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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-04-2014

Rajoy y Mas camino a la perdicin, las Fuerzas Armadas

Arturo Maira Rodrguez
Rebelin


El estado de la poltica en Catalua y en el Estado Espaol, est derivando peligrosamente hacia situaciones cada da ms alejadas de las soluciones dialogadas y negociadas que exigira de sus polticos cualquier ciudadano razonable.

Lo menos deseable, democrtico y civilizado, la va de la intervencin militar, aparece nebulosamente en el horizonte como una terrible e indeseable amenaza otoal. Veamos porqu:

1.-La Generalitat de Catalua presenta como objetivo irrenunciable de su accin poltica la Convocatoria de una consulta o referndum soberanista sobre el derecho de los catalanes a decidir.

2.-El Gobierno espaol seala el suyo: que no se celebre la consulta o referndum.

3.- Ninguno de los dos gobiernos, por una razn o por otra, cumplen con su obligacin ms indeclinable; negociar con todas sus energas una solucin poltica dialogada buscando un futuro aceptable para todos.

4.- Qu puede hacer el Presidente de la Generalitat para llevar a cabo la consulta soberanista.

Cualquier va por la que opte el Gobierno o el Parlamento de la Generalitat: peticin de cesin de competencias en virtud del Art 150.2 de la Constitucin, decreto o proposicin de Ley, acuerdo de la Cortes catalanas etc., tendr una respuesta negativa por parte del gobierno del Estado y de las Cortes Generales.

Parece previsible que la Convocatoria se realice directamente por la Generalitat, sin la autorizacin del Estado.

5.- Qu puede hacer el Gobierno de Rajoy para impedir la celebracin de la consulta

5.1 Antes de la convocatoria de la consulta:

El Gobierno no delegar funciones en la Generalitat de Catalua para convocar un referndum secesionista. (Art 150.2 de la C.E.).

Si el Gobierno cataln no pide autorizacin al Estado para llevar a cabo la consulta soberanista, el Gobierno espaol puede solicitar de nuevo al Tribunal Constitucional la suspensin de los artculos al efecto, de la Ley de Consultas populares catalana (Ley del Parlamento de Catalua 4/2010).

5.2 Una vez convocada la consulta

- Recurrir la convocatoria ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia de Catalua por inconstitucionalidad y conflicto de competencias.1

El Tribunal Constitucional decretara la suspensin de la convocatoria. Si no se suspende, se incurrira en ilegalidad y desobediencia al Estado.

- Suspensin de la Autonoma de Catalua por acciones ilegales en contra de la Constitucin y de la Autonoma de Catalua en aplicacin del Art 155.1 de la Constitucin:2

Si una Comunidad Autnoma no cumpliere las obligaciones que la Constitucin u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al inters general de Espaa, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autnoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobacin por mayora absoluta del Senado, podr adoptar las medidas necesarias para obligar a aqulla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la proteccin del mencionado inters general.

-Actuacin por va penal contra el Presidente de la Generalitat.

Si el Presidente de la Generalitat insiste en celebrar la consulta, la Fiscala General del Estado le podra acusar de un delito de prevaricacin o desobediencia al Estado y ser inhabilitado para el ejercicio de la poltica. (Artculos 404 y 410 del Cdigo Penal).

6.- Parece bastante claro que las leyes actuales no permiten la celebracin de una consulta o referndum soberanista en Catalua sin la autorizacin del gobierno espaol o de las Cortes Generales.3

Pero parece muy probable tambin que ninguno de los dos presidentes, de la Generalitat de Catalua y del Gobierno espaol, vayan a modificar sus respectivas posturas, de realizar y de impedir la consulta soberanista.

En ltima instancia, si estas posturas no se modifican, y si el Presidente de la Generalitat hace caso omiso de las resoluciones legales, se llegar a un conflicto de poderes. Cmo se resolver?

