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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-02-2014

Qu est pasando en Venezuela?

Simn Rodrguez Porras (PSL)
laclase.info


Las imgenes de miles de manifestantes en las calles de las principales ciudades venezolanas, el despliegue militar y las acciones armadas de grupos civiles, han sido difundidas internacionalmente durante las ltimas dos semanas, acompaadas de las altisonantes denuncias gubernamentales sobre el desarrollo de un golpe de Estado, por un lado, y por el otro las acusaciones de la dirigencia de la oposicin patronal sobre la que consideran una nueva confirmacin de que el rgimen poltico venezolano es dictatorial. Quien intenta comprender la situacin que atravesamos constata que la presentacin de los hechos est tan comnmente mezclada con la propaganda de las facciones en disputa, que resulta difcil asumir posicin crticamente. Podra decirse que dicha situacin en s misma no es nueva, a 12 aos de un golpe de Estado que cristaliz una aguda polarizacin poltica. No obstante, la distancia que separa la situacin actual de la vivida en el 2002 es tal, que realmente en muchos sentidos es su anttesis.

La actual crisis viene antecedida por una victoria electoral del chavismo. Apoyndose en una campaa contra la especulacin en la que intervino algunas cadenas de comercios, fundamentalmente del rubro de los electrodomsticos, el gobierno gan en diciembre el 71,64% de las alcaldas, obteniendo aproximadamente el 49% de los votos, unos nueve puntos porcentuales por encima de la Mesa de la Unidad Democrtica (MUD), la coalicin partidista de la oposicin patronal. La disidencia del chavismo alcanz el 5%, el de la de la MUD poco ms del 2%, y una cifra similar las candidaturas independientes. La MUD haba hecho campaa adjudicndole una connotacin plesbicitaria a la eleccin, y fracas. Sin embargo, fue una victoria chavista relativizada por el agravamiento de la crisis econmica. El ao 2013 cerr con los ndices ms altos de inflacin y desabastecimiento del perodo inaugurado en 1999. La falsa promesa gubernamental de que los llamados precios justos se consolidaran con las intervenciones de comercios ejecutadas antes de las elecciones, se estrell rpidamente contra la realidad. Con el impulso del BCV, que aument la masa monetaria en un 70% durante el ao 2013, el ndice de la inflacin lleg al 56,2%, y nada ms en los meses de noviembre y diciembre, en plena campaa por los precios justos, la inflacin fue del 7%. En cuanto al ndice de desabastecimiento, segn el Banco Central de Venezuela (BCV) el promedio de los aos 2003-2013 fue de 13,3%, pero para enero de 2014, se registraba un desabastecimiento del 28% (26,2% en el rubro de los alimentos). Entre 2012 y 2013 la sobrefacturacin de importaciones sobrepas los 20 millardos de dlares, y Maduro se vio obligado a admitir pblicamente que el gobierno no realiz un control posterior a la asignacin de divisas a las empresas importadoras. Las reservas internacionales cayeron 8.017 millones de dlares durante el ao 2013, para abrir el ao 2014 en 21.736 millones de dlares.

Ante esta situacin, el gobierno emple el capital poltico de su victoria para impulsar negociaciones con la direccin de la MUD con el objetivo de obtener apoyo para las medidas de ajuste que planeaba implementar. Describiendo el zigzagueo caracterstico del chavismo, diez das despus de las elecciones municipales y de su victoria contra el fascismo, Maduro se reuna cordialmente en Miraflores con la mayora de los alcaldes y gobernadores de la MUD, y entre los planteamientos que hizo estuvo el llamado a concertar la implementacin de un aumento al precio de la gasolina, altamente subsidiado. En un comunicado posterior, la MUD apoya el aumento y anuncia que pone a disposicin del Ejecutivo sus recursos tcnicos y polticos para alcanzar el mayor consenso en una materia de tanta significacin para la vida de los venezolanos. (http://www.el-nacional.com/politica/MUD-dispuesta-participar-aumento-gasolina_0_321568006.html). En posteriores reuniones con Maduro y el ministro del Interior, en las que participa el principal dirigente de la MUD, Henrique Capriles, las autoridades regionales y locales intercambian sobre planes de seguridad conjuntos. En los hechos se cierra el impasse abierto con la eleccin presidencial de abril de 2013, cuyo resultado no haba sido reconocido por la MUD.

