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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-04-2014

Las condiciones jurdicas y polticas constitucionales sobre recursos naturales y minera
Despojamiento y desposesin extractivista imperial

Ral Prada Alcoreza
Rebelin




En el ltimo periodo, vale decir, en la segunda gestin del gobierno reformista hemos escuchado en los discursos oficiales aludir y referirse incansablemente a la Constitucin. Lo que importa no es la alusin, ni el acudir al nombre de la Constitucin, ni siquiera el repetir memorsticamente los enunciados generales constitucionales. De lo que se trata es saber si la composicin, la estructura, la concepcin constitucionales se cumplen, se aplican, se realizan. Lo que importa es evaluar si el espritu constituyente, la voluntad del constituyente, la voluntad de las luchas sociales desplegadas, luchas que abrieron el proceso y el horizonte constituyente, se efectiviza; no solamente en el llamado desarrollo legislativo, que debera ser fundacional, sino efectivamente, en las prcticas polticas, vale decir, como mecanismos de transformacin institucional y estructural. Precisamente, en esta revisin de la aplicacin de la Constitucin es donde se hace patente el gran contraste entre La Constitucin y el desarrollo legislativo conducido por el gobierno, entre la Constitucin y la gestin de gobierno, la gestin pblica, la gestin administrativa, la gestin legislativa, as como la gestin de control por parte del Estado; faltando con toda evidencia el ejercicio de la democracia participativa, pluralista, directa, comunitaria y representativa.

Los rganos de poder del Estado han contravenido sistemticamente a la Constitucin, vulnerando su estructura normativa y conceptual constitucional. Las que deberan ser leyes fundacionales del nuevo Estado, plurinacional, comunitario y autonmico, no son otra cosa que leyes restauradoras del viejo Estado-nacin. Ante semejante contraste, ante evidentes contradicciones entre la prctica gubernamental, legislativa, jurdica, electoral, respecto a los mandados constitucionales, el oficialismo ha optado por explayarse en una discursividad demaggica, sin contenido, sin ningn sostenimiento argumentativo, tampoco sin ninguna corroboracin por parte de los hechos polticos y jurdicos. El gobierno ha optado por la simulacin y la propaganda, por el teatro poltico y la impostura, pretendiendo, con el uso descomedido, del apabullante y desmesurado aparato ideolgico, convencer a la gente de lo que no ocurre, en realidad. Asistimos a un incremento de los contrastes y las contradicciones, a la exacerbacin de la propaganda y la publicidad, acompaando la expansin y el dominio de acostumbradas prcticas de poder, cuestionadas por el pueblo, por las movilizaciones, por los postulados de los movimientos sociales; postulados inscritos en las finalidades del proceso de cambio. Asistimos a la reaparicin de las formas ms grotescas del ejercicio de la poltica, del ejercicio del poder, desatando, incluso, ms que antes, las artes dolosas de las manipulaciones. En este panorama desolador, emerge, de estas condiciones corrosivas, el monstruo de mil cabezas de la corrupcin, incluso ms expansivamente e intensivamente que antes. La corrupcin se ha democratizado y popularizado, destruyendo las bases morales de la sociedad, quebrando sus estructuras y relaciones de cohesin. Toda esta marcha vertiginosa de sucesos destructivos del entusiasmo de la gente, toda esta descomposicin de lo que llamaremos fue, en un principio, al calor de las luchas y como efluvio de los combates concluidos, el proyecto descolonizador y transformador del Estado y la sociedad, termina pariendo un sntoma alarmante del derrumbe del proceso de cambio, la Ley Minera. Este sntoma muestra el desmoronamiento del proceso en su fase terminal. Despus de esta Ley podemos decir: El proceso de cambio ha muerto, que en paz descanse.

Para ilustrar el gran contraste y la profunda contradiccin entre esta Ley Minera y la Constitucin, haremos una exposicin del Ttulo II de la Constitucin, Medio Ambiente, Recursos naturales, Tierra y Territorio; Ttulo donde se encuentra el Captulo Cuarto sobre Minera y Metalurgia.





