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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-06-2014

Monarqua y crisis econmica

Juan Torres Lpez
Rebelin


Los partidos mayoritarios que constituyen el soporte del actual rgimen poltico espaol defienden a la monarqua afirmando que es un factor de estabilidad poltica y social y que por ello su papel est fuera de discusin, como lo est la propia Constitucin o la democracia en nuestro pas. Pero a mi juicio los hechos demuestran claramente lo contrario.

La Constitucin, en lugar de convertirse en la pieza que asegure el ejercicio de los derechos, la igualdad y el bienestar de los espaoles y, por tanto, la estabilidad econmica y social- se ha convertido en un simple papel mojado. Los partidos mayoritarios la vienen incumpliendo reiteradamente e incluso la han modificado sin contar con la opinin del pueblo para dar satisfaccin a potencias extranjeras, dinamitando as uno de sus principios fundamentales: La soberana nacional reside en el pueblo espaol, del que emanan los poderes del Estado.

Los partidos mayoritarios han convertido instituciones esenciales para la convivencia democrtica, como el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Consejo Superior del Poder Judicial, el Tribunal Supremo o la Fiscala, en meros instrumentos de partido. El artculo 117 establece que la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados sometidos nicamente al imperio de la ley pero los partidos mayoritarios se aseguran en todas esas instituciones mayoras inamovibles a su servicio. Controlan a su antojo los medios de comunicacin pblicos cuya pluralidad es esencial para que exista democracia. Se reparten con opacidad cientos de millones de ayudas del Estado, basan su predominio en una ley electoral injusta y conforman un oligopolio poltico que resuelve con pleno acuerdo las grandes cuestiones sin consultar a los ciudadanos, y en particular las que han tenido que ver con la crisis econmica en la que estamos.

No hay norma ms incumplida en Espaa que la Constitucin. Su artculo 9 establece que corresponde a los poderes pblicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstculos que impidan o dificulten su plenitud. Pero la realidad es que las polticas que se vienen aplicando han convertido a Espaa en el pas ms desigual de la Unin Europea. El artculo 47 afirma que todos los espaoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada pero cientos de miles han sido desahuciados para salvaguardar los derechos y los privilegios de la banca. El artculo 14 dice que Los espaoles son iguales ante la ley, pero lo cierto es que, a diferencia de la gente normal y corriente, los banqueros gozan de todo tipo de ayudas, que los grandes patrimonios apenas tributan, que los delincuentes polticos y financieros apenas si son perseguidos o que cuando raramente son condenados resultan finalmente indultados. Y prcticamente no hay ni un solo precepto del captulo tercero de la Constitucin sobre los principios rectores de la poltica social y econmica que se haya cumplido en los ltimos aos, como prueban de manera evidente todos los indicadores econmicos y sociales.

La realidad es que la Constitucin no es salvaguarda de derechos para todos los espaoles porque no se cumple y que precisamente por eso vivimos en una democracia muy imperfecta o limitada, y que incluso ltimamente patina en aspectos bsicos que tienen que ver con el ejercicio de derechos y libertades personales, como prueba la criminalizacin de la protesta y la persecucin a la que se encuentran sometidas miles de personas por el simple hecho de haberse manifestado pacficamente contra los recortes de derechos que se vienen produciendo.

La crisis econmica que estamos viviendo tiene mucho que ver con todo eso. Tal y como expliqu junto a Vicen Navarro y Alberto Garzn en el libro Hay alternativas , la crisis espaola est en gran parte producida por la gran desigualdad y por los privilegios que tienen los grandes grupos oligrquicos que ya desde el franquismo dominan todos los resortes del poder en Espaa. Un poder que se consolid en la transicin y que se mantiene todava gracias a las polticas que han aplicado los partidos mayoritarios y al entramado institucional muy poco democrtico que sostienen.

La monarqua no solo es ajena a eso, o un poder arbitral, como se quiere hacer ver, sino que ha desempeado un papel central en el mantenimiento de todo este lamentable estado de cosas. Su estrecha y permanente vinculacin con los grandes grupos econmicos y financieros es tan evidente que hasta se muestra en la financiacin del ocio del monarca o en sus actividades como comisionista de sus grandes negocios. Incluso los llamados periodistas del corazn se han hecho eco de ello. Jaime Peafiel, por ejemplo, escribi hace poco en su blog (http://bit.ly/1oDFnJ3) refirindose al rey Juan Carlos: Desde el ao 1973, gracias a las gestiones que hizo, a peticin de Franco, ante el rey de Arabia Saud para que a Espaa no le faltara petrleo en aquella crisis, el gobierno autoriz a que, el entonces prncipe, recibiera un cntimo por cada barril de crudo que entraba en el pas. Este acuerdo comisionista lo respetaron Adolfo Surez y Felipe Gonzlez. Ignoro quien acab con tal prctica, Fue Jos Mara Aznar? Aquello permiti que don Juan Carlos adquiriera una pequea fortuna, incrementada, posteriormente, por otros, digamos, negocios.

Lejos de haber actuado como garante de la Constitucin en beneficio de la igualdad y del ejercicio efectivo de sus derechos por todos los espaoles, la monarqua que ha encabezado don Juan Carlos de Borbn ha sido una pieza fundamental del entramado que viene permitiendo que en Espaa detenten el poder prcticamente los mismos grupos que hace 70 u 80 aos.

Como escribimos en Hay alternativas, cuando a finales de 2006 empezaba a estallar la crisis slo una veintena de grandes familias eran propietarias del 20,14 por ciento del capital de las empresas del Ibex-35 y una pequea lite de 1.400 personas, que representaba el 0,0035 por ciento de la poblacin espaola, controlaba recursos equivalentes al 80,5 por ciento del PIB.

Don Juan Carlos de Borbn ha estado siempre con esas familias y grupos de poder, confundiendo sus intereses con los del resto de los espaoles y provocando as no ya la crisis en la que estamos de un modo abstracto sino el sufrimiento y la frustracin concreta de los millones de espaoles que han perdido sus empleos, sus patrimonios, sus empresas y hasta su esperanza o incluso sus vidas en beneficio exclusivo de los mismos de siempre.

Por eso, lo que se plantea con el fin de su reinado no es una simple sucesin en el trono sino si vamos a continuar en la deriva hacia el desmantelamiento de la democracia y al pisoteo de la Constitucin, que son necesarios para poder seguir aplicando las polticas que benefician a los de arriba, o si los espaoles vamos a ser de verdad los dueos de nuestras vidas y de nuestro futuro. Una disyuntiva que equivale a preguntarse si se nos van a seguir imponiendo las cosas o si los espaoles vamos a poder pronunciarnos directamente, mediante el voto y los referenda, sobre las polticas econmicas y sociales y sobre quin queremos que nos represente a la hora de llevarlas a cabo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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