El 22 de enero, el gobierno anunci una devaluacin del 79% para los rubros de importacin considerados no esenciales, as como los cupos de divisas para viajeros y compras electrnicas, y de esa manera arranc el ajuste. Pese al apoyo recibido de la patronal y la MUD para el aumento de la gasolina, el gobierno aplaz la ejecucin de la medida, preocupado por la reaccin social que podra desencadenar. Antes, el liderazgo ejercido por Chvez permita imponer medidas antipopulares con mucha menor resistencia, por su carisma y prestigio personal ante grandes sectores de la poblacin. Maduro adolece de grandes carencias en este sentido, y tanto las negociaciones con la MUD como la devaluacin recibieron grandes crticas entre los activistas de la base chavista. En las pugnas entre sectores burocrticos del Psuv empezaron a salir pblicamente acusaciones de derechizacin del gobierno.

En cuanto a la MUD, producto de su derrota electoral, se agudizaron las confrontaciones entre facciones. Mientras el ala mayoritaria, encabezada por Capriles y los partidos tradicionales, entr en el carril de la negociacin y las exigencias al gobierno, el ala encabezada por Leopoldo Lpez del partido Voluntad Popular (VP) y la diputada Mara Corina Machado, lanz el 2 de febrero una campaa bajo la consigna "la salida est en la calle", con un acto en la Plaza Brin de Caracas. Es interesante notar que la mayora de las menciones de Lpez en los cables diplomticos yanquis publicados por Wikileaks se refieren a los conflictos que el dirigente de VP ha entablado con otros dirigentes de la oposicin patronal, conocida por sus vnculos con el gobierno de EEUU. Tambin participaron en el acto del 2 de febrero el partido ex maosta Bandera Roja, el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, y el presidente de la Federacin de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens. All anuncian la realizacin de una marcha el 12 de febrero en Caracas. Simultneamente, en la isla de Margarita, un grupo de activistas ligados a esta tendencia, realizaba una protesta de contenido xenofbico contra el equipo de beisbol cubano que particip en la Serie del Caribe. Como parte de esta campaa impulsada por VP, a partir del 4 de febrero se realizan las primeras protestas estudiantiles en San Cristbal y Mrida, ciudades ubicadas en los Andes venezolanos. Presentndose como un sector ms intransigente y radical, VP y sus aliados dentro de la MUD pretenden ganarse la direccin de la coalicin, capitalizando al mismo tiempo la desastrosa situacin econmica y social del pas para ganar adeptos para una salida por la derecha.

Las primeras protestas son acciones en las que participan unas pocas decenas de activistas, y de claro corte provocador, como la accin contra la residencia del gobernador de Tchira o algunas acciones armadas en Mrida. Tambin hubo excesos policiales, por ejemplo, en Mrida la polica hiri de gravedad a un estudiante que no formaba parte de las protestas. Algunos detenidos en San Cristbal fueron trasladados a la crcel de Coro, a 500 kilmetros de distancia. Las principales consignas de esas protestas eran contra la inseguridad, pero en los das cercanos al 12 de febrero, empiezan a plantear directamente la renuncia de Maduro. Por su parte, el Psuv comienza a emplear grupos de choque parapoliciales para disolver las manifestaciones, independientemente de su carcter pacfico o violento, y atacar zonas residenciales. Un ejemplo de estas acciones es la agresin a las residencias Monseor Chacn en Mrida, lugar en el que se realizaba un cacerolazo, resultando heridas dos personas. Las marchas del 12 de febrero, realizadas en 18 ciudades del pas, cambiaron de contenido con respecto a su convocatoria original, convirtindose en movilizaciones por la liberacin de los estudiantes detenidos y en rechazo a las actuaciones represivas policiales y parapoliciales. Sobre todo en el interior del pas, donde el desabastecimiento y la crisis de los servicios pblicos es mucho ms severa que en la capital, las movilizaciones visibilizaron reclamos relacionados con estos temas.

