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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-04-2014

Tras la negativa a extraditar al capitn franquista Muecas por torturador
La jueza Servini baraja actuar como en Chile ante la cobertura de la Audiencia Nacional a Muecas

Ramn Sola
Naiz


Como estaba cantado de antemano, la Audiencia Nacional espaola ha rechazado extraditar a Argentina al capitn franquista Muecas, acusado de torturador por numerosos testimonios. Los argumentos son los previsibles. La pelota vuelve as al tejado de la juez Servini, que hace unos meses apunt que est dispuesta a repetir lo que ya hizo en Chile: intervenir en el pas tras denegrsele demandas de extradicin.

En su primera decisin revelante en el caso de la querella argentina contra conocidos torturadores y responsables de la represin franquista, como estaba cantado la Audiencia Nacional ha rechazado la peticin de extradicin del capitn de la Guardia Civil Jess Muecas, acusado de graves torturas en la zona de Zarautz.

No obstante, la decisin espaola no tiene por qu cerrar este proceso. De hecho, en una entrevista concedida a Radio Euskadi en el pasado mes de diciembre Mara Servini de Cubra adelantaba la posibilidad de repetir en el Estado espaol la actuacin in situ que realiz ya en Chile. Fue su reaccin ante la negativa a extraditar a dos pinochetistas responsables de la muerte del general Prats y su esposa. La decisin de Servini de personarse all para interrogar a los acusados precipit que el caso fuera finalmente juzgado, y no en Argentina sino en Chile.

En la trayectoria de Servini figuran episodios como presentarse en persona en prisiones para resolver varios motines carcelarios en los aos 80. Pero el episodio ms conocido y asemejable al caso del franquismo es el del da en que aterriz en Chile para interrogar a dos sospechosos de la muerte en 1974 del general Carlos Prats -que haba sido comandante en jefe del Ejrcito, ministro de Interior y de Defensa y vicepresidente con Salvador Allende-, as como de su esposa Sofa Cuthbert. El Gobierno chileno se haba negado a extraditarlos, as que Servini tom la iniciativa de ir a a buscarlos a suelo chileno.

Prats y su esposa, exiliados en Buenos Aires, murieron destrozados por una bomba colocada en su vehculo, un Fiat 125, y activada por control remoto. La investigacin posterior determin que el atentado haba sido cometido por la DINA, la Polica secreta de Pinochet, y en el marco de la Operacin Cndor, coordinada por las dictaduras latinoamericanas y la CIA. Pero no habra condena contra nadie hasta casi tres dcadas despus, gracias al impulso de Servini.

Viaje a Chile, no sin polmica

Los tribunales chilenos abordaron por primera vez el caso en 2002, tras la intervencin de la jueza argentina. Antes, Servini haba logrado en 1999 interrogar en Estados Unidos a Michael Townley, uno de los autores de la muerte, que confes los hechos y realiz algunas inculpaciones, con nombres y apellidos, contra militares chilenos a los que atribua la orden.

Tan detallada declaracin tampoco sac a los tribunales chilenos de su mutismo, y eso que el entonces presidente, Ricardo Lagos, se declar impactado. Las demandas de extradicin cursadas por Servini no tenan respuesta, as que tom una decisin drstica e inhabitual: intervenir en otro pas. El 15 de octubre de 2001, se subi a un avin para interrogar personalmente en Santiago a los exfuncionarios civiles de la DINA Christop Willike y Mariana Callejas (esposa de Townley).

El viaje se realiz con permiso de las autoridades chilenas, que no vean forma de oponerse, pero tampoco result pacfico del todo. Varias mujeres seguidoras de Augusto Pinochet arrojaron huevos y piedras al vehculo de la jueza argentina entre gritos de ``Servini fuera de Chile''. El exdictador todava viva por aquel entonces, e incluso volvi a Santiago al constatar que el caso avanzaba.

La tenacidad de Servini dio fruto. En diciembre de 2002, casi 30 aos despus del atentado mortal, la Corte chilena acept el recurso y decidi por vez primera que haba que estudiar el caso. En julio de 2010, el Supremo de Chile conden a 17 aos de prisin al general Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza, los dos principales mandos de la DINA y ambos sealados expresamente por la confesin de Townley ante Servini. Otros 15 aos recayeron en cuatro militares ms, y cinco en Mariana Callejas. Acababa de paso con ello la interminable lucha de las vctimas por el reconocimiento de la verdad. Las hermanas Prats fueron a dar las gracias a la Embajada argentina nada ms conocerse el fallo. Carlos Cuadrado, el nieto del general que escupira al fretro de Pinochet en su velatorio, pudo descansar.

