma mencionada. En otras ocasiones, de forma totalmente innecesaria, se ha apoyado a las fuerzas de orden pblico frente a los activistas, como cuando el Rodrigo Torrijos, Teniente Alcalde de Servilla en aquel momento, destaco la exquisita profesionalidad de la polica en el desalojo del CSOA Casas Viejas, donde las personas que resistieron denunciaron vejaciones y malos tratos (4). Lo ms sorprendente es que, tras mantener una posicin tibia y camalenica frente a desalojos como el de La Fbrica de Sombreros, todava quisieran aparecer como compaeros en las manifestaciones (5).

Con estos antecedentes es normal que se desconfe del gobierno andaluz. La sensacin de que se est ocultando informacin o de que se prende instrumentalizar a los movimientos en funcin de intereses polticos, es la tnica general entre los activistas que tienen que llevar a cabo la interlocucin de cara al movimiento andaluz de vivienda.

IU y los movimientos autnomos Aliados o adversarios?

Cul es la razn de la falta de entendimiento entre IU y los movimientos sociales en torno a este y otros temas? En primer lugar, ambos agentes, polticamente, parecen ir en direcciones diferentes. Las diversas iniciativas emanadas del activismo de base, con mayor o menor xito, con mayor o menor base real, conceden una importancia grande a la autoorganizacin de las vctimas de este sistema (en este caso de la gestin mercantil de los recursos vivienda y suelo), haciendo nfasis tambin en la autogestin. Con IU existe una coincidencia en discursos y juicios crticos para con la cuestin urbana. No obstante, las iniciativas autnomas y autogestionarias tienden a ser percibidas con desconfianza. Por otro lado, la aceptacin de las reglas de la democracia liberal, la posicin de debilidad en los gobiernos en los que participa y la lnea poltica de los partidos con los que se pacta, hace que difcilmente se pueda llegar a un tratamiento de los problemas sociales ms all del mero asistencialismo (por otra parte, muy puntual y limitado). Adems, la necesidad de crecer en la arena de las instituciones estatales, hace que las actuaciones se orienten en gran medida a la propaganda y a la acumulacin de prestigio en el partido, lo que conduce en ocasiones a que los propios movimientos acaben siendo usados para este fin.

Podra argumentarse que militantes de IU estn tambin en los movimientos por la vivienda. Esto es cierto, pero su presencia suele ser marginal y en su mayora responde a individuos que se encuentran muy alejados de los puestos de responsabilidad y decisin (al menos en el caso de Sevilla). En realidad, la relacin de IU con los movimientos sociales es producto de una cierta prctica y pensamiento poltico. Esta prctica es la apuesta por la poltica parlamentaria y el trabajo dentro de las instituciones del Estado. Como en otros casos, esto puede llevar a ver este tipo de poltica como la poltica real, la poltica con maysculas, la nica que merece un cierto esfuerzo. El desprecio hacia otras escalas y otras formas de la poltica es tambin, en los ejemplos mostrados, el desprecio a cierto tipo de activismo de base. No obstante, los resultados del trabajo en las instituciones del Estado no es excesivamente impresionante y, desde luego, en el contexto actual, podra exigrsele bastante ms a un partido de izquierdas en el poder. La reduccin de la poltica a la participacin en las elecciones y la opcin a cargos pblicos es un rasgo del marco contemporneo de hegemona neoliberal. Esta opcin favorece la reproduccin del status quo y, a la hora de plantear alternativas rupturistas, se encuentra seriamente limitada. En el extremo opuesto, ignorar el estado y sus instituciones reduce seriamente la capacidad de plantear estrategias efectivas desde los movimientos sociales.

No soy ni un gran defensor de las posibilidades de alianza entre movimientos sociales y partidos institucionales de izquierda, ni lo contrario. Pero sin duda, este es un problema que atae y que es ineludible para aquellos que desarrollan su actividad poltica en el territorio andaluz. En cualquier caso, en el contexto actual, solo puedo alegrarme de que tengamos unos movimientos sociales totalmente autnomos y capaces de hacer una crtica de izquierdas.

Notas:

(1) Ver el artculo de Manuel Delgado

(2) Ver: http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/noticias/1ad46314-7f4e-11e3-bae6-5108384b14f9

(3) Ver: http://www.andalucesdiario.es/provincias/granada/el-movimiento-de-las-corralas-llega-a-granada-con-la-ocupacion-de-un-edificio-de-cajamar/

(4) Ver ABC de Servilla, 4 del 12 de 2007: http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-04-12-2007/sevilla/Sevilla/torrijos-no-vio-tortura-en-el-desalojo-y-destaca-la-exquisita-profesionalidad-de-la-policia-y-los-bomberos_1641451792558.html

(5) Ver: Un tartazo a la izquierda institucional http://www.fabricadesombreros.org/un-tartazo-a-la-izquierda-institucional/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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