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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-02-2014

Informe especial:
La maldicin de los recursos naturales, el caso de la explotacin petrolera en el Putumayo

Camilo Ernesto Lpez Meneses
Rebelin


Entre las ingentes riquezas generadas por la explotacin de petrleo, la corrupcin, el abandono del Estado y un conflicto social y armado recrudecido, sobreviven cientos miles de habitantes de departamentos que como en Putumayo, Arauca, Meta o Caquet, la pobreza del pueblo ha sido producto de la riqueza de sus tierras, como profetiza Eduardo Galeano en Las venas abiertas de Amrica Latina.

Como en otras regiones del pas, el abandono centenario del Estado, conllev a indgenas, colonos y campesinos a iniciarse en el negocio de la produccin de la hoja coca, empresa que siendo en la regin significativamente rentable a mediados de los noventas del siglo pasado, atrajo a su vez a raspachines y campesinos de Colombia entera. Campesinos quebrados por la apertura econmica de Gaviria. Otros, la mayora, las piedras rodantes que no han podido criar lama, los que nunca han tenido nada, obligados por las penurias a migrar, errantes de regin en regin.

Colonos todos, que por los azares de la permanente distorsin econmica de los mercados agropecuarios o por las violencias que las lites han emplazado en los campos como forma de abaratar y usurpar las tierras que otros han culturizado. El Putumayo no ha sido ajeno a esta historia.

A finales de los noventas, incursion en la regin el Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolvar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Rugi primero herido de muerte el corregimiento de El Tigre, luego seran varias las masacres perpetradas por paramilitares armados con motosierras y fusiles, contra pobladores inermes de varios municipios del bajo Putumayo. Se ti de sangre y muerte el Putumayo.

En medio de las matanzas, de las masacres, en los primeros dos aos del siglo XXI, el Putumayo fue militarizado a travs de la implementacin del Plan Colombia, que si bien gener un crecimiento desmedido de la inversin militar, ste no slo no deriv en evitar que el terror se impusiera con motosierras y a balazos, contrario a toda lgica o ms bien, coherente con la prdica de la Escuela de las Amrica y las rdenes del pentgono, agudiz la crtica situacin de las comunidades: vctimas re-victimizadas. Como se sabe, los militares no llegaron para impedir el asesinato selectivo de los dirigentes, ni mucho menos a frenar las masacres. Los indolentes militares, ajenos al sufrimiento del pueblo, crecieron en nmero en el Putumayo para proteger el capital de las petroleras.

En efecto, el documento La masacre de El Tigre. Reconstruccin de la memoria histrica en el Valle del Guamuz que relata los hechos acaecidos el 9 de Enero de 1999 formula la existencia de complicidad de la Brigada XXIV por omisin, por connivencia con el paramilitarismo y estigmatizacin a las vctimas1.

El Plan Colombia adems signific fumigaciones, a diestra y siniestra. Guerra contra la droga que como seala Molano en su ltima columna en El Espectador, ha resultado intil, costosa y contraproducente.

Van 20 aos fumigando y la coca sigue tan campante. La estrategia de fumigar para subir los precios y bajar el consumo es fallida. Sube el precio, pero no baja el consumo, lo que significa que a largo plazo la fumigacin es una estrategia para sostener los precios y justificar la guerra contra las Farc, para cotizarles a las empresas contratistas norteamericanas que hacen el oficio y, claro est, contribuir al enriquecimiento de Monsanto.2

Sin posibilidad ni condiciones de participar y mucho menos de ejercer derechos, las comunidades y sus debilitadas organizaciones sociales, fueron testigos de excepcin de la extrema laxitud de la normativa ambiental colombiana, de la permisividad del Estado y de la corrupcin de los funcionarios pblicos, para que transnacionales como Vetra y el Consorcio Colombia Energy (CCE), slo por citar dos casos, hayan sido beneficiados de concesiones leoninas que permitieron el saqueo del petrleo, la destruccin de la economa campesina y la generacin de graves impactos ambientales y sociales, como ha sucedido en la concesin conferida para la explotacin petrolera en el corredor Puerto Vega Tetey municipio de Puerto Ass.

Pese a las denuncias de las comunidades de incumplimiento de la licencia ambiental otorgada a Vetra y CCE, por la explotacin de los campos Quinde, Cohemb y Quillacinga, las transnacionales en su desmesurado afn de lucro y sin importar los impactos ambientales, han solicitado una ampliacin de la Licencia Ambiental que derivara en la construccin de 100 pozos de petrleo y 20 locaciones.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, por solicitud de ms de 58 organizaciones campesinas e indgenas, cit a Audiencia Pblica, realizada el 31 de Enero del presente en el municipio de Puerto Ass.

En el marco de la audiencia las comunidades denunciaron que la explotacin de petrleo en el corredor Puerto Vega Tetey por parte de Vetra y CCE, han ocasionado los siguientes efectos sociales, econmicos y ambientales:

Por estas razones, las comunidades residentes en el corredor Puerto Vega Tetey, han reiterado su desacuerdo en lo relativo a la ampliacin de la Licencia Ambiental para el CCE Vetra. Como se ha sealado, existe una relacin inversamente proporcional entre la renta petrolera obtenida por las transnacionales y los padecimientos de las comunidades; luego los costos ambientales, sociales, econmicos y culturales producto de la explotacin petrolera, son abrumadoramente altos en comparacin con la inversin para mitigarlos.

Inicialmente el Estado colombiano y las instituciones responsables de proteger el medio y ambiente y los derechos de las comunidades, deberan estudiar con mayor profundidad la afeccin que causa la explotacin petrolera a la cuenca amaznica en la regin del Putumayo; no obstante esta medida no resolver nada, si no se desarrollan con celeridad cuatro procesos complementarios: una modificacin sustancial de la poltica ambiental colombiana orientada a hacer respetar el ambiente, los recursos la soberana nacional y popular; la renegociacin de todos los contratos de concesin con las transnacionales que implique un aumento significativo en el porcentaje de participacin de la renta minera a la nacin colombiana; mecanismos de participacin comunitaria como la consulta previa para indgenas, campesinos, afrocolombianos, con carcter vinculante, democrtica, efectiva, libre e informada y; la Planificacin colectiva del territorio.

La comunidad internacional, los ocho pases que comparten la Amazona y particularmente los pases miembros de CELAC con rea en esta regin, estn en la obligacin de exhortar al Gobierno de Colombia a que tome medidas serias para la proteccin de la naturaleza y de las comunidades que habitan y conservan el ltimo pulmn del mundo en la regin del Putumayo.

No tomar medidas urgentes ser condenar toda una regin a la muerte y al olvido.


NOTAS:

1 BELLO, A. Nubia y Col. La Masacre de El Tigre. Reconstruccin de la memoria histrica en el Valle del Guamuz, Putumayo. CNRR- Grupo de Memoria Histrica. p. 28, 42 y 48. En: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/informe_el_tigre.pdf

2 MOLANO, Alfredo. Intil, costosa y contraproducente. Columna. El Espectador. Bogot D.C. Febrero 1 de 2014. En: http://www.elespectador.com/opinion/inutil-costosa-y-contraproducente-columna-472306

 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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