Prescrito

Lo seguro por el momento es que la pelota vuelve a la jueza Servini despus de que la Audiencia Nacional rechazara ayer la extradicin a Argentina del capitn Muecas. El fallo es muy escueto, apenas siete folios, y totalmente previsible. Considera que los eventuales delitos imputados, cometidos en torno al ao 1968, estn prescritos. Y aade que tampoco son constitutivos de genocidio.

La seccin tercera de la Audiencia Nacional argumenta que el delito de torturas, castigado en el Estado espaol con un mximo de seis aos, prescribe a los diez aos desde la comisin del delito o desde que el procedimiento se dirige contra el culpable. Recuerda el tribunal especial que la accin penal en este caso se inici en virtud de una querella presentada en Argentina en 2012, por lo que ha superado crecidamente los plazos de prescripcin.

Junto a ello, rechaza que los hechos de los que se le acusa pudieran constituir un delito de lesa humanidad, dado el tenor aislado de la accin imputada (torturas en Zarautz a Andoni Arrizabalaga, que luego pasaran a la historia resumidas en la cancin ``Itziarren semea'').

A todo ello aaden los magistrados la denegacin en razn de la nacionalidad del reclamado, carente de vnculo alguno con Argentina.

Durante la vista, el fiscal Pedro Martnez Torrijos se opuso a que se le extradite alegando tambin la prescripcin, pero en un gesto destinado a tratar de sacudirse la presin de la jueza argentina, inst a presentar una querella para investigar el tema en el juzgado natural, que est en Azpeitia. Obviamente supone una va muerta, porque tambin ah se estipulara que el asunto est prescrito.

Saturraran, entre los nuevos testimonios aportados

Precisamente ayer, siete personas procedentes de Asturias, familiares de desaparecidos y fusilados durante la dictadura franquista, acudieron al Consulado de Argentina en Madrid, en el marco de la causa que investiga los crmenes del franquismo, para aportar nuevos testimonios a esta querella. Entre las demandas que entregaron al cnsul para que las haga llegar a la jueza Servini est la de una mujer, Josefa vila lvarez, cuyo marido, Jos Abargues Perles, fue condenado a muerte y fusilado en setiembre de 1939.

Josefa vila, embarazada y con seis hijos ms, estuvo presa en Pravia y Uviu, donde dio a luz a su ltima hija, y despus fue encarcelada en la prisin vasca para mujeres de Saturraran, donde estuvo hasta abril de 1943. Dos de sus nietas sern las encargadas de explicar el relato de esta mujer y de su familia.

Se calcula que entre los aos 1938 y 1943 pasaron por ese penal entre 2.000 y 4.000 mujeres, y que entre sus muros pudieron fallecer ms de 150 en condiciones de vida extremadamente penosas.

Adems del de Josefa vila, se han denunciado en el Consulado argentino otros casos referenciales de diferentes formas de represin franquista. Uno de los protagonistas, Jos Miguel Surez, explic a los medios que de demandas presentadas se distinguen en dos tipos: por un lado, las de personas que sufrieron torturas y represin de la dictadura y, por otro, las denuncias de nietos que perdieron a sus familiares.

Otra de las personas que ha viajado desde Asturias a Madrid es Vicente Gutirrez Sols, que se signific por su labor en el Partido Comunista en los pozos mineros desde 1955. Como aqu no se ha hecho justicia, ni se ha juzgado ni condenado al rgimen franquista, la nica va que tenemos es venir aqu, al consulado, para que Argentina juzgue los hechos, seal en declaraciones a Efe. Hay que recordar que en el proceso abierto por Servini Argentina ha dado orden de abrir todos sus consulados en el mundo para la recepcin de este tipo de denuncias.

Gutirrez hizo hincapi en que l y otros compaeros sufrieron numerosas detenciones y palizas cuando hacan huelga en la mina, circunstancias que le llevaron a escapar al Estado francs, lo que no le libr de ms palizas y detenciones que continuaron hasta el ao 1977.

Fuente: http://www.naiz.info/es/hemeroteca/gara/editions/gara_2014-04-26-07-00/hemeroteca_articles/servini-baraja-actuar-como-en-chile-ante-la-cobertura-de-la-an-a-munecas



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