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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-05-2014

A un ao de la catstrofe de Bangladesh
Nueva iniciativa para terminar con la impunidad de las sociedades transnacionales

Alejandro Teitelbaum
Argenpress/CEPRID


Muchos medios de comunicacin en el mundo se han hecho eco en estos das del primer aniversario de la catstrofe de Bangladesh, donde murieron ms de mil trabajadoras y trabajadores textiles vctimas de la desidia y del afn de obtener el mximo de ganancias de grandes empresas transnacionales que subcontratan la produccin en ese pas asitico y en otros pases en condiciones infrahumanas.

Pocos das despus de la catstrofe, se celebr un acuerdo que firmaron con organizaciones sindicales algunas sociedades transnacionales, del cual -pese a que la parte sindical afirm lo contrario- no surga ninguna obligacin de cumplimiento obligatorio.

El balance a un ao de la catstrofe es que las promesas de las empresas transnacionales de indemnizar a los trabajadores sobrevivientes y a las familias de las vctimas y mejorar las condiciones de trabajo han quedado mayoritariamente incumplidas. Como lo reconocen ahora las mismas organizaciones sindicales que hace un ao proclamaron Lo logramos!

Un ao despus de la catstrofe tambin se puede constatar la absoluta inutilidad de los Principios Rectores para las sociedades transnacionales aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 para obligar a dichas sociedades a hacer frente a sus responsabilidades.

Recientemente ha surgido una nueva iniciativa a fin establecer normas internacionales obligatorias para las sociedades trasnacionales. En setiembre de 2013 la delegacin de Ecuador present al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una Declaracin Conjunta apoyada por unos 85 pases para generar un instrumento jurdicamente vinculante que establezca las responsabilidades de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Dicha iniciativa ha sido apoyada recientemente por unas 150 organizaciones y movimientos sociales de distintas regiones del mundo (http://www.treatymovement.com/statement).

Hace casi un ao, el 23 de mayo de 2013, Argenpress y otras redes electrnicas publicaron una nota nuestra con el ttulo La catstrofe de Bangladesh botn de muestra del capitalismo mundializado (http://www.argenpress.info/2013/05/la-catastrofe-de-bangladesh-boton-de.html), publicado en ingls por Jus Semper Global Alliance (http://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/Bangladesh_catastrophe.pdf) en la que escribamos entre otras cosas:

Pero en el Acuerdo del 15 de mayo ni siquiera figura la promesa de una indemnizacin. El principio la responsabilidad solidaria de las empresas transnacionales con las empresas proveedoras se ha desconocido una vez ms. Hay que decir que este principio jurdico fundamental no tiene vigencia a nivel internacional porque las reiteradas propuestas, desde hace ms de 20 aos, de algunas ONGs ante los organismos pertinentes de las Naciones Unidas para que se adopte como norma obligatoria de derecho internacional jams han sido atendidas.

En esta sucesin de intentos frustrados cabe incluir los mencionados Principios Rectores aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011.

Cabe observar que ni la iniciativa ecuatoriana ni la Declaracin de las organizaciones a favor de un tratado vinculante para las empresas transnacionales hace alusin a estos antecedentes negativos, que es imprescindible conocer para anticipar y evitar las trampas que inevitablemente se tendern, provenientes de gobiernos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para que la iniciativa se diluya, fracase o resulte en un nuevo gatopardismo: cambiar algo para que todo siga igual.

Es preciso tener absolutamente claro que un proyecto de Tratado debe ineludiblemente contener, entre otras cosas:

1) El reconocimiento de la obligacin de las sociedades transnacionales de respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos (econmicos, y sociales y culturales en particular) y de su responsabilidad civil y penal en el caso de incurrir en violaciones a los mismos;

2) La responsabilidad solidaria de las STN por las actividades violatorias de los derechos humanos de sus filiales de hecho o de derecho y de sus proveedores, subcontratistas y licenciatarios;

3) La responsabilidad civil y penal de los dirigentes de las sociedades transnacionales (gerentes, miembros del Directorio o del Consejo de Administracin) facultados estatutariamente para tomar decisiones en nombre de la empresa;

