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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-06-2014

Misin organizada por la Comisin tica Contra la Tortura
Los Derechos Humanos en el Chile de hoy

Mireille Fanon Mends-France
Fundacin Frantz Fanon


Chil: Misin organizada por la Comisin tica Contra la Tortura, del 4 al 15 de mayo 2014

Mireille Fanon Mends-France- Fundacin Frantz Fanon

Anlisis de algunos puntos mencionados en el informe [1], en relacin al Examen Peridico Universal [2]

La delegacin chilena precis que del conjunto de recomendaciones elaboradas en 2009, 71 han sido aplicadas y conciernen principalmente el dominio de los derechos humanos. Se puede citar

- la ratificacin [3] de la Convencin Internacional para la proteccin de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

- la creacin del Instituto Nacional de los Derechos del Hombre [4] , que hace un trabajo de promocin de los derechos y que presenta recursos por intermedio de amicus curiae.

Este Instituto ha pedido reiteradamente que al menos la ley antiterrorista respete los estndares internacionales, pero precisa su preferencia para que esta ley sea abrogada, puesto que Chile no est bajo amenaza terrorista alguna. La delegacin chilena precis que el Instituto Nacional de Derechos del Hombre supervise, por ejemplo, el accionar de la fuerza pblica durante las manifestaciones pblicas [5] y garantice acciones de formacin.

- las condiciones de detencin han mejorado un poco gracias a la aplicacin de un plan de 11 medidas [6] que tiendan a resolver los problemas de infraestructura, de seguridad, de vivienda y de salud. De hecho, la delegacin chilena anunci que la sobrepoblacin en las prisiones haba sido reducida del 25% en 2013.

- la entrada en vigor de la ley N 20609 [7] contra la represin de todas las formas de discriminacin fundada entre otras sobre la raza, la nacionalidad, la lengua, la opinin poltica, la religin, el sexo, la orientacin sexual o los minusvlidos.

Un ao ms tarde, el Comit de Derechos Humanos, en su 108 sesin [8] , pregunt a Chile qu medidas concretas de proteccin y cuales mecanismos de compensacin previstos por la ley para luchar contra la discriminacin haban sido puestos en obra. La interrogacin concerna la inversin de la prueba de cargos en los procedimientos judiciales en favor de la vctimas presuntas de discriminacin, (....) y sobre la definicin de la discriminacin racial. [9]

Durante el EPU de 2014, la delegacin de Chile declar que el nuevo proyecto de ley para luchar contra la Discriminacin es la primera ley que sanciona los actos explcitamente discriminatorios [10] . Pero est lejos de ser efectivamente aplicada.

Al trmino del intercambio entre la delegacin chilena y los Estados, algunas recomendaciones fueron sugeridas, entre otras:

- acceso equitativo a la educacin, a la justicia y a la salud. [11]

Continuar los esfuerzos para proteger y garantizar los derechos de todos, en particular de los nios y mujeres, con el fin de asegurar para todos los ciudadanos un acceso equitativo y razonable a la justicia, educacin y cuidados de salud.

- proteccin de los grupos vulnerables [12]

Tomar las medidas necesarias para proteger a los grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, los nios y toda minora cuyos derechos puedan ser violados.

- proteccin de los nios [13]

Adoptar una ley de proteccin integral de los nios, en acuerdo con la Convencin relativa a los derechos del nio.

- programas de educacin [14]

Continuar las estrategias y programas nacionales existentes sobre la educacin para mejorar las posibilidades de empleo, la proteccin social y el sistema de cuidados de salud, en particular para las familias de migrantes, pero tambin en las zonas rurales y para los miembros de las poblaciones autctonas y tribales.

- plan nacional por los derechos humanos [15]

Finalizar la creacin del Secretariado por los Derechos humanos y desarrollar un plan nacional de los derechos humanos con una amplia participacin de representantes de la sociedad civil.

- formacin a los derechos humanos [16]

Fomentar la creacin de una formacin en derechos humanos para el conjunto de los agentes de la funcin pblica, fuerzas policiales y de gendarmera.

- respeto a la ley de anti-discriminacin [17]

Asegurar la plena efectividad y aplicabilidad de la ley anti-discriminacin, tomar medidas concretas para reducir el riesgo de violencias hacia los grupos vulnerables, entre ellos mujeres y nios autctonos, pero tambin reforzar las iniciativas de educacin hacia el pblico y promover leyes sobre la igualdad. Prevenir y combatir los prejuicios raciales tomando las medidas necesarias para una proteccin eficaz contra la discriminacin, en particular en los dominios del empleo, de la vivienda, de los cuidados de salud y la educacin, con el fin de reforzar las capacidades y la autonoma de los pueblos autctonos. Reforzar las medidas en vista de combatir los prejuicios y los estereotipos negativos que afectan a los pueblos autctonos y a las minoras.

- modificacin de la definicin de la discriminacin [18] ley 20609

Alinearse, para su definicin, sobre aquella dada por el Comit para la Eliminacin de la discriminacin hacia las mujeres.

- adopcin de una definicin jurdica [19]

Adoptar una definicin jurdica de todas las formas de discriminacin contra las mujeres, que englobe a la vez la discriminacin directa e indirecta, en particular en el trabajo, la vivienda, la salud y la educacin. Construir la prevencin y la lucha contra la xenofobia y los prejuicios raciales y asegurar la promocin de normas jurdicas [20] .

Promover a travs de polticas y de normas jurdicas, la responsabilidad de la polica y de las autoridades administrativas sobre la utilizacin de la fuerza durante las manifestaciones pacficas y continuar a implementar investigaciones exhaustivas sobre toda denuncia por malos tratos atribuidos a la polica, en particular durante las manifestaciones sociales.

- uso de la fuerza [21]

Tratar eficazmente el problema del uso excesivo de la fuerza por la polica, en particular durante las manifestaciones y las protestas para no dejar impunes los casos de violacin de los derechos humanos y los abusos.

Continuar a reforzar la rendicin de cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la polica e instalar un mecanismo nacional de prevencin de la tortura.

Examinar la legislacin de control de las manifestaciones sociales por la polica y la respuesta tctica desarrollada por los organismos encargados de aplicar la ley y asegurarse que las investigaciones desemboquen en acusacin judicial en los casos de uso excesivo de la fuerza.

Investigar las denuncias de crmenes y de actos de violencia cometidos por la polica contra las comunidades indgenas y estar vigilantes para que la competencia de los tribunales civiles se aplique igualmente en los casos en que carabineros sean acusados de violacin de los derechos humanos.

En conclusin, es fcil notar que hay una coherencia entre las reivindicaciones de los pueblos autctonos, entre ellos los Mapuche, de no ser ms percibidos segn une lnea racial como lo son tambin las personas de origen africano, ni ser maltratados, estigmatizados, ni ser condenados en aplicacin de la ley antiterrorista como es tambin el caso de los chilenos solidarios de los Mapuche o de quienes se han comprometido en los movimientos sociales en protesta contra las polticas liberales y lo que pide el Instituto de derechos humanos pero tambin lo que constata, por ejemplo, el diputado Gutirrez, con las recomendaciones de la Comisin Interamericana de Justicia y aquellas de los rganos de Naciones Unidas reiteradas en enero del 2014, en ocasin del 2 EPU, sabiendo que ya se haban pedido en el primer EPU en 2009.

 

Primer da, 5 de Mayo

Santiago

Reunin con migrantes y refugiados polticos

La problemtica ms all de las condiciones difciles de vida, de marginalizacin y de xenofobia de las que los migrantes son vctimas - reside esencialmente en la colusin entre ciertos pases de Amrica Latina destinada a fortalecer la cooperacin transfronteriza. Esta cooperacin est destinada a imponer al terrorismo, la criminalidad transfronteriza y la migracin ilegal, persecuciones y sanciones sin ninguna distincin de fondo sino con la misma intensidad.

Se acenta as la poltica tendiente a sembrar la confusin entre migracin, terrorismo y criminalidad. As en 2007, durante el verano, Francia firm el tratado europeo multilateral para reforzar la cooperacin transfronteriza, en aras de luchar contra el terrorismo, la criminalidad transfronteriza y la migracin ilegal.

Volviendo a los migrantes en Chile, en nmero de 350.000 [22] y de solicitantes de asilo, cuyo nmero ha pasado de 870 en 2008 a 560 en 2009, sus condiciones de vida estn en violacin abierta con los derechos fundamentales [23] . La mayor parte del tiempo no son considerados como ciudadanos, son vctimas de discriminaciones tanto en la bsqueda de trabajo como en el acceso a la salud y la vivienda.

Ley sobre los refugiados.

Tratndose de los refugiados, el Senado voto en 2010 una ley relativa [24] a la proteccin de estos, ley que establece el cuadro jurdico aplicable a su proteccin e incorpora las obligaciones del pas en virtud de la Convencin relativa al estatus de los refugiados [25] y del Protocolo de 1967 de las Naciones Unidas, este ltimo tambin relativo al estatus de los refugiados. Esta ley haba sido propuesta en 2009 por la Presidenta Michelle Bachelet, quien afirmaba que cuando el Estado de Derecho haba sido olvidado, miles de Chilenos haban podido beneficiar de una proteccin (en pases extranjeros) . Esta ley, as como se precisa en el sitio web [26] de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados agrega la renovada reputacin de Amrica del Sur como hogar de paz para personas obligadas a huir de sus pases de origen .

Pese a esta ley y al compromiso tomado por el Estado chileno en el momento de su Examen Peridico Universal de 2009 de asegurar a estas personas la plena realizacin de sus derechos , el estatus de refugiados polticos no ha mejorado, la preferencia nacional siendo aplicada prioritariamente. Los migrantes y los refugiados polticos esperan con impaciencia que la ley est realmente en coherencia con las normas imperativas del derecho internacional.

La delegacin chilena, durante el segundo examen peridico universal, dice que el gobierno ha puesto en marcha un proceso de regularizacin para facilitar la integracin de los migrantes con la aprobacin en 2010 de una ley sobre la proteccin de los refugiados , que respeta los compromisos internacionales. Sin embargo, en las recomendaciones propuestas despus de las presentaciones del Estado , se pidi a Chile adoptar todas las medidas necesarias para hacer frente a la exclusin social y la vulnerabilidad de las mujeres migrantes y para establecer un marco jurdico para abordar las cuestiones que afectan a los migrantes , a las minoras , los refugiados, en particular los derechos de los nios migrantes o hijos de padres migrantes . Asimismo, solicit al Estado que contine sus esfuerzos para adquirir la modernizacin de la ley sobre el rgimen de migracin reconociendo los derechos y las obligaciones de los migrantes legales o ilegales.

Mantenidos en prisin luego de procesos expeditivos, con sentencias fuera de proporcin, no es raro ver algunos entre ellos, que una vez cumplida la condena, los vuelvan a convocar al tribunal que los condena una vez ms a una pena casi tan larga como la que acaban de efectuar.

Da 2, 6 de Mayo

Temuco

Encuentro con Celestino Crdova

La entrada a la prisin de Temuco, donde estn retenidos 611 prisioneros de los cuales un solo Mapuche, Celestino Crdova que no es considerado como prisionero poltico, es de una facilidad desconcertante. Los nombres de los visitantes son rpidamente anotados en un pedazo de papel y solamente los celulares son provisoriamente requisados. Luego de un encuentro previsto con el Alcaide de la prisin quien elogia la poltica de puertas abiertas en las prisiones para toda persona que pide efectuar una visita, somos acompaados por guardianes llevando una espada que utilizan cuando estiman que los prisionero muestran un comportamiento que ellos juzgan reprensible

El comandante de la prisin se enorgullece del procedimiento de puertas abiertas establecido desde hace una veintena de aos y del trabajo realizado con organizaciones de derechos humanos. Los miembros de la gendarmera han recibido entrenamiento de fuerzas francesas como de algunos otros pases europeos y del Estado de Israel, en el plano tecnolgico. Esta prisin tiene un Centro de trabajo que cuenta con una panadera que produce el pan para la prisin, una empresa privada, un taller de ebanistera y uno de grafismo. Los prisioneros reciben un salario de 90.000 pesos chilenos [27] .

