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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-05-2014

El anteproyecto refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejrcitos de la OTAN
Nuevo apretn de tuercas: el Cdigo Penal Militar

Manuel Pardo de Donlebn Montesino
Rebelin


En fechas recientes, el Gobierno ha iniciado la tramitacin de la Ley Orgnica de un nuevo Cdigo Penal Militar (CPM). Esta reforma est justificada en los grandes cambios producidos en las Fuerzas Armadas (FAS), como consecuencia de la desaparicin del servicio militar obligatorio, de las modificaciones en la carrera militar y de la implantacin de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS.

En su justificacin del proyecto, olvida el Gobierno, sin embargo, mencionar las obligaciones que ha contrado el Estado Espaol como firmante de varios instrumentos de derecho internacional, que clamaban por una reforma radical de la justicia militar desde hace mucho tiempo.

Aplicacin a civiles


Entre los aspectos ms preocupantes del proyecto, figura la aplicacin a civiles de ciertos delitos por el simple truco de convertirlos en delitos militares, contraviniendo as el Principio 29 sobre Restricciones a la competencia de los Tribunales Militaresde la Comisin de Derechos Humanos de Naciones Unidasi; en particular, resultan de aplicacin a civiles los delitos de espionaje militar y revelacin de secretos militares, atentado contra instalaciones o medios de defensa o seguridad, incumplimiento de bandos y otros contra el patrimonio o la autoridad militar, en algunos casos (aunque no en todos), en circunstancias de estado de sitio o de conflicto armado.

En la mayora de los casos, esos delitos estn ya tipificados en el Cdigo Penal (CP), tal vez faltos de precisin en cuanto al rigor requerido para proteger bienes jurdicos especficamente militares. Resulta sorprendente que el Gobierno no haya aprovechado la radical reforma del Cdigo Penal para corregir estas carencias; le resulta ms prctico declararlos delitos militares para que pasen a ser juzgados directamente por tribunales militares. Este procedimiento resulta fraudulento y contraviene los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Delitos de derecho internacional


Paradjicamente, en el Cdigo Penal si que existen los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Numerosos organismos internacionales, como el Comit contra la Tortura o el Comit contra las Desapariciones Forzadas, han clamado contra la aplicacin de la justicia militar en los casos de graves violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros crmenes de derecho internacional humanitario.

Sin embargo, el proyecto de CPM se reserva el derecho de investigar y castigar estas conductas por el truco, otra vez, de convertirlos en delitos militares, cuando sean cometidas por militares y se perpetren con abuso de facultades o infraccin de los deberes de las leyes de Derechos y Deberes de las FAS y de la Guardia Civil (GC); es decir, siempre. El proyectado CPM hurtar as a la justicia ordinaria el conocimiento de los peores delitos que pueden perpetrar los militares en su ejercicio profesional. Recientemente se dio un caso, con ocasin de unas denuncias de malos tratos o torturas a detenidos durante la guerra de Irak, que fueron investigadas por la fiscala militar, sin intervencin de la justicia ordinaria y sin que haya habido mas noticias hasta hoyii.

Y este es el procedimiento que estn utilizando las fuerzas armadas y de seguridad en Colombia para eludir la accin de la justicia en las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en la guerra sucia contra los grupos armados de oposicin.

Obediencia debida


El proyecto suscita serias objeciones al principio de obediencia debida cuando no hace mencin explcita de las violaciones graves de derechos humanos y, en concreto, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, crmenes de guerra o crmenes de lesa humanidad como circunstancias limitadoras de la obediencia debida. Las simples alusiones a actos que manifiestamente constituyan delito o una infraccin manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposicin general resultan demasiado vagas para prevenir los peores crmenes, en especial cuando se establece que se considerar circunstancia atenuante muy cualificada la de haber precedido por parte del superior inmediata provocacin o cualquier otra actuacin injusta que haya producido en el sujeto arrebato, obcecacin u otro estado pasional de entidad semejante.

Por otra parte, en los delitos contra los deberes del mando tampoco se enfatizan las graves responsabilidades que se asumen al ordenar o tolerar este tipo de delitos de derecho internacional sobre otros actos ilegales o abusos. No ampara todo ello la exigencia de los instrumentos internacionales aceptados por Espaa de combatir por todos los medios esos crmenes contra la humanidad, ni resulta aceptable para un militar honrado la posibilidad de eludir sus responsabilidades personales al desobedecer ciertas ordenes prohibidas.

Delitos contra los derechos de las personas


Preocupa especialmente la categorizacin como delitos militares de aquellos hechos cometidos por militares que afectan a los derechos fundamentales de otros (abuso de autoridad, insulto a superior, o violacin de derechos entre iguales), sin mencin explcita a la proteccin de las vctimas del delito. Cobra especial trascendencia en aquellos casos en que estos delitos se perpetran en conexin con actos contra la indemnidad sexual. En estos casos se violentan dos bienes jurdicos simultneamente: la indemnidad sexual (u otros derechos fundamentales) por una parte, la disciplina por otra. El hecho de convertirlos en delitos militares los hace automticamente ser juzgados por los tribunales militares, dando de esta forma prelacin al bien jurdico disciplina sobre el derecho fundamental violado, que debe tener mayor proteccin que aquella.

