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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-04-2014

Europa
Alternativas a la crisis

ric Toussaint
Rebelin

Este texto propone una serie de alternativas concretas a la crisis que atraviesa Europa. Contiene 19 medidas inmediatas a tomar a escala financiera en general y de la banca en particular. Ms all de esas medidas propone la socializacin bajo control ciudadano del sector de banca y seguros. A continuacin aborda las dems medidas a tomar para una salida de la crisis que sea favorable a la aplastante mayora de la poblacin: detener los planes de austeridad; anular la deuda pblica ilegtima, insostenible, odiosa y/o ilegal; anular las deudas privadas ilegtimas y/o ilegales; aumentar los recursos de los poderes pblicos legtimos; desarrollar y extender los servicios pblicos; reforzar el sistema de jubilaciones por reparto; reducir radicalmente el tiempo de trabajo para garantizar el pleno empleo y adoptar una poltica de rentas para realizar la justicia social; poner en cuestin el euro y actuar a favor de una Europa diferente que implique reemplazar los tratados actuales va un verdadero proceso constituyente de los pueblos. Se trata de propuestas susceptibles de debate.


A partir del comienzo de los aos ochenta, el sector bancario privado logr liberarse de las restricciones que los poderes pblicos haban establecido y mantenido durante varios decenios a fin de evitar una repeticin de la crisis bancaria de los aos treinta. Los reguladores y los gobiernos convertidos en adeptos al neoliberalismo han soltado la brida del cuello de los banqueros capitalistas, quienes lo han aprovechado al mximo. Todo ello se ha desarrollado en un contexto en que el gran capital tomaba su revancha sobre una serie de conquistas sociales obtenidas por los trabajadores en inters de la aplastante mayora de la poblacin. La actual crisis, que comenz en 2007-2008, no ha conducido a los poderes pblicos a imponer una verdadera disciplina al capital privado. Las pocas medidas adoptadas y los mecanismos contemplados a fin de poner un poco de orden en el sector financiero privado son completamente insuficientes para impedir nuevas crisis financieras ni para poner freno a los comportamientos especulativos y peligrosos de las instituciones financieras.

Los derechos econmicos, sociales y culturales enunciados en la Declaracin Universal de Derechos Humanos de 1948, codificados en un pacto internacional en 1966 [1] , son ahora objeto de un vasto proyecto de demolicin [2] . Los derechos civiles y polticos de la ciudadana [3] son igualmente puestos en tela de juicio de manera habitual por los gobiernos y las instituciones internacionales [4] al servicio del gran capital: los pueblos no son consultados sobre cuestiones tan importantes como el rescate y el futuro de los bancos privados, la privatizacin de empresas y servicios pblicos, la adopcin de tratados europeos, las opciones votadas por el electorado no son respetadas, la Constitucin es pisoteada [5] , el poder legislativo es marginado o reducido a una cmara de registro...

La crisis financiera se inscribe en un contexto ms amplio de crisis sistmica del capitalismo global, es multidimensional: econmica, ecolgica, social, poltica, moral, institucional... [6]

Hay que romper de forma radical con la lgica que gua hoy a los gobiernos actuales y tomar medidas de urgencia. Al contrario que el sistema actual que ofrece impunidad y paracadas dorados a los responsables de las debacles es necesario hacer pagar la factura de los rescates bancarios a quienes son sus responsables.

Las medidas anunciadas para disciplinar los bancos son cosmticas. La supervisin centralizada de los bancos de la zona euro, la creacin de un fondo europeo de garanta de depsitos, la prohibicin de ciertas operaciones (que no afectan ms que al 2% de la actividad bancaria global), el poner un techo a los bonus, la transparencia de las actividades bancarias o las nuevas reglas bancarias no constituyen ms que recomendaciones, promesas o, en el mejor de los casos, medidas completamente insuficientes de cara a los problemas a resolver. Sin embargo, hay que imponer verdaderas reglas muy estrictas e ineludibles.

Esta crisis debera ser superada mediante la realizacin de medidas que afectan a la estructura misma del mundo de las finanzas y del propio sistema capitalista.

El oficio de la banca es demasiado serio para ser dejado en manos del sector privado. Es necesario socializar el sector bancario (lo que implica su expropiacin) y colocarlo bajo control ciudadano (de los asalariados de los bancos, los clientes, las asociaciones y representantes de los actores pblicos locales), pues debe estar sometido a las reglas de un servicio pblico [7] y las rentas que su actividad genere utilizadas para el bien comn.

La deuda pblica contratada para salvar los bancos es claramente ilegtima y debe ser repudiada. Una auditoria ciudadana debe determinar las dems deudas ilegtimas, ilegales, odiosas, insostenibles... y permitir una movilizacin tal que pueda tomar forma una alternativa anticapitalista creble.

Estas dos medidas deben inscribirse en un programa ms amplio que proponemos en esta contribucin comenzando por medidas inmediatas a tomar en el sector financiero.

La movilizacin ciudadana y la auto-organizacin social constituyen la condicin sine qua non a la realizacin de las diferentes soluciones propuestas a continuacin. Sin ellas, no habr una verdadera salida emancipadora a la crisis actual.

Medidas inmediatas a tomar a nivel de las finanzas en general y de la banca en particular

El objetivo fundamental que debe ser perseguido a escala bancaria, como se ha mencionado en la introduccin, es la socializacin del citado sector. Dicho esto, medidas muy concretas y mnimas pueden reunir alrededor de una plataforma comn a movimientos, partidos y personas que no estuvieran necesariamente de acuerdo con respecto a la expropiacin del sector financiero para socializarlo.

Cules son tales medidas? A continuacin una lista de medidas concretas.

Reducir radicalmente el tamao de los bancos a fin de suprimir el riesgo de demasiado grande para caer que representan los bancos sistmicos [8] .

Separacin de los bancos entre bancos de depsito* (ver glosario) y banca de negocios *. Esto implica desmantelar los bancos universales* (que mezclan las tareas de bancos de depsitos, bancos de negocios y seguros) forzndoles a crear entidades jurdicamente separadas [9] . Los bancos de depsito seran las nicas instituciones financieras autorizadas para la captacin de depsitos de los ahorradores y a gozar de un apoyo pblico (garanta pblica de los depsitos de ahorro y acceso a la liquidez del Banco Central) [10] . Estos bancos de depsitos no seran autorizados ms que a conceder prstamos a los particulares, a las empresas y a los actores pblicos locales y nacionales. Les quedara prohibido llevar a cabo actividades en los mercados financieros.

Esto quiere decir que est prohibido a los bancos de depsito hacer titulizacin: los crditos no pueden ser transformados en ttulos negociables y los bancos de depsito deben conservar en sus libros de cuentas hasta su devolucin definitiva los crditos que han otorgado. El banco que ha concedido un crdito debe asumir el correspondiente riesgo.

Los bancos de negocios (o bancos de inversin*) deberan, por su parte captar sus recursos en los mercados financieros a fin de poder emitir ttulos, acciones* y otros instrumentos financieros* [11] .

Podramos apoyar igualmente la proposicin de Philippe Lamberts de limitar estrictamente la parte titulizable de las carteras de crdito de los bancos de negocios, obligndoles a retener una parte importante (por ejemplo el 60% [12] ) del riesgo correspondiente a los prstamos titulizados en su balance. Dicho esto, sera ms seguro prohibir pura y simplemente la titulizacin igual que a los bancos de depsito.

Es muy importante subrayar que los bancos de negocios no deben gozar de ninguna garanta pblica. En caso de quiebra las prdidas sern ntegramente asumidas por el sector privado, comenzando por los accionistas (sobre el conjunto de su patrimonio, ver ms adelante).

Prohibicin de los productos derivados . Esto significa que los bancos y dems instituciones financieras que quieran cubrirse contra los riesgos de diferente tipo (riesgos de cambio, de tasas de inters, de no pago...) deben volver a contratos de seguro clsicos.

Obligar a los bancos a demandar una autorizacin previa de sacar al mercado de productos financieros . El diputado europeo Philippe Lamberts propone someter los productos financieros a una autorizacin para su salida al mercado. Como se ha indicado ms arriba, estamos a favor de la prohibicin pura y simple de los derivados. En este lmite, apoyamos la proposicin de Philippe Lamberts, as como a la similar de la Fundacin Coprnico [13] , segn la cual todo producto financiero nuevo (con exclusin de los derivados que estn automticamente prohibidos) deber ser sometido a las autoridades de control por los bancos de negocios a fin de obtener una autorizacin para poder ser puestos en el mercado.