El Modulo 1 donde se encuentra la celda de Celestino Crdova: es un espacio relativamente grande, con un rincn para la cocina y un taller donde Celestino trabaja la madera. Por el momento est solo y si otros Mapuche son encarcelados lo sern en esa misma celda. Los guardianes que nos acompaan permanecen all algunos instantes y terminan por salir.

Es costumbre en las prisiones chilenas reunir a los Mapuche en un espacio que les est dedicado, para que puedan cocinar y practicar sus ritos. Este derecho fue obtenido luego de un movimiento de huelga de hambre [28] . Se podra creer que los Mapuche tienes condiciones de detencin mucho mejores que los otros prisioneros. No es as, no todos son apoyados por sus familias que estn pauperizadas y a las que les cuesta mucho, por razones econmicas, de procurarles su alimentacin habitual. Ellos no pueden, en estos lugares de encierro, practicar sus rituales religiosos y estn en la imposibilidad de mantener sus lazos cosmognicos con la tierra.

El Machi [29] Celestino Crdova fue reconocido culpable del asesinato de la pareja Luchsinger-Mckay, del incendio criminal de su propiedad, Lamahue, en Vilcn, en la regin de la Araucana, del robo de una camisa y de la muerte de dos vacas. Durante las dos horas de la entrevista, nos explicar que su compromiso espiritual con los suyos le prohbe cometer actos semejantes, que aora su tierra ancestral y que si permanece an demasiado tiempo en prisin, va a terminar por morir.

La reconquista de las tierras ancestrales es casi una obligacin para los Mapuche [30] . Segn Celestino Crdova hoy da la naturaleza se rebela contra los elementos extraos que se han introducido, ella est agresiva porque su espritu ha sido violado. No creemos poseer la verdad, pero nosotros los Mapuche conocemos el valor de la tierra y tenemos ideas para que la relacin entre la naturaleza y el humano sea armoniosa. Cuando hablamos de recuperacin se trata esencialmente de un tema espiritual. Queremos recuperar nuestras tierras para poder asegurar un desarrollo sostenible y ofrecer a las generaciones futuras un entorno sano. Rechazamos el hecho que hayan sido o sigan siendo empobrecidas por empresas estatales con el fin de implantar aeropuertos o industrias de produccin elctrica y por transnacionales que explotan nuestros recursos naturales. Eso no solo nos afecta a nosotros, sino tambin afecta a la naturaleza .

C. Crdova, en tanto que Machi, cree en el rol central de la persona humana y tiene la conviccin que es posible para los Mapuche y los Chilenos vivir juntos en un mismo pas que respete el derecho a la autonoma de los Mapuche cuyas tierras estn en su mayora ilegalmente ocupadas por el Estado o por las transnacionales. Ciertamente este no es el deseo del Estado chileno, que es reconocido por el FMI [31] como uno de los ms estables econmicamente de Amrica del Sur. Este rechazo por reconocer el derecho inalienable de los Mapuche a sus tierras es confortado y justificado por las representaciones negativas, lase verdaderamente xenfobas, construidas por la sociedad chilena en contra de ellos. No podr haber ningn cambio de paradigma sin un reconocimiento real y completo de la particularidad cultural, del valor de su cultura y de su derecho a la autodeterminacin. Para esto ser necesario que Chile acepte que se exprese legalmente el conjunto de las diversidades culturales en su territorio. Celestino Crdova es el primer Machi acusado de crimen. Hasta ahora el Estado atacaba a los Longko jefes de tribu- o a los jvenes. Esta escalada en la criminalizacin de los Mapuche refleja tanto la falta de voluntad poltica como la incapacidad del Estado chileno a solucionar esta cuestin poltica esencial para el conjunto de la sociedad chilena y forma parte de una persecucin sistemtica de las minoras opuestas a las polticas del Estado.

Recuerda tambin la operacin de pacificacin de la Araucana [32] que haba desgraciadamente inaugurado para los Mapuche une guerra de exterminacin e instaurado una obligacin para la poblacin de fijarse en lugares precisos, teniendo como consecuencia la marginalizacin y el empobrecimiento. El 4 de Enero del 2013, hacia las 21 horas, Celestino es encontrado herido en el pecho por una bala calibre 9 o 22- que le haba perforado un pulmn, a unos 2 kilmetros del sitio donde tuvo lugar el crimen y el incendio. La bala no ser jams encontrada, as como tampoco el arma que sirvi al crimen de los esposos Luchsinger-Mckay.

Inconsciente, es llevado al hospital. A su despertar se le comunic la acusacin de asesinato, incendio criminal y robo. Sus abogados reclamarn puesto que ningn anlisis balstico fue realizado. No tendrn ninguna explicacin. El arma del crimen nunca ha sido encontrada.

Tras un ao de prisin preventiva, el 28 de Febrero 2014 fue condenado a 18 aos de prisin. Sus abogados han interpuesto un recurso frente a la Corte Suprema de Santiago.

Durante el proceso, los representantes del Estado trataron de hacerlo responsable del ataque de una granja en Santa Isabel perpetrado en Diciembre 2012. Finalmente el Tribunal no retuvo contra l esta ltima acusacin.

Celestino fue arrestado bajo acusacin de ser el autor del crimen, pero durante el juicio que lo conden sin prueba alguna pas del estatus de autor al de coautor. Adems, la sentencia no retoma los trminos de la acusacin. Solo seala que l conspir nicamente con el propsito de cometer un crimen .

As, Celestino Crdova habra cometido el crimen, quemado la propiedad, matado las vacas, robado una camisa y por un malabarismo cuyo secreto solo posee la acusacin,

ya no es ms el instigador principal. Este ltimo jams ha sido encontrado. Ha sido solamente buscado?

Estas condiciones de arresto y de acusacin recuerdan aquellas en las que Mumia Abu Jamal [33] , periodista comprometido que denunciaba las flagrantes discriminaciones de las que son vctimas los afro-americanos y conocido por ser La Voz de los Sin-Voces, fue acusado del asesinato de un polica en Filadelfia. A su despertar, herido por bala en la espalda haba sido trasportado inconsciente al hospital, le fue significado la acusacin del asesinato de William Faulkner. Fue condenado a la pena de muerte, que en 2011 ser conmutada en prisin perpetua sin posibilidad de liberacin. Actualmente est en prisin hace 32 aos, de los cuales 27 en el pasillo de la muerte.

Con lucidez, Celestino Crdova concluye yo no soy un smbolo, yo soy una vctima del poder que me ha hecho pasar de vctima a autor de un crimen .

En solidaridad con los 3 huelguistas de hambre de Angol , comenz una huelga de hambre a la cual le puso un trmino despus de 18 das. Celestino Crdova fue trasladado al Hospital Intercultural de Nueva Imperial , que corresponda a una de las reivindicaciones. En el primer da de su hospitalizacin , recibi la visita del intendente regional Francisco Huenchumilla y el 30 de mayo , d el senador socialista Alejandro Navarro. Para estos visitantes, la condena de Celestino Crdova slo sirve para otorgar credibilidad al sistema judicial y slo pretende proporcionar garantas a las empresas forestales en la regin.

El derecho a la autodeterminacin.

El derecho a la autodeterminacin [34] , regla del derecho internacional ampliamente reconocido, autoriza a los pueblos a optar por la estructura poltica de su eleccin y por su independencia. Derecho consagrado por la Carta de las Naciones Unidas y proclamado por la ONU como el derecho [35] de todo pueblo a sustraerse a la dominacin colonial [36] , este derecho [37] es ante todo la garanta de una sociedad pluralista y democrtica, segn la formulacin contenida en la reivindicacin en favor de un nuevo orden econmico internacional de 1974 [38] .

Demasiado a menudo el concepto de nacin es empleado en lugar de aquel de pueblo [39] . Sin embargo, tanto la Carta de Naciones Unidas [40] como los dos Pactos Internacionales de 1966 [41] mencionan et insisten sobre la nocin de pueblo . Sin que sea especialmente especificado lo que representa la nocin de pueblo. Hay que referirse al Relator Especial [42] Aureliu Cristescu, quien aconseja de retener entre otros, dos elementos para definir lo que es un pueblo: el trmino pueblo designa una entidad-sociedad que posee une identidad evidente y que tiene caractersticas propias; implica una relacin con un territorio, incluso si el pueblo en cuestin hubiese sido injustamente expulsado y reemplazado artificialmente por otra poblacin.

 

A menudo los Estados tienden a no reconocer el derecho de los pueblos autctonos, pretextando que estos ltimos estn integrados al Estado-nacin.

La Declaracin sobre la atribucin de la independencia a pases y pueblos colonizados [43] precisa que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminacin puesto que "someterlos a una subyugacin, a una dominacin y a una explotacin extranjera constituye una negacin de los derechos fundamentales del hombre y es contrario a la Carta de Naciones Unidas".

Por otra parte, la Declaracin sobre el derecho al desarrollo [44] establece lazos muy precisos con el derecho a la autodeterminacin de los pueblos y con el derecho a disponer libremente de sus recursos naturales. Esta declaracin precisa el deber de los Estados de "formular polticas de desarrollo nacional apropiadas teniendo como objeto el mejoramiento constante del bien estar del conjunto de la poblacin y de todos los individuos, fundado en la participacin activa, libre y til al desarrollo y a la reparticin equitativa de las ventajas resultantes [45] . Se debe recordar que la Declaracin y el Programa de accin de Viena [46] precisan que "todos los pueblos tienen el derecho de disponer de s mismos. En virtud de este derecho, ellos determinan libremente su estatus poltico y persiguen libremente su desarrollo econmico, social y cultural".

La Declaracin de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos autctonos [47] refuerza la proteccin de los derechos de los pueblos autctonos, estos tienen el derecho de gozar plenamente -individual o colectivamente- de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas a la autodeterminacin y al conjunto de recursos naturales puesto que ningn pueblo podr ser privado de sus medios de subsistencia. Esta declaracin reconoce la autodeterminacin [48] , la autonoma [49] pero solamente en el cuadro del Estado y el derecho de los pueblos autctonos sobre sus tierras y sus recursos.

Se menciona tambin que "los pueblos autctonos no pueden ser sacados por la fuerza de sus tierras o territorios. Ninguna reinstalacin puede tener lugar sin el consentimiento previo -otorgado libremente y en conocimiento de causa- de los pueblos autctonos interesados y un acuerdo sobre una indemnizacin justa y equitativa y, cuando eso sea posible, la facultad de un retorno [50] .

Esta obligacin de obtener el consentimiento de los pueblos autctonos se aplica en el marco de una re-instalacin, lo que restringe la aplicacin de consentimiento mientras que en la Convencin 169, Organizacin Internacional del Trabajo, este consentimiento debe ser obtenido en el caso de medidas administrativas o legislativas que tocasen a su modo de vida (ver nota).

 

Convenio 169 en Chile

Si bien el Estado de Chile ratific en 2009 el Convenio 169 de la OIT, la integracin en la legislacin chilena est lejos de ser efectiva. Esta ratificacin debera, desde hace cinco aos, haber introducido las reformas jurdicas, incluidas en los cdigos de agua, de minera, de pesca y en las concesiones elctricas que las rigen. Esta Convencin reconoce el derecho de los pueblos indgenas a sus tierras [51] y sus territorios, as como el derecho a la utilizacin, administracin y conservacin de sus recursos.

 

El derecho a dar su consentimiento

Ms que eso, el Convenio 169 establece que el Estado debe consultar los pueblos indgenas susceptibles de ser "directamente afectados por las medidas legislativas o administrativas" y obtener su consentimiento, de acuerdo con el principio de buena fe [52] , as como el "derecho de decidir de sus propias prioridades en el proceso de desarrollo" [53] ; sin olvidar el artculo 15 el cual reconoce el derecho de los pueblos indgenas de ser consultados sobre la explotacin de las riquezas del subsuelo de su territorio aunque estas fueran propiedad del Estado.

