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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-04-2014

Estado, transnacionales y cooperativas en la minera boliviana

Alfredo Rada
Rebelin


La minera ha marcado nuestra historia econmica colonial y republicana. Desde el descubrimiento del Cerro Rico de Potos en 1545, cuyas riquezas llenaron por dos centurias las arcas del naciente capitalismo europeo; pasando, luego de la fundacin de Bolivia y superada la decadencia de la minera potosina en el siglo XIX, por el dominio de los magnates de la plata: Aniceto Arce, Jos Avelino Aramayo y Gregorio Pacheco; continuando en la primera mitad del siglo XX con el auge de los barones del estao: Simn Patio, Mauricio Hochschild y Carlos Aramayo; hasta llegar a la revolucin de 1952 cuya principal medida fue la nacionalizacin de las minas que pasaron a ser administradas por el Estado, en una primera etapa bajo control obrero.

El 2 de octubre de 1952, con la fundacin de la Corporacin Minera de Bolivia (COMIBOL) en el contexto del capitalismo de Estado, se inicia la historia contempornea de la minera en nuestro pas. Desde los aos cincuenta hasta 1985, la estatal minera defina las polticas minero-metalrgicas porque tena el control productivo directo de los yacimientos y de las labores de prospeccin y exploracin. Sin embargo, durante la dictadura banzerista (1971-1978) resurgi un grupo de empresas privadas denominado minera mediana, gracias al recorte de atribuciones de la COMIBOL y por la informacin privilegiada que comenz a traficar el Servicio Geolgico de Bolivia (GEOBOL), la institucin encargada de las prospecciones. Finalmente, en octubre de 1985 la Bolsa de Metales de Londres dej de operar con estao, hundindose as el precio internacional del principal producto minero, lo que llev al cierre de las minas estatales y al despido de 23.000 trabajadores.

Desde entonces se instaur en la minera el modelo neoliberal, cuya vigencia por ms de veinte aos nos conden a seguir siendo un pas primario exportador. El neoliberalismo oper a travs de dos mecanismos:

1) La desnacionalizacin de los principales yacimientos mineros, que de COMIBOL pasaron al control de empresas transnacionales norteamericanas, europeas y asiticas a travs de licitaciones y bajo el formato de contratos de riesgo compartido (joint venture). As fue como empresas extranjeras lograron la posesin de enormes reservorios mineros: en el occidente andino la canadiense Coer Dalene Mins Corporation, que explota reservorios secundarios ricos de plata en el proyecto San Bartolom, la japonesa Sumitomo que controla los enormes yacimientos de plata, plomo y estao en San Cristbal, la suiza Glencore asentada en las minas Bolvar y Porco; en la zona del precmbrico oriental la canadiense Orvana, la brasilea Votorantim y Glosobyk, que cuenta con capital ingls. El predominio de las transnacionales se mantiene, aunque en los ltimos aos hubo innegables avances nacionalizadores: la estatizacin de Huanuni, las nacionalizaciones de la metalrgica Vinto, de la mina Colquiri y de las gigantescas reservas de Mallku Khota y el Mutn.

2) La otorgacin de derechos de explotacin a las cooperativas sobre reas marginales que eran de la COMIBOL. El cooperativismo minero naci en 1939 con la fundacin del Sindicato de Palliris y Ckacchas libres en la ciudad de Potos, como una primera experiencia de asociacin entre trabajadores que no disponan de capital para la explotacin independiente de yacimientos minerales. Esta benigna forma cooperativa, dcadas ms tarde terminara siendo utilizada y desvirtuada por el modelo neoliberal, que comprendi que para abaratar costos laborales, disminuir pagos tributarios y eludir pasivos ambientales bien poda acoplar las empresas privadas con las cooperativas. De ah vienen los contratos de subarrendamiento, cuya legalidad hoy est siendo investigada.

Al interior del sistema cooperativista se estn decantando las cooperativas que, por efectos de acumulacin de capital, han perdido su naturaleza inicial de instituciones sin fines de lucro asumiendo formas empresariales propias del capitalismo salvaje. En ellas se estn acelerando los procesos de segmentacin clasista entre los socios antiguos y los trabajadores voluntarios, a los que tambin se les suele denominar peones o makunkus. Los primeros son ya una nueva fraccin de la burguesa minera, los segundos conforman una masa laboral que se desenvuelve en condiciones de precariedad: sin acceso a seguros de corto o largo plazo, sin estabilidad ni contrato, sin seguridad industrial, muchos de ellos menores de edad y sin derecho a asociarse en sindicatos. Para mencionar un dato: hay registrados 112.000 cooperativistas, pero de ellos slo el 16% aporta para el seguro obligatorio.

Son alarmantes los impactos ambientales de estas operaciones mineras que realizan escasas inversiones en tecnologa. Se ven favorecidas por la negligencia de las autoridades que no hacen cumplir la ley del medio ambiente. Las cooperativas aurferas son la prueba ms palpable de esta afirmacin.

Es urgente cambiar el Cdigo Minero de 1997. Pero la nueva ley minera debe tener una orientacin nacionalizadora, asegurando las reas de reserva fiscal para que sean desarrolladas por el Estado a travs de COMIBOL y su expansin hacia nuevas reas mineras que pudieran ser objeto de reversin y estatizacin por razones de soberana econmica nacional, porque en dichas reas no se cumple una funcin econmica social, porque en sus operaciones no respetan los derechos laborales o por vulnerar los derechos de la Madre Tierra. Y junto con todo esto la necesidad de industrializar nuestros minerales en territorio boliviano incrementando las inversiones estatales destinadas a tal fin.

El debate sobre la nueva ley minera est girando apenas sobre unos cuantos artculos que posibilitaban a las cooperativas firmar contratos con empresas privadas nacionales y extranjeras, mantenindose como cooperativas. Esto es claramente inconstitucional y lesivo a los intereses del pas y el Gobierno ha derrotado el bloqueo de caminos de los cooperativistas con slidos argumentos nacionalizadores. Pero hasta aqu se ha tocado slo una arista del problema; hay ms aristas, como por ejemplo la necesidad de que el Estado, respetando al verdadero cooperativismo y la funcin social que desempea generando empleo, sea capaz de controlar la calidad de ese empleo haciendo respetar los derechos de los trabajadores.

Si bien el tema impositivo ha sido postergado para otra ley, debe pensarse en incrementar la presin regalitaria. El ao 2013 Bolivia export minerales por ms de 3.000 millones de dlares, pero por regalas slo quedaron para el pas 131 millones, poco ms del 4%! Esto es inaceptable.

La nueva ley minera tendr una duracin de 20 aos y en ella est en juego el proyecto de recuperacin de los recursos naturales con que los movimientos sociales accedieron al poder. El dilema es: conservar o transformar este sector estratgico.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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