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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-01-2014

Pluralidad de poderes y legitimidad en Michoacn

Eduardo Nava Hernndez
Cambio de Michoacn


Thomas Hobbes en el Renacimiento ingls y Max Weber en la era del capitalismo avanzado compartieron una misma visin del Estado que se invoca con gran frecuencia como el fundamento mismo del poder pblico. Para ambos autores, el Estado es la entidad que ostenta y debe ostentar el monopolio de la fuerza legtima. Hobbes teoriz el poder absoluto del monarca como una exigencia que derivaba de la necesidad de contener la violencia inherente a la naturaleza humana y la guerra del hombre contra el hombre movida por la propiedad y el apetito de sta. Para refrenar la bestialidad de la lucha fue necesario un acuerdo o contrato entre los individuos que cre la sociedad y en la que aqullos cedieron el uso de la fuerza a un nuevo actor, el Estado (siempre encarnado en el monarca) para que ste la ejerciera brindando seguridad a las vidas y las propiedades de sus ahora sbditos. A cambio de esas garantas, stos cedan a favor del poder parte de su libertad y se sometan al prncipe.

Max Weber, en los inicios del siglo XX, defini al Estado como la institucin que ejerce y reclama para s el monopolio de la violencia legtima. Reconoca s, que otros integrantes o grupos de la sociedad recurren tambin al uso de la fuerza; pero slo en el caso del Estado ese uso es legtimo. Tanto el pensador renacentista ingls como el socilogo e historiador alemn se ubican dentro de la corriente del realismo poltico que resalta la violencia y la fuerza como el componente central del poder poltico, visin que el marxismo asume tambin, pero sin consagrar como legtima cualquier forma de Estado ni de ejercicio del poder, en tanto ste se encuentra siempre condicionado por intereses de clase, es decir, los de tan slo una parte y no de toda la sociedad.

En teora, pues, y tal como lo establecen las leyes, corresponde al poder pblico y slo a l la funcin de ejercer la fuerza, reprimir las conductas delictivas e inhibir las que pongan en riesgo la convivencia social o amenacen la vida, la integridad y la propiedad de los individuos. Es parte del pacto social de mando-obediencia que da origen, en particular, a las formas democrticas de la estructura estatal. Mas esa teora y la normatividad que reviste al Estado mismo se ven negadas constantemente en una realidad como la mexicana en la que los rganos del Estado han abdicado, por decisin o por incapacidad, de tales funciones.

La crisis social y poltica de Michoacn ha puesto de relieve la ruptura de ese pacto. El Estado y sus rganos han incumplido sistemticamente con la proteccin de la vida, la seguridad y las propiedades de los ciudadanos. Basta el dato de que en nuestro pas el 96 % de los delitos queda impune para entender la zozobra en la que se ha instalado gran parte de la poblacin y las formas que ha asumido el conflicto social. El desmantelamiento al que ha sido sometido el Estado durante las ltimas tres dcadas, la confianza ciega de los gobernantes en la autorregulacin del mercado y el repliegue de una multiplicidad de estructuras pblicas (incluidas las educacin, salud, asistencia social, etc.) de sus funciones han terminado por debilitar la capacidad de accin del poder pblico. Si a eso se agrega el empeo permanente de los gobernantes en desestructurar y abaratar el mercado laboral mediante el debilitamiento de las instancias de defensa del trabajo (sindicatos y organizaciones gremiales en general), con el consiguiente deterioro del tejido social, se entiende sin dificultad el caldo de cultivo que el rgimen ha creado para la delincuencia comn y la organizada.

Lo que est en cuestin no slo en Michoacn sino en el pas entero es la unicidad y legitimidad del poder; pero en esta entidad ese dilema se presenta en forma ms ostensible, prcticamente al desnudo. Los poderes establecidos permitieron durante aos no slo que campearan en la entidad las actividades delincuenciales sino que los delincuentes mismos arraigaran y se revistieran de cierta legitimidad a escala local. La connivencia con las autoridades ha llegado al punto en que policas, secretarios de seguridad municipal y ayuntamientos han sido capturados por las bandas y puestos a su servicio o al menos nulificados como rganos de autoridad. Pero no slo eso. Desde hace aproximadamente ocho aos, o quizs una dcada, esos grupos delictivos lograron revestirse de una peculiar legitimidad a los ojos de la poblacin. El reciente documental del Canal 4 de la televisin britnica, en el que uno de los lderes del grupo autodenominado Templario , Servando Gmez Martnez, arenga abiertamente a los habitantes de algn poblado de Michoacn y reparte billetes a mujeres, seguramente empobrecidas, muestra uno de los mtodos por los que tales grupos delictivos atraen la aceptacin social y se legitiman ante ciertos sectores del pueblo. Lo paradjico es que, en su momento, tales grupos proclamaron que su funcin era dar seguridad a la poblacin michoacana frente a los abusos y despliegue de otras bandas.