4) La primaca de los derechos humanos y del inters pblico sobre el inters econmico particular en materia de salud, de alimentacin (incluida el agua potable), de educacin y de vivienda, previniendo e impidiendo la formacin de oligopolios y monopolios privados en esas esferas;

5) La prohibicin de patentar formas de vida y establecer un derecho de preferencia del dominio pblico sobre los inventos y descubrimientos fundamentales para la salud;

6) La obligacin de las STN de pagar a sus proveedores y subcontratistas precios razonables por sus productos y servicios de manera que stos puedan pagar salarios decentes a sus empleados y trabajadores que les garanticen a ellos y a sus familias un nivel apropiado de vida, ofrecerles buenas condiciones de trabajo y, al mismo tiempo, obtener mrgenes adecuados de beneficios. Las regalas percibidas por las STN de los licenciatarios deben mantenerse dentro de niveles razonables

7) Con el fin de garantizar la libertad de expresin y el derecho a una informacin objetiva e imparcial, la prohibicin de la formacin de sociedades o acuerdos interempresarios, etc., entre empresas de comunicacin y otros sectores de actividades industriales, comerciales y financieras.

8) La prohibicin para el personal de seguridad de las STN, sus proveedores, subcontratistas y licenciatarios de actuar fuera del recinto de la empresa para la cual trabajan;

9) La prohibicin para las STN sus proveedores, subcontratistas y licenciatarios de utilizar a su servicio las fuerzas armadas o de seguridad del Estado, y de contratar milicias privadas;

10) Las STN deben respetar todas las normas internacionales y nacionales que prohiben la discriminacin y deben aplicar la discriminacin positiva, cuando sta est prevista en las normas y/o reglamentaciones, etc. (1)

I. Los antecedentes: 40 aos de frustraciones

1. En 1974 el Consejo Econmico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas cre la Comisin de Sociedades Transnacionales, que estaba compuesta por 48 Estados y que se dio como tareas prioritarias, entre otras, investigar las actividades de las STN y elaborar un Cdigo de Conducta para las mismas. Dicho Cdigo se discuti durante diez aos pero nunca vio la luz, a causa de la oposicin de las grandes potencias y del poder econmico transnacional.

El ECOSOC cre tambin en 1974 el Centro de Sociedades Transnacionales, organismo autnomo dentro de la Secretara de la ONU, que funcion como secretara de la Comisin de Sociedades Transnacionales.

Estas iniciativas tuvieron lugar en el perodo del apogeo del Movimiento de Pases no Alineados, formado por una gran cantidad de pases del llamado Tercer Mundo.

Pero en 1993-95, cuando la relacin de fuerzas en el mundo, con el debilitamiento del Movimiento de Pases No Alineados y la implosin de la Unin Sovitica, cambi a favor de las grandes potencias occidentales, ambos organismos fueron prcticamente desmantelados y cambiaron sus objetivos. El Secretario General de la ONU, siempre fiel a las grandes potencias y al poder econmico transnacional, decidi transformar el Centro de Sociedades Transnacionales en una Divisin de Empresas Transnacionales e Inversin en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (CNUCED).

Por su parte, en diciembre de 1994 la Asamblea General de la ONU resolvi transformar la Comisin de Sociedades Transnacionales en una Comisin de la Junta de Comercio y Desarrollo de la CNUCED, con el nombre de Comisin de Inversiones Internacionales y Empresas Transnacionales, teniendo en cuenta el cambio de orientacin de la Comisin (consistente dicho cambio en haber abandonado los intentos de establecer un control social sobre las STN y ocuparse, en cambio, de la contribucin de las transnacionales al crecimiento y al desarrollo).

2. 1993: Nombramiento de un relator sobre la impunidad de las violaciones de los derechos econmicos, sociales y culturales.

A principios de los aos 90 se present en Naciones Unidas la oportunidad de replantear la cuestin del control de las actividades de las sociedades transnacionales.

Ello ocurri cuando en la Subcomisin de Derechos Humanos se decidi nombrar dos relatores que estudiaran la cuestin de la impunidad de las violaciones a los derechos humanos. La idea era que se ocuparan de la violacin de los derechos civiles y polticos.