La condicin constitucional de los recursos naturales

El artculo 342 comienza su exposicin con un mandato categrico claro: Es deber del Estado y de la poblacin conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, as como mantener el equilibrio del medio ambiente. La claridad esta en sus determinaciones, conservar, proteger y aprovechar; tambin en el carcter de estas acciones; dice que hay que hacerlo de una manera sustentable, apuntando a la finalidad ecolgica de mantener el equilibrio de los ecosistemas. No hay donde perderse; por qu los responsables de la elaboracin de la Ley Minera no tomaron en cuenta este artculo? Por qu la Cmara de Diputados se olvid abiertamente de este artculo? Por qu los ministros y ex-ministros involucrados se hacen a los desentendidos? Por qu el vicepresidente aparece avalando la Ley Minera y apuntando a la revisin de un solo artculo, el 151, de la Ley en conflicto? No leyeron la Constitucin? Les dio amnesia? Los diputados que aprobaron la Ley la leyeron o slo levantaron las manos? Slo el presidente, el ministro de la presidencia y el actual Ministro de Minera, se expresaron abiertamente, calificando, prcticamente a la Ley y a todo lo que conlleva, como traicin a la patria, comprendiendo tambin a ncleos de funcionarios, comprometidos en ilegales, ilegtimos e inconstitucionales contratos. Sin embargo, lo dicho por el presidente no se acata, quien invita a comenzar de foja cero la elaboracin de otra Ley Minera, que se base, respete y se formule desde la Constitucin; convocando al pueblo, a los sectores, a las instituciones y organizaciones, a participar en la formulacin de dicha Ley. Insubordinacin? Desobediencia? La palabra del presidente no tiene importancia a la hora de tomar las decisiones operativas? Qu es lo que ocurre al interior del Estado? Qu es lo que ocurre al interior del gobierno? Quin gobierna?

Todos estos sucesos, su secuencia dramtica, son graves; empero, nadie reacciona. Las organizaciones sociales adormecidas y domesticadas callan; sin embargo, se comprometen, por su silencio cmplice, con esta traicin a la patria. Los medios de comunicacin slo informan; pero, ocurre como si no se inmutaran de la gravedad de lo que acaece. Estamos ante un pueblo aletargado y una sociedad adormecida; pueblo conformado con lo que ha conseguido, aplastado por la inclinacin conservadora de apoyar sin crtica a un gobierno, que todava les aparece como criatura suya. Olvidando que, siendo esta criatura suya, tiene el pueblo ms responsabilidad por vigilar y controlar la conduccin de un gobierno, que se reclama responder a los movimientos sociales; gobierno atrapado en la trama del poder. Ante estas condiciones desastrosas, calamitosas y destructivas, que muestran a un pueblo impvido, a organizaciones sociales domesticadas, tal parece que la traicin a la patria se va a materializar, adems con beneplcito del MAS.

El artculo 342 dice: La poblacin tiene derecho a la participacin en la gestin ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. La minera, el extractivismo, son depredadores y contaminantes, afectan el medio ambiente y el equilibrio eco-sistmico; en ningn momento se les ha ocurrido a los elaboradores de la Ley, al Legislativo, al gobierno, consultar a la poblacin. Esta slo est para nombrarla como referente; empero, no para consultarle, no para respetar sus derechos constitucionalizados? Esta desatencin muestra el carcter autoritario de la elaboracin de la Ley, el desprecio a la Constitucin y al pueblo, en quien supuestamente radica la soberana. Esta manera de actuar en poltica, de la misma manera que en todos los periodos republicanos, muestra patentemente que la prctica poltica no ha cambiado. Han cambiado los personajes, los actores de la poltica; ah se ha producido un desplazamiento. Han cambiado los discursos y los smbolos; sin embargo, se han preservado las prcticas, los hbitos y habitus, las estructuras y las relaciones determinantes de las costumbres polticas.



El artculo 346 ratifica lo definido en los artculos anteriores: El patrimonio natural es de inters pblico y de carcter estratgico para el desarrollo sustentable del pas. Su conservacin y aprovechamiento para beneficio de la poblacin ser responsabilidad y atribucin exclusiva del Estado, y no comprometer la soberana sobre los recursos naturales. La ley establecer los principios y disposiciones para su gestin. Esto de no comprometer la soberana sobre los recursos naturales, se les pas a los proyectistas de la Ley. La Ley Minera compromete la soberana sobre los recursos naturales. Es un dispositivo aperador de la dominacin imperial, despoja a los bolivianos de sus recursos naturales, entregndolos a la vorgine extractivista dominada por las empresas trasnacionales, extractivismo minero como fase inicial de la acumulacin ampliada de capital. Todo este entreguismo se lo hace manteniendo el mismo rgimen tributario, impositivos y de regalas, establecidos en el periodo neoliberal.