Prohibir las relaciones de crdito entre bancos de depsito y bancos de negocios . De acuerdo con Frderic Lordon se trata de imponer un verdadero apartheid entre los bancos de depsito y de negocios. Un banco de depsitos no podr en ningn caso estar implicado en una relacin de crdito con un banco de negocios [14] .

Separar las actividades de asesora de las de mercado . Coincidimos igualmente con el economista belga Eric de Keuleneer, quien propone separar las actividades de asesora de aqullas otras de mercado: Es en efecto anormal que los bancos asuman riesgos de colocacin de ttulos y aconsejen a sus clientes sobre la calidad de esos ttulos, o estn en condiciones para poder especular con el oro, a la vez que aconsejan de forma desinteresada a sus clientes que compren oro. Para ello propone recuperar la funcin de corretaje.

Prohibir la especulacin. Como propone Paul Jorion hay que prohibir la especulacin. En Francia la especulacin fue autorizada en 1885, en Blgica en 1867. La especulacin era por otra parte definida muy claramente por la ley que intentaba prohibir las apuestas a la alza o la baja de los ttulos financieros. Por medio de tal prohibicin la gente que la practicara estara cometiendo una infraccin; el que se encontrasen en un banco X o en uno Y no cambiara nada [15] . Se puede aadir que los bancos que especularan por cuenta de clientes o por su propia cuenta seran condenados.

La adquisicin por un banco u otra institucin financiera de un bien material (materias primas, alimentos, tierras, inmuebles...) o de un ttulo financiero (acciones, obligaciones o cualquier otro) con el objetivo de especular sobre su precio sera prohibida.

Quin debe asumir las prdidas de los bancos? Hay que restaurar la responsabilidad ilimitada de los grandes accionistas. En caso de quiebra, su coste debe poder ser recuperado sobre el conjunto del patrimonio de los accionistas (personas fsicas o jurdicas, esto es, empresas).

El patrimonio global inferior a un cierto nivel, por ejemplo, inferior a 300.000 euros debe ser totalmente protegido. Propongo este montante como indicacin. Queda sometido a discusin.

Segn Thomas Piketty, en varios pases de Europa que tienen un nivel de vida cercano al de Francia, la mitad menos afortunada de la poblacin tiene en promedio un patrimonio de 20.000 euros, pero hay que saber que una gran parte de las familias en cuestin no tiene ningn patrimonio o tiene deudas [16] . El 40% ms afortunado tiene 175.000 euros de patrimonio medio (esto va de alrededor de 100.000 a 400.000 euros). As pues, la aplastante mayora de la poblacin, digamos en torno al 80%, tiene un patrimonio global inferior a 300.000 euros. La propuesta hecha ms arriba protege el patrimonio global del 80% de la poblacin.

En lo concerniente al montante de los depsitos que est garantizado, la propuesta siguiente de la Fundacin Coprnico parece razonable: en caso de quiebra, los clientes del banco de depsitos deben continuar gozando de una garanta del Estado por sus depsitos, limitada a la masa razonable de ahorro de una familia media-superior (hoy 150.000 euros) [17] . Este montante tambin hay que someterlo a un debate democrtico.

Exigir de los bancos un aumento radical del volumen de los fondos propios en relacin con el total del balance [18] . Frente a la situacin actual, donde los fondos propios son en general inferiores al 5% del balance del banco, estamos a favor de elevar el mnimo legal al 20%.

Prohibicin de los mercados financieros de mutuo acuerdo *. Todas las transacciones en los mercados financieros deben ser registradas, trazables, reglamentadas y controladas. Hasta ahora los principales mercados financieros son de mutuo acuerdo, es decir que no estn sometidos a ningn control: se trata del mercado de cambios* (5.300 millardos de dlares cada da [19] ), del mercado de derivados*, del mercado de commodities* (materias primas bsicas) [20] ...

Poner fin al secreto bancario . Los bancos deben tener la obligacin de comunicar todas las informaciones sobre sus responsables, sus diferentes entidades, sus clientes, las actividades que ejercen y las transacciones que realizan por cuenta de sus clientes y por ellos mismos. Igualmente, las cuentas de los bancos deben tambin ser legibles y comprensibles. El levantamiento del secreto bancario debe convertirse en un imperativo democrtico mnimo para todos los pases. Concretamente esto significa que los bancos deben tener a disposicin de la administracin fiscal: -una lista nominativa de los beneficiarios de intereses, de dividendos, de plusvalas y dems rentas financieras;

- las informaciones sobre las aperturas, las modificaciones y los cierres de cuentas bancarias, de cara a establecer un repertorio nacional de las cuentas bancarias;

-todas las entradas y salidas de capitales con la identificacin de quin d la orden.

Prohibir las transacciones con los parasos fiscales* . Hay que prohibir a los bancos toda transaccin con un paraso fiscal. El no respeto de la prohibicin debe ir acompaado de sanciones muy duras, que pueden llegar hasta la retirada de la licencia bancaria y el pago de grandes multas.

Prohibir el trading de alta frecuencia* y el shadow banking. Limitar estrictamente lo que puede ser puesto fuera de balance* [21] . Prohibir las ventas a descubierto* y las ventas en corto*.

Condiciones de trabajo, salariales, de empleo y tiempo de trabajo . Garantizar el volumen del empleo en el sector bancario y las condiciones de trabajo. Instauracin de la igualdad completa de salario entre hombres y mujeres. Deber haber una escala de los salarios de tal naturaleza que eleve los salarios ms bajos y ponga un lmite a las ms altas rentas. Hay que instaurar un techo mximo de remuneraciones. Se podra seguir la recomendacin de Platn de fijar una distancia de remuneracin que no supere cuatro veces, o la de Aristteles, que la fija en cinco [22] . Esto implica evidentemente una reduccin radical de las remuneraciones autorizadas (remuneraciones fijas y otros emolumentos globalizados) para el personal de direccin [23] .

Las remuneraciones aleatorias indexadas a las ventas y otras primas que incitan a la omisin de informar y la toma de riesgos deben ser abandonadas en beneficio de una remuneracin fija. Por otra parte, la reduccin del tiempo de trabajo, preconizada ms adelante deber evidentemente ser aplicada en el sector bancario y compensada mediante contratacin de personal.

Hay que prohibir el benchmarking [24] y el lean management [25] .

Prohibicin de la socializacin de las prdidas de los bancos y de las dems instituciones financieras privadas. Se trata de prohibir a los poderes pblicos saldar con recursos pblicos deudas privadas.

Persecucin sistemtica de los dirigentes responsables de delitos y de crmenes financieros.

Retirada de la licencia bancaria a las instituciones que no respeten las prohibiciones y resulten culpables de malversaciones.

Poner impuestos a los bancos . Los beneficios de los bancos deben ser sometidos estrictamente a las disposiciones legales en materia de tributacin a las sociedades. En efecto, en la actualidad la tasa efectivamente pagada resulta claramente inferior a la legal, adems de insuficiente. Se deben poner impuestos a las transacciones bancarias de divisas y de ttulos financieros. Tambin a las deudas bancarias a corto plazo, con el fin de favorecer la financiacin de largo plazo.

Salvar a los bancos de otra forma . Adems de las tres disposiciones mencionadas ms arriba: responsabilidad ilimitada de los grandes accionistas (sobre su patrimonio global), garanta de los depsitos hasta 150.000 euros, prohibicin de poner deudas privadas a cargo de las finanzas pblicas, se trata de crear un mecanismo de puesta en quiebra ordenada de los bancos con la creacin de dos estructuras: un banco de separacin de activos privado (a cargo de los accionistas privados y sin ningn coste para los poderes pblicos) y un banco pblico hacia el que son transferidos los depsitos, as como los activos* sanos. Ciertas experiencias recientes pueden servir de fuente de inspiracin, en particular la experiencia islandesa a partir de 2008.