El apartado 2 del Art 155 de la Constitucin dice en relacin con el apartado 1 del mismo artculo:

Para la ejecucin de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podr dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autnomas"

Y si ests instrucciones no son cumplidas por las autoridades catalanas? Aparentemente solo quedara la va de la fuerza. Cmo se implementara?

La va ms expeditiva y la ms directa y probable es la declaracin del Estado de sitio.

La Ley Orgnica 4/1981 de los estados de alarma, excepcin y sitio dice:

Artculo primero.

Uno. Proceder la declaracin de los estados de alarma, excepcin o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes.

Podra declararse el estado de excepcin:

Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democrticas, el de los servicios pblicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden pblico resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo, y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del articulo ciento diecisis de la Constitucin podr solicitar del Congreso de los Diputados autorizacin para declarar el estado de excepcin.

El estado de excepcin sin embargo basa su eficacia en la suspensin de determinados derechos y libertades mencionados en el Art 55 de la Constitucin. Son los reconocidos en los artculos 17 (exceptundose su apartado 3); 18, apartados 2 y 3; artculos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5; artculos 21, 28, apartado 2, y artculo 37, apartado 2.

Se refieren al derecho a la libertad personal, derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, libertad de residencia, libertad de expresin, derecho de reunin, libertad de sindicacin y de convenios y conflictos laborales.

Ninguna de estas limitaciones a las libertades de los individuos y colectivos impondra por si misma el poder del Estado espaol en Catalua.

Se optara con toda probabilidad por la declaracin del estado de sitio.

De acuerdo con la Constitucin:

El estado de sitio ser declarado por la mayora absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinar su mbito territorial, duracin y condiciones.

La Ley Orgnica 4/1981 de los estados de alarma, excepcin y sitio dice:

Artculo treinta y dos.

Uno. Cuando se produzca o amenace producirse una insurreccin o acto de fuerza contra la soberana o independencia de Espaa, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuatro del articulo ciento diecisis de la Constitucin podr proponer al Congreso de los Diputados la declaracin del estado de sitio.

Artculo treinta y tres.

Uno. En virtud de la declaracin del estado de sitio el Gobierno que dirige la poltica militar y de la defensa de acuerdo con el articulo noventa y siete de la Constitucin asume todas las facultades extraordinarias previstas en la misma y en la presente ley.

Dos. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior el Gobierno designar la Autoridad militar que bajo su direccin haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera.

Artculo treinta y cuatro.

La Autoridad militar proceder a publicar y difundir los oportunos bandos, que contendrn las medidas y prevenciones necesarias de acuerdo con la Constitucin, la presente ley y las condiciones de la declaracin del estado de sitio.

7. Qu harn las Fuerzas Armadas en Catalua?

Asegurar el poder del Estado, tomando el control de todas las dependencias de la Generalitat, el Parlamento cataln, los medios de difusin pblicos, las instalaciones estratgicas pblicas o privadas de energa y de transporte. Detendrn y pondrn a disposicin de la justicia a todos aquellos que se hayan opuesto o se opongan a su mandato.

8.-Es decir, el nacionalismo espaol petrificado y ablico de Rajoy, y el desafo nacionalista y terco de Mas nos estn llevando a una situacin sin salida poltica alguna, que no solo crear problemas profundos en el futuro mas inmediato, sino que cerrar todas las vas de acuerdo de Espaa y Catalua durante generaciones.

Notas:

1 Como ya se hizo en relacin con un Proyecto de ley de consulta popular sobre el futuro del Pas Vasco en 2008. El Tribunal Constitucional declar la inconstitucionalidad de la ley vasca por invadir competencias exclusivas del Estado.

2 La suspensin de la Autonoma no est clara legalmente. No lo indica textualmente el artculo 155.1 de la Constitucin.

3 Esto est mucho ms claro a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional del veinticinco de marzo de dos mil catorce.

Arturo Maira Rodrguez. Capitn de Navo de la Armada retirado.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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