Las dos facciones de la MUD fueron claramente rebasadas por las dimensiones de las movilizaciones, a las que subyace el descontento de grandes sectores de la poblacin por la crisis econmica y las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno. El Psuv realiz algunas concentraciones y marchas el mismo da, de menor magnitud. En Caracas se registraron los hechos que conduciran a un cambio importante en el desarrollo de las protestas. En los alrededores de la Fiscala General, una vez dispersada la marcha que haba partido de Plaza Venezuela, quedaron grupos de estudiantes y activistas que enfrentaron a la polica con piedras y realizaron daos a la fachada del edificio gubernamental. A travs de la polica poltica, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y grupos parapoliciales, se les reprimi a tiros, con el saldo de dos personas asesinadas, un joven que recibi un disparo por la espalda, Bassil Da Costa, y Juan Montoya, un polica del municipio Libertador que formaba parte de uno de los grupos parapoliciales que intervena en la protesta. Segn familiares y allegados a Montoya, un funcionario le dispar. Posteriormente, en otra zona de la capital, uno de los manifestantes que auxili a Da Costa, Roberto Redman, fue asesinado. Desde una motocicleta, civiles dispararon una rfaga que alcanz a Redman y a cinco personas ms que resultaron heridas. Esa misma noche, el coordinador de medios de Provea, una organizacin de defensa de los derechos humanos, fue secuestrado en un retn policial en una calle del oeste de Caracas, por hombres armados sin uniforme que se presentaron como agentes del Sebin, quienes le quitaron el telfono mvil, y luego de golpearlo y amenazarlo de muerte durante un par de horas lo liberaron.

El diario ltimas Noticias, cuya lnea editorial es favorable al chavismo, public un trabajo de investigacin en el que documenta ampliamente la actuacin del Sebin en los alrededores de la Fiscala y la realizacin de disparos contra un grupo de manifestantes que corre alejndose de los agentes, en el momento en que cae Da Costa (http://laclase.info/nacionales/tiro-limpio-repelieron-manifestacion-del-12f). Inicialmente el presidente Maduro responsabiliz a los manifestantes de las muertes, y asegur que en el pas se estaba aplicando un libreto similar al golpe de Estado de 2002, pero luego asegur que los agentes del Sebin actuaron motu proprio, y destituy al jefe del cuerpo represivo. Sin dudas, las actuaciones del gobierno y los grupos parapoliciales el 12 de febrero marcaron un punto de inflexin, desatando protestas a una nueva escala, a pesar de que Maduro anunciara esa noche que no se permitiran las marchas que no contaran con autorizacin del gobierno.

Al momento de escribir estas lneas, en las protestas posteriores al 12 de febrero han muerto seis personas ms, se estima que casi doscientas personas han sido heridas de bala y perdigones, la mayora como resultado de las acciones de los grupos parapoliciales y la GNB, mientras que unas cuarenta personas se encuentran privadas de libertad. Existen numerosas denuncias relacionadas con torturas y tratos vejatorios por parte de los cuerpos policiales y militares que estn interviniendo en las detenciones. Pese a la militarizacin de San Cristbal y Mrida, las protestas continan, y varias zonas de estas ciudades han sido bloqueadas por barricadas.

La mayor parte de la informacin referida a las protestas circula por medios electrnicos, mientras que los canales de televisin privados y estatales observan un acuerdo con el gobierno de no transmitir informaciones en directo sobre las protestas, ni imgenes que la Comisin Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) considere que incitan a la violencia. Por dificultades para acceder a las importaciones de papel, la mayora de los diarios privados han reducido de manera importante el nmero de pginas, y algunos diarios regionales han salido de circulacin, adems de ello los propietarios de muchas publicaciones privadas se han alineado con el gobierno, lo que ha llevado a trabajadores de la prensa, como en el caso de la Cadena Capriles, a realizar asambleas para oponerse a las lneas editoriales de los dueos de los peridicos y la restriccin del derecho a la informacin. El gobierno incluso ha sacado de los servicios de televisin por cable y satelital a canales internacionales que informan sobre la situacin venezolana.