El numeral II del artculo 348, que se encuentra en el Captulo Segundo, sobre Recursos Naturales, establece que: Los recursos naturales son de carcter estratgico y de inters pblico para el desarrollo del pas. No son pues para el enriquecimiento privado, como acontece ahora, enriqueciendo a una burguesa cooperativa, que expolia a ms de cien mil trabajadores mineros sper-explotados, enriqueciendo estrepitosamente a las empresas trasnacionales, cooperativas, empresas privadas que, en conjunto, slo dejan al pas el 8% del valor de la produccin minera. En contraste, el rgimen tributario en hidrocarburos deja al Estado el 62%. No es esto una violacin espantosa al principio constitucional enunciado en el artculo?



El artculo 350 dice: Cualquier ttulo otorgado sobre reserva fiscal ser nulo de pleno derecho, salvo autorizacin expresa por necesidad estatal y utilidad pblica, de acuerdo con la ley. La Ley Minera no otorga ttulos; sin embargo, oculta las innumerables concesiones en reservas fiscales a empresas privadas, entre ellas las cooperativas, adems de las empresas trasnacionales. Por ejemplo, el gobierno oculta las cuantiosas concesiones territoriales otorgadas a la Empresa Minera San Cristbal. Por qu lo hace? Por qu encubre estas concesiones? Por qu otorga estas concesiones contraviniendo a la Constitucin? Cree que puede hacerlo, incluso vulnerando a la Constitucin, porque goza de legitimidad, de credibilidad por parte de la mayora electoral? De dnde saca esos atributos de hacer concesiones a su antojo, si ni el Estado y el gobierno son propietarios de los recursos naturales? La explicacin se encuentra en que el gobierno y el Estado-nacin son engranajes del orden mundial imperial, son administradores de la transferencia de los recursos naturales a los centros cambiantes de la economa-mundo y a las potencias emergentes del sistema-mundo capitalista. En otras palabras, el gobierno no gobierna sobre los recursos naturales, son otros los que tienen el dominio sobre nuestros recursos y nuestras reservas. Las estructuras de poder mundial, regional y en el pas, se mantienen slidas y siguen determinando el curso del circuito extractivista.



El artculo 351 tiene que comprenderse en su integral composicin, en el marco del Ttulo II, en el Contexto normativo y conceptual definido por la Constitucin. El numeral I dice: El Estado, asumir el control y la direccin sobre la exploracin, explotacin, industrializacin, transporte y comercializacin de los recursos naturales estratgicos a travs de entidades pblicas, cooperativas o comunitarias, las que podrn a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas. Es el Estado el encomendado a cumplir un papel orientador y operador de estrategias polticas mineras, emergidas de la Constitucin; por lo tanto, encaminadas a la independencia econmica, a salir del extractivismo, a dejar de exportar materias primas, orientndose hacia la industrializacin; articulando estas estrategias mineras con el conjunto de polticas de transicin. Realizando la descolonizacin, la armona con los ecosistemas, los pueblos, las poblaciones, en la perspectiva del sumaj qamaa/sumak kausay. Sin embargo, el gobierno, la forma concreta y resumida del Estado, anda desorientado, falto de estrategias de transicin, deambulando sin horizonte, repitiendo las funestas relaciones coloniales, reproduciendo recurrentemente la dependencia.

El numeral II del mismo artculo dice: El Estado podr suscribir contratos de asociacin con personas jurdicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversin de las utilidades econmicas en el pas. Le sigue el numeral III con la siguiente definicin: La gestin y administracin de los recursos naturales se realizar garantizando el control y la participacin social en el diseo de las polticas sectoriales. En la gestin y administracin podrn establecerse entidades mixtas, con representacin estatal y de la sociedad, y se precautelar el bienestar colectivo. Y el numeral IV establece: Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarn impuestos y regalas cuando intervengan en la explotacin de los recursos naturales, y los cobros a que den lugar no sern reembolsables. Las regalas por el aprovechamiento de los recursos naturales son un derecho y una compensacin por su explotacin, y se regularn por la Constitucin y la ley. La Ley Minera contraviene a este artculo al no exigir la reinversin de las utilidades econmicas en el pas. La Ley Minera otorga a las empresas amplios derechos para obtener utilidades, expatriar capitales y especular. En la Ley se otorga a las empresas mineras el derecho a la libre disposicin de las utilidades, abarcando el derecho a la remisin de estas utilidades al exterior, exigiendo la nica condicin de cumplir con las obligaciones tributarias. La Ley Minera no slo no garantiza el control y la participacin social en el diseo de las polticas sectoriales, sino que permite todo lo contrario, descartando el control y la participacin social. Respecto al numeral IV la Ley no modifica el rgimen tributario, de impuestos y regalas neoliberal. Como puede verse, el artculo 351 de la Constitucin fue manifiestamente descartado por los escritores de la Ley.



