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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-02-2014

Entrevista al equipo del Servicio Jesuta de Refugiados
Buenaventura: entre el desplazamiento interno y la muerte

Fernanda Snchez Jaramillo
Rebelin


Hace dos aos el Servicio Jesuita para los Refugiados, en Colombia, public el informe Buenaventura: una crisis humanitaria sin respuesta. Desde entonces, la violencia no ha cesado. Continan las amenazas a los lderes, que resisten pacficamente, y el desplazamiento interno forzado.


FSJ: Cul fue la respuesta del gobierno a los desplazamiento internos forzados del 2013 y los de enero de 2014, en el barrio San Jos?


SJR: La alcalda distrital de Buenaventura y complementariamente la Unidad de vctimas (UARIV) entregaron ayudas inmediatas para responder a los desplazamientos ocurridos en 2013, con un retraso de 15 das en promedio luego de la ocurrencia de los hechos masivos. Las dificultades ms notorias se presentan en la respuesta a los desplazamientos individuales, en los que el proceso de valoracin supera los 90 das que propone la Ley 1448 de vctimas. En nuestra opinin, lo anterior va en contra de los derechos de la poblacin vctima de desplazamiento forzado.

Se destaca la disposicin de la Personera Distrital de Buenaventura para la atencin a vctimas. Sin embargo, el nmero de funcionarios pblicos para atender las demandas de la poblacin es insuficiente y se requiere que la Alcalda Distrital de Buenaventura aporte un nmero mayor de funcionarios pblicos para su atencin. En Buenaventura no pasan de 20 los funcionarios pblicos que atienden directamente a la poblacin vctima de desplazamiento forzado, en contraste con casi 5.000 personas que se desplazaron en 2013.


FSJ: En su informe de 2012, la SJR argumentaba que: la falta de reconocimiento de las Bacrim como actores del conflicto armado ha resultado en la adopcin de estrategias ineficaces, por parte del Estado colombiano, para combatirlos, as como la falta de reconocimiento de las vctimas. Un fallo de la Corte Constitucional, del 2013, oblig a la Unidad de Vctimas ha incluir en sus programas a desplazados por estos actores. Ha servido este fallo para la atencin de los desplazados internos de Buenaventura?



SJR: El fallo ha servido para la inclusin de la poblacin que acusa ser vctima de estos actores armados, pues buena parte de la poblacin que se desplaz en 2012 ha sido incluida. Sin embargo, en algunos casos los funcionarios pblicos locales y nacionales, desconocen el auto 119 de la Corte Constitucional que reconoce a las vctimas de las denominadas Bandas Criminales.

FSJ: Insisten las autoridades locales y gubernamentales en minimizar la situacin de Buenaventura, a pesar de las nuevas amenazas -a travs de panfletos- a lderes comunitarios de Buenaventura y Dagua, en febrero, y desplazamientos, en enero de 2014?

SJR: No tenemos informacin sobre pronunciamientos de las autoridades en relacin a este tema.

FSJ: Desde su informe de 2012, en qu porcentaje ha aumentado el desplazamiento interno forzado en Buenaventura?

SJR: En 2012 se registraron en eventos masivos casi 6.000 personas desplazadas. En el ao 2013 la cifra alcanz casi 5.000 personas y an no se tienen datos puntuales de los desplazamientos individuales. Se conoce que en promedio, mensualmente se hicieron 250 declaraciones de desplazamiento forzado durante el 2013.


FSJ: Contina el desplazamiento de los habitantes de zonas rurales cercanas al puerto? En qu condiciones y dnde se reubican los desplazados internos de Buenaventura y los que vienen del campo?


SJR: Actualmente, los flujos de desplazamiento forzado en su mayora son de carcter intraurbano. La poblacin desplazada se encuentra dispersa en diversos sectores de la zona urbana de Buenaventura y podra decirse que un nmero importante de la poblacin se reubica en zonas de bajamar, lugares que coinciden con algunos de los megaproyectos de expansin portuaria. El SJR ha identificado que se presentan flujos migratorios, por ocasin del conflicto armado a Chile, Panam, Ecuador, segn versiones de otros equipos del SJR en la regin. Hacia el interior del pas, algunos de los destinos de los desplazados forzados de Buenaventura son Cali, Bogot, Soacha, municipios de Risaralda y, en menor medida, la zona rural de Buenaventura.


FSJ: Estn las ONGs en capacidad de responder a las necesidades de los afectados por esta tragedia y por quienes debera responder el Estado?


SJR: Las organizaciones presentes en Buenaventura responden de acuerdo a sus capacidades de manera subsidiaria y como complemento de la accin del Estado. Es necesario recordar que es precisamente ste quien debe garantizar los derechos de la poblacin desplazada y que la labor que prestan las organizaciones humanitarias responden a su objetivo misional y se desarrolla hasta donde las capacidades operativas y los recursos alcanzan. En ningn caso nuestra accin en los territorios debe leerse como un remplazo a la obligacin del Estado y sus instituciones.