Nosotros propusimos que se ocuparan tambin de la impunidad de las violaciones a los derechos econmicos, sociales y culturales.

Nuestro planteo al principio no recogi apoyo alguno, ni siquiera de otras ONG, que sostenan que no haba que mezclar las cosas. En 1991, 1992 y 1993 seguimos insistiendo en la Subcomisin, con intervenciones orales y escritas, en nombre y representacin de la Asociacin Americana de Juristas, que representbamos en ese entonces, para que se ampliara el mandato de los relatores.

Finalmente en 1993, quizs en parte como fruto de nuestra insistencia, la Subcomisin adopt una resolucin por la que encomendaba a uno de los dos relatores que se ocupara de la impunidad de las violaciones a los derechos econmicos, sociales y culturales.

Junto con el Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) con sede en Ginebra, colaboramos intensamente con ese relator. Con ese fin organizamos dos seminarios, uno en Ginebra en noviembre de 1996 y otro en la Universidad Carlos III de Madrid en abril de 1997. En los seminarios participaron profesores de Universidades de Argentina, Canad, Chile, Espaa e Italia y, a ttulo personal, funcionarios del Centro de Derecho Humanos de las Naciones Unidas, de la CNUCED y de la Organizacin Internacional del Trabajo y un miembro del Comit del Pacto Internacional de derechos econmicos, sociales y culturales. El relator especial sobre el tema particip en los mismos. (2)

3. 1998: La Subcomisin de Promocin y Proteccin de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas adopta una resolucin para estudiar la actividad y los mtodos de trabajo de las STN en relacin con el disfrute de los derechos econmicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo

Con el informe final del relator no se agot el tema y en 1998 la Subcomisin de Promocin y Proteccin de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas adopt una resolucin para que se estudiara la actividad y los mtodos de trabajo de las STN en relacin con el disfrute de los derechos econmicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo. En uno de los prrafos de dicha resolucin se sealaba que uno de los obstculos que se oponen al ejercicio de esos derechos consiste en concentracin del poder econmico y poltico en manos de las grandes empresas transnacionales.

En la misma resolucin, la Subcomisin decidi la creacin y estableci el mandato de un Grupo de Trabajo para que realizara ese estudio.

El Grupo de Trabajo designado en 1998 tena que realizar una labor de anlisis e investigacin de las actividades y los mtodos de trabajo de las sociedades transnacionales, tema sin duda trascendente para unos y molesto e inoportuno para otros.

El miembro estadounidense de la Subcomisin se apresur a presentar al Grupo de Trabajo un Proyecto, que llam primero Principios, luego Directrices y finalmente Normas destinadas a las sociedades transnacionales.

El mtodo era por lo menos equivocado, pues un proyecto de tal naturaleza requera previamente investigar las entidades a las que estaba dirigido. Es decir que primero haba que estudiar las actividades y los mtodos de trabajo de las STN y en todo caso despus proponer directrices para limitar los abusos de aqullas.

El primer Proyecto del representante estadounidense era una especie de cdigo voluntario para las STN, que stas podan adoptar o dejar de lado, lo que se suele llamar soft law (derecho blando) o no derecho. Era un intento de cambiar algo para que todo siguiera igual. Y tambin de desviar al Grupo de Trabajo de su tarea principal: estudiar las actividades y los mtodos de trabajo de las STN en relacin con el disfrute de los derechos econmicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo.

La Asociacin Americana de Juristas, por nuestro intermedio, y el Centro Europa Tercer Mundo objetaron el mtodo de "poner el carro delante del caballo" es decir comenzar por lo que debera haber sido, en todo caso, la culminacin de los trabajos del Grupo. Pero como el Grupo lo acept, ambas ONG se empearon en tratar de mejorar el Proyecto, proponiendo reformas de fondo al mismo a fin de que adquiriera cierta consistencia jurdica y alguna eficacia.