Hay que reforzar los bancos pblicos existentes y reinstaurarlos en aquellos pases en que han sido privatizados (por supuesto sometindoles como todos los dems bancos a las medidas concretas mencionadas ms arriba). En Francia, se ha puesto en pie en 2012 un colectivo Por un sector financiero pblico al servicio de los Derechos! [26] . En el caso de Blgica, donde el gobierno privatiz los ltimos bancos pblicos en los aos noventa, el Estado ha recomprado en 2011, la porcin belga del banco Dexia y es su accionista en el 100%. Dexia Banque se ha convertido en Belfius y mantiene un estatus privado. Es preciso que Belfius se convierta en un verdadero banco pblico y que se pongan en l en prctica las medidas concretas formuladas ms arriba. El montante pagado por el Estado se eleva a 4 millardos de euros, cantidad que la propia Comisin Europea ha considerado completamente exagerada. Lo que se tendra que haber hecho: Belfius habra debido ser constituida, sin conste para las finanzas pblicas, como institucin bancaria pblica gozando de los depsitos de los clientes de Dexia Banque y de todos los activos* sanos. Este banco habra debido ser puesto bajo control ciudadano. Las condiciones de trabajo, el empleo y las rentas del personal habran debido ser garantizadas, mientras que las remuneraciones de los dirigentes habran debido ser significativamente reducidas. Haba que prohibrsele a sus administradores y directores tener un mandato en una institucin privada. Los anteriores dirigentes de Dexia habran debido ser puestos a disposicin de la justicia por el ministerio pblico, por los diferentes delitos que han cometido.

La puesta en prctica de las 19 medidas concretas mencionadas ms arriba constituira un avance en la reforma del sector bancario, pero el sector privado continuara ocupando una posicin dominante. Lo que demuestra la experiencia de los ltimos aos es que no se puede otorgar confianza a los capitalistas para poseer y dirigir bancos. Si, mediante la movilizacin social se llega a hacer aplicar las medidas anteriormente presentadas (que, repito, estn todas ellas sujetas a discusin a fin de mejorarlas y completarlas), los capitalistas intentarn por todos los medios de recuperar una parte del terreno perdido, multiplicarn las actividades que les permiten soslayar las reglamentaciones, utilizarn sus poderosos medios financieros para comprar el apoyo de legisladores y de gobernantes a fin de desreglamentar de nuevo y de aumentar al mximo sus beneficios sin tener en cuenta el inters de la mayora de la poblacin.

Socializacin del sector bancario bajo control ciudadano

Porque los capitalistas han demostrado hasta qu punto eran capaces de cometer delitos y de correr riesgos (cuyas consecuencias luego se niegan a asumir) con el nico objetivo de aumentar su beneficios, porque sus actividades provocan peridicamente un pesado coste para la sociedad, porque la sociedad que queremos construir debe estar guiada por la bsqueda del bien comn, de la justicia social y de la reconstitucin de una relacin equilibrada entre los seres humanos y los dems componentes de la Naturaleza, hay que socializar el sector bancario. Como propone Frdric Lordon, se trata de realizar una desprivatizacin ntegra del sector bancario [27] .

Socializar el sector bancario significa:

- la expropiacin sin indemnizacin (o con como nica indemnizacin simblica de un euro) de los grandes accionistas (los pequeos accionistas sern indemnizados);

- concesin al sector pblico del monopolio de la actividad bancaria con una excepcin: la existencia de un sector bancario cooperativo de pequeo tamao (sometido a las mismas reglas fundamentales que el sector pblico);

- la creacin de un servicio pblico de ahorro, crdito e inversin estructurado en una red de pequeos establecimientos cercanos a la ciudadana;

-la definicin con participacin ciudadana de una Carta sobre los objetivos a alcanzar y sobre las misiones a proseguir;

- la transparencia (contable) de las cuentas que deben ser presentadas al pblico de forma comprensible.

La palabra socializacin es utilizada con preferencia a la de nacionalizacin o estatalizacin para indicar as claramente hasta qu punto es esencial el control ciudadano, con un reparto de decisin entre los dirigentes, representantes de los asalariados, clientes, asociaciones, cargos electos locales y representantes de las instancias bancarias pblicas nacionales y regionales. Hay por tanto que definir de forma democrtica el ejercicio de un control ciudadano activo. Igualmente, hay que impulsar el ejercicio de un control de las actividades de la banca por los trabajadores del sector bancario, as como su participacin activa en la organizacin del trabajo. Es preciso que las direcciones de los bancos presenten anualmente un informe pblico sobre su gestin. Hay que privilegiar un servicio de proximidad y de calidad que rompa con las polticas de externalizacin llevadas a cabo actualmente. Hay que impulsar al personal de los establecimientos financieros a asegurar a la clientela un autntico servicio de asesoramiento y romper con las polticas comerciales agresivas de venta forzada.

La socializacin del sector bancario y su integracin a los servicios pblicos permitirn:

- sustraer a los ciudadanos y los poderes pblicos del control de los mercados financieros;

- financiar los proyectos de los ciudadanos y de los poderes pblicos;

- dedicar la actividad bancaria al bien comn con entre otras misiones la de facilitar la transicin de una economa capitalista, productivista a una economa social y ecolgica.

Como ha escrito Patrick Saurin: Hoy no es el momento de socializar las prdidas de los bancos, sino los propios bancos en su totalidad [28] .

Socializacin del sector de los seguros y su integracin en el servicio pblico

Vista la imbricacin entre las actividades de la banca y de los seguros en el seno de los bancos universales*, visto que los grandes grupos aseguradores adoptan comportamientos tan aventureros como los bancos estando sometidos an a menos regulacin que stos, conviene tambin socializar el sector privado de los seguros. Recordemos que conforme al programa del Consejo Nacional de la Resistencia, las compaas de seguros fueron nacionalizadas en Francia en abril de 1946, despus de la nacionalizacin de los grandes bancos realizada a finales del ao 1945.

Las dems medidas a tomar para una salida de la crisis favorable a la aplastante mayora de la poblacin

La reduccin del dficit pblico no es un objetivo en s mismo. En efecto, en ciertas circunstancias, el dficit puede ser utilizado para relanzar la actividad econmica y realizar gastos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las vctimas de la crisis. Una vez la actividad econmica ha sido relanzada, la reduccin de los dficits pblicos debe hacerse, no reduciendo los gastos sociales pblicos, sino por la subida de los ingresos fiscales, luchando contra el gran fraude fiscal y tasando ms an las rentas de las grandes empresas, el patrimonio y las rentas de las familias ricas, las transacciones financieras... Es por otra parte perfectamente posible aumentar los ingresos de las tasas e impuestos, a la vez que disminuye la carga que pesa sobre las rentas y el patrimonio de la mitad de la poblacin ms desfavorecida.

Para reducir el dficit hay tambin que reducir radicalmente los gastos provocados por la devolucin de la deuda pblica, cuya parte ilegtima, insostenible, odiosa y/o ilegal debe ser anulada. La compresin de los gastos debe, por tanto, afectar al presupuesto militar as como a otros gastos socialmente intiles y peligrosos para el medio ambiente (construccin de nuevos aeropuertos, de nuevas infraestructuras viarias...).

En cambio es fundamental aumentar los gastos sociales, en particular para contrarrestar los efectos de la depresin econmica. Hay tambin que aumentar los gastos en las energas renovables y en ciertas infraestructuras como los transportes pblicos, los establecimientos escolares, las instalaciones de salud pblica. Una poltica de relanzamiento por la demanda pblica y por la demanda de la mayora de las familias genera igualmente una mejor entrada de ingresos tributarios.

Ms all de una poltica de relanzamiento del empleo y de la economa, la crisis debe dar la posibilidad de romper con la lgica capitalista y realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lgica a construir deber dar la espalda al productivismo, integrar la situacin ecolgica, erradicar las diferentes formas de opresin (racista, patriarcal...) y promover los bienes comunes.

Para ello, hay que construir un amplio frente anticrisis y anti austeridad, tanto a escala internacional como local a fin de reunir las energas para crear una correlacin de fuerzas favorable a la puesta en prctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y medioambiental.

Frenar los planes de austeridad: son injustos y profundizan la crisis

Poner fin a las medidas antisociales de austeridad constituye una prioridad absoluta. Mediante la movilizacin en la calle, en las plazas pblicas, la huelga, el rechazo de los impuestos y tasas impopulares, hay que forzar a los gobiernos a derogar los planes de austeridad [29] .