Sin embargo, cuando comenzaron los primeros debates sobre la aprobacin de la presente Convencin, los parlamentarios presentaron entre 2000 y 2009, recursos de constitucionalidad para reducir su impacto y tratar de luchar contra la decisin [54] que estableca que el citado artculo 6 ya mencionado era por su naturaleza de "aplicacin inmediata", necesariamente aplicables a todas las medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos indgenas.

Era sin contar con la belicosidad de los diputados que hicieron aprobar un proyecto de pesca sin que los pueblos indgenas interesados sean consultados. En su decisin [55] , el Tribunal Constitucional presenta un recurso contra la decisin de agosto de 2000 sobre la base de varios argumentos, entre otros, que la ley de pesca no afectara a los pueblos indgenas, por lo tanto, no hay razn para consultarlos. El 21 de enero de 2013, una comisin paritaria se cre para trabajar en un proyecto de ley sobre la constitucionalidad del Convenio 169, este ltimo perdi ipso facto su carcter de "aplicabilidad obligatoria" y es ahora inoperante.

El derecho a la consulta

Este derecho reconocido en la Declaracin de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas [56] , adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007, exige a los Estados consultar a "los pueblos indgenas interesados y cooperar con ellos de buena fe a travs de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento, dado libremente y en conocimiento de causa antes de la aprobacin de todos los proyectos que afecten a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relacin con el desarrollo, la utilizacin o la explotacin de recursos minerales, hdricos o de otro tipo. "

Durante las discusiones [57] previas a la aprobacin de esta Declaracin, el representante de Chile, Octavio Errzuriz, declar que la poltica de su pas en materia indgena est basada en el carcter multicultural de la sociedad chilena y tiene como eje principal el acceso de todos los ciudadanos en todos los mbitos de la vida econmica y social, a fin de que los pueblos indgenas puedan crecer en el pleno respeto de sus derechos, tradiciones, culturas as como sus identidades. Nada, obviamente, sobre el derecho a la consulta, slo la manifestacin de la integracin de los pueblos indgenas en la sociedad chilena. Slo es cuestin de lo multicultural! Sin olvidar que el propio ex presidente Piera haba pedido que sea votado el Reglamento 66 que disminuye el derecho a la consulta.

El representante [58] del Consejo de Indgenas de Chile, por su parte, dijo que los indgenas exigen en particular, el pleno ejercicio de su derecho a la libre determinacin y el control sobre su territorio. "Mientras no haya un acuerdo con el gobierno, nuestros derechos seguirn siendo violados y las decisiones slo sern sectoriales" [59] .

Hay que aadir que esta Declaracin [60] es la primera en reconocer el derecho a la libre determinacin de los pueblos indgenas.

Al trmino de su 149 sesin, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho hincapi en su preocupacin [61] por la continua amenaza y el impacto de los planes y proyectos de desarrollo e inversin as como de las concesiones para la extraccin de recursos naturales en sus tierras ancestrales; por la persecucin, estigmatizacin y criminalizacin de las autoridades ancestrales, lderes y dirigentes indgenas que participan en la defensa de sus territorios.

Cabe mencionar que durante su ltimo examen peridico universal [62] , el representante de Chile, el Ministro de Desarrollo Social, destac los avances en materia de derechos humanos realizados desde la EPU de 2009, incluyendo una que permita "profundizar el compromiso de la participacin y la implicacin de las comunidades indgenas. Desde su entrada en vigor, se han realizado ms de 43 consultas sobre cuestiones tales como la legislacin, medidas administrativas, que an no han surgido y proyectos de inversin que por ahora, esencialmente favorecen a las empresas transnacionales, entre las cuales las mineras canadienses, como Barrick Gold. "Un nuevo procedimiento de consulta se cre en torno a tres puntos importantes, como es el reconocimiento constitucional de los pueblos indgenas esto todava no ha sido efectivo - , la creacin de un consejo que represente a los pueblos indgenas y el establecimiento de un nuevo marco institucional para una aplicacin ms eficaz de las polticas pblicas hacia los pueblos indgenas [63] . Podemos decir que son solamente promesas en el aire!

 

Reunin con el Secretario General de la IX Regin, Mario Gonzlez, espaciosa oficina en el piso 14 con vista a la ciudad .

Para Mario Gonzlez, el cambio de la poltica del Estado en relacin a los Mapuche ya comenz. As, el Intendente de la regin de la Araucana, Francisco Huenchumilla [64] , de origen mapuche, pidi perdn a los mapuche en nombre del Estado de Chile, por la expoliacin de sus tierras. Pero esto debera haber ocurrido en el primer mandato [65] de Michelle Bachelet; ella ya se haba comprometido a que la ley antiterrorista [66] no se aplicara nunca ms contra los dirigentes mapuche, a poner trmino a la criminalizacin de sus demandas y a obtener reduccin de penas para los ya condenados. Eso es lo que reiter durante su segunda campaa, promesas que tardan en hacerse efectivas.

Desde que asumi el cargo, ella no ha decidido sobre ninguna medida ejecutiva que pudiera cambiar sustancialmente la vida de los mapuche, ni la desmilitarizacin de la zona, ni la devolucin de las tierras [67] la cual no debiera hacerse bajo la forma de una "donacin" reducida a un pedazo de tierra de una hectrea como ya se ha hecho en el pasado. Se trata de devolverles sus tierras ancestrales de las cuales fueron desposedos durante la llamada pacificacin de la Araucana. Pero especialmente abandonar el uso de la Ley Antiterrorista [68] que los criminaliza.

Esta ley permite que se utilicen mecanismos de seguridad sin control democrtico ni judicial, no tiene otro propsito que el de impedir, restringir o eliminar el ejercicio de los derechos fundamentales de los mapuche, lo que tiene un doble efecto. Por un lado, se convierten, para la mayora de los chilenos, en los enemigos internos a quienes hay que reducir las perjuicios que provocan encarcelndolos y, en segundo lugar, refuerza el sentimiento de identidad nacional construida en torno a la "europeizacin" de los chilenos, permitiendo as que se desarrolle una verdadera xenofobia contra ellos.

Mario Gonzlez dijo que pronto sera derogada, y agreg que ya no se utiliza esta ley. Sin embargo, nueve jvenes mapuche sern juzgados en junio por incendio criminal con el uso de esta legislacin, donde uno de los aspectos ms reprensibles es el uso de testigos annimos [69] . No es la primera vez que se hace este tipo de anuncios.

La Ley Antiterrorista de 18.314

En 2009, Miguel Tapia Huenulef fue detenido en su domicilio de Santiago, en la noche del 11 de febrero, acusado de incendio premeditado en uno de los condominios de San Leandro, cerca de la ciudad de Lautaro [70] , de haber participado en el ataque a un edificio pblico en diciembre de 2008, por posesin de armas, incluyendo una ametralladora y municiones y productos utilizados para la fabricacin de bombas y de varias plantaciones de marihuana. Miguel Tapia Huenulef, en un primer momento, fue detenido en un lugar secreto prohibindole tanto las visitas [71] de su familia como las de un abogado y luego fue trasladado a la Araucana.

El subsecretario del Interior y el gobierno regional de la poca reivindicaron oficialmente la aplicacin de la ley 18-314, al mismo tiempo que la presidenta Michelle Bachelet haba dicho que no se utilizara en los casos de civiles.

Esta ley permite sanciones mucho ms severas que la legislacin ordinaria y somete al acusado a condiciones de defensa difciles por la extensin de la detencin preventiva y el uso de testigos annimos [72] ; adems autoriza investigaciones secretas donde la polica y la Fiscala [73] se atribuyen recursos adicionales, a los que los abogados no pueden acceder, dificultando as el derecho a la defensa de su cliente y privando al acusado de su derecho a un juicio justo [74] . El Estado chileno ha sido reiteradamente criticado por la aplicacin de esta ley, tanto por las organizaciones internacionales de derechos humanos como del Relator Especial de la ONU sobre la promocin y proteccin de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Ben Emmerson, quien ha recomendado en varias ocasiones que "cese inmediatamente todo uso de esta legislacin en las reivindicaciones territoriales mapuche" y afirm que la ley "se utiliza como una forma de discriminacin en contra de los mapuche."

El Ministro del Interior y de Seguridad, Andrs Chadwick, secamente respondi que "no nos parece apropiado que un observador de la ONU, que no tiene ninguna responsabilidad en la seguridad del pas, emita una opinin que carece de fundamento y de informacin"; tratando de hacer prevalecer su punto de vista, Chadwick afirm que "Chile no est al abrigo de acciones terroristas", y abog por una "ley especial que les permita combatirlas."

La pregunta es saber si los Mapuche hacen uso de mtodos terroristas para lograr la autonoma en sus territorios y su derecho a la autodeterminacin.

Durante el Examen Peridico Universal, en enero de 2014, la delegacin de Chile destac "el carcter permanente de su compromiso con los derechos humanos en la aplicacin de la legislacin antiterrorista (Ley N 18-314), que fue revisada en muchas ocasiones desde el retorno a la democracia con el fin de limitar su alcance. La delegacin hizo hincapi en que la legislacin se aplica sin discriminacin [75] .

A pesar de estas declaraciones, Suiza recomend al Estado adecuar la legislacin antiterrorista a los estndares internacionales [76] , en particular en lo que se refiere a la definicin del delito de terrorismo y el derecho a un juicio justo.

Los Mapuche resisten a la dominacin colonial, pero en virtud de la justicia chilena, son arrestados y presentados como terroristas. Para el Estado de Chile, no hay duda que la ley contra el terrorismo debe aplicrseles; no les reconoce el derecho a resistir a la ocupacin ilegal de sus tierras, o a la expulsin de sus tierras ancestrales, ni su resistencia en contra de la discriminacin, el racismo y la xenofobia de los cuales son vctimas. Por tanto, cualquier acto de resistencia a esta dominacin es considerada ilegal, mientras que el Estado se arroga el derecho de requisar y ocupar los territorios mapuche a fin de implantar all centrales elctricas o favorecer las empresas forestales privadas que violan abiertamente por ejemplo, diferentes instrumentos de las normas imperativas de la ONU y que causan irreversiblemente el aumento de la erosin de los suelos, la disminucin significativa de las aguas subterrneas, la contaminacin de los subsuelos provocando sequa en una regin histricamente conocida por la abundancia de precipitaciones.

Los palos empuados por los mapuches para oponerse a los caones de agua y la polica montada, equivalen a lo que son las piedras arrojadas por los palestinos para resistir contra los tanques del ejrcito de ocupacin israel.

En 2010, el gobierno de Piera, mientras treinta y dos presos polticos mapuche, juzgados y condenados gracias al testimonio de muchos testigos annimos [77] , haban comenzado una huelga de hambre para obtener el total abandono de la ley, anunci un proyecto para reformarla, con el objeto, segn el ministro del Interior de la poca Rodrigo Hinzpeter, de "reforzar la lucha contra el terrorismo, pero tambin definir adecuadamente la tipificacin penal del terrorismo [78] ." Al final de la huelga de hambre, se lleg a un acuerdo entre el gobierno y los representantes de los mapuche en la que el gobierno se comprometi a abandonar todas las causas de terrorismo y reconsiderar estas medidas de acuerdo a las normas del derecho penal comn.

El 5 de octubre 2010, la Ley N 20.467 introdujo algunas modificaciones a la Ley Antiterrorista, incluida la abolicin de la presuncin de delito de terrorismo en el caso de los incendios de bosques, cultivos y plantaciones, pero eso no modific de manera substancial la legislacin antiterrorista. Queda siempre la posibilidad de invocar y acusar y condenar finalmente a travs de otros rganos del Estado a las personas, por actos de protesta social, teniendo especialmente en cuenta la amplitud dada a la definicin de "conducta terrorista" [79] .