El artculo 352 exige un proceso de consulta: La explotacin de recursos naturales en determinado territorio estar sujeta a un proceso de consulta a la poblacin afectada, convocada por el Estado, que ser libre, previa e informada. Se garantiza la participacin ciudadana en el proceso de gestin ambiental y se promover la conservacin de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitucin y la ley. En las naciones y pueblos indgena originario campesinos, la consulta tendr lugar respetando sus normas y procedimientos propios. La Ley Minera manifiesta una violencia desmedida contra lo enunciado en este artculo, violando oprobiosamente este mandato. Desaparece el proceso de consulta, se ignora a la poblacin afectada, se desconoce a la ciudadana en el proceso de gestin ambiental, se atenta contra la conservacin de los ecosistemas, se discrimina y se margina a las naciones y pueblos indgenas originarios campesinos. Tampoco la Consulta con Consentimiento, Libre, Previa e Informada tiene lugar; por lo tanto, menos se respeta sus normas y procedimientos propios.



El extractivismo minero, inicio del proceso de produccin y de la acumulacin de capital

Es menester tener una mirada mundial del capitalismo, no olvidar eso, que el capitalismo funciona como sistema-mundo. Desde esta perspectiva tener bien claro que el extractivismo minero es parte del modo de produccin capitalista, que funciona planetariamente. Salgamos de la mera perspectiva de la fbrica, del taller, perspectiva, en gran parte mantenida por Marx y la economa poltica cuando desarrollan la teora del valor[1]. El capitalismo no se circunscribe a una fbrica, a un conjunto de fbricas, al espacio econmico de un pas; el capitalismo es la misma mundializacin de la economa basada en la valorizacin abstracta. El capitalismo funciona como mundo, es una economa-mundo. Desde esta perspectiva hay que dejar de concebir la valorizacin a partir de un proceso de produccin local, particular, incluso regional. La produccin propiamente capitalista supone la articulacin de las economas del mundo, de sus territorialidades, de sus yacimientos, de sus recursos, de sus poblaciones, susceptibles de convertirse en proletariado y en masa de consumidores. No es conveniente figurar al sistema-mundo capitalista como una gran fbrica, sino, ms bien, es conveniente figurarlo como un puzle, armado de una cantidad apreciable de piezas. Cuando las piezas se unen formando el cuadro, la visin del conjunto se da, revela el paisaje, como sentido pictrico capturado. De la misma manera, la valorizacin del capital se logra cuando se articulan las economas del mundo, dando lugar a un gigantesco proceso de acumulacin de capital, basado en la integracin de circuitos, circulaciones, procesos productivos, que incorporan como condicin e inicio de los procesos productivos al extractivismo, a las distintas formas de extractivismo; entre ellos, el extractivismo minero.

Bajo estas condiciones del funcionamiento del modo de produccin capitalista no se puede pretender salir del capitalismo procediendo slo a las nacionalizaciones de los recursos naturales, recursos atrapados en manos de empresas privadas, principalmente trasnacionales. Las nacionalizaciones modifican cualitativamente los trminos de intercambio; mejoran las condiciones econmicas del Estado que nacionaliza; empero, sus yacimientos, por ejemplo, mineros, no dejan de pertenecer, formar parte, del modo de produccin capitalista planetario. Incluso si las nacionalizaciones formaran parte de un Estado que se reclama socialista, el hecho que las materias prima, transferidas del pas a los centros del sistema-mundo capitalista, circulen, alimentando los procesos productivos y la acumulacin de capital, hace que el Estado socialista, la economa de transicin al socialismo, forme parte del modo de produccin capitalista planetario. A la economa-mundo capitalista le es indiferente que la economa nacional se reclame o no de socialista, que el Estado en cuestin se reclame o no de socialista, lo que importa es que esta economa local forme parte del sistema-mundo. Este es el tema y el problema. La economa-mundo capitalista, el sistema-mundo capitalista, el modo de produccin capitalista, no se desmontan, no se derrumban, slo con desplazamientos y transformaciones locales, aunque estas coadyuven, a la larga, al desmoronamiento del capitalismo. El trastrocamiento del sistema-mundo capitalista, del modo de produccin capitalista, slo pude darse mundialmente, mediante transformaciones locales entrelazadas, transformaciones regionales entrelazadas, transformaciones planetarias entrelazadas, transformaciones que configuren otro mundo posible, otros mundos posibles.

