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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-06-2014

Stop Desahucios y Euskal Herria

Jose Arturo Val del Olmo
Rebelin


La movilizacin social ante la estafa de la crisis ha dejado al descubierto hasta que punto la vivienda es un lucrativo negocio. Antes de la crisis, una parte importante de la sociedad no poda acceder a una vivienda, y otra parte tena que hacerlo comprndolas a precios sobrevalorados, lo que oblig a contraer enormes deudas. Promotoras, constructoras, inmobiliarias, y entidades bancarias, ganaron enormes sumas de dinero. Cuando empez la crisis las deudas se convirtieron en una trampa para cientos de miles de familias que estn haciendo enormes sacrificios para pagar su hipoteca, o se han visto abocadas a perder sus casas, y en muchos casos arrastrar una deuda de por vida.

Actualmente la suspensin de los lanzamientos (desalojos forzosos), de colectivos especialmente vulnerables, esta retrasando en el tiempo los desahucios, pero an as el ao pasado se iniciaron 83.000 ejecuciones hipotecarias, y se desahuciaron a 67.000 personas. Un 38,4 % se debi al impago de la hipoteca y un 56,8% al impago del alquiler. En el 70% de los desahucios hay menores afectados. Por eso defendemos que ninguna familia sea desahuciada por carecer de recursos para hacer frente a su hipoteca, y que, en ltima instancia, se le aplique la dacin en pago, se incorpore su vivienda al parque pblico, y la siga habitando en rgimen de alquiler social.

Mientras a las familias se las desahucia, el Estado y el Banco Central Europeo han puesto a disposicin de las entidades bancarias cientos de miles de millones de euros. El Estado avala a las entidades financieras, les presta dinero, les inyecta capital y, finalmente, les compra suelos y viviendas que no pueden vender al precio que les permita recuperar sus prdidas. El mismo Gobierno que aprueba medidas restrictivas sobre los desahucios crea la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria (Sareb), que se encargar de comprar los activos inmobiliarios txicos de los Bancos con dinero pblico. El resultado, que el Estado se hace cargo de la deuda privada incobrable de los Bancos, aumentando la deuda pblica y recortando an ms el gasto social.

No es un problema nuevo, hace 120 aos Engels citaba en su obra Contribucin al Problema de la Vivienda que: Los obreros deben cargarse de deudas hipotecarias muy pesadas y convertirse ms que nunca en esclavos de sus amos, pues estn atados a sus casas y han de aceptar todas las condiciones de trabajo que les ofrezcan. Hoy tambin, el endeudamiento incrementa la explotacin y ayuda al control social de la poblacin.

La vivienda es una necesidad bsica del ser humano, un espacio vital para desarrollar la vida, un factor de integracin social y desarrollo personal y, sin embargo, aunque el derecho a la vivienda esta reconocido formalmente en mltiples pactos internacionales y estatales, la realidad es que en la economa capitalista el acceso a la vivienda nunca ser considerado un derecho sin luchar, debido a que el principio y fin del modo de produccin capitalista es valorizar el capital, y esta claro que la inversin inmobiliaria canaliza una parte importante de la plusvala que no se reinvierte en capital productivo.

Por ello cualquier poltica de vivienda pblica afecta directamente a los intereses de la burguesa y su representacin poltica. Construir viviendas requiere financiacin y el sector privado no renunciar voluntariamente al negocio que supone la produccin, prstamos, hipotecas, o la promocin de viviendas. Adems, el capital ofrecer resistencia, a travs de su control de la deuda pblica, y sus representantes polticos defendern la privatizacin mediante concesiones administrativas para construir, o mediante la gestin privada, como ocurre con el parque de alquiler de vivienda publica gestionado por Alokabide, que funciona con criterios de rentabilidad y ahorro, y no con criterios sociales. Igual ocurrir si se adoptan medidas en relacin con las viviendas vacas porque una buena parte de ellas son propiedad de Bancos, inmobiliarias o grandes grupos inversores.