La AAJ y el CETIM, despus de cuatro aos de debates, de la organizacin de un seminario interdisciplinario (3) y de una reunin de dos das con los miembros del Grupo de Trabajo, lograron que se mejorara el Proyecto, pero muchas cuestiones esenciales no se incorporaron al mismo como, por ejemplo, la responsabilidad civil y penal de los dirigentes de las empresas, la responsabilidad solidaria de las sociedades transnacionales con sus proveedores y subcontratistas, la primaca del servicio pblico sobre el inters particular, la prohibicin de patentar formas de vida, etc.

En sus sesiones de agosto 2003, la Subcomisin adopt una resolucin aprobando el proyecto y lo remiti, conforme al procedimiento correspondiente, a la Comisin de Derechos Humanos. Pero en dicha resolucin, en lugar de pedirle a la Comisin que lo aprobara, como suele suceder en casos similares, le solicit que recogiera las observaciones sobre el Proyecto de los gobiernos, de los rganos de las Naciones Unidas, de las instituciones especializadas, de las organizaciones no gubernamentales, etc. y que encarase la posibilidad de constituir un Grupo de trabajo abierto para revisar el mismo. Era el reconocimiento implcito de la validez de las crticas y objeciones de la AAJ y el CETIM al proyecto elaborado por el Grupo de trabajo de la Subcomisin.

Es interesante destacar la actitud de algunas grandes organizaciones no gubernamentales, las que desde la primera versin del Proyecto, decididamente inaceptable, pidieron su aprobacin inmediata por la Subcomisin, aparentemente sin importarles la calidad y la eficacia del mismo y adoptaron la misma actitud todos los aos con las nuevas versiones del Proyecto, que no eran mucho mejores que la primera. Quizs algunas de ellas decidieron adoptar un "perfil bajo" para no enturbiar sus buenas relaciones con grandes sociedades transnacionales.

Sorprendentemente, algunas de ellas ahora apoyan la elaboracin de un Tratado obligatorio para las sociedades transnacionales.

Pese a que el Proyecto aprobado por la Subcomisin estaba lejos de ser una panacea en materia de control y encuadramiento jurdico de las sociedades transnacionales, stas reaccionaron vivamente contra el mismo con un documento de unas 40 pginas, firmado por la Cmara Internacional de Comercio (ICC en ingls) y la Organizacin Internacional de Empleadores (IOE), instituciones que agrupan a las grandes empresas de todo el mundo. En dicho documento afirmaban que el proyecto de la Subcomisin socavaba los derechos humanos, los derechos y los legtimos intereses de las empresas privadas, que las obligaciones en materia de derecho humanos corresponden a los Estados y no a los actores privados y exhortaban a la Comisin de Derechos Humanos de la ONU a rechazar el proyecto aprobado por la Subcomisin. (4)

Finalmente en 2005, la Comisin de Derechos Humanos ignorando por completo el Proyecto de normas adoptado en 2003 por la Subcomisin, aprob la Resolucin 2005/69 en la que invit al Secretario General de la ONU a designar un relator especial, para el cual sugiri un mandato inspirado en el Global Compact.

Al aprobar dicha resolucin, la aplastante mayora de los Estados Miembros de la Comisin cedi a las presiones de las empresas transnacionales, claramente formuladas en su documento.

Y para que nadie pensara que el Proyecto de la Subcomisin poda invocarse como una norma internacional vigente, la Comisin de Derechos Humanos se ocup de precisar en el ltimo prrafo de su resolucin 2004/116 que dicho Proyecto al ser un proyecto de propuesta, carece de autoridad legal y que la Subcomisin no debera ejercer ninguna funcin de vigilancia a este respecto.

4. 2005: El Secretario General de las Naciones Unidas nombra a John Ruggie para estudiar el tema de las sociedades transnacionales. Los Principios Rectores aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011.