Anular la deuda pblica ilegtima, insostenible, odiosa y/o ilegal

Las auditoras ciudadanas en curso en varios pases han generado debates muy ricos e interesantes que permiten clarificar lo que hay que considerar como deudas pblicas que no deben ser pagadas. Sin pretensin de ser exhaustivo y de tener la ltima palabra, se pueden avanzar las definiciones siguientes:

Deuda pblica ilegtima: una deuda contratada por los poderes pblicos sin respetar el inters general o en perjuicio del inters general.

Deuda ilegal: deuda contratada en violacin del orden jurdico o constitucional aplicable.

Deuda pblica odiosa: crditos que son concedidos a regmenes autoritarios, o que lo son imponiendo condiciones que violan los derechos sociales, econmicos, culturales, civiles o polticos de las poblaciones afectadas por el pago de la deuda.

Deuda pblica insostenible: deuda cuya devolucin condena a la poblacin de un pas al empobrecimiento, a una degradacin de la salud y de la educacin pblica, al aumento del paro, incluso a la subalimentacin. En definitiva, una deuda cuya devolucin implica el no respeto de los derechos humanos fundamentales. Dicho de otra forma: una deuda cuya devolucin impide a los poderes pblicos garantizar los derechos humanos fundamentales.

La realizacin de una auditora de la deuda pblica efectuada por la ciudadana o bajo control ciudadano, combinada, en ciertos casos, con una suspensin unilateral y soberana de la devolucin de la deuda pblica permitir llegar a una anulacin/repudio de la parte ilegtima, odiosa, insostenible y/o ilegal de la deuda pblica y reducir fuertemente el resto de la deuda.

Las deudas pblicas acumuladas debido a rescates bancarios, tal como han sido realizados, constituyen un ejemplo tpico de deudas ilegtimas. No est excluido que en ciertos pases sean ilegales. Pueden ser igualmente insostenibles, como el caso de Grecia, de Chipre, de Irlanda...

Las deudas reclamadas por la Troika a Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre son a la vez ilegtimas (van en contra del inters general), odiosas (estn ligadas directamente a la imposicin de la parte del acreedor, la Troika, de violaciones de las relaciones contractuales, de derechos econmicos y sociales), insostenibles (vista la degradacin dramtica de las condiciones de vida de una parte importante de la poblacin) y en ciertos casos ilegales (es el caso en Grecia, donde la Constitucin no ha sido respetada ante la presin de la Troika y con la complicidad del propio gobierno griego sometido).

Por qu reducir la deuda pblica? Por qu el Estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pblica procediendo a la anulacin de las deudas ilegtimas?

En primer lugar por razones de justicia social, pero tambin por razones econmicas que cualquiera puede comprender y hacer suyas. Para salir de la crisis no hay que contentarse con relanzar la actividad econmica gracias a la demanda pblica y de las familias. Pues si nos contentramos con una poltica as, de relanzamiento combinado a una reforma fiscal redistributiva, el suplemento de ingresos fiscales sera absorbido en gran medida por la devolucin de la deuda pblica. Las contribuciones que seran impuestas a las familias ms ricas y a las grandes empresas privadas seran en gran medida compensadas por la renta que sacan de las obligaciones del Estado de las que son con mucho sus principales poseedores y beneficiarios (razn por la cual no quieren or hablar de una anulacin de la deuda). Claramente, por tanto hay que anular una gran parte de la deuda pblica.

La amplitud de esta anulacin depender de las caractersticas de la deuda de cada pas, del grado de conciencia de la poblacin vctima del sistema de la deuda (a este respecto, la auditoria ciudadana juega un papel crucial), de la evolucin de la crisis econmica y poltica, y sobre todo de las correlaciones de fuerzas concretas que se construyen en la calle, en las plazas pblicas y en los lugares de trabajo a travs de las movilizaciones actuales y futuras. En ciertos pases, como Grecia, Portugal, Irlanda, Espaa, Chipre... la cuestin de la anulacin de la deuda es una cuestin de la mayor actualidad. Para pases como Alemania, Pases Bajos, Francia, Blgica, Austria, Reino Unido, Estados Unidos la cuestin no se presenta (an) hoy como un problema a resolver con urgencia. Pero, tarde o temprano, la mayor parte de los pases se vern confrontados al carcter insostenible del pago de la deuda.

La suspensin de pago . Para las naciones ya sometidas al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisin Europea conviene recurrir a una moratoria unilateral de devolucin de la deuda pblica. Esta propuesta resulta popular en los pases ms afectados por la crisis. Tal moratoria unilateral debe ser combinada con la realizacin de una auditoria ciudadana de los prstamos pblicos, que debe permitir aportar a la opinin pblica las pruebas y los argumentos necesarios para el repudio de la parte de la deuda identificada como ilegtima. Como ha mostrado el CADTM en varias publicaciones, el derecho internacional y el derecho interno de los pases ofrecen una base legal para una tal accin soberana unilateral [30] .

Rechazar los aligeramientos de deuda ligados a condiciones antisociales por los acreedores . Ni hablar de apoyar los aligeramientos de deuda decididos por los acreedores, debido a las severas contrapartidas que stos implican. El plan de reduccin de una parte de la deuda griega puesto en prctica a partir de marzo de 2012 est ligado a la aplicacin de una dosis suplementaria de medidas que pisotean los derechos econmicos y sociales de la poblacin helena y a la soberana del pas [31] . Se trataba de una operacin que intentaba permitir a los bancos privados extranjeros (principalmente franceses y alemanes) dejar de implicarse limitando sus prdidas, a los bancos privados griegos ser recapitalizados a costa del Tesoro Pblico, y a la Troika reforzar de forma duradera su control sobre Grecia. Mientras que la deuda pblica helena representaba el 130% del PIB en 2009, y el 157% en 2012 tras la anulacin parcial de la deuda, ha alcanzado un nuevo pico en 2013 del 175%! Hay por tanto que denunciar la operacin de reduccin de la deuda griega, tal como ha sido llevada a cabo, y oponerle una alternativa: la anulacin de la deuda (es decir su repudio por el pas deudor) que es un acto soberano unilateral completamente legtimo.

La auditora debe permitir identificar a los responsables del endeudamiento ilegtimo, odioso, insostenible y/o ilegal . La auditora ciudadana debe asimismo permitir determinar las diferentes responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables, tanto nacionales como internacionales rindan cuentas ante la justicia. Si la auditora demuestra la existencia de delitos ligados al endeudamiento ilegtimo, sus autores (personas fsicas o jurdicas) debern ser severamente condenadas a pagar reparaciones, sern privados de ejercer una profesin ligada al crdito (bancos culpables podran verse retirada su licencia bancaria) y no debern escapar a penas de prisin en funcin de la gravedad de sus actos cometidos. Hay que demandar cuentas ante la Justicia contra las autoridades que hayan lanzado emprstitos ilegtimos.

Quin pagar la factura de la anulacin de la deuda? En todos los casos posibles es legtimo que las instituciones privadas y los individuos de altas rentas que poseen ttulos de esas deudas soporten el peso de la anulacin de deudas soberanas ilegtimas, pues tienen en gran medida la responsabilidad de la crisis, de la que adems se han beneficiado. El hecho de que deban soportar esta carga no es ms una justa contrapartida para ms justicia social.

Es pues importante identificar a los poseedores de ttulos, a fin de indemnizar entre ellos a los ciudadanos y ciudadanas de pequeos y medianos ingresos. El mejor medio de identificar a los poseedores de deuda es suspender su pago pues debern darse a conocer para pretender una devolucin. Esto permitir al Estado devolver ntegramente a los pequeos poseedores de ttulos de deuda pblica. Aadamos que con ocasin de una anulacin de deudas pblicas, convendr proteger a los pequeos ahorradores que han colocado sus economas en ttulos pblicos, as como a los asalariados y jubilados que han visto una parte de sus cotizaciones sociales (jubilacin, paro, enfermedad, familia) colocada por las instituciones o los organismos gestores en ese mismo tipo de ttulos [32] . La parte de la deuda pblica identificada como legtima deber ser reducida mediante las contribuciones fiscales de quienes se aprovecharon de ella. Una de las opciones para hacerles soportar el coste de la operacin consiste en cobrar un impuesto excepcional progresivo sobre el 10% ms rico. Los ingresos de este impuesto servirn para devolver anticipadamente una parte de la deuda considerada como legtima. Otras frmulas se pueden contemplar, la discusin permanece abierta.

