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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-04-2014

El escritor Mario Amors publica Argentina contra Franco. El gran desafo a la impunidad de la dictadura (Akal)
Contra el punto final de la dictadura franquista

Enric Llopis
Rebelin


En 1969 Manuel Blanco Chivite estudiaba periodismo en Madrid y se acerc al Partido Comunista de Espaa (Marxista-Leninista). Dos aos despus, desde el momento de su fundacin, comenz a militar en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Como muchos militantes antifranquistas, Manuel Blanco Chivite pas por la Direccin General de Seguridad y por los temibles calabozos de la Brigada Poltico-Social. Fue en julio de 1975, cuatro meses antes de la muerte del dictador. Esa semana tambin cayeron otros compaeros del FRAP, acusados sin pruebas de la muerte de un polica, reivindicada por esta organizacin. No se avis a abogados ni familiares de las detenciones (en la prctica, permanecan secuestrados). La esposa de Manuel, Milagros Ponz, tambin fue secuestrada sin acusacin y conducida a San Sebastin, ciudad que se hallaba en estado de excepcin.

El testimonio de Manuel Blanco Chivite es uno de los diez relatos compilados por el historiador y periodista Mario Amors en el libro Argentina contra Franco. El gran desafo a la impunidad de la dictadura, editado por Akal en la coleccin A Fondo, que dirige el periodista Pascual Serrano. Ellos y ellas fueron detenidos por la Brigada Poltico-Social del franquismo y torturados en la Direccin General de Seguridad, emplazada en la Puerta del Sol de Madrid, entre 1956 y 1975.

La esperanza para tantos militantes antifranquistas, y para la recuperacin de la memoria democrtica, se deposita en la perseverante labor, iniciada hace cuatro aos, de la jueza Argentina Mara Servini de Cubra, quien el 18 de septiembre de 2013 pidi la extradicin de Jess Muecas Aguilar, antiguo capitn de la Guardia Civil, y Juan Antonio Gonzlez Pacheco (Billy el Nio). Recuerda Mario Amors que ambos tuvieron que declarar en la Audiencia Nacional espaola el 5 de diciembre de 2013, acusados de gravsimos casos de tortura.

La denominada Querella Argentina ha cobrado valor de un verdadero proceso judicial e histrico al franquismo, recuerda Mario Amors. Ms de 300 personas (a ttulo individual) se han sumado como querellantes a una iniciativa que respaldan ms de un centenar de asociaciones agrupadas en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crmenes del Franquismo (CEAQUA), constituida en junio de 2012. Los consulados argentinos permanecen abiertos a las personas que deseen formalizar su denuncia. Todas las expresiones de la represin desplegada por el fascismo espaol entre julio de 1936 y junio de 1977 estn confluyendo en un juzgado de Buenos Aires: fusilamientos, tortura, prisin poltica, exilio, trabajo esclavo, robo de bebs, desaparecidos, depurados, resume el autor de Allende. La biografa.

Todo comenz en Buenos Aires el 14 de abril de 2010, apunta Amors. Ese da, dos familiares de vctimas de la represin franquista -Daro Rivas e Ins Garca-, la Asociacin para la Recuperacin de la Memoria Histrica y organizaciones de derechos humanos (Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras) presentaron una querella criminal por los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad cometidos en el estado espaol entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Todo ello en ejercicio del principio de jurisdiccin universal. La jueza Servini imput a Muecas Aguilar la participacin en las torturas al ciudadano Andoni Arrizabalaga en 1968. A Gonzlez Pacheco (Billy el Nio) le acus de participar en las torturas sufridas por 13 personas entre 1971 y 1975.

Qu ocurri con los militantes del FRAP entre otros, Manuel Blanco Chivite- detenidos en julio de 1975? Padecieron torturas salvajes en la Direccin General de Seguridad por parte de Roberto Conesa y sus hombres. Golpes con porras, varas y palos. A Blanco le sacudieron con una estufa de butano; la tortura del pato (caminar en cucillas con las manos esposadas a la espalda); a algn detenido le colocaron los agentes una pistola en la boca y le amenazaron con descerrajarle un tiro; dejar en carne viva las plantas de los pies; intento de linchamiento organizado por parte de policas armados. Tortura fsica y psicolgica, en resumen, cruel ensaamiento, durante una semana sin interrupcin hasta que cinco de los detenidos firmaron declaraciones que les comprometan.

A este grupo de militantes del FRAP, y a otro detenido por la polica un mes despus, se les aplic de manera retroactiva el Decreto Ley Antiterrorista de 22 de agosto. Manuel Blanco y sus compaeros fueron procesados por el Juzgado Militar Permanente nmero 2. Se les traslad a la prisin de Carabanchel, fueron encerrados en la galera subterrnea e incomunicados. En la crcel continuaron los interrogatorios por parte de la Brigada Poltico-Social y la Guardia Civil, en los que se pretenda la autoinculpacin. Manuel y sus cuatro compaeros fueron sometidos a Consejo de Guerra el 12 de septiembre en el cuartel de El Goloso (Madrid). El juez instructor rechaz que se practicasen 124 pruebas testificales y periciales, tal como propona la defensa. Pese a las irregularidades y precariedad probatoria manifestadas en el Consejo de Guerra, denunciadas en su da por la Liga Internacional de Derechos Humanos, se decret la pena de muerte para varios detenidos as como largas penas de prisin. Voluntarios de la guardia civil y voluntarios de la polica armada participaron en los fusilamientos.