En julio de 2005 el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan complet la obra regresiva de la Comisin de Derechos Humanos en esta materia nombrando representante especial para estudiar el tema de las sociedades transnacionales al seor John Ruggie, su asesor principal en el Global Compact. (5)

Basta leer el informe del seor Koffi Annan de 1998 donde anunci el Global Compact, significativamente titulado La capacidad empresarial y la privatizacin como medios de promover el crecimiento econmico y el desarrollo sostenible (A/52/428), los discursos de Georg Kell, Director Ejecutivo del Global Compact y de John Ruggie, para percibir la ideologa neoliberal al servicio del poder econmico transnacional dominante en ese mbito. Y, por cierto, contraria a imponer normas de cumplimiento obligatorio a las sociedades transnacionales. El seor Ruggie lo ha dicho: el Global Compact "no es un cdigo de conducta y las Naciones Unidas no tiene mandato para ello ni la capacidad para verificar su aplicacin.

En 2006 John Ruggie escribi su primer informe para la Comisin de Derechos Humanos (E/CN.4/2006/97), pero el mismo no se trat porque la Comisin se disolvi sin celebrar, como corresponda, su ltima sesin.

Ya en ese informe de 2006 , en el prrafo 60, desvincul a las empresas trasnacionales de la obligacin de respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos: Si las Normas [se refiere al Proyecto de Normas aprobado por la Subcomisin de Derechos Humanos en 2003] sencillamente reproducen principios jurdicos internacionales establecidos no pueden entonces obligar directamente a las empresas porque con la posible excepcin de ciertos crmenes de guerra y crmenes de lesa humanidad, no existen principios jurdicos internacionales generalmente aceptados que lo hagan (6)

El Informe final de Ruggie de 2011 incluy un Proyecto de Principios rectores sobre negocios y derechos humanos.

En el prrafo 2 de la Introduccin al Informe final de 2011, reitera lo que adelant en su informe de 2006: no se puede obligar a las empresas a respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos.

Segn Ruggie, los derechos humanos constituiran una categora especial de derechos que slo pueden ser violados por los Estados y sus funcionarios y no por las personas privadas, salvo ciertos crmenes de guerra y crmenes de lesa humanidad. (7)

No cabe duda alguna que las sociedades transnacionales, como todas las personas privadas, tienen la obligacin de respetar la ley y si no lo hacen deben sufrir sanciones civiles y penales, tambin a escala internacional, lo que surge claramente de un examen un poco atento de los instrumentos internacionales vigentes.

El reconocimiento de las obligaciones de las personas privadas en materia de derechos humanos y de su responsabilidad en el caso de incurrir en violaciones a los mismos qued consagrado en el artculo 29 de la Declaracin Universal de Derechos Humanos (8) y se fue afianzando en la doctrina, en numerosos convenios internacionales, especialmente en materia de proteccin del medio ambiente y en la jurisprudencia.

Con este enfoque el seor Relator cumpli diligentemente con lo exigido por las sociedades transnacionales: nada de normas internacionales de cumplimiento obligatorio para las grandes empresas, como l mismo lo dice en los pargrafos 11 y 14 de la Introduccin a su Informe final:

11...The Guiding Principles addressing how Governments should help companies avoid getting drawn into the kinds of human rights abuses that all too often occur

Es decir que los Principios rectores no son ni aspiran a ser normas obligatorias sino solo indicaciones de cmo los Gobiernos debenayudar (no controlar y sancionar) a las compaas para que eviten ser arrastradas a cometer las clases de abusos contra los derechos humanos que ocurren demasiado a menudo. En este prrafo se excluye la voluntad deliberada de las compaas de cometer violaciones y se las hace aparecer como inducidas a cometerlas por un factor exterior y ajeno a su voluntad y no como actores principales cuya motivacin fundamental es obtener el mximo de beneficios.

14. The Guiding Principles normative contribution lies not in the creation of new international law obligations

Est claro: la contribucin normativa de los principios rectores no radica en la creacin de nuevas obligaciones en el derecho internacional.

Los subrayados son nuestros.

Los Principios rectores del seor Ruggie son pues, meras orientaciones. Carecen de obligatoriedad tanto para los Estados como para las empresas. Cumpliendo as con la exigencia, reiteradamente manifestada, de las grandes empresas transnacionales.

En junio de 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprob por unanimidad los Principios elaborados por Ruggie, sometindose as a la voluntad del poder econmico transnacional.