Medidas complementarias sobre la deuda

Por otro lado, la parte de los presupuestos del Estado destinada a la devolucin de la deuda deber ser limitada en funcin de la salud econmica, de la capacidad de los poderes pblicos para devolver y del carcter incompresible de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo que se hizo para Alemania tras la Segunda Guerra Mundial: el acuerdo de Londres de 1953, que consista en particular en reducir el 62% del stock de la deuda alemana, estipulaba que la relacin entre servicio de la deuda y rentas de exportaciones no deba superar el 5% [33] . Se podra definir una ratio de ese tipo: la suma asignada al pago de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del Estado.

Hay igualmente que adoptar un marco legal a fin de evitar la repeticin de la crisis comenzada en 2007-2008: prohibicin de socializar deudas privadas, obligacin de organizar una auditora permanente de la poltica de endeudamiento pblico con participacin ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos ligados al endeudamiento ilegal, nulidad de las deudas ilegtimas, adopcin de una regla de oro que consiste en decir que los gastos pblicos que permiten garantizar los derechos humanos fundamentales son incompresibles y priman sobre los gastos relativos a la devolucin de la deuda... Como se ve, pistas alternativas no faltan.

Anulacin de las deudas privadas ilegtimas y/o ilegales

A escala internacional, en un clima de especulacin inmobiliaria en el que los bancos actuaban como motor, las entidades privadas han abusado masivamente de millones de familias en materia de crdito hipotecario. Cuando la burbuja estall y las faltas de pago se multiplicaron, estos bancos han recurrido a embargos y expulsiones forzosas. Es el caso de Estados Unidos, Espaa, Irlanda, Islandia, como tambin en varios pases de Europa central y del este. Hay que obtener la anulacin de las deudas ilegtimas, incluso ilegales, que conciernen al menos a centenares de miles de familias y movilizarse para que no sean expulsadas de su vivienda.

Los bancos y las instituciones universitarias privadas han abusado de centenares de miles de estudiantes, imponindoles condiciones de endeudamiento inadmisibles e ilegtimas. Recordemos que la deuda estudiantil en Estados Unidos alcanza 1.000 millardos de dlares. Son precisas igualmente medidas de anulacin de esas deudas.

Aumentar los recursos de los poderes pblicos y reducir las desigualdades mediante la instauracin de la justicia fiscal

Desde 1980 no han dejado de bajar los impuestos directos sobre las rentas ms elevadas y sobre las grandes empresas. Esos centenares de miles de millones de euros de regalos fiscales han sido orientados en lo esencial hacia la especulacin y la acumulacin de riquezas por parte de los ms ricos. Desde 1975-1980, la tendencia es a un aumento de las desigualdades, donde el 1% y el 10% ms rico de la poblacin aumentan fuertemente la parte de patrimonio que acaparan.

En 2010, en Europa, el 1% ms rico posee el 25% del patrimonio total. Es, grosso modo, la clase capitalista y concentra una parte impresionante del patrimonio. Si se ampla el estudio al 10% ms rico, es el 60% del patrimonio total el que est en manos de esa minora. Se puede considerar que el 9% as aadido representa el entorno o los aliados, en sentido amplio, de la clase capitalista. El 90% restante de la poblacin deba pues contentarse con el 40% del patrimonio. Y entre ellos, el 50% ms modesto no posea ms que el 5% [34] .

Lo que acabamos de decir para la Unin Europea puede ser extendido al resto del mundo pues, de Norte al Sur del planeta hemos asistido a un aumento impresionante del patrimonio de los ms ricos.

Habra tambin que interesarse por una minora an ms nfima. La veintemillonsima parte ms rica de la poblacin adulta a escala planetaria estaba constituida en 1987 por 150 personas, cada una de las cuales tena como media un patrimonio de 1,5 millardos de dlares. Diecisis aos ms tarde, en 2013, la veintemillonsima parte ms rica contaba con 225 personas, de las cuales cada una tena como media 15 millardos de dlares, es decir una progresin media del 6,4% por ao [35] . El 0,1% (la milsima de la poblacin mundial) ms rico tiene el 20% del patrimonio mundial, el 1% tiene el 50%. Si se toma en consideracin el patrimonio de los 10% ms ricos, Thomas Piketty estima que representa entre el 80% y el 90% del patrimonio mundial total, cuando al 50% menos afortunado le corresponde ciertamente menos del 5%. Esto da tambin aqu la medida del esfuerzo de redistribucin a realizar. Redistribucin que necesita la confiscacin de una parte muy importante del patrimonio de los ms ricos.

Volvamos a Europa. Hay que combinar una reforma en profundidad de la fiscalidad con un objetivo de justicia social (reducir a la vez las rentas y el patrimonio de los ms ricos para aumentar los de la mayora de la poblacin) con su armonizacin en el plano europeo a fin de impedir el dumping fiscal [36] . El objetivo es un aumento de los ingresos pblicos, en particular va impuesto progresivo sobre la renta de las personas fsicas ms ricas (la tasa marginal del impuesto sobre la renta puede ser llevado al 90% sin problemas, incluso al 100% [37] ), el impuesto sobre el patrimonio a partir de un cierto montante y el impuesto de sociedades.

El producto interior bruto de la Unin Europea se elevaba en 2013 a ms de 13.000 millardos de euros. El total del patrimonio privado de las familias europeas se eleva a alrededor de 70.000 millardos de euros. El 1% ms rico posee l solo, grosso modo, 17.500 millardos de euros (el 25% de 70.000 millardos de euros). El 9% que sigue posee 24.500 millardos de euros (el 35%). El 40% de en medio posee 24.500 millardos de euros (35%). El 50% restante posee 3.500 millardos de euros (5%).

El presupuesto anual de la Comisin Europea se eleva a alrededor del 1% del PIB de la UE. Esto significa que un impuesto anual del 1% sobre el patrimonio del 1% ms rico en la UE proporcionara una suma de 175 millardos, es decir ms que el presupuesto actual de la UE, que se eleva a alrededor de 145 millardos de euros. Qu decir de un impuesto del 5%! Esto da una idea de lo que potencialmente realizable si se lograra mediante la movilizacin social obtener un cambio radical de poltica a escala europea, o incluso a nivel de solo un pas de la UE.

Un impuesto excepcional (es decir realizado una sola vez en el curso de una generacin) del 33% sobre el patrimonio del 1% ms rico en la UE proporcionara cerca de 6.000 millardos de euros (es decir ms de 40 veces el presupuesto anual de la UE!). Qu decir de una tasa confiscatoria del 80%!

Esto debe permitir tomar la medida de lo que est en juego en la imposicin del patrimonio privado de los capitalistas y de las posibilidades que se abren en materia de elaboracin de proposiciones para encontrar el dinero all donde est, a fin de ponerlo al servicio de la justicia social.

Son numerosos los economistas que repiten sin cesar que no sirve de nada poner impuestos a los ms ricos pues son tan poco numerosos, que el rendimiento no puede ser verdaderamente importante. Sin embargo, el 1% ha concentrado a lo largo del tiempo una tal cantidad de bienes inmobiliarios y mobiliarios que una poltica que tenga por objetivo el 1% ms rico o el 2,5% ms rico (incluso el 10% ms rico) puede proporcionar un gran margen de maniobra para realizar la ruptura con el neoliberalismo.

A quienes afirman que ese patrimonio es inaccesible pues puede franquear fcilmente las fronteras, hay que responder que el embargo, la congelacin de los haberes financieros, duras multas y condenas hacia bancos que son cmplices de la huida de fondos [38] de los fondos y el control de los movimientos de capitales son poderosas herramientas que pueden perfectamente ser utilizados.

Este aumento de los ingresos debe ir parejo a una bajada rpida del precio para el acceso a los bienes y servicios de primera necesidad (alimentos bsicos, agua, electricidad, calefaccin, transportes pblicos, material escolar...), en particular mediante una reduccin fuerte y centrada del IVA sobre esos bienes y servicios vitales. Igualmente, habra que declarar exentos del impuesto sobre la tierra o inmobiliario la casa de residencia por debajo de un cierto montante, de forma que se alivie inmediatamente la carga fiscal sobre el 60% o el 70% de la poblacin menos afortunado.