En esta transicin, mejor dicho, en estas transiciones, es indispensable comprender a cabalidad lo que se disputa en torno al control de los recursos naturales, en nuestro caso, en torno a los recursos mineros. Ciertamente las materias primas son condicin material e inicial del modo de produccin capitalista. El clculo capitalista evala las materias primas como renta; en el caso de la minera, como renta minera. Hablamos principalmente de una renta diferencial, dependiente de las oscilaciones de los precios de las materias primas; dependiente propiamente de la demanda de las economas industriales. En el clculo industrial la renta minera, por ejemplo, forma parte de los costos de produccin. El clculo de costo y beneficio busca aminorar los costos y maximizar el beneficio. En este sentido, el complejo productivo industrial capitalista busca pagar menos renta minera, por todos los medios posibles. El complejo productivo capitalista buscar disminuir sus costos de produccin, en lo que respecta a la explotacin minera, de todos los modos y procedimientos a su alcance. Este complejo productivo tiene, en su composicin estratificada, a las empresas extractivistas mineras como operadoras, en esta fase del gigantesco conjunto articulado de procesos de produccin particulares. Estas empresas extractivista consiguen bajar los costos de produccin obteniendo concesiones dadivosas de los estados, legislaciones bondadosas, regmenes tributarios tmidos, quedando el control de los recursos, de los procesos de explotacin, de los circuitos y recorridos, en manos de estos monopolios tecnolgicos, financieros y de mercados, que son estas empresas trasnacionales extractivistas. Las nacionalizaciones les perturban; empero, recobran inmediatamente el dominio, pues controlan toda la cadena de los procesos de produccin, que suponen la incorporacin de minerales y metales. Regmenes tributarios menos tmidos, ms exigentes, tambin perturban el juego de las magnitudes de los costos de produccin; sin embargo, las empresas trasnacionales no tardan en recuperarse mediante modificaciones de la estructura de costos y de la estructura de precios de los productos, en todas las fases intermedias y finales.

En la medida que las empresas trasnacionales mantengan sus monopolios, controlen cadenas comerciales y productivas, controlen las tecnologas, adems de su vinculacin privilegiada con el sistema financiero internacional, los desplazamientos en las economas nacionales les perturba; empero, no afecta a su dominio.

Estas empresas trasnacionales cuentan tambin con otros mtodos y procedimientos para bajar los costos de produccin, mtodos y procedimientos paralelos. Se trata de la relacin concomitante con altos personeros de los gobiernos, presidentes y directores de empresas pblicas, tcnicos y abogados de las instituciones estatales. Para las empresas trasnacionales todo hombre tienen un precio. De lo que se trata es de lograr comprar favores, en este caso, no importando tanto el monto del precio del soborno, pues las ganancias son muy altas. Entonces, la disminucin de los costos de produccin comienza con las concesiones, sigue con tributaciones, impuestos y regalas bajas, contina con informes administrativos tramposos, que ocultan los verdaderos volmenes y contenidos de la explotacin minera; as como exigencias de resarcimientos por inversiones supuestas.

Estas prcticas paralelas de las empresas trasnacionales pueden avanzar tanto que terminan comprometiendo a la institucionalidad misma del Estado. La economa poltica del chantaje comienza con altos personeros del gobierno, despus se forman complicidades laborales, se conforman redes, circuitos, hasta estructuras, que operan transversalmente en toda la malla institucional, comprometiendo al que est en el medio, incluyen a las organizaciones sociales, por medio de prebendas y clientelismos. La obtencin de favores, de concesiones dadivosas, de tributos bajos, se logra, muchas veces, mediante estos procedimientos paralelos. Por ejemplo, la Ley Minera, que favorece no slo a la burguesa cooperativa sino a las empresas trasnacionales, se ha logrado, en gran parte, por la intervencin de estos procedimientos paralelos. La otra parte es el resultado miserable de consciencias de cipayos, consciencias desdichadas que terminan entregndose al amo.