En marzo de 2012 Ruggie recibi la justa recompensa por su esforzado trabajo a favor del poder econmico transnacional: la minera Barrick Gold, con un tremendo currculo en materia de violacin de derechos humanos, lo nombr miembro de su Junta de Asesores en materia de Responsabilidad Social Empresarial. La Responsabilidad Social Empresarial, caballito de batalla de unas cuantas organizaciones no gubernamentales polticamente correctas que consiste, como dijo Milton Friedman en incrementar sus beneficios (The social responsibility of business is to increase its profits).

A un ao de la catstrofe de Bangladesh se tiene la prueba evidente que las grandes empresas transnacionales siguen gozando de una total impunidad a nivel internacional.

 

II. La nueva iniciativa

Con relacin a la iniciativa de Ecuador apoyada por numerosas organizaciones no gubernamentales, pensamos que no hay que cejar en los esfuerzos en el plano jurdico para combatir la actividad depredadora de las sociedades transnacionales, pese a las sucesivas iniciativas hasta ahora fracasadas a causa de la actitud adoptada portodos los Estados, salvo rarsimas excepciones, y de la orientacin francamente ultraliberal y proempresaria de la Secretara General de las Naciones Unidas.

Dicha orientacin de la Secretara General, de larga data, se puso una vez ms de manifiesto en el Informe de la Secretara presentado al Consejo de Derechos Humanos en sus sesiones de setiembre de 2012. Su ttulo: Contribucin del sistema de las Naciones Unidas en conjunto a la promocin del programa relativo a las empresas y los derechos humanos y a la divulgacin y aplicacin de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (A/HRC/21/21),

En el prrafo Antecedentes de dicho Informe se omite citar el intento de establecer un Cdigo de Conducta para las empresas transnacionales en el decenio de 1970 y el Proyecto de Normas de 2003 de la desaparecida Subcomisin. Posiblemente porque dichos antecedentes estn en abierta contradiccin con la actual poltica de la ONU frente a las empresas transnacionales, reflejada en los Principios Rectores y en el Informe de la Secretara General

Todo el Informe se refiere a los Principios Rectores, sobre los que el prrafo 11 reitera lo que ya se sabe: que de ellos no se deriva ninguna nueva obligacin jurdica. Dicho de otra manera que son de aplicacin VOLUNTARIA. Lo mismo que algunas otras directrices de otros organismos mencionadas en el mismo Informe: las directricesvoluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; el Marco de Sostenibilidad Revisado de la Corporacin Financiera Internacional; los Principios para las empresas sobre la proteccin de los nios, elaborados por el Pacto Mundial junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organizacin Save the Children, tomando como base los Principios Rectores, etc. Ntese que, en este ltimo caso, no se han tomado como base la Convencin de los Derechos del Nio ni sus protocolos facultativos.

El Informe de la Secretara General consagra la prctica (que comienza a extenderse, como se ha sealado ms arriba) de suplantar las normas obligatorias de derecho internacional referidas a los derechos humanos fundamentales por Principios Rectores DE APLICACIN VOLUNTARIA y formaliza la renuncia del sistema de las Naciones Unidas a legislar especficamente en la materia para las empresas transnacionales, pese a la absoluta necesidad de hacerlo.

De manera congruente, todo el Informe se refiere a los Principios Rectores y no menciona ni una sola vez los instrumentos jurdicos bsicos del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaracin Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Esta llamativa omisin no se puede disimular con el prrafo 34 del Informe, que dice: Teniendo en cuenta que los Principios Rectores no constituyen un conjunto de normas esttico, es posible que aparezcan lagunas normativas. En ese caso, el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, con el apoyo de procesos abiertos de mltiples interesados, se encargar de la elaboracin de las normas que sean necesarias.

Cabe reiterar que los Principios Rectores no son, como dice el prrafo 34, un conjunto de normas, ni esttico ni dinmico, pues no rene las caractersticas bsicas de una norma jurdica: obligatoriedad y sancin en caso de desconocimiento o violacin. De modo que no se trata de que sea posible que aparezcan lagunas normativas sino que en materia de encuadramiento jurdico de las empresas transnacionales sigue existiendo un vaco normativo en el derecho internacional.