Se trata, por otra parte, de adoptar una poltica fiscal que favorezca la proteccin de medio ambiente poniendo impuestos de forma disuasiva a las industrias contaminantes.

Emprstitos pblicos legtimos

Un Estado debe poder tomar prestado a fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por ejemplo realizando trabajos de utilidad pblica e invirtiendo en las energas renovables. Algunos de esos trabajos pueden ser financiados por el presupuesto corriente gracias a decisiones polticas. Emprstitos pblicos pueden hacer posibles otros de mayor envergadura, por ejemplo para pasar del todo automvil a un desarrollo masivo de los transportes colectivos respetuosos con el medio ambiente, para cerrar definitivamente las centrales nucleares y sustituirlas por energas renovables, para crear o revisar vas frreas de proximidad en todo el territorio, comenzando por el urbano y semiurbano, o tambin para renovar, rehabilitar o construir edificios pblicos o viviendas sociales reduciendo su consumo de energa y proporcionndolas comodidades de calidad.

Conviene definir una poltica transparente de emprstito pblico: 1. El destino del emprstito pblico debe garantizar una mejora de las condiciones de vida, rompiendo con la lgica de destruccin medioambiental; 2. El recurso al emprstito pblico debe contribuir a una voluntad redistributiva a fin de reducir las desigualdades. Es la razn por la que se hace preciso que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y las familias ricas estn obligadas por va legal a comprar, por un montante proporcional a su patrimonio y a sus rentas, obligaciones del Estado al 0% de inters y no indexadas con la inflacin. El resto de la poblacin podr adquirir de forma voluntaria obligaciones pblicas que garantizarn un rendimiento real positivo (por ejemplo el 3%) superior a la inflacin. As, si la inflacin anual se eleva al 3%, la tasa de inters efectivamente pagado por el estado para el ao correspondiente ser del 6%.

Tal medida de discriminacin positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresin racial en Estados Unidos, el sistema de castas en India o las desigualdades hombres-mujeres por doquier) permitir avanzar hacia ms justicia fiscal y hacia un reparto menos desigualitario de las riquezas.

Por otra parte, es preciso que el Banco Central de cada pas y el BCE (en el caso de los Estados miembros de la eurozona) financien el presupuesto del Estado a una tasa de inters cercana a cero.

Promocin y extensin de los servicios pblicos

El desarrollo de los servicios pblicos en el curso del siglo XX hasta el giro neoliberal de los aos ochenta constituye uno de los grandes avances sociales. Se trata no solo de defender esos servicios pblicos, sino de extenderlos a sectores de actividades que han sido privatizados e imponerles en sectores en los que no existan. La enseanza, la salud, los transportes colectivos, las telecomunicaciones, Internet, la radio televisin, correos, la distribucin y potabilizacin del agua, la recogida y tratamiento de los residuos, los cuidados de proximidad, las administraciones pblicas, los diferentes servicios de las administraciones locales y regionales, los servicios de incendios, de proteccin civil... son sectores en los que los servicios pblicos deben tener un papel dominante o monopolstico. Preconizamos la ampliacin de los servicios pblicos a los sectores de la banca y de seguros. Aadimos a ello el sector de la energa, lo que resulta esencial si se quiere asegurar la transicin ecolgica.

Los servicios pblicos deben recibir una dotacin financiera suficiente para asegurar su misin y remunerar a sus asalariados de forma decente. Las remuneraciones, el estatuto del personal, la estabilidad en el empleo, las condiciones de trabajo deben ser mejoradas. El control ciudadano es tambin esencial para mejorar la calidad del servicio.

Hay que desprivatizar las empresas y los sectores que han sido entregados al sector privado.

XI. Reforzar el sistema de jubilaciones por reparto

Otra conquista fundamental del siglo XX, el sistema de las jubilaciones por reparto (el primer pilar) debe ser reforzado. Hay que eliminar progresivamente el segundo y tercer pilares. Hay que rechazar los retrasos en la edad de jubilacin. Es perfectamente factible si el primer pilar es reforzado y si gracias a la reduccin del tiempo de trabajo en todos los sectores y al refuerzo de los servicios pblicos, se aumenta el nmero de empleos y, por tanto, el nmero de cotizantes al sistema de reparto.

Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para garantizar el pleno empleo y adoptar una poltica de rentas para realizar la justicia social

Repartir de otra forma las riquezas es la mejor respuesta a la crisis. La parte destinada a los asalariados en las riquezas producidas ha bajado claramente desde hace varios decenios, mientras que los acreedores y las empresas han acrecentado sus ganancias para consagrarlas a la especulacin. Aumentando los salarios, no solo se permite a las poblaciones vivir dignamente, sino que se refuerzan tambin los medios que sirven para la financiacin de la proteccin social y de los regmenes de jubilacin.

Disminuyendo el tiempo de trabajo sin reduccin de salario y creando empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores se proporciona un empleo a quienes tienen necesidad de l. La reduccin radical del tiempo de trabajo ofrece tambin la posibilidad de poner en prctica un ritmo diferente de vida, una forma diferente de vivir en sociedad alejndose del consumismo y rompiendo con la mercantilizacin de las relaciones sociales. El tiempo ganado a favor del ocio debe permitir el aumento de la participacin activa de las personas en la vida poltica, en el refuerzo de las solidaridades, en las actividades benvolas y en la creacin cultural, los productos de alta necesidad como les llaman intelectuales antillanos en un manifiesto publicado a comienzos de 2009. Es en definitiva, se trata de construir un nuevo imaginario, en lugar de un viejo imaginario reificado, alienado por la mercanca.

De igual modo, hay que elevar significativamente el montante del salario mnimo legal, de los salarios medios y de las asignaciones sociales. En cambio, hay que fijar un techo muy estricto para las remuneraciones de los dirigentes de las empresas, ya sean stas privadas o pblicas, remuneraciones que alcanzan en la actualidad cifras absolutamente inaceptables. Se trata de prohibir los bonus, las stock-options, las jubilaciones doradas y dems ventajas injustificadas derogatorias. Conviene instaurar una renta mxima autorizada. Como se ha indicado anteriormente, recomendamos una distancia mxima de 1 a 4 en las rentas con una globalizacin del conjunto de las rentas de una persona a fin de someterlas a tributacin.

Cuestionar el euro

El debate sobre la salida del euro para una serie de pases como Grecia es completamente necesario. Est claro que el euro es una camisa de fuerza para Grecia, Portugal, Chipre, Irlanda o tambin Espaa. Si no concedemos aqu la misma atencin que a las dems propuestas de alternativas es porque el debate atraviesa y divide tanto a los movimientos sociales como a los partidos de izquierda, y porque es necesario consagrarle numerosas pginas para recorrer el asunto. Si ciertos pases salen del euro, debern elegir entre una salida de derechas o una salida de izquierdas como seala Costas Lapavitsas [39] . Nuestra preocupacin central es reagrupar sobre los temas vitales mencionados ms arriba, en particular las soluciones a proponer referidas a los bancos y la deuda, dejando de lado temporalmente lo que nos divide.

Una Europa diferente: reemplazo de los tratados actuales va un verdadero proceso constituyente de los pueblos

Varias disposiciones de los tratados que rigen la Unin Europea, la zona euro y el BCE deben ser derogados. Por ejemplo, hay que suprimir los artculos 63 y 125 del Tratado de Lisboa, que prohbe todo control de los movimientos de capitales y toda ayuda a un Estado en dificultades. Hay igualmente que abandonar el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. El MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) debe ser eliminado.

Hay que revisar completamente la poltica monetaria as como los estatutos y prcticas del BCE. Los gobiernos y la Unin europea, que han creado el BCE se han dotado de una herramienta suplementaria de destruccin de las conquistas sociales y democrticas.

El BCE y los bancos centrales de los Estados deben poder financiar directamente a Estados preocupados por alcanzar objetivos sociales y medioambientales que integran perfectamente las necesidades fundamentales de las poblaciones.

Hay que derogar los tratados actuales y reemplazarlos por otros nuevos en el marco de un verdadero proceso democrtico constituyente. Esto implica la eleccin de una asamblea constituyente por sufragio universal, seguido de un referndum de aprobacin del proyecto de nueva Constitucin. Se tratar de llegar a un pacto de solidaridad de los pueblos para la democracia, el empleo y la transicin ecolgica.