De ah la necesidad de reivindicar la nacionalizacin de la Banca, bajo control de los trabajadores, y de oponerse por tanto a la privatizacin de KUTXABANK, y la bancarizacin de las antiguas Cajas de Ahorro, porque representa la base para la creacin de una Banca Pblica que posibilite un acceso barato al crdito, necesario para desarrollar programas de inversin pblica en vivienda, sanidad o educacin, la lucha contra la regulacin actual del crdito, y el desarrollo de polticas sociales como el programa de viviendas subvencionadas de VITALKILER que desaparecer si culmina el actual proceso de privatizacin .

 

La movilizacin social de los ltimos aos, especialmente la lucha de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAHs) contra los desahucios, est calando, incluso en el aparato judicial, y esta erosionando los pilares de un sistema al servicio de multinacionales y banqueros. Ha situado, adems, en primer plano tres cuestiones fundamentales; que existen edificios suficientes para remediar una parte importante de las necesidades de vivienda si se les da un uso racional, que la vivienda, en cuanto propiedad, debe tener una funcin social, y que hay que reforzar los mecanismos de participacin social y cambiar todas las leyes que actualmente representan un obstculo para una poltica pblica de vivienda.

El artculo 47 de la Constitucin Espaola (CE) establece que todos los espaoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y ordena especficamente a los poderes pblicos la promocin de las condiciones necesarias para la efectividad de tal derecho, pero, tal y como establece el artculo 53.3, este derecho slo podr ser alegado ante la Jurisdiccin ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen. Por otro lado, el Estatuto de Autonoma del Pas Vasco, en su artculo diez, recoge como competencia exclusiva la de urbanismo y vivienda, que habra que coordinar con la competencia municipal sobre ordenacin territorial y disciplina urbanstica.

La cuestin es que no hay todava una Ley de Vivienda Vasca porque se ha preferido desarrollar la poltica de vivienda a travs de mltiples disposiciones con un denominador comn: incoherencia, primaca de la iniciativa privada, y desconexin en las actuaciones de todas las instituciones que tienen competencia en la materia. A pesar de todo, es reconocible un modelo urbanstico y de vivienda vasco caracterizado por un importante reparto pblico de las plusvalas, y su conversin en patrimonio pblico de suelo y vivienda, un patrimonio que desde el inicio de la crisis esta amenazado, incluso est siendo desmantelado, y que tenemos que defender.

Para ello la sociedad civil tenemos que situar la poltica de vivienda pblica en el primer plano de actualidad, y el Proyecto de Ley de Vivienda, presentado en el Parlamento Vasco hace ya un ao, es una oportunidad para ello, igual que lo es la lucha de los inquilinos de viviendas pblicas de Alokabide (6.000 viviendas).

En esa direccin KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS estamos a favor de una Ley Vasca de Vivienda que establezca varias cuestiones nucleares:

DECLARAR el DERECHO SUBJETIVO, UNIVERSAL Y EFECTIVO, AL USO DE UNA VIVIENDA DIGNA, exigible frente a la Administracin y ante los Tribunales de Justicia. Un derecho que ser cuestionado por interpretaciones restrictivas del Tribunal Constitucional pero que ser vinculante para todos los poderes pblicos autonmicos y punto de partida para confrontar con el Estado y avanzar en su reconocimiento para todas las personas.

Para garantizar este derecho defendemos que las Administraciones dirijan todos los recursos necesarios al fortalecimiento del Parque Pblico de Viviendas de Alquiler a fin de cubrir las necesidades sociales, siempre considerando que la construccin masiva no es compatible ni con el medio urbano ni con la necesidad de invertir en rehabilitacin que genera tres veces ms puestos de trabajo directos que la construccin de obra nueva.

Justo en la direccin contraria a la actual, pues, en la CAV, desde el inicio de la crisis, los recursos presupuestarios dedicados al alquiler (vivienda social, alojamientos dotacionales, vivienda protegida en alquiler, o movilizacin de vivienda vaca en alquiler protegido) han descendido ms de la mitad.