El gobierno y la Fiscala siguieron aplicando en muchos casos la ley 18-314 sin oficialmente admitirlo, pero utilizando las ventajas procesales que ella le otorga.

Desde el ao 2010, Emilio Berkhoff [80] Daniel Melinao [81] , Vctor Hugo Montoya [82] y otros [83] , fueron mantenidos en detencin preventiva por ms de 15 meses a partir de las pruebas presentadas por los testigos cuya identidad se oculta.

Este procedimiento ilegal contina siendo aplicado, a pesar de las declaraciones de los miembros del nuevo gobierno de Bachelet; es en base a esta ley, con el uso de testigos annimos, que nueve jvenes chilenos acusados ​​de haber causado incendios en bosques de propiedad privada, sern juzgados en el mes de junio bajo la demanda expresa e insistente del Fiscal que frenticamente busca pruebas, lo que le dara la argucia para usar esta ley 18-314, sin tener que justificarse.

Ley Antiterrorista y ley militar

Hasta el 30 de diciembre de 2010, era posible que un civil sea condenado tanto por un tribunal civil como uno militar. Es interesante sealar que el Cdigo Penal prohbe una nueva persecucin judicial contra la misma persona por el mismo delito. Se aplica en este caso la regla de "non bis in idem". Ella responde principalmente a la preocupacin de proteger las libertades individuales de la persona perseguida tal como lo seala y lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos: "Nadie podr ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya ha sido absuelto o condenado en conformidad a la ley y el procedimiento penal de cada pas [84] .

En Chile, las dos sentencias se suman a pesar de que ratific el Pacto en febrero de 1972.

Un proyecto de ley fue elaborado con el objeto de limitar el campo de aplicacin del derecho militar y de prever que ningn civil pueda ser juzgado en un tribunal militar. Este proyecto fue aprobado pero an est pendiente la revisin por el Tribunal Constitucional a peticin del Congreso Nacional. El proceso denominado "mesa de dilogo para un reencuentro histrico" [85] ​​ en Temuco, con la participacin de autoridades nacionales y regionales responsables de la poltica de los pueblos originarios y ms de 40 representantes de organizaciones y comunidades indgenas, sigue en suspenso. La reforma de la ley militar [86] que debiera restringir la competencia de los tribunales militares [87] a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Polica y prohibir explcitamente la persecucin de civiles y menores en los tribunales militares [88] , an no se ha concretizado [89] . A esto se debera agregar las medidas transitorias y de procedimientos que autorizan la transferencia de ms de 4.600 casos del sistema militar a la justicia penal ordinaria.

Sin embargo, esta reforma no ha modificado la jurisdiccin de los tribunales militares para enjuiciar todos los crmenes cometidos por miembros de las fuerzas armadas o de la polica en uniforme contra la poblacin civil. Esta caracterstica es contraria al principio de igualdad ante la ley para militares y civiles que cometen los mismos crmenes [90] y no garantiza la transparencia de los procesos. Se puede constatar as, por los casos de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, que hay numerosos casos de impunidad.

Sin embargo, Chile es parte en los principales tratados de derechos humanos y colabora regularmente con los rganos convencionales de los derechos humanos internacionales, incluyndose en la presentacin de informes [91] , esforzndose por poner sus recomendaciones en prctica con el objeto que la legislacin chilena est en conformidad con los instrumentos internacionales.

Durante el ltimo EPU, la delegacin chilena dijo que en 2010, se aprob una enmienda [92] en la legislacin militar que limita la jurisdiccin de los tribunales militares exclusivamente a los militares. Sin embargo, reconoci que este proceso de cambio an no estaba concluido. Los Estados que participan en el Consejo de Derechos Humanos en el EPU, recomendaron al Estado chileno de modificar la ley de la justicia militar para excluir a los civiles y limitar su jurisdiccin a los delitos cometidos en la esfera militar, y tambin para adaptar el sistema de justicia militar a los estndares internacionales y garantizar el derecho a un juicio justo.

Tambin se recomend comprobar que la Ley Antiterrorista no infrinja los derechos de los pueblos indgenas o de cualquier otra persona, e integrar esos derechos en la estructura legal y administrativa del pas, abstenerse de aplicar la ley antiterrorista a las personas de la comunidad mapuche y en particular en el contexto de los conflictos interculturales, incluidos los litigios relativos a las tierras.

Para volver a hablar del Intendente de la Araucana, ste sostuvo la idea de una deuda histrica entre Chile y los mapuche. Deuda reconocida oficialmente por el Estado en 2010 [93] . Este reconocimiento fue seguido por el establecimiento de una poltica de dilogo con los nueve pueblos indgenas en el pas, para darles acceso a las oportunidades de desarrollo, con pleno respeto de sus derechos, sus tradiciones, su identidad y cultura y la creacin de un Consejo de Ministros para Asuntos Indgenas.

Esta relacin fantasmeada entre Chile y los Mapuche resulta por lo menos curiosa, sobre todo cuando se lee la historia de Chile o como se cuenta. Gabriel Salazar, historiador chileno, ofrece una informacin algo diferente en esta relacin supuestamente "armoniosa", "el ejrcito victorioso que derrot a los peruanos en dos ocasiones, que no combati a los argentinos y que tuvieron dificultades con los espaoles, fue muy exitoso" en su esfuerzo, como dicen los historiadores clsicos, para "pacificar" la Araucana.

Qu significa "pacificar la Araucana? Expulsar a 80% de la poblacin indgena hacia el sur o hacia el otro lado de la Cordillera, despojarlos del 85% de sus tierras y diezmar a la poblacin en proporciones que nunca han sido calculadas [94] ?. Y aade, acertadamente, que ese perodo sangriento para los Mapuche no ha sido integrado en nuestra memoria como parte de nuestra identidad [95] ."

Crcel de Angol

Durante la entrevista se analiz la situacin de los tres jvenes [96] en huelga de hambre, Luis Humberto Marileo Cariqueo [97] , Leonardo Quijn [98] y Cristin Pablo Levinao Melinao [99] encarcelados en la prisin de Angol. El da de nuestra visita, llevan 29 das de huelga de hambre [100] y reclaman por una parte, la transferencia de Jos Mariano Tori Llanca [101] , el traslado de ellos a un Centro de Estudio y Trabajo (CET) y, por supuesto, nuevos juicios - justos y equitativos - para el conjunto de los presos mapuches condenados bajo la ley antiterrorista, sin olvidar la liberacin de todos los presos polticos. El Tribunal de Angol no acept ninguna de las demandas de los huelguistas so pretexto entre otras cosas, que los CET no permiten recibir los presos porque las condiciones de seguridad no estn garantizadas. Por supuesto, el Ministro de Justicia lament este fracaso.

El gobierno, desde el comienzo de la enfermedad de Jos Mariano Tori Llanca, ha puesto en dudas los informes mdicos sobre su estado de salud. Transportado al hospital de Angol, ser en la misma tarde, trasladado al de Temuco, donde intentamos visitarlo sin xito. Permanece todava all despus de someterse a una operacin de vescula biliar.

El estado de salud de los tres huelguistas de hambre siendo inquietante y las autoridades penitenciarias de la prisin de Angol queriendo cubrirse de toda crtica, decidieron trasladarlos al hospital de Angol. Ellos permanecern all poco tiempo, sin dudas para separarlos de Llanca Tori, envindolos al hospital en una ciudad cercana, Victoria.

Instalados en una sala de tres camas, no pueden salir y son custodiados casi a los pies de sus camas por tres Carabineros, adems de un escuadrn armado hasta los dientes con chalecos antibalas y estacionados al frente de su puerta.

Estn nerviosos; los Carabineros, durante las comidas se instalan en esa misma sala. El jefe del escuadrn dice estar consciente que un procedimiento de este tipo recae se asimila a una tortura moral y psicolgica. Pidi el cese de esta conducta a los Carabineros.

Las relaciones son tensas. Los huelguistas preferiran volver a la crcel. En esta sala no tienen libertad de movimiento; se niegan a ser encadenados ya sea de pies o de brazos. Poco despus de que nos furamos sern trasladados a la crcel. Uno de ellos, muy debilitado, se derrumb en los pies de un carabinero, quien consider que se trataba de una agresin. El joven fue golpeado contundentemente y no pudo volver a la crcel: solo lo har un par de das despus.

Unos das ms tarde, el 15 de mayo, van a terminar su huelga de 39 das. El gobierno acept iniciar una "mesa de negociacin" sobre el tema de revisar sus juicios, solo una de sus reivindicaciones parece haber sido aceptada. Ellos deberan ser trasladados a un centro de educacin y trabajo dentro de dos meses.

Reunin con los abogados de Celestino Crdova [102] y Efran Eliseo irripil Cayupn

Efran Eliseo irripil Cayupn, 24 aos, est acusado desde el da de su arresto [103] , de posesin ilegal de armas de fuego y municiones, con 18 balas de pistola. Gravemente herido por un carabinero, fue integrado, el mismo da, en el servicio de urgencias del hospital de Lautaro. En el informe [104] transmitido por la Comisara de Pucn [105] firmado por el funcionario policial encargado de la diligencia [106] , no se menciona ninguna lesin en el apartado dedicado a la Constatacin de daos y lesiones a ocupantes; el NO est subrayado; el informe mdico [107] firmado por el mdico [108] dio cuenta de lesiones [109] en el pecho y la cabeza, debido al parecer a actos de tortura. Sus abogados presentaron una denuncia por tortura ante la Corte marcial de Santiago compuesta por partes iguales de militares y civiles. El responsable de la tortura fue absuelto, su declaracin incluso fue utilizada en contra de Eliseo Efran irripil Cayupn. Desde entonces, recurrieron a la Corte Suprema. Los abogados de Celestino Crdova y Efran Eliseo irripil Cayupn, algunos de los cuales trabajan en el Centro de Investigacin del Sur, organismo creado para defender a las personas criminalizadas en manifestaciones de carcter social, denuncian tambin la fabricacin de pruebas falsas, el uso de la tortura, con fotos como pruebas, el uso de testigos encapuchados y su subordinacin, as como los verdaderos trucos de prestidigitacin que se dan entre los Tribunales militar y civil. El tribunal civil decidi, despus de seis meses de indagaciones, cerrar la investigacin. Eliseo arriesga 541 das de crcel por posesin de armas y 541 ms por posesin de municiones.

Da 3, 07 de mayo

Tribunal de Angol

Juicio a Daniel Melinao [110]

Daniel Melinao est acusado por el fiscal de Collipulli, de haber participado activamente en la muerte del sargento de Carabineros, Hugo Albornoz, el 2 de abril de 2012, en el momento que un gran nmero de policas vino a allanar una casa. La fiscala haba solicitado una pena de 31 aos y 301 das de crcel. Absuelto de esta acusacin en enero pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco revoc la decisin. El tribunal de Angol deba volver a juzgar Daniel Melinao por los mismos hechos. Deba comparecer en libertad despus de ms de diez meses en la crcel.

Un testigo annimo testimonia. Pretende conocer Daniel Melinao a travs de las redes sociales y trata de describirlo; pero el que l describe est lejos de corresponder a Melinao que podemos ver a travs del vidrio que separa el pblico del Tribunal y de los acusados. Le siguen una serie de carabineros que afirman, mientras que una imagen se proyecta en una pantalla, que corresponde absolutamente al acusado. La persona que ellos identifican est de espalda con una sudadera con capucha de color rojo. Es imposible ver su rostro o saber si tiene el pelo largo o corto. Esto no es tomado en cuenta. Todos dicen formalmente que se trata de Daniel Melinao. El interrogatorio cobra aspectos surrealistas: "Reconozco la ropa de color rojo que l sola usar"; "No puedo ver la longitud de su pelo, pero s que es Melinao." "Es un hombre o una mujer?"; "No puedo responder, pero s que es Melinao." El capitn Osses de los servicios secretos insisti muy particularmente, diciendo que Daniel estaba en el lugar donde mataron al sargento, cuando en realidad estaba a ms de treinta y cinco minutos de all, en Collipulli donde hizo una llamada telefnica. Su abogado solicit un informe tcnico de sus llamadas telefnicas.