Una Europa construida sobre la solidaridad y la cooperacin debe permitir dar la espalda a la concurrencia y la competicin, que tiran hacia abajo. La lgica neoliberal ha conducido a la crisis y revelado su fracaso. Ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos proteccin social, menos empleo, menos servicios pblicos. El puado de quienes se han aprovechado de esta crisis lo ha hecho pisoteando los derechos de la mayora de los dems. Los culpables han ganado, las vctimas pagan! Esta lgica, que est en la base de todos los textos fundadores de la Unin Europea debe ser combatida. Una Europa diferente, basada en la cooperacin entre Estados y la solidaridad entre los pueblos debe convertirse en el objetivo prioritario. Deben imponerse polticas globales a escala europea, que comprendan inversiones pblicas masivas para la creacin de empleos pblicos en terrenos esenciales (desde servicios de proximidad a las energas renovables, desde la lucha contra el cambio climtico a los sectores sociales bsicos). Una poltica diferente pasa por un proceso coordinado por los pueblos a fin de adoptar una Constitucin para construir una Europa diferente.

Esta Europa diferente democratizada debe trabajar para imponer principios no negociables: instauracin de la justicia fiscal y social, realizacin de la igualdad hombre-mujer, decisiones dirigidas a la elevacin del nivel y de la calidad de vida de sus habitantes, desarme y disminucin radical de los gastos militares, opciones energticas duraderas sin recurrir a lo nuclear, reduccin radical de las emisiones de gas con efecto invernadero, rechazo a los organismos genticamente modificados (OGM). Debe asimismo poner fin de manera resuelta a su poltica como fortaleza asediada por quienes emprender la inmigracin, para convertirse en un socio equitativo y verdaderamente solidario hacia los pueblos del Sur del planeta. El primer paso en ese sentido debe consistir en anular la deuda del Tercer Mundo de forma incondicional. La anulacin de la deuda es decididamente un denominador comn a todas las luchas, que es urgente realizar tanto en el Norte como en el Sur. Debe emerger una Europa de los pueblos que revise a fondo sus relaciones con el resto del mundo restituyendo lo que les es debido a las poblaciones de los dems continentes vctimas de siglos de robo y de dominacin europea.

Estas propuestas no encontrarn concrecin ms que si los ciudadanos y ciudadanas se movilizan, ms que si los pueblos se levantan, ms que si, a travs de la auto-actividad y la auto-organizacin, las poblaciones se convierten en actrices de su propia emancipacin.

Traducido por Alberto Nadal

Notas


[1] Eric Toussaint, matre de confrence en la universidad de Lieja, preside el CADTM Belgique y es miembro del consejo cientifico de ATTAC Francia. Es autor de los libros Procs dun homme exemplaire, Editions Al Dante, Marseille, 2013; de Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orgenes hasta la actualidad, Icaria 2010; La Deuda o la Vida (junto a Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, Paris, 2012. Este ltimo libro ha recibido el Prix du livre politique otorgado por la Foire du livre politique de Lige, http://www.cadtm.org/Le-CADTM-recoit-le-prix-du-livre

En mayo 2014 publicar su prximo libro: Bancocratie, editorial ADEN, Bruxelles, http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/toussaint-eric/bancocratie,58547448.aspx



[1] El Pacto internacional sobre los derechos econmicos, sociales y culturales fue adoptado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolucin 2 200 A (XXI). Entr en vigor el 3 de enero de 1976. Ver el texto ntegro del pacto y la lista de Estados firmantes en la pgina de la ONU:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=fr"https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=fr

Ver una sucinta presentacin en:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_international_relatif_aux_droits_ conomiques,_sociaux_et_culturels"http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_international_relatif_aux_droits_%C3%A9conomiques,_sociaux_et_culturels

[2] Ver el informe Safegarding Human Rights in Time of Economic Crises de Nils Muiznieks, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (publicado el 03/12/2013) ya citado en el captulo 36: Lo que comenz como una crisis del sistema financiero mundial en 2008 se ha transformado en una poltica de austeridad que amenaza a ms de 60 aos de solidaridad social y de extensin de la proteccin de los derechos humanos a travs de los Estados miembros de Europa. Una gran parte de esas medidas de austeridad -caracterizadas por recortes en los gastos sociales, subidas de impuestos regresivas, una disminucin de la proteccin de los trabajadores y las reformas de las pensiones- han exacerbado las consecuencias humanas ya graves de la crisis econmica, marcadas por niveles rcord de tasas de cambio. El abanico completo de los derechos humanos fundamentales ha sido tocado -desde el derecho a un trabajo decente, a un nivel de vida adecuado y a la seguridad social, hasta el derecho a la justicia, a la libertad de expresin, a la participacin y a la transparencia. Ver:

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2429572&SecMode=1&DocId=2099360&Usage=2 "

[3] El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Polticos (PIDCP) fue adoptado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolucin 2200 A (XXI). Este pacto entr en vigor el 23 de marzo de 1976. Ver el texto ntegro en https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume 999/volume-999-I-14668-French.pdf. Puede consultarse una versin en espaol aqu: http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm

[4] Comisin Europea, Banco Central Europeo (BCE), Fondo Monetario Internacional (FMI).

[5] Este ha sido claramente el caso en Grecia en 2010 con la imposicin del memorndum de la Troika. Otro ejemplo: la decisin anticonstitucional del gobierno belga de conceder una garanta de ms de 50 millardos de euros al banco Dexia en octubre de 2011. El gobierno belga ha tomado la medida va adopcin de un simple Real Decreto, cuando la Constitucin y las Leyes de Blgica exigen pasar por el poder legislativo.

[6] Las diferentes facetas de la crisis sistmica en curso han sido presentadas en Damien Millet y ric Toussaint (2009), La crise, quelles crises? ditions ADEN: Bruselas.

[7] El sector bancario debera ser completamente pblico con excepcin de un sector cooperativo de pequea talla con el que podra cohabitar y colaborar.

[8] Philippe Lamberts, eurodiputado verde, propone un mximo de 100 millardos de dlares activos. A modo de comparacin, el total del activo de BNP Paribas y de Deutsche Bank en 2011 era respectivamente de 2.164 millardos de euros y de 1.965 millardos de euros. http://www.philippelamberts.eu/les-7-peches-capitaux-des-banques . Considero que el tamao mximo debe ser claramente ms reducido, en particular en los pequeos pases. En efecto, 100 millardos de euros, es un mltiplo del PIB de Chipre, es ms que una cuarta parte del PIB de Blgica.

[9] Se trata de volver a poner en vigor leyes del tipo Glass Steagall Act, adoptada en Estados Unidos a partir del ao 1933.

[10] Philippe Lamberts et Gaspard Denis: http://www.philippelamberts.eu/les-7-peches-capitaux-des-banque

[11] Es lo que haba instituido la Glass Steagall Act antes citada

[12] Soy yo quien plantea el porcentaje.

[13] Para la Fundacin Coprnico es tan importante impedirles [a los bancos de negocios] asumir riesgos desproporcionados (tanto para ellos mismos como para la colectividad) y difundirlos. Las mismas autoridades deben tener el poder de controlar a priori los nuevos productos de colocacin, a veces exticos, puestos en el mercado y prohibir las operaciones cuya significacin escapa a la mayor parte de los propios banqueros, o las que permiten la especulacin sobre la deuda pblica (mercados de CDS, mercados a plazo sobre las obligaciones del estado, titulizacin) y sobre las materias primas incluyendo las agrcolas. Esta autorizacin previa implica evidentemente una capacidad para los funcionarios a cargo de la vigilancia, de comprender las innovaciones bancarias y, en caso de opacidad sospechosa, rechazarlas junio de 2012.

http://www.fondation-copernic.org/spip.php?article684"http://www.fondation-copernic.org/spip.php?article684

[14] http://blog.mondediplo.net/2013-02-18-La-regulation-bancaire-au-pistolet-a-bouchon

[15] Paul Jorion en Financit, noviembre de 2013. En otra parte, el mismo Paul Jorion recuerda que dos artculos del Cdigo Penal francs prohiban la especulacin hasta en 1885, fecha de su derogacin bajo la presin de los medios de negocios de la poca. Segn el artculo 421, Las apuestas que se hubieran hecho sobre la subida o la bajada de los efectos pblicos, sern castigadas con una prisin de un mes al menos, de un ao como ms. El artculo 422 precisaba: Ser considerada apuesta de este gnero, toda convencin de vender o de entregar efectos pblicos que no sean probadas por el vendedor haber existido a su disposicin en el tiempo del acuerdo, o haber debido haberse encontrado en el momento de la entrega.

http://www.pauljorion.com/blog/?p=57581 .

