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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-03-2014

Titanes en el ring

Daniel Papalardo
Rebelin


Por este tiempo, aprovechando que fue mencionado en el discurso de la presidenta, se mediatiz la discusin en torno a la necesidad de reforma o no del Cdigo Penal Argentino. Como es de esperar inmediatamente se adoptaron diversos posicionamientos, que van, desde los discursos pblicos del cerrado grupo de integrantes de la comisin que redact el borrador que circula pblicamente, hasta los acrrimos enemigos, que reencarnan una nueva edicin del relato del falso ingeniero Blumberg (usurpador de ttulo?) sobre la base de la defensa social y la justificacin de la pena como reaccin puramente vindicativa del Estado y residual elemento de prevencin general del delito.

El desenvolvimiento del debate adquiere mltiples facetas, pero es posible hacer una sntesis, que en cierta forma se ve forzada por el formato meditico que se le ha dado a la cuestin, y que intencionalmente ubica un discurso acadmico, corporizado por los creadores del borrador del proyecto y otro grupo de anclaje en la realidad, corporizador de los deseos de la gente, que no trepida incluso en acudir nuevamente a los familiares de las vctimas de hechos lamentables como interlocutores exclusivamente vlidos en la cuestin.

Los acadmicos han quedado as encerrados en su propio discurso, pues la primer reaccin fue en trminos generales, la de mandar a estudiar a sus oponentes, olvidando que el Cdigo Penal es un instrumento poltico del Estado, y como tal, una cuestin que trasciende lo jurdico, para ubicar la discusin en el terreno necesario de la relacin de mando-obediencia, que es la matriz de ese escenario. En otras palabras, el problema no se discute desde el texto de un artculo, sino desde la definicin misma de si es necesario o no un nuevo cdigo penal, y en su caso con qu objetivos, cuestin que sin duda no puede ser resuelta en las universidades, ni en los posttulos acadmicos financiados por el propio poder, ni tampoco por cinco o seis iluminados reunidos en comisin.

Los ilustres se sienten cmodos en los circuitos cerrados retroalimentados, pero la realidad pasa por fuera de esos mbitos y genera un discurso que cuestiona ese relato desde anlisis con base en el mal llamado sentido comn, donde se parapeta la construccin poltica, de los grupos que aspiran a hacerse del poder Estatal para beneficiar a la concentracin econmica que nunca aparece en escena. Por eso, la primera reaccin de los ilustres, es el fastidio y acciones que suponen la misma conducta que se reprocha en el opositor, esto es, el rechazo del otro intentando descalificarlo por ignorante mandndolo a estudiar. Sin embargo, se ver que ello oculta un factor: lo que se ordena estudiar es el discurso del mandante, aceitado en los mbitos universitarios, y en la tendencial bsqueda de algn pronunciamiento judicial que los vaya recogiendo.

Pero insistimos, eso es un discurso, eso no es lo real. Lo cierto, tangible y palpable es que en los sectores medios de la sociedad, e incluso en el de la clase trabajadora de ms alta remuneracin, est instalado un relato inverso, de modo tal que el oponente, lejos de estudiar, propone contar cantidades, es decir, hacer una compulsa de opinin, saber que ese es su territorio y no el de la academia autoreferenciada.

En ambos casos, creemos que lo que se pierde de vista, es que el problema social, que adquiere captacin ideolgica dentro de la construccin jurdica del delito, a travs de un Cdigo Penal y su correlato en el terreno sociolgico y poltico de lo que se da en llamar seguridad, presentado con una modalidad que trasciende a la experiencia y se constituye en un valor en s mismo, en tanto significante de muchos mandatos y confrontaciones, no puede plantearse, sino en funcin de un proyecto de transformacin social profunda, con la base de consenso social adecuada. En otras palabras, no existe otra posibilidad con aspiracin superadora del problema, que el trabajo combinado y dialctico entre universalidad terica y proyecto poltico transformador.

Desde la objetividad de la experiencia realizada en el tiempo, debe decirse que las tentativas de limitar el poder represivo del Estado, mediante criterios normativos localizados en un plano legal-infraconstitucional (funcionalismo); o fuera de aqul marco legal pero dentro del plexo constitucional (garantismo e iluminismo) resultan infructuosas en todos los casos. En tanto, provienen de un poder ya constituido e ingenuamente demandan que ese poder ya institucionalizado limite sus propias facultades represivas, mediante su propia voluntad.

La ofensiva del discurso con anclaje en la idea del combate al delito y el eje conceptual en el valor seguridad, asumida por amplio espectro del sector poltico, que aparenta poner en retirada la iniciativa pre-legislativa hace de la idea seguridad una construccin intelectual situada conceptualmente, en tanto valor, en una experiencia no realizada y por ende deseable. Vista de esa manera la idea de paz social y seguridad ciudadana pertenece a ese mundo, en tanto ideal, esto es, en tanto valor absoluto no materializado en la existencia, de la que solo es posible esperar, en el mejor de los casos y por definicin, un reflejo en la sociedad concreta, en la que la existencia de un instrumento penal represivo, con amplia expansin, resulta herramienta necesaria e ineludible en pos de ese objetivo.