El fiscal admiti finalmente que las pruebas son muy insuficientes y no permite en ningn caso identificarlo. Por segunda vez, Daniel ser absuelto de los cargos en su contra. "Hoy da, se ha hecho justicia; finalmente se ha demostrado que nunca he tenido ninguna relacin con los cargos presentados contra m. [111]

El 28 de mayo, Daniel Melinao pedir una reparacin al Estado chileno por los diez meses pasados en prisin sin ninguna razn. Lamenta la muerte del sargento y afirma que "todas las muertes son lamentables. Nosotros luchamos por la vida. [112]

Crcel de Angol

Desde el comienzo de la huelga de hambre las visitas fueron reducidas y ya no se efectan en el mdulo reservado para los Mapuche. Los prisioneros ​​reciben sus familiares y amigos en una habitacin sucia, fra, enorme, donde la mayora de las ventanas estn rotas.

Cinco mapuche no se han unido a la huelga de hambre a peticin de sus familias, porque teniendo condenas cortas, unindose a ella, habran tomado el riesgo de una prolongacin de pena.

Carlos Antonio Manquel Toledo [113] condenado a cinco aos de prisin por robo a mano armada, nicamente gracias al testimonio de las vctimas, slo pudo beneficiar del apoyo de un abogado designado por el tribunal. Ruperto Juan Queipul Tori [114] , de 44 aos, tambin tiene que pasar cinco aos en prisin por posesin y uso de armas. Est bajo un rgimen de semi-libertad, pudiendo as visitar a su padre enfermo todos los domingos. Una mujer joven, Carmen Bernarda Manquepi Rebolledo [115] , de 19 aos, recibe a familiares y amigos en el mismo espacio de visita.

Da 4, 08 de mayo

Lebu

Entrevista con Emilio Berkhoff

Joven chileno de 26 aos de edad, padre de dos nios de corta edad, en prisin preventiva desde hace 16 meses, de los cuales ha estado un mes bajo arresto domiciliario, tres meses en la crcel de Angol y 12 en la de Lebu. Est acusado de mltiples cargos: 6 incendios voluntarios provocados contra las empresas forestales Mininco [116] , Arauco y Volterra [117] , 2 robos con intimidacin y dos por tenencia ilcita de armas. Aun cuando no se le aplic la ley antiterrorista, 14 testigos annimos confirmaron estos hechos. Est consciente, dada la importancia de los cargos, que el gobierno est tratando de desarrollar una nueva estrategia para construir la figura de un "peligroso terrorista". Arriesgaba 30 aos de prisin requeridos por la Fiscala. Anteriormente [118] haba sido condenado a 541 das de prisin por supuesta agresin a Carabineros.

Emilio Berkhoff, a causa de sus estudios antropolgicos sobre la cuestin Mapuche, decidi instalarse y vivir en una comunidad. Hoy en da, expresa su plena solidaridad con la labor de la CAM [119] y confiesa identificarse con una posicin resueltamente anticapitalista.

Mantenido en el sector de aislamiento de la prisin de Lebu, su celda es pequea, hmeda; comunica con otras dos celdas, y colindan con una ducha sin privacidad. Las personas detenidas en este sector no pueden beneficiar de un patio interior ms que un par de horas al da; el resto del tiempo, 16 horas al da, permanecen encerrados en sus celdas.

En el momento de nuestro encuentro, a Emilio B. se le haba negado la visita de su familia [120] por cuatro meses, por haber tenido en su poder un telfono celular. Dependiendo de la temporada, fabrica aperos para la pesca llamados cucharas, que le permiten ganar unos 50.000 pesos [121] ; hace algn tiempo, los gendarmes se haban arrogado el derecho de cobrar una suma de dinero mensual para compensar los gastos de electricidad y de agua. Despus de muchas protestas y movilizaciones de los presos, esto se anul.

"Todo esto no importa, incluso si es difcil, yo lucho desde dentro de la prisin" y "la lucha por los presos polticos es una arma."

El aumento de la represin contra los Mapuche es una poltica que sirve para asustar a los jvenes chilenos que quieren apoyar a los mapuches y especialmente la CAM, que el ex ministro de Interior y Seguridad, Andrs Chadwick, identific como el brazo armado de los Mapuche. Se utiliza para crear el ejemplo y prevenir a las personas de las consecuencias que tendran para aquellos que oficialmente dieran su apoyo a la lucha de los Mapuche.

Est muy consciente que el Estado, las empresas y el gobierno estn firmemente en contra de Daniel Melinao y l mismo.

Desde el 22 de mayo, el tribunal de la Corte de Apelaciones de Concepcin declar inaceptable el recurso de la Fiscala que buscaba anular la decisin del tribunal de Garanta de Caete cuando decidi liberar Emilio Berkhoff. Al fin est libre. Pero por cunto tiempo ms?

Da 5, 9 de mayo

Concepcin, la Crcel de El Manzano

Reunin con Hctor Llaitul y Ramn Llanquileo [122]

Un enorme letrero colocado en una de las paredes exteriores de la prisin anuncia que ciertos servicios son proporcionados por la empresa Sodexo [123] , la cual firm un contrato de gestin por 20 aos. La crcel de Concepcin es una de las tantas donde esta empresa presta sus servicios.

La reunin tendr lugar en la sala donde Hctor Llaitul [124] y Ramn Llanquileo [125] pueden recibir a sus visitantes. No hay que olvidar que los dos fueron mal juzgados, y por lo tanto mal condenados y que ninguno de los dos debera estar bajo sentencia mltiple obligndolos a permanecer encarcelado hace ms de 5 aos. No hay ninguna razn para mantenerlos all. Desafortunadamente, a menos que una campaa internacional llame por su liberacin incondicional, no tienen ninguna posibilidad de salir de la crcel. La delegacin de Chile manifest en la EPU de 2014, que si bien la ley de amnista est en vigor, nunca se ha aplicado desde 1998 [126] .

Ellos nos dan la bienvenida en un vasto espacio, un lugar ruinoso azotado por el viento, que da paso a un patio interior, relativamente amplio, donde crecen en maceteros una serie de plantas medicinales que se les permite cultivar. Despus de los saludos de rigor, la conversacin aborda entre otros temas la actual poltica estatal que trata de integrar, a marcha forzada, los Mapuche en la sociedad chilena, promoviendo los valores de la educacin intercultural y la inversin de dinero en el folklore de la cultura Mapuche. Para algunos grupos Mapuche, este enfoque es suficiente, para otros, es nada menos que un nuevo intento de colonizacin obligndolos a buscar nuevas formas de resistencia, incluyendo la reconstruccin; es imperativo para los Mapuche movilizarse en torno a la riqueza de su identidad.

Este proceso implica el reconocimiento de la cultura Mapuche, la contribucin social y poltica de los Mapuche y obtener la restitucin de las tierras usurpadas. Este ltimo plan obliga a los Mapuche aceptar transformar parte del combate en una lucha poltica y judicial incluso si el Estado chileno no reconoce el robo de tierras de la Araucana, que se realiza desde el siglo XIX y hasta el ao 1973, cuando el gobierno de Allende haba hecho una devolucin de tierras robadas. No podemos olvidar que hasta 1883, entre los ros Bo-Bo y Toltn exista el territorio Mapuche de unos 10 millones de hectreas. No fue sino en 1852 que la Repblica de Chile expres su deseo de afirmar el control sobre el territorio mediante la promulgacin de una ley que crea la provincia de Arauco. Esta creacin form el primer instrumento de legitimacin de la violencia fsica y simblica que el Estado chileno utiliz para tomar poco a poco el control del territorio y de su poblacin.

La dictadura de Pinochet puso fin a este proceso, y es as como las transnacionales llegaron al territorio Mapuche, el cual en ese momento, se convirti en un bien liberal, con el agua y la tierra como cuestin de poder para permitir que las empresas privadas se apropien del territorio bajo pretexto de que esos territorios ancestrales, los Mapuche no pudiendo demostrar ser anteriormente los dueos con ttulos de dominio o de arriendo.

La delegacin chilena durante el EPU del 2014, dijo que con respecto a los derechos territoriales de los pueblos indgenas, en los ltimos tres aos, el gobierno ha otorgado ms de 49.360 hectreas a los pueblos indgenas y que el 100% de las tierras reclamadas sern redistribuidas los prximos seis aos [127] .

El Estado precisa por cierto no reconocer el concepto de pueblo ancestral. Es interesante relacionar esto con la historia de la tierra palestina la cual fue arrebatada a los palestinos bajo el pretexto de que no podan proporcionar el ttulo de dominio tanto de sus tierras como de sus hogares, lo que permite al Estado israel practicar el robo en gran escala y a dictar leyes que violan los derechos fundamentales de los palestinos en la Ribera Occidental y Gaza as como de los refugiados de 1948, cuyos derechos al retorno es abiertamente violado con la aprobacin de la comunidad internacional.

Desde este paradigma, la lucha por la recuperacin de las tierras Mapuche se inscribe en una lucha anticapitalista como lo subraya Patrick Mignard:" la dictadura obviamente no resolvi nada, solo preserv los intereses, a corto y mediano plazo, del capital. Incrementando en gran medida las desigualdades, entreg la industria chilena a la codicia de las empresas transnacionales que hacen estallar los indicadores econmicos de rentabilidad y los beneficios, as como las estadsticas sobre la creciente desigualdad y la miseria popular [128] . Y contina diciendo que "toda construccin poltica, tan sofisticada como sea, tan democrtica como sea, no resiste a las pruebas de la realidad, es decir, la realidad econmica y social. Si esta se basa en la infraestructura y la superestructura del sistema de mercado, ... slo sirve para reforzarlo y perpetuarlo".

Esta es la conclusin a la cual lleg Hctor Llaitul, para mantenerse este sistema depredador debe criminalizar una parte de la poblacin. Los Mapuche son las vctimas ideales. La nueva eleccin de Michelle Bachelet no va a cambiar nada, aunque en algn momento despert un poco de esperanza. Ella puede decir que toma en cuenta las observaciones del Relator Especial, Emmerson, y que desea aplicar las distintas recomendaciones de las organizaciones de Derechos Humanos y del Examen Peridico Universal [129] de Chile, pero en realidad nada va a cambiar.

Una de las razones es la voluntad de muchos parlamentarios para que nada cambie. El proyecto de ley para modificar el funcionamiento de la Conadi [130] es un excelente ejemplo. Desde hace mucho tiempo, la CONADI, fundada en 1993, ha perdido su credibilidad y particularmente bajo el gobierno del presidente Frei, que prefiri revocar dos directores de esta institucin para obtener que la Conadi promueva la expulsin de los pueblos indgenas, y as asegurar la implantacin de la central hidroelctrica Ralco, la segunda en ser construida en un territorio completamente indgena. Se trata entonces de tomar la tierra de los Mapuche y darles otra fuera de su territorio ancestral. Es la poltica de "permuta de territorio". La instalacin de esta central obliga a desplazar ms de 400 Mapuche y a inundar ms de 70 kilmetros de valle y de bosque.

Los treinta aos de historia de la Conadi muestra que son los intereses econmicos los que salen principalmente favorecidos en perjuicio de los derechos indgenas. Los Mapuche ya no creen en la Conadi, cuyos miembros son nombrados por el Presidente, ya que no pueden creer que el Estado, dedicado desde hace ms de treinta aos junto a las financieras, decidir por polticas que realmente los protejan. Sin ningn tipo de discriminacin.

Los Mapuche se enfrentan a cmo el capital financiero, en primera lnea las transnacionales, organiza el problema de la tierra, cuando estas desean instalar empresas mineras o forestales o construir represas hidroelctricas.