Los bienes jurdicos protegidos


En el prembulo del proyecto se justifica la introduccin en el CPM como delitos militares de algunos que ya aparecen en el CP, cuando ste no recoja las singularidades referidas al bien jurdico protegido como esencial o estrictamente militares. De esta manera, se introducen los delitos de traicin militar, espionaje militar y revelacin de secretos que comprometen a la defensa, dando por hecho que el bien jurdico protegido (la defensa de la nacin) es un asunto de los militares y no de todo el pueblo espaol. Se abusa de los conceptos jurdicos indeterminados (ofensas, ultrajes e injurias), el objeto de los cuales seran Espaa y sus smbolos y las FAS y sus smbolos. Por otra parte, tampoco se entiende que, en el caso de las dos primeras (ofensas y ultrajes a Espaa y sus smbolos), se hayan definido como delitos militares, dado que el bien jurdico protegido, en este caso, no es estricta o esencialmente militar.

La Guardia Civil, remilitarizada


El proyecto est plagado de alusiones a la condicin de los guardias civiles como militares e incluso, a los bienes e instalaciones de la GC como bienes jurdicos a proteger por la justicia militar, convirtiendo as en delitos militares (y juzgados, por tanto, por tribunales militares) conductas que ya estn recogidas en el CP. De hecho, se convierte a los guardias civiles en soldados a tiempo completo, con la sola excepcin del tiempo en que se encuentren cumpliendo servicios policiales. Esto, obviamente, supone una tremenda limitacin en sus derechos civiles cuando no se encuentran en acto de servicio, dndose la paradoja de que gozan de ms libertades cuando estn de servicio que cuando estn fuera de servicio.

Los derechos civiles de los militares


En general, la misma crtica puede hacerse en relacin con los militares todos, a los que se aplican mayores limitaciones que a los civiles en sus derechos fundamentales por el mero hecho de serlo, independientemente de que sus conductas se realicen en acto de servicio o no. Estas limitaciones no se daran si muchas de las conductas definidas como delito militar se circunscribieran a los actos del servicio, cuando se encuentren en funciones militares.

El estado de guerra, vs situacin de conflicto armado


El texto est plagado de situaciones para las que se explicitan agravamientos de condena, aplicacin a civiles e incluso la conversin de un delito del CP en militar: el Estado de Sitio y el conflicto armado. En el actual CPM se habla de estado de guerra, que es una situacin perfecta y taxativamente determinada por la existencia de una declaracin de guerra. Este concepto desaparece del texto propuesto, siguiendo la doctrina, internacionalmente admitida, de extender el derecho de la guerra a los conflictos armados (que viene a reconocer el hecho de que en la inmensa mayora de los enfrentamientos entre pases o grupos armados no ha mediado una declaracin de guerra, en tanto que sus vctimas merecen igual proteccin que en una guerra).

Sin embargo, resulta preocupante la falta de concrecin sobre qu debe entenderse por situacin de conflicto armado, lo que anticipa un posible abuso en la aplicacin de la justicia militar por parte de la propias autoridades militares en situaciones no suficientemente claras.

Los aliados

Los artculos referidos a los delitos de traicin militar, espionaje militar, revelacin de secretos de defensa, atentado contra medios de defensa e incumplimiento de bandos, son de aplicacin tambin cuando se cometieren contra potencia aliada. El problema aqu reside en que debe entenderse por aliado cualquier Estado u Organizacin Internacional con la que Espaa est ligada por un Tratado o alianza de defensa, o que tome parte en conflicto armado, operacin armada u operacin internacional de paz en que participe Espaa contra un enemigo comn, sin que se cuestione para nada la legalidad internacional de tales operaciones. Cualesquiera de tales delitos cometidos por espaoles contra estos aliados sera considerados como delitos militares, igual que si se cometieran contra el propio estado, con independencia de la legalidad o ilegalidad de tales operaciones.

Conclusiones

El Anteproyecto de nuevo Cdigo Penal Militar refuerza sin disimulo las doctrinas imperantes en los ejrcitos de la OTAN y de los Estados Unidos en especial, consistentes en garantizar su efectividad, sacrificando para ello la legalidad internacional y los derechos de las vctimas de la guerra. Espaa se apunta as a la corriente instaurada por los Estados Unidos de intervenir donde y como quiere, sin que los organismos internacionales vayan a suponer la menor cortapisa.

Para ello, no se duda en introducir como delitos militares conductas que debieran ser contempladas por la justicia civil, hurtando a sta de su conocimiento por la va expeditiva de su definicin como delitos militares. Ello permite, adems, la extensin de su aplicacin a civiles en muchas circunstancias, no taxativamente regladas.

En consecuencia, aumenta la inseguridad jurdica de los militares y de los propios civiles en determinadas circunstancias, ampliando su potencial como va para reprimir la disidencia, tanto interna como externa a la institucin militar.

Adems, hace un flaco favor a la proteccin de los derechos fundamentales, tanto de las vctimas de los conflictos armados, como de los propios militares, permitiendo que en la proteccin de bienes jurdicos yuxtapuestos, primen los de la disciplina y cohesin de los ejrcitos sobre los derechos fundamentales de las vctimas.

Por ltimo, refuerza la militarizacin de la Guardia Civil como instrumento de control social disciplinado y obediente al poder establecido.

Todo ello, a propuesta del Gobierno del Partido Popular y con la aquiescencia del resto de los partidos del arco parlamentario, que han manifestado bien poco inters en modificar el sentido y la utilidad de las fuerzas armadas para evitar que queden al servicio de las aventuras imperialistas.

En suma, nos encontramos con otro elemento ms del golpe de estado encubierto para vaciar de contenido el conjunto de derechos y libertades que recoge la Constitucin, denunciado por el Colectivo Anemoi en un reciente comunicadoiii y que se suma al paquete legislativo represivo, con incalculables consecuencias.

Manuel Pardo de Donlebn Montesino, Capitn de Navo de la Armada en la Reserva.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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