El gobierno apela al expediente de presentarse como vctima de un golpe de Estado en curso y compara la situacin actual con la de abril de 2002. Sin embargo, esta comparacin no se puede sostener racionalmente. No hay pronunciamientos contra el gobierno ni deserciones en las fuerzas armadas, cuyos mandos medios y superiores se encuentran cohesionados alrededor del gobierno y del sector burgus que dirige el Estado, constituido fundamentalmente por los nuevos ricos conocidos popularmente como boliburgueses, una buena parte los cuales son a su vez militares. La mayor parte de la dirigencia de la MUD no acompaa la campaa de la salida impulsada por VP, y ha polemizado pblicamente con Lpez. La agremiacin patronal Fedecmaras no est llamando a paralizaciones, tampoco la burocracia sindical adicta a la MUD. En plena crisis, el mayor capitalista del pas, Gustavo Cisneros, anunci su apoyo al gobierno, mientras que la transnacional Repsol firm un acuerdo de financiamiento a Pdvsa por 1200 millones de dlares. La dirigencia de la Iglesia Catlica no ha tenido un rol beligerante, ms bien viene apoyando los planes de pacificacin del gobierno. Maduro ha venido acercando posiciones con el gobierno de EEUU y hace menos de un ao se reunan el canciller Jaua y el Secretario de Estado John Kerry, para anunciar la intencin de recomponer las relaciones diplomticas entre los dos pases. La entrega de Lpez a las autoridades, que ordenaron su captura responsabilizndolo por los muertos del 12 de febrero, resulta difcil de inscribir en la lgica de un inminente asalto militar del poder. Ms all de que toda la dirigencia de la MUD, tanto el ala de Capriles como la de Lpez, estuvo involucrada en el golpe de 2002, y que la burguesa opositora cuenta con el golpe de Estado como parte de su repertorio, objetivamente no existe ningn indicio de que se est llevando a cabo en estos momentos. En cambio, hoy son verificables los recortes a las libertades democrticas por parte del gobierno, con la coartada que le proporciona la propaganda antigolpista. De ah que la principal tarea de la izquierda y las organizaciones sociales sea oponerse a este ataque a las libertades democrticas, sin dejar por ello de advertir que la MUD no representa una alternativa poltica que conduzca a la superacin de los problemas que aquejan a la mayora de la poblacin.

El empleo de fuerzas parapoliciales por parte del gobierno para disolver protestas es un recurso en extremo reaccionario que debe ser enfrentado. Los mecanismos de la censura, por la va de acuerdos entre el gobierno y los propietarios de medios o de la coaccin, implican igualmente un ataque al derecho a la informacin. Se evidencia claramente la incompatibilidad de este derecho con la propiedad privada de los medios de comunicacin y con la administracin burocrtica de los medios estatales. El Sebin, cuerpo represivo con un largo historial de violacin de los derechos humanos, desde su creacin bajo las siglas de la Disip en 1969, debe ser disuelto y abiertos los archivos de la represin para su conocimiento pblico. Todas las personas detenidas por protestar deben ser liberadas, y se debe realizar una investigacin con participacin de organizaciones de derechos humanos sobre la represin y los asesinatos perpetrados por grupos policiales, militares y parapoliciales en el marco de las protestas. Ms all de las protestas, los juicios abiertos a ms de trescientos trabajadores, campesinos e indgenas por protestar deben cerrarse. Estas son reivindicaciones democrticas que todo aquel que se reivindique demcrata o revolucionario debe levantar, y contraponerlas a la doctrina de seguridad nacional esgrimida por Maduro para colocar los intereses del Estado por encima de los derechos sociales.

A medida que pasan los das, se extienden las expresiones de protesta, fundamentalmente a travs de los cacerolazos, a los sectores populares de Caracas y otras ciudades del pas, en barrios que durante mucho tiempo fueron bastiones del chavismo. Ello da cuenta de que el malestar con el ajuste que el gobierno aplica y que pesa sobre las mayoras empobrecidas, rebasa nuevamente a una direccin de la MUD que no dice nada al respecto. Evidentemente, la MUD no puede proponer nada en este sentido, por sus compromisos con la patronal, con el capital transnacional, y con los gobiernos imperialistas de EEUU y Europa.