El autor del libro prueba los hechos con los testimonios de Manuel Blanco, Vctor Daz-Cardiel, Felisa Echegoyen, Jos Mara Galante, Julia Hidalgo, Paco Lobatn, Willy Meyer, Roser Rius, Alfredo Rodrguez y Jess Rodrguez. Ahora bien, qu ocurri con los responsables? En un apartado de tres pginas, titulado Reciclaje e impunidad, Mario Amors detalla la suerte de algunos de los cabecillas del aparato represor: Muchos de los principales agentes y mandos de la Brigada Poltico-Social lograron reciclarse sin problemas, e incluso con honores y beneficios econmicos en los aos de la Transicin. El comisario Saturnino Yage, jefe mximo entre 1963 y 1975, falleci en Madrid en 1978 sin que pechara con sus actos.

Roberto Conesa (conocido como el superagente Conesa) falleci en 1994 exonerado de condena judicial o reproche pblico. Incluso el ministro Martn Villa recuper a Conesa, cuando ste ocupaba el cargo de Jefe Superior de la Polica en Valencia, para que participara en la investigacin de dos secuestros obra de los GRAPO. Detalla Mario Amors que Conesa fue apartado en 1979 (tras sufrir un infarto) de la jefatura de la Brigada de Informacin de la Polica (sucesora de la Brigada Poltico-Social). Lo sustituy en el cargo Manuel Ballesteros, uno de los ms despiadados agentes de la Brigada Poltico-Social en Valencia. Ballesteros alcanz la direccin del Gabinete de Informacin del Ministerio del Interior en la etapa de Jos Barrionuevo y Rafael Vera. Adems, fue condenado en dos ocasiones por su implicacin en la guerra sucia contra ETA, aunque finalmente le absolvi el Tribunal Supremo. A Juan Antonio Gonzlez Pacheco le concedi Martn Villa en 1977 la Medalla de Plata al Mrito Policial por su aportacin a la liberacin del general Villaescusa, secuestrado por el GRAPO. Con la entrada en vigor de la Ley de Amnista ese mismo ao, se archivaron las 17 denuncias por delitos de tortura que recaan sobre su persona, relata Mario Amors.

El autor del libro pespuntea la peripecia vital de Billy el Nio: En 1981, cuando fue vinculado con la guerra sucia contra ETA en Francia y tuvo que declarar en la Audiencia Nacional, fue destinado a la Brigada Central de la Polica Judicial. Un ao despus, pidi la excedencia y durante aos se emple como jefe de seguridad en empresas muy importantes (). Sus obligaciones profesionales se concentran en la empresa de seguridad que figura a nombre de su esposa, que factur casi 110.000 euros en 2013.

El edificio de la Puerta del Sol, hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, acogi durante la dictadura franquista la Direccin General de Seguridad y tambin las dependencias de la Brigada Poltico-Social, creada en 1941. Cul era su cometido? Seguimientos, escuchas telefnicas, control de la correspondencia, detenciones, confiscacin e incautacin de bienes, allanamiento y registro de viviendas y, como les ensearon los nazis, la tortura como mtodo recurrente para ampliar la informacin o simplemente como forma de castigo; y actuaba con impunidad indiscutida, absoluta avasalladora; cualquier conducta que pudiera afectar al orden pblico converta a un ciudadano en sospechoso. Anota Mario Amors que est pendiente todava una investigacin de la huella nazi en los orgenes de la Brigada Poltico-Social.

Los plazos para la detencin policial estaban estipulados en 72 horas, pero estos lmites temporales, seala el historiador Julin Casanova, eran en muchos casos una falacia. La permanencia en las comisaras, en medio de vejaciones y torturas, poda durar das e incluso semanas. En ocasiones las detenciones tampoco se registraban. De ese modo se efectuaban diligencias sin mdicos, sin abogado y sin derecho a la defensa. Testigo de aquella poca negra fueron las comisaras de Via Laietana en Barcelona o la Direccin General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid. Y personajes como Antonio Juan y Vicente Juan Creix (Barcelona); Melitn Manzanas (San Sebastin); Manuel Ballesteros (Valencia) o Roberto Conesa, Jos Sainz y Juan Antonio Gonzlez Pacheco (Madrid).

Muy vinculada a la Direccin General de Seguridad, comenz a funcionar en 1964 el Tribunal de Orden Pblico (TOP), institucin a la que le corresponda la persecucin de la actividad poltica antifranquista, subraya Mario Amors. El TOP otorgaba un valor capital a los atestados que remita la Brigada Poltico-Social. Adems, en sus 13 aos de actividad, el TOP abri 22.660 procedimientos y dictaron 3.798 sentencias, de las que 2.839 fueron condenatorias (11.731 aos de crcel). El 60% de los procedimientos se tramitaron entre 1974 y 1976. La jurisdiccin de Orden Pblico desapareci en enero de 1977, y fue sustituida por la Audiencia Nacional. Lo peor fue, sin embargo, que no slo se acord la amnista, sino que se decret el olvido. La frase de Josep Fontana encabeza y resume el libro.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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