Adems, el Gobierno Vasco insiste en liquidar el parque de viviendas VPO edificadas en rgimen de superficie, que es en realidad un parque de viviendas de alquiler social a largo plazo en el que las familias pagan el derecho de superficie pero el suelo sigue en manos pblicas. Unas 14.500 viviendas en la actualidad cuya propiedad volver a las administraciones pblicas al cabo de 75 aos, sin indemnizacin. Un sistema que fomenta el acceso a una vivienda digna a un precio social de forma vitalicia, con bajo gasto presupuestario, dado que los usuarios financian la vivienda, con un buen nivel de mantenimiento, y con recuperacin futura por el sector pblico para futuros procesos de rehabilitacin y regeneracin urbana. Los sucesivos intentos del Gobierno Vasco para vender el suelo de estas viviendas, primero con el PSE gobernando, y ahora con el PNV, van en contra de la intencin declarada de fortalecer el alquiler social.

DECLARAR la FUNCIN SOCIAL DE LA VIVIENDA, tal y como recoge el artculo 33 de la CE, de tal forma que se adopten medidas en relacin con las viviendas desocupadas que no la cumplan. En la eurozona hay 11 millones de casas vacas, de las que 3,4 millones estn en el Estado espaol, y 91.000 en Euskadi, segn la Estadstica de Vivienda Vaca 2013 elaborada por el Gobierno Vasco, de las que 29.000 son de temporada y 62.000 deshabitadas. Por el lado de la demanda Etxebide contabilizaba a 31 de diciembre de 2013 casi 87.000 expedientes, de los cuales ms de 50.000 reclaman una vivienda en alquiler.

Hasta ahora, en el Estado, todas las medidas para movilizar el parque de viviendas vacas se han basado en incentivar al propietario, y han sido un rotundo fracaso. En 2011 se aprob el desahucio express, con el argumento de dar mas garantas a los propietarios de inmuebles, dejando en el desamparo a las personas mas vulnerables, sin ingresos para pagar la renta de alquiler, a los que ahora se esta desahuciando sin miramientos y sin alternativas. La realidad es que menos de un 20% de la poblacin tiene inmuebles distintos de la vivienda principal, y la confusin interesada, creada desde el poder, entre el pequeo y el gran propietario ha permitido legislar a favor de los intereses de los grandes propietarios sin levantar sospechas, y adems venderlo como si fuera un beneficio para toda la poblacin. En mayo de 2012 se reform la Ley de Arrendamientos Urbanos liberalizando ms el alquiler, reduciendo la duracin de los contratos a tres aos, agilizando el desahucio por impago, y desvinculando la actualizacin de la renta de alquiler del IPC. Estas reformas legales anulan el alquiler como una alternativa real a la compra y es necesario cambiarlas

Adems, como propuestas a debate, defendemos:

Que las viviendas desocupadas cuya propiedad proceda de una ejecucin hipotecaria sean expropiadas en su uso por cinco aos, prorrogables, y destinadas al alquiler pblico, preferentemente para las personas afectadas por el desahucio, y sin ningn tipo de compensacin. Son viviendas vacas, propiedad de los bancos y sus inmobiliarias, a la espera de que aumente el precio de mercado, o se vendan, o se alquilen a unos precios inaccesibles para la mayora. Tan slo el ao pasado los bancos se quedaron con 50.000 pisos por impago, un 11% ms que en 2012

Que las viviendas desocupadas cuya propiedad corresponda a una persona jurdica sean objeto de alquiler forzoso para atender a la demanda de vivienda en rgimen de alquiler pblico, sin ningn tipo de compensacin.

Que las viviendas deshabitadas cuya propiedad corresponda a un particular sean objeto de un tratamiento fiscal que impulsase su alquiler, y reforzase la movilizacin de vivienda vaca que representa BIZIGUNE.

Algunas de estas medidas ya existen en Europa; en Holanda la ocupacin de viviendas que lleven mas de un ao vacas es legal, en Dinamarca hay multas si la vivienda esta vaca mas de seis semanas, en Francia hay una tasa del 10% del valor catastral, o en Alemania se puede llegar a la expropiacin de viviendas vacas.