Paul Jorion cita igualmente otro artculo del Cdigo Civil, el artculo 1965 segn el cual La ley no concede ninguna accin por una deuda de juego o para el pago de una apuesta. Esta disposicin se inscribe en continuidad con el artculo 138 de la ordenanza de Luis XIII del 15 de enero de 1629, llamada Cdigo Michau, que indicaba: Declaramos todas las deudas contratadas para el juego como nulas, y todas las obligaciones y promesas hechas para el juego, por muy disfrazadas que estn, nulas y sin efecto, y desprovistas de toda obligacin civil o natural.

[16] Segn un estudio del banco ING, tres de cada diez belgas no tienen ningn ahorro (30/01/2014). http://www.express.be/sectors/fr/finance/ing-pres-de-3-belges-sur-10-declarent-navoir-aucune-epargne/201690.htm

[17] Fundacin Coprnico (2012), Changer vraiment Quelles politiques conomiques de gauche?, (junio). http://www.fondation-copernic.org/spip.php?article684

[18] Lo que quiere decir abandonar el sistema de ponderacin de los activos por el riesgo.

[19] Ver ric Toussaint, Comment les grandes banques manipulent le march des devises, publicado por Le Monde.fr (13/03/ 2014) (ver http://cadtm.org/Comment-les-grandes-banques ).

Publicado tambin en espaol: Los bancos especulan con las divisas, manipulan el mercado cambiario y la tasa Tobin est en el limbo http://cadtm.org/Los-bancos-especulan-con-las

[20] ric Toussaint, Les banques spculent sur les matires premires et les aliments, (10/02/2014) http://cadtm.org/Les-banques-speculent-sur-les

Publicado tambin en espaol: La banca especula con materias primas y alimentos: http://cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=10040

[21] Por ejemplo limitar que puedan quedar fuera de balance solo a las garantas y compromisos mediante firma. Es por tanto algo a debatir.

[22] Asignamos entonces como lmite a la pobreza el valor del lote inicial, que debe subsistir y que ningn magistrado ver disminuir con mirada indiferente, ni tampoco, en virtud de las mismas consideraciones, ningn otro ciudadano que quiere poner su honor en la virtud. Tomando este valor por unidad de medida, el legislador permitir adquirir el doble, el triple llegando incluso al cudruple Platn (2008), Las Leyes V, 744-d 744 e en Platn, Oeuvres compltes, Luc Brisson (dir.), Pars: Flammarion, 2008, p. 800.

[23] Con relacin a las empresas que no se plegasen a este lmite, las tasas impositivas sobre la franja superior de renta podran alcanzar el 100%.

[24] Benchmarking : Es una estrategia de mrquetin consistente en que una empresa estudia, analiza y compara las tcnicas de produccin, de gestin y de organizacin de las dems, para tomar de ellas elementos y prcticas que, se supone, le permitiran mejorar sus resultados. Este planteamiento ha sido aplicado para el interior de la empresa con el fin de poner en competencia permanente dentro de aqulla a los diferentes establecimientos, servicios y empleados, con graves consecuencias en lo referente a degradacin en las condiciones de trabajo que pueden llegar hasta la puesta en peligro de las personas asalariadas. En Francia, el sindicato Sud BPCE ha logrado en los tribunales que se prohba una organizacin del trabajo basada en el benchmark, declarando los jueces que una organizacin as compromete gravemente la salud de los asalariados (decisin del Tribunal de Gran Instancia de Lyon el 09/09/2012 y confirmada por una sentencia del Tribunal de Apelacin de Lyon del 21/02/2014).

[25] Lean management : es un mtodo de gestin de produccin surgido en la industria, caracterizado por una bsqueda permanente de ganancias de productividad, de calidad, reduccin de plazos y costes. La expresin inglesa lean, en espaol sin grasas, se halla en la siniestra expresin desengrasado, que designa operaciones de supresin de empleos. Esta carrera desenfrenada por los resultados tiene un impacto negativo muy fuerte entre las personas asalariadas, que se traduce en un agravamiento de los riesgos psicosociales y en problemas fsicos msculo-esquelticos.

[26] Ver http://pourunpolepublicfinancier.org . El polo pblico promovido por el colectivo reagrupara instituciones financieras pblicas (Banque de France, Caisse des Dpts y sus filiales financieras, OSEO, Socit des Participations de ltat, Banque Postale, UbiFrance, Agence Franaise de Dveloppement, Institut dmission des Dpartements dOutre-Mer, CNP Assurance), o cuya actividad tiene que ver con una misin de servicio pblico (Crdit Foncier, Coface). Entrara a formar parte todo banco o sociedad aseguradora en la que el Estado adquiriese una participacin mayoritaria o a la que les fuesen atribuidas misiones de servicio pblico. En Blgica, una pgina web creada por el PTB (Partido del Trabajo de Blgica) est dedicada a promocionar la necesidad de la banca pblica: http://www.banquepublique.be

[27] Frdric Lordon, Leffarante passivit de la re-rgulation financire, en Changer dconomie, les conomistes atterrs, Les liens qui librent, 2011, p. 242.

[28] Patrick Saurin, Socialiser le secteur bancaire (02/02/2013) http://www.cadtm.org/Socialiser-le-systeme-bancaire .

Ver asimismo: Syndicat Sud du groupe bancaire BPCE, Proyecto bancario alternativo (junio, 2012).

http://www.sudbpce.com/files/2013/01/2012-projet-bancaire-alternatif-definitif.pdf

Tambin en http://cadtm.org/Projet-bancaire-alternatif (ambos en francs).

[29] Espaa, Portugal, Grecia, Francia, Blgica, Brasil Ver la web de ICAN (en espaol): http://cadtm.org/ICAN,748

[30] Ccile Lamarque y Renaud Vivien, Plaidoyer juridique pour la suspension et la rpudiation des dettes publiques au Nord et au Sud (01/06/2011) http://cadtm.org/Plaidoyer-juridique-pour-la

[31] Ver http://www.cadtm.org/Le-CADTM-denonce-la-campagne-de (en francs).

[32] Thomas Coutrot, Patrick Saurin y ric Toussaint, Anular la deuda o gravar al capital: Por qu elegir? http://cadtm.org/Anular-la-deuda-o-gravar-al

[33] ric Toussaint (2007), Banco Mundial: el golpe de Estado permanente, Madrid: Viejo Topo, Captulo 4.

[34] Ver ric Toussaint: Cmo podemos utilizar lo que aprendemos del libro de Thomas Piketty sobre el capitalismo del siglo XXI? (16/02/2014) http://cadtm.org/Como-podemos-utilizar-lo-que

[35] Thomas Piketty (2013), Le capital au XXIe sicle, Pars: Seuil.

[36] Pensemos en Irlanda que aplica una tasa de solo el 12,5% sobre los beneficios de las sociedades. En Francia la tasa efectiva para las empresas del CAC 40 (las cuarenta principales empresas que cotizan en la bolsa de Pars) no es ms que del 8%, etctera.

[37] Sealemos que esta tasa del 90% haba sido impuesta a los ricos a partir de la presidencia de Franklin Roosevelt en Estados Unidos en los aos treinta. En Francia, haba sido decidida en 1924, y a continuacin en vsperas de la Segunda Guerra Mundial.

[38] El gobierno puede prohibir a los bancos que desarrollan sus actividades en el pas la realizacin de toda transaccin superior a una suma determinada sin autorizacin previa bajo pena de una multa igual a la suma transferida (a la que se aade la amenaza de la retirada de la licencia bancaria). Son perfectamente posibles diferentes frmulas.

[39] Costas Lapavitsas en Cdric Durand (dir.) (2013), En finir avec lEurope, Pars: La Fabrique. Sobre el mismo autor tambin puede consultarse, en espaol, su libro (junto a otros autores): Crisis en la Eurozona, Madrid: Capitn Swing Libros, 2013.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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