Segn se desprende del Informe, uno de los mecanismos principales de promocin de los Principios Rectores es el Pacto Mundial (Global Compact) al que ya nos hemos referido.

El Grupo de Trabajo sobre la cuestin de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, creado por la Resolucin 17/4 del Consejo de Derechos Humanos que se menciona en el prrafo 3 del Informe de la Secretara General, tiene como mandato promover los Principios Rectores. No est previsto que reciba denuncias (es decir se excluyen mecanismos de vigilancia y control como existen en otros Grupos de Trabajo) ni que emprenda eventualmente tareas de codificacin de normas obligatorias. Es significativo que en la resolucin 17/4 slo se mencionen los Principios Rectores y ni una sola vez las normas internacionales fundamentales en materia de derechos humanos: la Declaracin Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

En conclusin

Como decamos al comienzo de esta nota con relacin a la iniciativa de Ecuador, es imprescindible conocer los antecedentes para anticipar y evitar las trampas que inevitablemente se tendern, provenientes de gobiernos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para que la iniciativa se diluya, fracase o resulte en un nuevo gatopardismo: cambiar algo para que todo siga igual. Y tener claras las principales clusulas que debe ineludiblemente contener un Tratado internacional referido a las sociedades transnacionales que sea realmente eficaz.

Notas:

1) A este respecto se recomienda consultar especialmente: 1) CETIM/AAJ, Propuesta de enmiendas al Proyecto de normas sobre la responsabilidad en materia de derechos humanos de las sociedades transnacionales y otras empresas comerciales. 2003. http://www.cetim.ch/fr/publications_ouvrages/102/propuesta-de-enmiendas-al-proyecto-de-normas-sobre-la-responsabilidad-en-materia-de-derechos-humanos-de-las-sociedades-transnacionales-y-otras-empresas-comerciales; 2) CETIM/AAJ Sociedades transnacionales y derechos humanos: crtica del projecto de normas del Grupo de Trabajo SubComisin de derechos humanos 2003 Intervencin tema 4: derechos econmicos, sociales y culturales. Declaracin escrita conjunta presentada por el CETIM y la AAJ.ONU smbolo: E/CN.4/Sub.2/NGO/37. http://www.cetim.ch/es/interventions/206/sociedades-transnacionales-y-derechos-humanos-critica-del-projecto-de-normas-del-grupo-de-trabajo; 3) CETIM/AAJ El Proyecto de normas sobre las sociedades transnacionales. Comisin de derechos humanos 2004 Intervencin tema 10: Derechos econmicos, sociales y culturales. Exposicin escrita presentada por el CETIM y la AAJ. ONU smbolo: E/CN.4/2004/NGO/122- http://www.cetim.ch/es/interventions_details.php?iid=47

2) Las actas de ambos seminarios, un documento previo de trabajo y el informe final del relator de la Subcomisin fueron publicados por CETIM y la Asociacin Americana de Juristas en un folleto de 146 pginas: Prevencin y sancin de las violaciones a los derechos econmicos, sociales y culturales y al derecho al desarrollo: El problema de la impunidad, Ginebra, ao 2000. http://www.cetim.ch/es/publications_details.php?currentyear=&pid=33

3) Asociacin Americana de Juristas, Centro Europa-Tercer Mundo: Las actividades de las sociedades transnacionales y la necesidad de su encuadramiento jurdico. Seminario internacional e interdisciplinario celebrado en Celigny, Suiza, el 4 y 5 de mayo de 2001. Folleto de 40 pginas publicado en junio de 2001. http://www.cetim.ch/es/dossier_stnbroch01texte.php?