Ese discurso ideolgico oculta decir que la manifestacin negativa del fenmeno, esto es, su contrario, la inseguridad, no reconoce otro vnculo causal que los epifenmenos que son propio de la lgica de desarrollo del modelo capitalista de produccin y de las relaciones sociales que este engendra, de manera tal que pensar la seguridad como valor abstracto y objetivo alcanzable en con orden, paz y progreso social, implica en todos los casos la necesidad de reprimir las manifestaciones negadoras de ese fenmeno, que en lo cotidiano lo controvierten, por va de la represin punitiva. Reprimir sera algo as como actuar en lo concreto para que la idea se refleje en la realidad de ese modo y no como su negacin, la inseguridad. Esto no es otra cosa que dar entidad a lo que no lo tiene, ni lo ha tenido en el desarrollo histrico, en tanto la conflictividad es de la esencia del devenir, que es en s, lo nico sobre lo que puede predicarse el ser. Pensar en una sociedad de orden y paz, es imaginar, la imposibilidad del cambio. Repudiar el conflicto, sin avanzar sobre su gnesis y desarrollo, apelando a una nocin metafsica, vaca de contenido material, como lo es la seguridad en tanto idea absoluta, no es otra cosa que un artificio cultural, destinado a la justificacin del castigo y a la reproduccin de las relaciones sociales capitalistas, por va de la consagracin indirecta de la necesariedad del Estado, artfice a travs de sus agencias especficas, de la violencia legitimada.

En esto, es claro Gunter Jakobs, cuando nos dice que "el derecho tiene la misin de garantizar la identidad de la sociedad. Eso ocurre tomando el hecho punible en su significado, como aporte comunicativo, como expresin de sentido y respondiendo ante l como defraudacin de una expectativa normativa - La pena es la declaracin de que ello no es as, que, antes bien, la conducta defraudadora no integra, ni antes ni ahora, aquella configuracin social que hay que tener en cuenta. Cuando la sociedad pena, se rehsa a concebir un cambio en su configuracin, antesbien, se mantiene firme en su status quo, en contra de la propuesta de cambio. Al igual que una persona rechaza una propuesta que no encaja en su forma de ser, ratificando de ese modo su forma de ser, as tambin la sociedad rechaza la propuesta de abandonar la expectativa defraudada, ratificando as su identidad (Problemas capitales del derecho penal moderno, pg. 34.edit Hammurabi)

As las cosas, lo importante es que el debate en s es lo ms parecido a lo que de nios vimos como Titanes en el Ring, dos luchadores que pretenden luchar, pero en realidad montan un espectculo, en tanto no presenta una lucha de contrarios, sino dos modalidades de dominacin y control social. Por eso quien se embandere con el borrador del proyecto, tendr necesariamente que advertir, que el cambio est movido, ms bien, por una nueva justificacin moral o poltica del derecho de castigar, que por un acercamiento a la restriccin a grado mnimo del poder punitivo y la determinacin de la responsabilidad penal, siendo los efectos morigerantes o suavizadores de las penas, una consecuencia de nuevas tcticas de poder y de nuevos mecanismos penales, en los que invariablemente subyace la dialctica control-castigo.

Hay entonces una nueva economa del poder punitivo con pretensin de posibilitar una mejor acumulacin y reproduccin de ese mismo poder de clase. La finalidad no es castigar menos, sino castigar mejor, esto es, castigar con ms universalidad y necesidad, introducir el poder de castigar ms profundamente en el cuerpo social, de modo tal que este aparezca fundado y razonado. As se pretende fijar nuevos principios con este fin que disminuyan los costos econmicos y polticos aumentando la eficacia penal.

La verdadera aspiracin de los reformadores es encontrar una nueva fundamentacin consensuada a la pena, de la que carece en la actualidad, adoptando el problema an en la instancia previa del camino legal para su imposicin a un sujeto. As, la sociedad disciplinaria, imaginada por el proyecto de nuevo cdigo penal, como por el modelo de enjuiciamiento sugerido por los gobernantes normales de la provincia de Santa fe, persigue el objetivo de la correccin y la disciplina.

La idea subyacente es la fundamentacin consensuada del castigo por va de la exposicin pblica del caso, y la pretendida paridad de armas en una simblica contienda en donde el Estado se oculta tras las figuras emblemticas del juez y el fiscal que resultan en definitiva una nica y misma entidad, que se proyecta peligrosamente con la extensin proporcionalmente relevante de la defensa pblica, en tanto aparato no autnomo, finalmente integrante de ese mismo Estado.

El pas normal oculta que considera al hombre inmerso en un comportamiento social conflictivo, como un actor que violenta el pacto social, y que por ello debe ser considerado un enemigo. Violando sus leyes deja de ser uno de sus miembros; y aun se puede decir que le hace la guerra. En tal caso la conservacin del Estado es incompatible con la suya; fuerza es que perezca en el sistema carcelario. El proceso y la sentencia son las pruebas y la declaracin de que ha roto el pacto social y de que por consiguiente ya no es un miembro del Estado.

El derecho penal entendido en estos trminos, se vuelve una manera reglamentada de hacer la guerra, y debido a que ste se basa en procedimiento que regula el modelo de enjuiciamiento y un sistema de pruebas, el derecho sera la forma ritual de la guerra, que diluyendo el poder represivo en diversos rganos, incluso privatizado, lo difuma diluyendo la responsabilidad y consensuando su aplicacin en el medio social.

La sociedad poltica instrumentaliza el tema de la delincuencia y le asigna valores dependiendo de su conveniencia. Se hace de los sectores intermedios de la sociedad, e incluso de los trabajadores incorporados al sistema laboral un sujeto moral, que se moraliza para separarlo de la delincuencia y as justificar el desarrollo defensista frente al enemigo interno. De esa forma, puesto en el lugar del otro, el hombre al que se le asigna el rol social del delincuente es controlado, seguido, castigado, reformado, etc.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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