Para Hctor Llaitul, la situacin es simple: si sus tierras ancestrales les son devueltas, los Mapuche dejan de luchar. Su enemigo no es el pueblo chileno, sino el capital representado por las transnacionales y el Estado los considera, en particular los miembros de la CAM, como enemigos, como terroristas. Es as como l y Ramn Llanquileo [131] fueron procesados utilizando la legislacin antiterrorista, con un doble juicio - militar y civil violando el derecho internacional; y han sido vctimas de tortura y malos tratos, esperando dos aos antes de ser juzgado y los testigos fueron subordinados para mejor confundirlos. La Ley de Seguridad Interior del Estado [132] , adems de la ley antiterrorista, - en particular el artculo para juzgar a civiles por injurias en contra de las autoridades militares y civiles - ha sido utilizada para condenar a los representantes Mapuche. En definitiva, las autoridades chilenas as como las empresas privadas estn decididas a utilizar todo el arsenal jurdico disponible para forzar los Mapuche y obligarlos a abandonar sus pretensiones sobre la autodeterminacin, la autonoma y la recuperacin de sus territorios de los cuales fueron despojados.

El pueblo Mapuche no puede ser reducido a la condicin de "comunidad" o de una identidad territorial, pero no se trata de una integracin o su eliminacin, como lo desea la derecha chilena y parte de la izquierda que se conformaran de una expropiacin mediante una compensacin financiera. "No queremos un proyecto social que nos limita a la condicin de agricultor cuya tierra no sera ms que una pequea parcela. Nuestro objetivo es nuestra liberacin del dominio colonial con el control de nuestro territorio y para eso el pueblo Mapuche debe quedar unido para luchar eficazmente contra el capitalismo".  

Da 6, 10 de mayo

Crcel de Puente Alto, suburbio de Santiago

Reunin con Vctor Hugo Montoya Encina

 

Vctor Hugo Montoya, joven chileno , de 24 aos acababa de terminar sus estudios y estaba en busca de un primer trabajo como empleado pblico cuando fue detenido. S e encuentra en prisin preventiva desde el 9 de febrero de 2013 en la crcel de Puente Alto ; no tiene antecedentes penales . Detenido bajo la Ley antiterrorista , dos testigos annimos [133] afirman haber ledo la patente de su vehculo en la calle donde est ubicada la comisara de Puente Alto donde se supone que puso una bomba a medianoche ; un agente que dorma en una habitacin en la parte trasera qued lesionado.

Cuando regres a su casa y comenz a estacionarse, unos sesenta policas rodearon su coche alrededor de las 1h20 de la maana para realizar un control de identidad. Despus de haber confiscado su celular y haberlo llevado a la comisara de Puente Alto, ser interrogado sin parar, privado de agua, sin poder dormir, hasta las 4 de la maana. Se investig sobre la presencia de residuos de plvora en sus manos y en su auto, pero los resultados fueron negativos. La polica escribi una deposicin que firm. Sus abogados han cuestionado esta detencin sin pruebas y que no respeta la presuncin de inocencia ni el derecho de los sospechosos como est especificado en el Cdigo de Procedimiento Penal de Chile [134] . Permaneci una semana en un establecimiento de trnsito, encerrado en una habitacin sin luz, sin contacto y sin telfono.

Vctor Hugo nunca ha negado haber tomado esa calle para regresar a su casa.

Cmo este joven de 24 aos puede ser considerado como terrorista con el peligro de ser sentenciado a varios aos de prisin?

Miembro del grupo Straight Edge [135] , particip en el movimiento social de los estudiantes. En su habitacin, se encontraron dos pruebas de su implicacin, una bufanda y un CD de la msica del grupo Flame [136] . Es una presuncin sorprendente que este CD se convirti en una prueba irrefutable de su implicacin. La relacin entre el nombre de la banda de msica Flame y el hecho de poner una bomba es una evidencia y tiene sentido para los agentes de la polica encargados de la investigacin.

Durante su comparecencia ante el fiscal, ser presentado como un terrorista; por lo tanto, el fiscal solicit 120 das para efectuar la investigacin.

Sus abogados estn tratando de negociar un plazo de 90 das, pero se ampliar sucesivamente durante 60 das, luego 15 y luego otros 15. Ampliamente ms all de los primeros 120 das. El Fiscal justifica esta prolongacin, por un lado, por la obligacin de no caer en errores - se sabe que ha sufrido algunos contratiempos [137] - y en segundo lugar, en relacin con la gravedad y la complejidad del acto. l busca as crear una cierta atmsfera que debe rodear a Vctor Hugo. Incluso trata de hacerlo responsable en el uso de bombas explosivas en casos anteriores, incluyendo aquellos del 2010 [138] . Sus abogados no pueden interrogar a los testigos encapuchados ya que estn sujetos a una ley restrictiva, que les impide actuar; el Fiscal sugiere no utilizar la ley antiterrorista si Vctor Hugo acepta ser acusado de lesiones intencionales y se compromete en pagar una indemnizacin.

Durante estos 16 meses, sus padres y sus abogados han descubierto que estn vigilados por el Servicio de Inteligencia Militar SIM -, con sus telfonos intervenidos y la instalacin de micrfonos encontrados en la oficina de uno de los abogados.

Sus padres son sistemticamente registrados cuando cada semana visitan a su hijo. Su madre se somete a un minucioso registro del cuerpo, particularmente humillante. Seguramente debido a nuestra presencia, solo ser registrada por medio de un dispositivo. La visita ser hecha sin embargo bajo la atenta mirada de dos policas, uno de ellos con el rango de Jefe -Guardia de la unidad especial de los guardias de la prisin.

Vctor Hugo Montoya concluy diciendo que no tiene confianza en la justicia chilena, que ha perdido 15 meses de su vida y est seguro que ser acusado puesto que el gobierno chileno necesita crear un enemigo interno y arremete, adems de los Mapuche, contra personas que tienen vnculos con el movimiento social actual. Este caso hace pensar fuertemente en lo que fue y lo que es siempre el caso de Tarnac (Francia NDLT), donde jvenes, como Julien Coupat [139] , fueron acusados ​​de acciones que niegan haber cometido. Como lo observ Julien Coupat durante una conferencia de prensa [140] , "El Antiterrorismo es una forma de gobierno." Seal que el principio del Estado no es preocuparse por las libertades pblicas y privadas; slo quiere demostrar la mala intencin donde el delito es definido por anticipado.

El 5 de junio, la jueza, Camila Villablanca, quien presidi el tribunal que juzga Vctor Hugo Montoya precis que las pruebas no podan resistir a un contra-anlisis lgico. Vctor Hugo Montoya fue absuelto de todos los cargos en su contra y acaba de ser puesto en libertad. Pas 16 meses en prisin por pruebas falsas bajo el pretexto que el Estado chileno necesita demostrar la existencia de una amenaza terrorista para el conjunto de la sociedad chilena. Este Estado avala, a sabiendas, la fabricacin y el uso de procedimientos fuera de toda legitimidad, siempre y cuando se trata de reforzar su necesidad de mantener a la poblacin bajo control y con el temor de un posible terrorismo. El ex presidente Piera, en uno de sus discursos [141] estaba encantado de tener "una legislacin antiterrorista de norma internacional que proteja eficazmente nuestra sociedad de un flagelo cruel e inhumano como es el terrorismo."

Da 7, 11 de mayo

San Antonio

Reunin con el sindicato de pescadores  

Da 8, 12 de mayo

Cmara de Diputados Santiago

Reunin con el diputado Hugo Gutirrez, presidente de la Comisin de Derechos Humanos

Est claro que los diputados, donde sea, tienen el deseo de conservar su estatus y desgraciadamente estn dispuestos a relativizar, de acuerdo con las relaciones de poder, los principios por los que fueron elegidos. Representantes de sus electores, se olvidan rpidamente sus compromisos, denuncian su falta de libertad y se esconden detrs de la "realpolitik".

El Sr. Gutirrez no es una excepcin a esta regla, a pesar de su buena voluntad de promover ciertos cambios.

Est preocupado, por supuesto, por una rpida adopcin de una nueva Constitucin que se ajuste a la realidad de Chile, con mencin de los pueblos indgenas y los afrodescendientes. Es importante para l que la Constitucin tome en cuenta el aspecto Plurinacional del Estado.

Admite que si los cambios legislativos previstos por la ratificacin del Convenio 169 no se analizan y se votan, esto se debe principalmente a la correlacin de fuerzas a favor de las transnacionales, que dictan sus leyes para el Estado y no el de los pueblos y su derecho a la soberana y la autodeterminacin. Pero reconoce que la adopcin de una nueva Constitucin es de la responsabilidad y de la voluntad poltica del Parlamento.

La Constitucin de Chile de 1980 nunca reconoci los derechos de los pueblos indgenas que slo estn protegidos por una ley que "refuerza la proteccin y desarrollo de los pueblos indgenas [142] ", pero que no cumple con las normas imperativas del derecho internacional.

La reciente ley [143] sobre "reas marinas costeras de los pueblos indgenas [144] se enfrenta a muchos obstculos institucionales [145] creadas para impedir su plena efectividad.

El diputado Gutirrez est convencido, por un lado, que nada justifica los presos polticos, ya que ninguna amenaza terrorista pesa sobre el Estado y, por otro lado, la ley antiterrorista debe ser derogada.

Como presidente de la Comisin de Derechos Humanos, est convencido de que slo esta derogacin total y completa permitir a los presuntos autores de delitos el acceso a un juicio justo y equitativo, y a los Mapuche, pero tambin ampliamente para todos los pueblos indgenas, el reconocimiento efectivo de todos sus derechos.

Corte Suprema de Santiago

Audiencia de la decisin del juez sobre la solicitud de un nuevo juicio . El juez de la Corte Suprema confirma que Celestino Crdova slo es co autor del crimen y que sabe cabalmente el riesgo que corre. Anuncia que solo leer parte de la sentencia haciendo referencia a solo tres puntos.

si el Ministerio Pblico no ha logrado demostrar que Celestino ha participado como co autor de este crimen , la Corte Suprema de Justicia, por su parte, considera que no hay pruebas suficientes. C. Crdova es considerado co autor de este crimen

El Tribunal Supremo considera que haber tenido tiempo suficiente para demostrar la participacin de Celestino Crdova ; asegura que el derecho a un juicio justo se ha respetado.

El autor / co autor de un crimen

Legalmente hablando, el co autor participa principalmente en la ejecucin de un delito. No se puede confundir con el "cmplice" . De hecho, en diferentes cdigos penales , el que contribuye al crimen de manera accesoria es culpable de C omplicidad [146] y se castiga , a veces a la misma condena que el autor , a veces esta s e disminuye en un grado. Co autor, por su parte, se expone a la misma pena que el autor y es solidariamente responsable por los daos causados ​​por la infraccin cometida en comn.

Al final de esta declaracin, los Mapuche se dicen desconcertados por esta decisin racista y discriminatoria y anuncian que se consideran libres de toda obligacin hacia el Estado de Chile que debe esperarse a un derramamiento de sangre; el Machi Celestino Crdova se unir al movimiento de los huelguistas de hambre para obtener el traslado de los presos polticos Mapuche en una prisin en la que puedan guardar el contacto con la tierra. Its too much, we are going to war ( "Es demasiado, vamos a la guerra"). Los huelguistas cesarn su movimiento a los pocos das.

Reunin con los abogados de Celestino Crdova

Esta es otra oportunidad para recordar las numerosas recomendaciones formuladas por los representantes de mandatos especiales de la ONU.

Est claro que desde el ao 2004, las recomendaciones formuladas por los representantes de mandatos especiales o por organismos de las Naciones Unidas involucran a los mismos tipos de violaciones.