Levantar una agenda de reivindicaciones sociales y econmicas, adems de las de corte democrtico, es una tarea que solo pueden cumplir las organizaciones sociales y de izquierda no alineadas con el gobierno o la MUD. En un artculo titulado Venezuela, el cantautor panameo Rubn Blades llam a los estudiantes venezolanos a que se organicen al margen de la divisin estril creada por gobierno y oposicin y aclaren que no aceptarn como nicas alternativas, las propuestas por los dos bandos en disputa. Tristemente, hoy el movimiento estudiantil ha sido copado por la oposicin patronal al gobierno, sin embargo existen organizaciones polticas, entre ellas el Partido Socialismo y Libertad (PSL), que a contracorriente intentan visibilizar una perspectiva autnoma ante la crisis, tanto en el movimiento estudiantil como en el movimiento obrero y popular.

El desastre econmico y social ha disipado el espejismo del proyecto chavista. La pretensin de superar los problemas estructurales de nuestro pas dentro del marco capitalista, apostando al rol protagnico de burgueses nacionalistas, militares y un partido corporativo, ha fracasado y se encuentra en una etapa de avanzada descomposicin. Los programas de asistencia social implementados luego de la derrota del golpe de 2002, tocaron techo y entraron en una dinmica recesiva a partir de 2007. Avanza la corporativizacin de las organizaciones sociales, se fortalece un entramado legal que restringe el derecho a la huelga y a la protesta, y se aprecia un empleo cada vez mayor del aparato represivo y administrativo para dirimir los conflictos sociales, poltica de la cual han sido claros ejemplos el encarcelamiento del cacique yukpa Sabino Romero y del sindicalista Rubn Gonzlez entre 2009 y 2011, y la reciente detencin de diez trabajadores petroleros que participaban en una asamblea en la Refinera de Puerto La Cruz, incluyendo al secretario general de la Federacin Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv), Jos Bodas. A ello se suma una debacle econmica de la que no obstante salen bien librados los sectores transnacionales enclavados en la industria petrolera, la banca privada y el comercio importador, de todo esto el corolario es que la utopa reaccionaria de un socialismo con capitalistas, ha rodado por el suelo. Corresponde a la izquierda revolucionaria rescatar las banderas del socialismo que el chavismo utiliz para sus propios fines.

Segn las cifras oficiales, ms de nueve millones de personas, la tercera parte de la poblacin, viven en condiciones de pobreza. Casi tres cuartas partes de los trabajadores del sector pblico ganan salarios por debajo del costo de la canasta bsica, y se requieren ms de dos salarios mnimos para cubrirla. nicamente en el sector militar los aumentos salariales son superiores a la inflacin. Indudablemente, la clase trabajadora puede jugar un rol decisivo para enfrentar la poltica econmica del gobierno, derrotar la regresin democrtica y levantar exigencias como un aumento general de sueldos y salarios, un salario mnimo igual a la canasta bsica, la eliminacin del IVA, la nacionalizacin de la industria petrolera, sin empresas mixtas ni transnacionales; una reforma agraria que garantice el aumento de la produccin agrcola y el acceso a la tierra para quienes la trabajan, el rescate de las empresas bsicas de Guayana y las industrias adquiridas por el Estado, apoyar las exigencias territoriales de los pueblos indgenas, que se declare la suspensin de los pagos de la deuda externa, y la derogacin de los tratados contra la doble tributacin suscritos con EEUU y otros pases, instrumentos que permiten a las transnacionales evadir ms de 17 millardos de dlares en impuestos anualmente. El PSL est impulsando un encuentro de organizaciones sindicales y populares para discutir en Caracas durante los primeros das de marzo una agenda unitaria de reivindicaciones, as como un plan de movilizacin. Los trabajadores, los estudiantes y los sectores populares tienen la posibilidad de elevar su propia voz y resistirse a ser carne de can del gobierno o la MUD.

Fuente: http://www.laclase.info/teoria/que-esta-pasando-en-venezuela



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