FSJ: Persiste la revictimizacin de los desplazados internos cuando acuden en busca de ayuda. Ha habido algn tipo de capacitacin en derechos humanos y sensibilizacin de funcionarios pblicos para que mejore la atencin a los supervivientes?


SJR: No tenemos informacin sobre este punto.

FSJ: Ha aumentado el nmero de mujeres asesinadas, lideresas, y la desaparicin forzada?

SJR: Segn Personera Distrital en 2012 se presentaron 41 denuncias de desaparicin forzada y 39 denuncias en 2013. En cuanto a asesinatos, en 2012 se presentaron 144, mientras que en 2013 hubo un aumento significativo, elevndose la cifra a 187 de acuerdo con la Personera de Buenaventura. Infortunadamente, no tenemos informacin diferenciada por gnero.


FSJ: En Buenaventura se vive un conflicto armado interno, pero el gobierno no cumple con su obligacin de proteger los derechos humanos de vctimas y supervivientes, contemplados en tratados internacionales, convenciones y la Constitucin colombiana. Qu herramientas jurdicas y colectivas se pueden utilizar para obligar al Estado a hacerlo?


SJR: La Corte Constitucional luego de la sentencia T-025 de 2004 ha desarrollado seguimientos temticos y regionales sobre el problema del desplazamiento. Estos autos de seguimiento han servido como herramientas para la exigibilidad de los derechos de estas vctimas. Asimismo, el Congreso de la Repblica expidi la Ley 1448 de 2011 y Decretos Ley, donde se plantean algunos mecanismos para la reparacin de las vctimas. Sin embargo, el problema mayor -sin considerar que estas normas adems son parciales e insuficientes- es la falta de coordinacin nacin territorio, que ha hecho casi imposible una adecuada implementacin de los planes y programas previstos para esta poblacin. Ante este panorama, las vctimas han tenido que recurrir a algunas herramientas constitucionales como el derecho de peticin o la accin de tutela para exigir sus derechos. Estas herramientas han sido profusamente usadas con estos fines. Infortunadamente, la incapacidad del Estado ha hecho que sea necesario recurrir siempre a ellas para poder acceder hasta a los derechos ms simples.
Por supuesto, tambin las comunidades han buscado formas para manifestar sus preocupaciones y desconciertos mediante acciones colectivas cvicas y pacficas. Una muestra de ello es la marcha realizada el 19 de febrero en el Puerto de Buenaventura contra la violencia.
Hace dos aos el Servicio Jesuita para los Refugiados, en Colombia, public el informe Buenaventura: una crisis humanitaria sin respuesta. Desde entonces, la violencia no ha cesado. Continan las amenazas a los lderes, que resisten pacficamente, y el desplazamiento interno forzado.


FSJ: Cul fue la respuesta del gobierno a los desplazamiento internos forzados del 2013 y los de enero de 2014, en el barrio San Jos?


SJR: La alcalda distrital de Buenaventura y complementariamente la Unidad de vctimas (UARIV) entregaron ayudas inmediatas para responder a los desplazamientos ocurridos en 2013, con un retraso de 15 das en promedio luego de la ocurrencia de los hechos masivos. Las dificultades ms notorias se presentan en la respuesta a los desplazamientos individuales, en los que el proceso de valoracin supera los 90 das que propone la Ley 1448 de vctimas. En nuestra opinin, lo anterior va en contra de los derechos de la poblacin vctima de desplazamiento forzado.

Se destaca la disposicin de la Personera Distrital de Buenaventura para la atencin a vctimas. Sin embargo, el nmero de funcionarios pblicos para atender las demandas de la poblacin es insuficiente y se requiere que la Alcalda Distrital de Buenaventura aporte un nmero mayor de funcionarios pblicos para su atencin. En Buenaventura no pasan de 20 los funcionarios pblicos que atienden directamente a la poblacin vctima de desplazamiento forzado, en contraste con casi 5.000 personas que se desplazaron en 2013.


FSJ: En su informe de 2012, la SJR argumentaba que: la falta de reconocimiento de las Bacrim como actores del conflicto armado ha resultado en la adopcin de estrategias ineficaces, por parte del Estado colombiano, para combatirlos, as como la falta de reconocimiento de las vctimas. Un fallo de la Corte Constitucional, del 2013, oblig a la Unidad de Vctimas ha incluir en sus programas a desplazados por estos actores. Ha servido este fallo para la atencin de los desplazados internos de Buenaventura?


SJR: El fallo ha servido para la inclusin de la poblacin que acusa ser vctima de estos actores armados, pues buena parte de la poblacin que se desplaz en 2012 ha sido incluida. Sin embargo, en algunos casos los funcionarios pblicos locales y nacionales, desconocen el auto 119 de la Corte Constitucional que reconoce a las vctimas de las denominadas Bandas Criminales.