Durante el Examen Peridico Universal del Consejo de Derechos Humanos en 2009, el Relator Especial sobre los pueblos indgenas - lo haba ya hecho en 2004 -, el Comit de Derechos Humanos en 2007 y el Comit de la Eliminacin de la Discriminacin Racial inst a la reforma de la Ley Antiterrorista; lo que ya haba sido solicitado por el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales [147] en el ao 2004 y el Comit de Derechos Humanos [148] en 2007, que haba exigido la no aplicacin de la Ley Antiterrorista y de una mejor definicin del concepto de terrorismo en la legislacin chilena [149] . Esta solicitud se repetir en forma de recomendacin en la EPU de enero del 2014. Dicha solicitud tambin fue objeto de un informe especial a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos [150] alegando que la ley fue aplicada a nios Mapuche y que estos fueron vctimas de la violencia de la polica durante las redadas en las comunidades.

La reforma del Cdigo de Justicia Militar se ha solicitado en varias ocasiones, as como la no aplicacin de las leyes penales de excepcin, el fin de las polticas abusivas por parte de la polica y de la militarizacin en las zonas habitadas por los pueblos indgenas.

Las diferentes peticiones nunca han sido realmente escuchadas, como tampoco las recomendaciones. Estas graves violaciones de los derechos hacia los Mapuche decidieron algunas de las vctimas a presentar denuncias en el ao 2004, a nivel continental, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual cre una comisin [151] . Este procedimiento [152] se refiere a los casos de Segundo Aniceto Norn Catrimn, Pascual Pichn Huentequeo Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, Jos Huenchunao Marin, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licn, Patricia Troncoso Robles Roxana y Vctor Manuel Ancalaf Llaupe que haban sido juzgados y condenados en virtud de la Ley Antiterrorista de Chile durante los aos 2001 y 2003 para los casos "Lonkos Pichn y Norn" [153] , "Vctor Ancalaf [154] " y "Poluco-Pidenco [155] " bajo el mandato presidencial de Ricardo Lagos.

Caso "Poluco-Pidenco": los presos hicieron un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juzgar al Estado chileno por discriminacin, utilizacin abusiva de la legislacin antiterrorista, irregularidades en los juicios, incluido el uso testigos encapuchados, para quienes no fueron revelados ni el nombre ni la cara.

Las primeras audiencias tuvieron lugar el 29 y 30 de mayo de 2013, en Costa Rica, y se centr en los cargos de terrorismo en el contexto de los conflictos territoriales ambientales entre la comunidad Mapuche y el Estado, las transnacionales y los terratenientes. Los Mapuche esperan reparaciones del gobierno chileno y quieren "un reconocimiento de las violaciones en contra de ellos, de su gravedad, lo que conducira a una verdadera reforma de la Ley Antiterrorista" [156] , explica Jimena Reyes [157] . Las vctimas son los lderes espirituales de su comunidad y reclaman su derecho a sus tierras ancestrales. Por esta razn, es necesario una reparacin "con tierras".

Otros casos fueron presentados a la Comisin Interamericana de Justicia, pero el fallo en el procedimiento de admisibilidad puede tomar mucho tiempo; hay aproximadamente 7.500 casos pendientes de una decisin de elegibilidad. No fue sino hasta 2012 que la denuncia presentada en 2006 por el asesinato [158] de un joven estudiante, Alex Lemn, se consider admisible. Alex Lemn viva en la comunidad Montutui Mapu [159] , durante una recuperacin pacfica de tierras ancestrales explotadas por una empresa maderera. Le dispararon fatalmente en la cabeza. El oficial de carabineros, responsable del asesinato, fue absuelto.

En 2013, la Corte Interamericana de Justicia declar admisible la queja Aymara que se opone a Agua Mineral Chuzmiza, empresa que busca obtener derechos para embotellar y vender el agua del manantial utilizado tradicionalmente por los indgenas aymaras.

Sin embargo, la Corte Suprema de Chile haba pronunciado [160] una decisin que hace jurisprudencia sobre los derechos de agua aborigen.

Esta decisin respecto a los derechos de agua Aymara confirma las decisiones tomadas a la vez por el tribunal de Pozo Almonte y por la Corte de Apelaciones de Iquique y es la primera aplicacin judicial de la Convencin 169 de la OIT a Chile, despus de 14 aos de conflicto.

En 2011, Hctor Llaitul Carillanca, Ramn Llanquileo Pilquimn, Jos Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Mndez, a travs de sus abogados, enviaron su queja por violacin de los derechos humanos bajo la Convencin Americana sobre Derechos Humanos : De conformidad con el artculo 44 de la Convencin Americana de Derechos Humanos o Pacto de San Jos de Costa Rica, instrumento ratificado por el Estado de Chile mediante instrumento de 21 agosto de 1990, los abajo individualizados peticionarios dirigentes Mapuche y autoridades ancestrales Mapuche presentamos ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Denuncia por violacin grave a los derechos consagrados en la Convencin Americana de Derechos Humanos por parte del Estado de Chile en el proceso judicial que acab con nuestra condena por los delitos comunes de robo con intimidacin y lesiones, cuya investigacin se llev a cabo bajo el procedimiento de la ley de conductas terroristas. [161]

Los abogados que defienden a los Mapuche no son muchos, ellos consideran ser slo unos 8, 3 de los cuales para los tribunales civiles y 5 para los tribunales penales.

Su tarea es difcil y, a menudo obstaculizada. Un mtodo consiste en perseguir algunos, a espiar sur telfonos y allanar sus oficinas. Cuando deciden presentar una queja, saben que no podrn tener xito. Quienes realicen las investigaciones son las mismas personas que los espan, les intervienen sus telfonos y registran sus oficinas.

Uno de ellos descubri que su telfono haba sido intervenido, a peticin del fiscal, el cual haba olvidado especificar al juez que era abogado. Considerando esta omisin, present una denuncia. Cuando el tribunal se dio cuenta de que se trataba de un abogado, abandon el procedimiento. El abogado present una denuncia por estas escuchas ilegales. El proceso dur 10 aos. El Tribunal Supremo le concedi la suma de 30 millones de pesos chilenos, pagada por el Estado [162] .

Son unnimes en decir que la presencia de observadores internacionales en el juicio contra los Mapuche y su apoyo es muy importante en la medida en que el fiscal, los jueces, as como tambin los abogados de la parte contraria, pretenden poner en prctica una serie de estratagemas para silenciar a los abogados, incluyendo la presencia de testigos encapuchados [163] . Hacer publicidad de estos juicios es una ayuda para ellos.

Adems, ellos estn interesados en compartir experiencias e intercambiar ideas.

Seguridad Nacional / libertades pblicas y privadas

La lgica de seguridad implementado de una nueva manera en Europa a travs del tratado multilateral para fortalecer la cooperacin transfronteriza en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migracin ilegal [164] o en los Estados Unidos con el   Patriot Act [165] apuntan a definir en el misma categora el terrorismo, la delincuencia transfronteriza, la migracin, las manifestaciones de los sindicatos, los movimientos sociales, las asociaciones y hace una amalgama explcita que afecta a derechos fundamentales como el derecho a migrar, a asociarse, a expresar opiniones polticas as como el derecho a manifestar. El ejercicio legtimo y lcito del derecho a expresar su opinin, ser considerado una amenaza?

Estas lgicas de seguridad quieren intencionalmente establecer una equivalencia entre estas actividades y las actividades ilegales o criminales. Despus de todo, se legitimaron y legalizaron prcticas liberticidas contrarias a todas las normas internacionales de proteccin de los derechos humanos. Con esto, se impuso la idea de que el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migracin, el desplazamiento para las contra manifestaciones en las conferencias internacionales deben ser procesados y castigados; y esto sin ninguna distincin de fondo, pero con la misma intensidad.

Esta amalgama sigue la lnea y la ideologa que Jrme Valluy [166] llama "fenmeno de la xenofobia institucionalizada" [167] que se lleva tanto a nivel nacional, regional, continental e internacional [168] .

Estas consideraciones de seguridad pueden existir y ser justificadas siempre que "el otro" sirva como chivo expiatorio; se lo presenta y se lo trata como una amenaza, lo que lleva a imponer en el inconsciente colectivo el hecho que las personas migrantes o indgenas, las personas de origen africano o los jvenes que desean adherir a un proyecto de sociedad alternativo conllevan "naturalmente" el virus del terrorismo, del crimen o de la agresin.

Lo que es seguro y es importante darse cuenta, es que la lucha contra la delincuencia, independientemente de su forma y de su gravedad, tiene la intencin de obstaculizar, restringir, impedir o eliminar el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo el de manifestar, migrar o reunirse, asimilando esto a un delito donde el objetivo es tipificar como delito cualquier tipo de actividad, incluidas las que tienen por base las motivaciones polticas. Las lgicas represivas aparecen claramente con la funcin, no de cambiar los sistemas jurdicos o de mejorarlos, pero para ser utilizado cada vez ms como un instrumento de represin poltico-ideolgico y el cuestionamiento de los derechos polticos y civiles.

La mayor amenaza para la paz y la seguridad internacionales se encuentra en la violencia de los pases occidentales, especialmente los Estados Unidos y sus aliados europeos que violan sistemticamente el derecho internacional y la Carta de la ONU. La verdadera amenaza a la paz internacional es la pobreza generalizada de la gente del Sur y el saqueo de sus recursos naturales por las empresas transnacionales, a las que hay que aadir la negacin de los derechos en que numerosos pueblos son vctimas. En este contexto, es esencial comprender las causas profundas del terrorismo, como ha subrayado en repetidas ocasiones la Asamblea General de la ONU. En cualquier caso, el terrorismo es el resultado de la desesperacin que este orden internacional de la miseria y la violencia propagada e impuesta a los pueblos.

Cuestin de la discriminacin y el racismo

Detengmonos en el tema de la discriminacin y el racismo que afecta los Mapuche as como los afro-descendientes. Es comnmente aceptado que "el factor africano no existe en la composicin tnica de Chile, puesto que este pas fue originalmente habitado por indgenas y colonizado por los europeos [169] ". Sin embargo, el valle de Azapa cerca de Arica es el hogar de los descendientes de los esclavos africanos que llegaron a Amrica durante la colonizacin. Estos descendientes de africanos, antes de la guerra entre Chile y Per, se estiman en un 57% en la ciudad de Arica y alcanzaron el 95% de la poblacin en el Valle de Azapa. Hoy, se estima en alrededor de 8.000 personas, de los cuales 4.000 [170] en la regin de Arica, pero sin ninguna certeza ya que en el ltimo censo de 2012, no han sido incluidos como tales; es as como quedan excluidos de todas las polticas sociales, culturales y econmicas. Sin embargo, Chile recuerda "que respet, respeta y respetar a todas las personas que viven en su territorio, independientemente de su origen tnico, raza, opinin poltica o religiosa. El pas lleva una poltica determinada contra la discriminacin hacia cualquier persona, especialmente contra las personas de ascendencia africana, que segn las primeras estimaciones son aproximadamente 3.000 personas que se concentran principalmente en el Valle de Azapa y la Regin de Arica y Parinacota" [171] .

Desde el ao 2001, en la Conferencia de Durban contra el Racismo, la Discriminacin Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, las asociaciones de personas afrodescendientes se reagruparon, en el norte de Chile, para comenzar las investigaciones e iniciar estudios sobre las poblaciones de ascendencia africana con el fin de estimular las polticas pblicas para mejorar sus condiciones de vida y el reconocimiento de sus derechos.

Con respecto a los pueblos indgenas, los actos discriminatorios que los afectan sobre todo desde la dcada del 2000, con la voluntad de judicializar sistemticamente [172] , que van desde los juicios inicuos al encarcelamiento sin pruebas, y todo esto con el propsito poltico de identificarlos como terroristas, pero tambin con el afn de despojarlos de sus tierras ancestrales. Todo esto les hace recordar su origen y la historia de la colonizacin de sus tierras. Para ello, el Estado chileno hace uso de lo ms fcil, es decir, reactivar la violencia institucional que prevaleci durante la dictadura bajo el pretexto de que los Mapuche y sus partidarios, as como tambin los miembros del movimiento social [173] , son todos terroristas. Basta con hacer creer a la sociedad chilena que la "joven" democracia est constantemente amenazada por el hecho de que todas las personas que reclaman el derecho a la no discriminacin, con su corolario de la igualdad, el derecho a la autodeterminacin, el derecho a la autonoma, estn dispuestos a cometer actos terroristas en todo momento. Sin embargo, el ex presidente, Sebastin Piera, durante su viaje a Pars, dijo con el corazn en la mano, que l tena "como Presidente el compromiso personal para detener todo tipo de discriminacin en" su "pas. Incluido la discriminacin contra los Mapuche" [174] .