CREAR un Servicio Pblico de Vivienda, con representacin de la sociedad civil, que coordine el conjunto de las intervenciones en materia de vivienda y urbanismo de las distintas administraciones, y un Registro nico, de viviendas pblicas y de viviendas deshabitadas, diferenciando entre las que son propiedad de personas fsicas y jurdicas. Es fundamental cuestionar la actual falta de representatividad social en el diseo y ejecucin de las polticas pblicas de vivienda, y reivindicar que las organizaciones de vecinos e inquilinos deben participar en la definicin de las estrategias en materia de vivienda de los Estados miembros, tal y como establece el INFORME, de 30 de abril de 2013, sobre la Vivienda Social en la Unin Europea, aprobado por el Parlamento Europeo.

REFORZAR el actual Parque Pblico de Viviendas Pblicas de Alquiler, en total 6.098 viviendas (2.779 en Araba, 1.273 en Gipuzkoa y 2.046 en Bizkaia), revisando en profundidad la normativa que lo regula, para que cumpla su funcin social. La movilizacin que venimos protagonizando KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS y los inquilinos de Alokabide, desde el ao pasado, para denunciar los desahucios en viviendas pblicas y reclamar un alquiler justo, consigui que el pasado siete de abril el Parlamento Vasco aprobara una serie de medidas que consideramos mnimas:

Que en ningn caso se inicie el procedimiento de desahucio en viviendas de gestin pblica cuando la causa sea el impago de la renta de alquiler por insuficiencia de ingresos comprobada.

Que el precio mximo de la vivienda pblica, que sirve para el clculo de la renta de alquiler, se adecue a la variacin de precios.

Que la renta de alquiler mas las tasas y gastos fijos de comunidad, incluidos los gastos para disponer de calefaccin o agua caliente, no superen el 30% de los ingresos

Que se revise anualmente la renta de alquiler, y automticamente cuando haya una reduccin de ingresos desde el momento en que se produce la reduccin.

Que se les incluya en la actual Prestacin Complementaria de Vivienda que gestiona Lanbide.

Que se garantice la intervencin directa de los inquilinos en la gestin de los gastos de comunidad, incluidos los energticos.

El Gobierno Vasco se esta oponiendo a este acuerdo, democrticamente aprobado, aplicando una Instruccin Interna aprobada en diciembre, que no respeta los acuerdos del Parlamento, y negndose a dialogar con los afectados. Esta realidad situa en un primer plano para que sirven las actuales instituciones cuando las decisiones reales se adoptan al margen de ellas o en su contra.

Actualmente estamos viendo que las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco persiguen reducir el espacio pblico de vivienda a favor del sector privado, reactivar el sector inmobiliario, detener la cada de precios, y proteger los intereses de los grandes propietarios. Un ejemplo es la apuesta por acabar con el programa BIZIGUNE, que cuenta con 5.000 viviendas libres vacas en suelo urbano consolidado en alquiler social, y sustituirlo por un papel intermediario en el que la administracin se limitara a firmar un seguro que garantizase el cobro del propietario y la devolucin en condiciones del piso al final del contrato. Otro ejemplo es el Plan Director de Vivienda 2013-2016 del Gobierno que apuesta por el alquiler y la rehabilitacin pero no habilita los recursos necesarios para cumplir los objetivos que se pretenden.

Por eso es necesario luchar codo con codo, aqu y en el conjunto del Estado, para que se garantice el derecho universal a un techo, y, al mismo tiempo, para modificar la normativa que se opone a una poltica de vivienda social, especialmente la Ley Hipotecaria, acabando con las clusulas abusivas en los contratos hipotecarios y el descarado apoyo a los banqueros. Tambin la regulacin del crdito hipotecario, dado que su limitacin ayudara a reducir los precios de la vivienda. Si se limitara el crdito, o la duracin de las hipotecas, la capacidad de endeudamiento de la unidad familiar se reducira y tendra que bajar el precio de la vivienda.

La sociedad debemos movilizarnos para que no se vuelva a empujar a las familias a hipotecarse y para cambiar la cultura de la propiedad por una cultura de alquiler social que garantice el derecho de todas las personas al uso de una vivienda digna y adecuada. En este camino KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS vemos necesario trabajar para que los organismos sociales acuerden posiciones unitarias en torno a la vivienda y articulen un proceso de debate y movilizacin social capaz de situar la lucha por pan, trabajo y techo como derechos fundamentales de cualquier persona.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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