Las autodefensas del Valle de Apatzingn representan un desafo no solamente para la delincuencia organizada sino tambin para los rganos del Estado. El surgimiento, en 2013, de un movimiento social armado para combatir a las manifestaciones delictivas ha puesto en blanco y negro las limitaciones y contradicciones de las fuerzas del orden, principalmente en el nivel municipal y el estatal. Su legitimidad estriba en venir a cumplir tareas que los rganos de poder institucionales no quisieron o pudieron consumar en materia de proteccin a las personas. Ms all del debate acerca de su origen, sus fuentes de financiamiento, vas para allegarse armamento, etc., lo cierto es que los grupos de autodefensa o guardias comunitarias han logrado tambin, en un periodo muy breve, revestirse de la legitimidad que en mltiples comunidades locales, y ms all, el Estado ha perdido. Estos grupos entraron no slo a enfrentar a las mafias con ms determinacin y energa que la de los rganos de seguridad pblica sino a disputar a stos la legitimidad en el ejercicio de la violencia. Civiles enfrentando a civiles es una situacin que no puede menos que ser conceptuada como una guerra que evoca el estado de naturaleza hobbesiano.

Estos grupos de autodefensa han sido interpretados de distintas maneras: ya como fabricacin de crteles rivales a los que operan dominantemente en Michoacn, ya como una maniobra gubernamental y como una expresin de paramilitarismo a la colombiana; o bien como el embrin de un movimiento revolucionario en gestacin que se enfrente al rgimen. No parecen, empero, ser ms que lo que ellos mismos declaran ser: la expresin del hartazgo de los habitantes de distintas localidades por la impunidad campante de quienes los agreden con secuestros, extorsiones, violaciones y asesinatos. Ah radica su originaria legitimidad ante la poblacin. Pero existe, s, el riesgo de que sean infiltrados por agentes de otros grupos criminales o de que deriven en nuevos cuerpos al servicio de intereses econmicos locales y cacicazgos polticos. Y si bien no son agrupamientos que hayan manifestado posiciones polticas ni expresen una ideologa opuesta a la del rgimen, como caracterstica de las tendencias revolucionarias, s han venido a constituirse en un nuevo poder regional diferenciado tanto de los rganos pblicos de defensa como de las bandas delincuenciales. Son, en cierto modo, una expresin del pueblo en armas y de la fragmentacin del poder en vastos segmentos de la sociedad y la geografa de Michoacn.

Ahora queda claro que la operacin del gobierno federal en Michoacn tiene como propsito el recuperar tanto la legitimidad como, si no el monopolio, al menos el control sobre el uso de la fuerza. El acuerdo firmado el lunes 27 de enero en Tepalcatepec con las autodefensas es, en ese sentido, un paso decisivo. Ante la imposibilidad de proceder a su desarme lo que fue la primera intencin de la intervencin de las fuerzas federales desde el 14 de enero se ha pactado al menos su registro y el de sus armas, y su encuadramiento bajo la autoridad de la Defensa Nacional en la forma de guardias rurales. Mas ello abre una gama de nuevas posibilidades. La legitimacin del derecho a la autodefensa y su reconocimiento oficial bien puede alentar la expansin del fenmeno con el surgimiento, como ya ocurre, de nuevos agrupamientos de combate en Michoacn y otras entidades del pas. Puede implicar tambin un uso de las guardias por el ejrcito como avanzada en situaciones de mayor peligro, como parece tambin estar ocurriendo. Pero tambin colocar en una situacin diferenciada a los cuerpos que se incorporan al acuerdo y a aqullos que no estn dispuestos a hacerlo, exponiendo a stos al desarme y a la represin.

La legitimidad del poder es lo que has estado en juego desde hace tiempo, aunque los gobernantes no hayan querido verlo. Ahora es evidente, como lo son tambin las dificultades para que el Estado logre reconstruirla y unificarla.

Eduardo Nava Hernndez. Politlogo UMSNH

Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial-9353



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