La condicin constitucional de los minerales


El numeral I, del artculo 369 del Captulo Cuarto, correspondiente el Ttulo II, de la Cuarta Parte de la Constitucin, Estructura y Organizacin Econmica del Estado, establece que: El Estado ser responsable de las riquezas mineralgicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicacin ser regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. En el campo econmico de la minera, que podemos llamar campo minero - usando el concepto metafrico del socilogo Pierre Bourdieu, pues el concepto de campo viene de la fsica, figura relativa al campo electromagntico, de donde se aplica tambin a las figuras de todo campo de fuerzas -, la Constitucin, reconoce tres actores productivos en minera, llamados sugestivamente industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. Por qu industria si se trata solamente de extractivismo, de explotacin de minerales? En trminos apropiados no podramos llamar industria, pues no se da la transformacin material, como ocurre con la industria, propiamente dicha, aunque intervengan procesos de concentracin, as como los que se dan en los ingenios, para mejorar la ley del mineral, es decir, su cualidad mineral; por ejemplo, los relativos a las tcnicas de lixiviacin. Este uso de trminos corresponde a la comisin minera de la Asamblea Constituyente[2]. Dejando estas apreciaciones de lado, anotando que slo se reconoce a tres actores productivos, no ms, lo importante del numeral I es que se atribuye al Estado la responsabilidad de las riquezas mineralgicas. El artculo retoma la concepcin de emprendimiento estatal, de la empresa pblica, comprendiendo el monopolio estatal sobre los recursos mineralgicos, monopolio organizado en empresas pblicas centralizadas. Esta finalidad, proveniente del ideologema del nacionalismo revolucionario, formacin discursiva emergida del periodo crtico donde germin la revolucin de 1952, es precisamente la desplazada por la Ley Minera, que ha optado, mas bien, por la consolidacin de la privatizacin de la minera.


Ratificando lo establecido en el numeral I, el numeral III dice: Ser responsabilidad del Estado la direccin de la poltica minera y metalrgica, as como el fomento, promocin y control de la actividad minera. Y el numeral IV dice: El Estado ejercer control y fiscalizacin en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos pre-constituidos. Este es el rol prioritario del Estado, que tambin se enuncia en el Ttulo I, correspondiente a la Organizacin Econmica del Estado, de la Cuarta parte de la Constitucin, enunciacin combinada con los conceptos correspondientes a la economa plural; pluralismo econmico encaminado a la realizacin de la economa social y comunitaria, que es finalidad constitucional. Como se puede ver, tanto el rol prioritario del Estado, as como el decurso pluralista encaminado a la economa social y comunitaria, que comprende a otros actores productivos, como ser a las comunidades, son descuidados por la Ley Minera.

En el mismo sentido, el artculo 370 establece:

I. El Estado otorgar derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribir contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley.

II. El Estado promover y fortalecer las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo econmico social del pas.

III. El derecho minero en toda la cadena productiva as como los contratos mineros tienen que cumplir una funcin econmica social ejercida directamente por sus titulares.

IV. El derecho minero que comprende las inversiones y trabajo en la prospeccin, exploracin, explotacin, concentracin, industria o comercializacin de los minerales o metales es de dominio de los titulares. La ley definir los alcances de este derecho.

V. El contrato minero obligar a los beneficiarios a desarrollar la actividad minera para satisfacer el inters econmico social. El incumplimiento de esta obligacin dar lugar a su resolucin inmediata.

VI. El Estado, a travs de sus entidades autrquicas, promover y desarrollar polticas de administracin, prospeccin, exploracin, explotacin, industrializacin, comercializacin, evaluacin e informacin tcnica, geolgica y cientfica de los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero.


De este artculo tenemos que resaltar, fuera de lo que ya dijimos sobre la funcin prioritaria del Estado, la promocin y el fortalecimiento de las cooperativas. Esta promocin y fortalecimiento se comprenden bajo el mandato del cumplimiento de la funcin econmica social. La Constitucin tambin establece que el derecho minero es de dominio de los titulares, vale decir de los actores productivos. Esto del derecho minero debe leerse en la interpretacin integral de la Constitucin, en la articulacin armnica de los derechos constitucionales; derechos fundamentales, derechos de las naciones y pueblos indgenas originarios, derechos de los seres de la madre tierra. El Captulo Cuarto, Minera y Metalurgia, no puede des-contextuarse del resto de la Constitucin. Como dijimos, la interpretacin debe ser integral, as como su aplicacin. Ms an cuando se habla de la funcin econmica social que debe cumplir la minera. Lo mismo podemos decir en lo que respecta a los actores productivos; los actores productivos mineros, reconocidos por la Constitucin, deben coordinar sus actividades con el resto de los actores productivos de la Organizacin Econmica del Estado. Esta coordinacin productiva es fundamental en la aplicacin de la Constitucin, la misma que predispone para tal efecto de la oportuna planificacin integral y participativa con enfoque territorial.