FSJ: Insisten las autoridades locales y gubernamentales en minimizar la situacin de Buenaventura, a pesar de las nuevas amenazas -a travs de panfletos- a lderes comunitarios de Buenaventura y Dagua, en febrero, y desplazamientos, en enero de 2014?

SJR: No tenemos informacin sobre pronunciamientos de las autoridades en relacin a este tema.

FSJ: Desde su informe de 2012, en qu porcentaje ha aumentado el desplazamiento interno forzado en Buenaventura?


SJR: En 2012 se registraron en eventos masivos casi 6.000 personas desplazadas. En el ao 2013 la cifra alcanz casi 5.000 personas y an no se tienen datos puntuales de los desplazamientos individuales. Se conoce que en promedio, mensualmente se hicieron 250 declaraciones de desplazamiento forzado durante el 2013.


FSJ: Contina el desplazamiento de los habitantes de zonas rurales cercanas al puerto? En qu condiciones y dnde se reubican los desplazados internos de Buenaventura y los que vienen del campo?


SJR: Actualmente, los flujos de desplazamiento forzado en su mayora son de carcter intraurbano. La poblacin desplazada se encuentra dispersa en diversos sectores de la zona urbana de Buenaventura y podra decirse que un nmero importante de la poblacin se reubica en zonas de bajamar, lugares que coinciden con algunos de los megaproyectos de expansin portuaria. El SJR ha identificado que se presentan flujos migratorios, por ocasin del conflicto armado a Chile, Panam, Ecuador, segn versiones de otros equipos del SJR en la regin. Hacia el interior del pas, algunos de los destinos de los desplazados forzados de Buenaventura son Cali, Bogot, Soacha, municipios de Risaralda y, en menor medida, la zona rural de Buenaventura.


FSJ: Estn las ONGs en capacidad de responder a las necesidades de los afectados por esta tragedia y por quienes debera responder el Estado?

SJR: Las organizaciones presentes en Buenaventura responden de acuerdo a sus capacidades de manera subsidiaria y como complemento de la accin del Estado. Es necesario recordar que es precisamente ste quien debe garantizar los derechos de la poblacin desplazada y que la labor que prestan las organizaciones humanitarias responden a su objetivo misional y se desarrolla hasta donde las capacidades operativas y los recursos alcanzan. En ningn caso nuestra accin en los territorios debe leerse como un remplazo a la obligacin del Estado y sus instituciones.

FSJ: Persiste la revictimizacin de los desplazados internos cuando acuden en busca de ayuda. Ha habido algn tipo de capacitacin en derechos humanos y sensibilizacin de funcionarios pblicos para que mejore la atencin a los supervivientes?


SJR: No tenemos informacin sobre este punto.

FSJ: Ha aumentado el nmero de mujeres asesinadas, lideresas, y la desaparicin forzada?

SJR: Segn Personera Distrital en 2012 se presentaron 41 denuncias de desaparicin forzada y 39 denuncias en 2013. En cuanto a asesinatos, en 2012 se presentaron 144, mientras que en 2013 hubo un aumento significativo, elevndose la cifra a 187 de acuerdo con la Personera de Buenaventura. Infortunadamente, no tenemos informacin diferenciada por gnero.


FSJ: En Buenaventura se vive un conflicto armado interno, pero el gobierno no cumple con su obligacin de proteger los derechos humanos de vctimas y supervivientes, contemplados en tratados internacionales, convenciones y la Constitucin colombiana. Qu herramientas jurdicas y colectivas se pueden utilizar para obligar al Estado a hacerlo?


SJR: La Corte Constitucional luego de la sentencia T-025 de 2004 ha desarrollado seguimientos temticos y regionales sobre el problema del desplazamiento. Estos autos de seguimiento han servido como herramientas para la exigibilidad de los derechos de estas vctimas. Asimismo, el Congreso de la Repblica expidi la Ley 1448 de 2011 y Decretos Ley, donde se plantean algunos mecanismos para la reparacin de las vctimas. Sin embargo, el problema mayor -sin considerar que estas normas adems son parciales e insuficientes- es la falta de coordinacin nacin territorio, que ha hecho casi imposible una adecuada implementacin de los planes y programas previstos para esta poblacin. Ante este panorama, las vctimas han tenido que recurrir a algunas herramientas constitucionales como el derecho de peticin o la accin de tutela para exigir sus derechos. Estas herramientas han sido profusamente usadas con estos fines. Infortunadamente, la incapacidad del Estado ha hecho que sea necesario recurrir siempre a ellas para poder acceder hasta a los derechos ms simples.
Por supuesto, tambin las comunidades han buscado formas para manifestar sus preocupaciones y desconciertos mediante acciones colectivas cvicas y pacficas. Una muestra de ello es la marcha realizada el 19 de febrero en el Puerto de Buenaventura contra la violencia.



(*) Fernanda Snchez Jaramillo es periodista, magster en relaciones internacionales y sindicalista.


Artculo publicado originalmente en Prensa Rural. Rebelin lo redifunde con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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