4) International Chamber of Commerce, Organisation Internationale des Employers, Joint views of the IOE and ICC on the draft Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights. www.iccwbo.org. Vase tambin Corporate Europe Observatory (CEO), Shell Leads International Business Campaign Against UN Human Rights Norms. CEO Info Brief, March 2004

5) El Global Compact, una especie de joint venture entre la Secretara General de las Naciones Unidas y grandes empresas trasnacionales, se lanz oficialmente el 25 de julio del 2000 con la participacin de 44 grandes STN y algunos otros representantes de la sociedad civil. Entre las sociedades participantes en el lanzamiento del Global Compact, se encontraban, entre otras, British Petroleum, Nike, Shell, Rio Tinto y Novartis, con densos curricula en materia de violacin de los derechos humanos y laborales o de daos al medio ambiente; la Lyonnaise des Eaux (Grupo Suez), cuyas actividades en materia de corrupcin de funcionarios pblicos con el fin de obtener el monopolio del agua potable son bien conocidas en diversas partes del mundo.

6) Commission on Human Rights, Sixty-second session; Promotion and Protection of Human Rights: Interim report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, E/CN.4/2006/97 22 February 2006.

7) Como desde los Tribunales de Nuremberg y sobre todo despus de la aprobacin en 1998 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, es imposible sostener de una manera general y con un mnimo de seriedad que los particulares no pueden violar los derechos humanos y ser directamente sancionados por su violacin, el seor Ruggie debe conceder: con la posible excepcin de ciertos crmenes de guerra y crmenes de lesa humanidad. Pero establece una importante limitacin a esta excepcin, reduciendo las formas de participacin de las empresas a la sola complicidad, excluyendo entonces las otras formas de participacin, como por ejemplo la instigacin, la autora y la coparticipacin.

8) Que es vinculante y no slo un principio tico, como se afirma en el documento de las sociedades transnacionales contra el Proyecto de Normas aprobado en 2003 por la Subcomisin de Derechos Humanos.

Documentos que pueden consultarse:

- CETIM/AAJ Prevencin y sancin de las violaciones a los derechos econmicos, sociales y culturales y al derecho al desarollo: El problema de la impunidad. Ao 2000. Actas de los seminarios internacionales celebrados en la sede de la ONU en Ginebra en noviembre de 1996 y en la Universidad Carlos III de Madrid en abril de 1997, un documento previo de trabajo y el informe final del relator de la Subcomisin. http://www.cetim.ch/es/publications_details.php?currentyear=&pid=33

- CETIM/AAJ Empresas transnacionales y derechos humanos. Estudios de casos y responsabilidades. 176 pgs. Ao 2000. http://www.cetim.ch/fr/publications_ouvrages/106/empresas-transnacionales-y-derechos-humanos-estudos-de-casos-y-responsabilidades

- CETIM - Asociacin Americana de Juristas: Las actividades de las sociedades transnacionales y la necesidad de su encuadramiento jurdico Informe y conclusiones del seminario de Cligny (Suiza) 4 y 5 de mayo de 2001, 40 pgs. Castellano, ingls y francs. http://www.cetim.ch/oldsite/pub/01-stn-j.htm).

- CETIM/AAJ Las Naciones Unidas harn respetar a las sociedades transnacionales las normas internacionales en materia de derechos humanos? 2002. http://www.cetim.ch/fr/publications_ouvrages/30/las-naciones-unidas-haran-respetar-a-las-sociedades-transnacionales-las-normas-internacionales-en-materia-de-derechos-humanos

- CETIM/AAJ, Propuesta de enmiendas al Proyecto de normas sobre la responsabilidad en materia de derechos humanos de las sociedades transnacionales y otras empresas comerciales. 2003. http://www.cetim.ch/fr/publications_ouvrages/102/propuesta-de-enmiendas-al-proyecto-de-normas-sobre-la-responsabilidad-en-materia-de-derechos-humanos-de-las-sociedades-transnacionales-y-otras-empresas-comerciales.

- CETIM/AAJ Sociedades transnacionales y derechos humanos: crtica del proyecto de normas del Grupo de Trabajo Subcomisin de derechos humanos 2003 Intervencin tema 4: derechos econmicos, sociales y culturales. Declaracin escrita conjunta presentada por el CETIM y la AAJ.ONU smbolo: E/CN.4/Sub.2/NGO/37. http://www.cetim.ch/es/interventions/206/sociedades-transnacionales-y-derechos-humanos-critica-del-projecto-de-normas-del-grupo-de-trabajo

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Fuente: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1837



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