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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-04-2014

El despropsito del desarme

Eduardo Nava Hernndez
Rebelin


Existen al menos tres hiptesis acerca del surgimiento y desarrollo de los cuerpos de autodefensa en el Valle de Apatzingn, conocido tambin como la Tierra Caliente de Michoacn. Para algunos, se trata de rganos armados creados desde el poder pblico para usarlos como grupos de choque frente a los crteles del narcotrfico de la delincuencia organizada, y que pueden ser por tanto empleados como instrumentos de contrainsurgencia y control poltico, como sucedi desde tiempo atrs en el caso de Colombia. Para una segunda visin, se trata de fuerzas creadas por alguna o algunas de las propias bandas de delincuentes para enfrentar a las corporaciones rivales y arrebatarles el control de territorios y rutas aptas para el trasiego de las drogas. Pero para muchos, estos grupos armados responden a la necesidad legtima de la autodefensa frente al auge de la violencia criminal vivido en esa y otras regiones en los ltimos aos, a pesar de la fallida guerra declarada por Felipe Caldern al narcotrfico y sus derivaciones.

Los recientes anuncios tanto del secretario de Gobernacin Miguel ngel Osorio Chong como del comisionado para la Seguridad en Michoacn, Alfredo Castillo, de que es inminente el desarme por el Ejrcito y la Polica Federal de esos grupos, pone a prueba esas hiptesis, y quizs esa accin termine por esclarecer la naturaleza de los cuerpos civiles en armas desde el ao pasado.

Lo cierto es que los sondeos muestran que un sector muy amplio de la poblacin en Michoacn y en el pas sigue viendo en las autodefensas una expresin civil confiable y legtima, surgida del hartazgo con la violencia y la delincuencia. No hay duda de que en la Tierra Caliente y en otras regiones los cuerpos encabezados por el doctor Jos Manuel Mireles han logrado construir un respaldo social notable en poco tiempo y que an mantienen un reconocimiento posiblemente mayor que el de los rganos del Estado. La opinin popular reconoce en ellos la valenta, honestidad y eficacia que durante muchos aos no mostraron los cuerpos armados del Estado para combatir a los delincuentes que por lo tanto pudieron extender su poder a inmensos territorios y a mltiples actividades delictivas y legales.

Y si bien es cierto que la polica y el ejrcito los han usado como avanzada en el enfrentamiento con el grupo de los Templarios, tambin lo es que desde que los grupos comunitarios iniciaron su avance a nuevos municipios el gobierno federal y el estatal han buscado frenarlos y reducirlos a su autoridad, dando lugar a episodios sangrientos como el de Antnez en enero pasado. Los grupos de autodefensa revelan la inoperancia de los aparatos de seguridad del Estado en sus tres rdenes de gobierno, y ponen en cuestin a los funcionarios encargados de ellos. Ms an, en algunas poblaciones han llegado a constituirse como un poder paralelo al de los ayuntamientos, las fuerzas estatales de seguridad y el propio ejrcito. En ocasiones actan coordinadamente con estos organismos y en otras se muestran autnomos de los poderes constituidos. Han logrado sacar alcaldes de sus municipios y que el Congreso los destituya, como en Tepalcatepec. Han conseguido remover comandantes y cuerpos de polica municipales. Han hecho sealamientos concretos contra funcionarios del gobierno estatal, concretamente contra Jess Reyna y otros. Son, pues, un desafo no slo para los grupos criminales sino tambin para las autoridades, a las que exhiben en su complicidad o incompetencia en relacin con aqullos.

La estrategia del gobierno federal para lograr la desmovilizacin de las autodefensas se despliega a travs de diversas iniciativas, no todas legtimas. Una es la accin misma contra los grupos delincuenciales y sus capos, que haga superflua su permanencia como tales. La detencin y abatimiento (o ejecucin?) de varios de los principales jefes templarios y de muchos sicarios y operadores de este grupo busca tambin mostrar una novedosa iniciativa de las fuerzas del orden y recuperar legitimidad al aparato de seguridad del Estado, si bien muchas veces apoyado por los propios grupos comunitarios. En esa lgica se inscriben las detenciones de Reyna, de Trinidad Martnez Pasalagua y las que probablemente les sigan.

A travs del comisionado Alfredo Cervantes, es claro que el gobierno federal busca inducir la divisin entre los grupos en armas. Ya Jos Manuel Mireles ha venido denunciando el trato diferenciado que reciben de ste y cmo en el periodo reciente ya no lo convoca a sus reuniones con otros lderes de los cuerpos porque todo lo publico, sino que llaman a dos o tres personas. Hoy, esa divisin es evidente. El comisionado mantiene una constante comunicacin con los dirigentes que aceptan de una u otra manera la estrategia federal, incluido el desarme como es el caso de Estanislao Beltrn o que sirven a sus propsitos inmediatos, en tanto margina a quienes mantienen posiciones de autonoma.

Otra lnea de accin es el promover el desprestigio de los dirigentes de las autodefensas y colocarlos bajo sospecha. La detencin de Hiplito Mora, y luego la del jefe de las defensas de Yurcuaro, Enrique Hernndez Salcedo, bajo acusaciones de homicidio, en ambos casos, que no han sido suficientemente acreditadas ante la opinin pblica. En el segundo caso, sus defensores y familiares denuncian que ha sido torturado junto con otros de sus compaeros tambin aprehendidos.

La deslegitimacin del movimiento debe conducir sin duda al desarme final, que el comisionado Castillo ya ha anunciado como inminente, y acaso a ms detenciones y procesos penales contra sus integrantes. Mireles y la faccin que encabeza han anunciado que no lo permitirn, porque an no se ha logrado garantizar la seguridad en el Estado y porque hay indicios de la llegada de otros crteles como el del Golfo y el de los Zetas. Tambin de que en la misma Tierra Caliente se est integrando un nuevo crtel con renegados templarios y de otras bandas, incluso las que han logrado infiltrar a los cuerpos de autodefensa.

El desarme, cuando anteriormente los poderes constituidos han tolerado la coexistencia con estas fuerzas sociales, se constituye en un desatino que contrae riesgos inocultables. El ms evidente, que la ruptura con el Estado conduzca a una radicalizacin de las autodefensas y su enfrentamiento con las fuerzas del orden. Podran pasar a la clandestinidad o constituirse como grupos plenamente paramilitares, fuera de todo control por el Estado. Mucho ms conveniente que los amagos y el acorralamiento de estas fuerzas irregulares es mantener no su control sino una la interlocucin permanente con los dirigentes identificados hasta que el escenario social y poltico de Michoacn mejore. La mal ocultada guerra civil en que Michoacn se debate desde hace demasiado tiempo puede extenderse y agravarse.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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