Transiciones del extractivismo a la economa social y comunitaria

Volvamos a las preguntas iniciales, una vez aprobada la Constitucin. Qu es la Constitucin? Cul su ubicacin en el acontecer histrico? La Constitucin es la inscripcin, en texto, del nimo, del anima y del animus, de las voluntades sociales desplegadas en la movilizacin prolongada (2000-2005). Aunque tambin es la construccin dramtica del pacto social, a pesar de que no quieran verlo as los llamados opositores; expresiones polticas enfrentadas, en principio, al propio proceso constituyente, despus a la Constitucin, una vez aprobada por el pueblo boliviano, para continuar oponindose a las posibles transformaciones estructurales e institucionales contempladas por la Constitucin; sin embargo, tampoco cumplidas por el gobierno y los rganos de poder del Estado. Por eso, podemos comprender a la Constitucin como el dispositivo jurdico y poltico, que abre la normativa para la transicin del Estado-nacin al Estado plurinacional comunitario y autonmico.

Ahora nos concentraremos en las transiciones, inherentes a los mandatos constitucionales, en lo que respecta al campo minero.

Se trata de moverse de la economa extractivista, colonial del capitalismo dependiente, y de la condicin de Estado rentista, hacia la economa social y comunitaria, propuesta como finalidad en la Constitucin. Por lo tanto, tambin se trata de la transicin del Estado rentista a la construccin estatal plurinacional; administracin poltica participativa acompaante de las formas productivas y producentes, promotora de las formas del sumaj qamaa/sumak kausay, que comprenden armonizaciones con los ciclos vitales, logrando la soberana alimentaria y complementariedades locales, territoriales, regionales y mundiales. Un Ley Minera, derivada de la Constitucin, debe contemplar estas transiciones como tareas fundamentales. La Ley Minera, aprobada por la Cmara de Diputados, hace caso omiso de los mandatos constitucionales, obvia infamemente estas transiciones postuladas.

Cmo se pueden efectuar estas transiciones? Para comenzar, dejar de inclinarse por el modelo extractivista, modelo que forma parte de la divisin del trabajo a escala internacional del sistema-mundo capitalista, modelo que es impuesto por la geopoltica imperial, como si fuese la nica opcin que tenemos, por el momento, hasta que se cumplan ciertas condiciones de posibilidad, tal como piensa el vicepresidente, geopoltico de la amazonia[3]. Esta opcin es mantenerse en la condena a ser pas primario exportador, medrando en el capitalismo dependiente.


Transiciones a la economa social y comunitaria

El comenzar a abandonar el modelo extractivista equivale a articular e integrar todas las economas vigentes en el pas. Esta articulacin e integracin, que supone armonizaciones, tambin consensos, se orienta hacia la construccin de un paradigma productivo y producente, impulsado por lo que llamaremos la revolucin eco-industrial y eco-tecnolgica.

Este comenzar la transicin econmica exige tambin comienzos de transicin en los otros campos de la vida social y de los ciclos vitales. Entre las transiciones es primordial contar con la transicin de la revolucin cultural, que comprende la revolucin formativa, educativa y pedaggica, como tejido intercultural. Esta transicin est lejos de haber comenzado. El gobierno se ha inclinado por lo que llamaremos la simulacin de una reforma educativa intercultural, socio-productiva comunitaria, que no es ms que nombre; discurso ambiguo, ni siquiera sostenido con enunciacin conceptual estructurada. Todo esto bajo los cdigos de los lmites del multiculturalismo liberal, por ms demagogia que se ventile con las elocuencias generales sobre descolonizacin y despatriarcalizacin. Discursos tan generales y sin contenido que terminan convirtindose en cscaras, que legitiman la continuidad colonial y patriarcal.

La transicin poltica de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, directa, comunitaria y representativa, es primordial, coadyuvando al conjunto de las transiciones. El gobierno del pueblo, la utopa democrtica, slo es posible participativamente, con el ejercicio pleno de la participacin social. La formalizacin e institucionalizacin de la democracia representativa, no ha sido otra cosa que una manera liberal de despojar al pueblo del ejercicio de su potencia social.

La realizacin inmediata, pues es un mandato categrico constitucional, de las autonomas indgenas originarias, el cumplimento inmediato de los derechos de las naciones y pueblos indgenas, consagrados por la Constitucin, el respeto a sus territorialidades, a su libre determinacin, a su autogobierno, es condicin condicional, por as decirlo, en el recorrido de las transiciones. La materialidad histrica y cultural del Estado plurinacional radica en los territorios y en las autonomas indgenas. No hay descolonizacin posible sin estas territorialidades y autonomas indgenas, sin la realizacin de los derechos de las naciones y pueblos indgenas originarios. En contraste, el gobierno se ha ocupado de violar sistemticamente estos derechos, de vulnerar sus territorios, de obstaculizar la realizacin de las autonomas indgenas.

Entre las transiciones tambin debemos mencionar a las transiciones urbanas. Debemos pasar de estas urbes catastrficas, que marchan hacia la metropolizacin, a la conformacin de metrpolis inhumanas, gigantescas, condicionadas por la concentracin demogrfica, los requerimientos masivos del mercado, la centralidad administrativa y de los servicios, los requisitos del mercado de trabajo, el vaciamiento de los llamados espacios rurales. Tpicos procesos de la llamada modernizacin. Para decir algo, estas ciudades son los conglomerados urbanos del mal vivir; se debe transitar hacia ciudades del sumaj qamaa/sumak kausay.

Las transiciones en el campo minero implican tareas combinadas. Es urgente la defensa no slo de las reservas fiscales, sino de las reservas mineras en general, mejor dicho, de los bienes mineralgicos, por lo tanto de los yacimientos y las geologas minerales del pas. No se puede entregar este patrimonio del pueblo boliviano a la vorgine del capital internacional, como lo hace la Ley Minera, con la excusa de la exploracin y prospeccin, adems de la decantada necesidad de inversiones. Se estima que el noventa por ciento de las riquezas minerales del pas no han sido tocados. Se oculta la informacin al respecto, informacin con la que cuentan las empresas trasnacionales, as, como seguramente, las geopolticas regionales. Esta riqueza mineral es propiedad del pueblo boliviano. Su usufructu no puede darse en el marco de la economa-mundo capitalista, alimentando la acumulacin ampliada de capital, condenando a las periferias a la transferencia desigual de sus recursos naturales. El uso de este potencial mineralgico debe darse en los trminos constitucionales; bienes destinados al vivir bien, bienes en circuito y armonizacin con los ciclos vitales.

Entre las transiciones no podemos dejar de mencionar a la necesaria transicin efectiva de integracin de Abya Yala. Integracin posible por medio de la participacin activa y complementaria de los pueblos, no por la pose demaggica y teatral de los gobiernos y los estados. Las transiciones hacia mundos alternativos al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, no pueden efectuarse sin la integracin complementaria de los pueblos del mundo, los mismos que deben orientarse hacia la gobernanza mundial de los pueblos.




[1] La perspectiva mundial se desprende de teoras posteriores a la economa poltica y a la crtica de la economa poltica. La primera formulacin terica aparece con las corrientes de la Teora de la dependencia; despus es recogida y aplicada en las investigaciones histricas por Fernand Braudel, as tambin en las investigaciones multidisciplinarias de Immanuel Wallerstein.

[2] No todas las comisiones han tomado en cuenta el documento del Pacto de Unidad, no todas las comisiones han tenido como marco de referencia el Estado plurinacional comunitario y autonmico. En principio, se propuso conformar una macro comisin del Estado plurinacional, para mantener la coherencia y la continuidad del tejido del texto constitucional; empero, la directiva, obedeciendo rdenes del ejecutivo, opt por conformar comisiones bajo la lgica del cuoteo poltico. Se conformaron 21 comisiones, dispersas, sin articulacin con el resto. Fue la Comisin de Visin de Pas la que salv la integralidad estructural del texto, al disponer, de entrada, de los primeros artculos primordiales y estratgicos de la Constitucin. Es a partir de estos artculos que debe interpretarse integralmente la Constitucin.

[3] Ver de Ral Prada Alcoreza Miseria de la geopoltica. Autodeterminacin; La Paz 2013. Dinmicas moleculares; La Paz 2013. Tambin el libro de lvaro Garca Linera Geopoltica de la amazonia. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia; La Paz 2013.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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