La represin policial puede golpear cualquiera, sin que muchas personas se opongan, y puede alcanzar un paroxismo poco igualado estos ltimos aos y encontrar su justificacin en la idea dominante en que todos aquellos que se quieren comprometer en un paradigma que implica transformaciones sociales tienen el deseo de hacer regresar esta nueva democracia a momentos que ella trata de olvidar.

As, puede verse que la adhesin a la democracia no ha logrado destruir el racismo: ella slo ayud ocultar el racismo basado en el esencialismo biolgico y centrarlo en el esencialismo cultural.

Y esto, por supuesto, no ha permitido desprenderse de la creencia de una "civilizacin superior". Europa para muchas personas, incluyendo las lites polticas e intelectuales, mantiene el halo del Siglo de la Luces y esto justifica la idea de la supremaca de un pensamiento "blanco".

Era sin contar con los estragos de la globalizacin. El papel del Estado est profundamente erosionado por la ofensiva poltica e ideolgica del capitalismo global, en particular en Chile, que ha hecho de la institucin militar la columna vertebral de la sociedad donde el orden pblico y la proteccin de la propiedad privada son las puntas de lanza del neoliberalismo chileno.

Los poderes pblicos solo pretenden regular jurdicamente las privatizaciones y las ventas de tierras indgenas a las transnacionales, entre otras a empresas forestales o empresas mineras canadienses, y gestionar las "reestructuraciones", los despidos y las deslocalizaciones resultantes.

De hecho, como un factor de control poltico y social, el Estado ha perdido su papel para redistribuir la riqueza a travs de la poltica fiscal y de la aplicacin de las polticas en materia de empleo, educacin, salud, cultura... En definitiva, el Estado se reduce al papel de guardin de los intereses privados. El poder poltico, que sufre una profunda crisis de credibilidad y legitimidad, se convierte en el factor que vehicula los "valores" del capitalismo y las consignas que lo acompaan - competitividad, premio al mrito, responsabilidad individual, igualdad de oportunidades, buena gobernanza, miedo de enfrentarse al otro con la creacin de un enemigo interno, se ha convertido en el foco principal de las polticas de Estado. El objetivo es aduearse la riqueza en beneficio de una minora. Por lo tanto, el sistema seala a la venganza popular a toda la gente que considera que est dems; demasiados Mapuche, demasiados jvenes, demasiados estudiantes, demasiados inmigrantes, demasiados desempleados, demasiados enfermos, demasiados pobres, demasiadas personas sin hogar...

El resultado es claro: las mujeres y los hombres, entre otros los pueblos indgenas, son tratados tanto como un recurso explotable que se puede seleccionar, evaluar y eliminar como una mercanca y que pueden ser botados o reemplazados. La forma de gestin impuesta por el sistema capitalista liberal no es diferente a cmo los seres humanos eran tratados y mantenidos bajo la esclavitud o la colonizacin.

Es esencial que estas lites ya no cesen de favorecer la permanencia de la colonialidad, tanto en las relaciones sociales y las instituciones como en las relaciones internacionales con el fin de promover polticas que permitan la existencia de un "actuar en comn, iguales y diferentes" [175] .

Podemos decir que si el colonialismo ya no existe en sus formas directas y brutales, la colonialidad nunca desapareci de los espritus y en particular de los que dominan y organizan el mundo de acuerdo a sus intereses.



[1] Informe preparado por el Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/26/5.

[2] El Examen Peridico Universal (EPU) es un proceso nico en su gnero. Consiste en revisar los logros de todos los Estados miembros de la ONU en materia de derechos humanos. Proceso liderado por los Estados., bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos, que brinda la oportunidad a todos los Estados a declarar qu acciones se han tomado para mejorar la situacin de los derechos humanos en su territorio y cumplir sus obligaciones a este respecto. Mecanismo central del Consejo de Derechos Humanos, el EPU est diseado para garantizar la igualdad de trato para todos los pases. Ver el sitio web http://www.ohchr.org/fr/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx

[3] 10 A/HRC/26/5

[4] En lnea, el informe de 2013; http://www.indh.cl

[5] 103 A/HRC/26/5

[6] 118 A/HRC/26/5

[7] 12 de julio de 2012; 11 del informe A/HRC/26/5

[8] Sesin del 8 al 26 julio de 2013; Lista de cuestiones relativas al examen del sexto informe peridico de Chile y principalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, CCPR/C/CHL/6

[9] 5, vase la nota 129

[10] 100, A/HRC/26/5

[11] Recomendacin 121-33, A/HRC/26/5

[12] Recomendacin 121-34, A/HRC/26/5

[13] Recomendacin 121-36, A/HRC/26/5

[14] Recomendacin 121-39, A/HRC/26/5

[15] Recomendacin 121-42, A/HRC/26/5

[16] Recomendacin 121-48, A/HRC/26/5

[17] Recomendacin 121-51, A/HRC/26/5

[18] Recomendacin 121-59, A/HRC/26/5

[19] Recomendacin 121-60, A/HRC/26/5

[20] Recomendacin 121-176, A/HRC/26/5

[21] Recomendacin 121-78 et siguientes, A/HRC/26/5

[22] Ultimo censo 2009

[23] Ver entre otros- el informe del CERD del 4 de Agosto de 2009

http://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=39&LangID=F

[24] Votada en Marzo de 2010.

[25] 1951

[26] www.unher.fr/4b9a73ac6.html

[27] Sea 119 euros

[28] Del 12 de Julio al 12 de Octubre 2010

[29] Personalidad espiritual equivalente a un chaman

[30] Los 1.369.563 autctonos representa 8% de la poblacin chilena, 6,97% de entre ellos son Mapuche. Fuentes FIN/IPS/2009

[31] http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13198.pdf

[32] Comenzada en 1883

[33] http://www.millions4mumia.org/

[34] Para obtener ms informacin, consulte el informe de 2010, Une affaire de droit, la question des Mapuche, Mireille Fanon-Mends-France, http://frantzfanonfoundation-fondationfrantzfanon.com/article603.html

[35] Este derecho fue posteriormente confirmado por los dos pactos de 1966 y en gran medida confirmada por la Corte Internacional de Justicia en el caso de Timor Oriental, en la opinin consultiva sobre la construccin del muro por Israel y en el caso de las actividades militares en Nicaragua, donde la Corte implcitamente ampli su contenido y lo relaciona claramente con el principio de no intervencin y el derecho de los pueblos a elegir su propio modelo poltico e ideolgico.

[36] Resolucin 1514 1960

[37] En lo que se desprende de los dos Pactos Internacionales de 1966

[38] Declaracin de la Asamblea General de la ONU

[39] 221 Le droit lautodtermination : dveloppement historique et actuel sur la base des instruments des Nations unies, Aureliu Cristescu 1981

[40] Prembulo de la Carta y el artculo 55

[41] Firmado por el Estado de Israel el 03 de octubre de 1991

[42] Subcomisin de Prevencin de la Discriminacin contra minoras y su proteccin , consulte el documento "el derecho a la autodeterminacin : la historia y el desarrollo actual en la base de los instrumentos de las Naciones Unidas "

[43] Resolucin 1514 , la Asamblea General de la ONU , 14 de diciembre de 1960

[44] Artculos 1 a 5, en 2542 la Resolucin de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 11 de diciembre de 1986

[45] Artculo 4 , 2542 Resolucin de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 11 de diciembre de 1986

[46] Junio de 1993 , Conferencia Mundial de Derechos Humanos

[47] Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General , septiembre de 2007

[48] Artculo 3

[49] Artculo 4

[50] Artculo 10 , Declaracin de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas

[51] Artculos 13 a 17.

[52] OIT, 1989, Convencin 169 relativa a los Pueblos Indgenas et Tribales, artculo 6.

[53] Artculo 7 de la misma convencin.

[54] 4 de agosto de 2000, REQUERIMIENTO FORMULADO POR DIVERSOS DIPUTADOS PARA QUE EL TRIBUNAL RESUELVA LA CONSTITUCIONALIDAD DEL CONVENIO N 169, SOBRE PUEBLOS INDGENAS Y TRIBALES EN PASES INDEPENDIENTES, ADOPTADO POR LA ORGANIZACIN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EL 27 DE JUNIO DE 1989, DE ACUERDO AL ARTCULO 82, N 2, DE LA CONSTITUCIN POLTICA DE LA REPBLICA , Sentencia Tribunal Constitucional Rol 309, Agosto 2000 http://www.politicaspublicas.net/panel/jp/678-sentencia-tribunal-constitucional-rol-309-agosto-2000.html

[55] Enero de 2014.

[56] A/RES/61/295 artculo 32- 2 .

[57] Consultado el 29 de mayo de 2014, http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/DH5134.doc.htm

[58] El mismo Mapuche

[59] Ver el artculo muy bien documentado de Hernando Silva Neriz, coordinador del Programa de los Derechos de los Pueblos Indgenas del Observatorio Ciudadano ; IWGIA The Indigenous World 2013 ; http://www.gitpa.org/web/CHILI%20CLOUD%20PK%20FINAL%20.pdf

[60] Artculo 3 relacionado con el 46-1

[61] http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/Tierras-Ancestrales.ESP.pdf

[62] 28 de Enero de 2014, Consejo de Derechos Humanos, Ginebra ; http://static.latercera.com/20140608/1955284.pdf

[63] 13, A/HRC/26/5

[64] http://www.cronicadigital.cl/2014/03/21/comunidades-mapuche-expectant ...

[65] 2006 -2010

[66] Texto integral de la ley para consultar sobre el sitio http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29731&idVersion=2005-11-14&r=3

[67] Solo 600.000 hectreas han sido restituidas desde 1994

[68] Ley adoptada el 17 de mayo de 1984. Permite aplicar penas mucho ms severas que la legislacin ordinaria y somete a los acusados a condiciones difciles de defensa debido al alargamiento de la prisin preventiva y el recurso a testigos annimos.

[69] Artculos 15 a 20. Ver nota 25

[70] Ciudad situada a ms de 600 Km. al sur de Santiago.

[71] Articulo 13. Ver nota 25

[72] Ver nota 8

[73] Organismo autnomo encargado de llevar las investigaciones a propsito de los delitos y de llevar los acusados ante la justicia

[74] Artculos 7 a 11. Declaracin Universal de los Derechos Humanos, art. 9, Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Polticos, artculos 19-2 y 19-3, Constitucin chilena, artculos 7-2 a 7-6, Convencin Interamericana de Derechos del Hombre

[75] 104, A/HRC/26/5

[76] Recomendacin 121-22, A/HRC/26/5

[77] Ver la nota 10

[78] Sitio consultado el 4 de junio 2014: , http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/09/01/97001-20100901FILWWW00276-chili-la-loi-antiterroriste-reformee.php

[79] Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Informe anual 2010. Situacin de los Derechos Humanos en Chile pg. 111

[80] Detenido 15 meses en prisin preventiva bajo los testimonies de 14 testigos ocultos

[81] Compareciendo libre en el Tribunal de Angol et 7 de mayo 2014

[82] Desde hace 2 aos en detencin preventiva La primera audiencia de su proceso tuvo lugar el 14 de mayo 2014

[83] Para seguir la evolucin del nmero de prisioneros consultar el sitio http://meli.mapuches.org - [email protected] de la organizacin mapuche Meli Wixan Mapu de los Cuatro Puntos de la Tierra. Andes 2647 Santiago Centro

[84] Articulo 14-7

[85] Acontecido en septiembre 2010

[86] Proyecto de Ley que Modifica el Cdigo de Justicia Militar y la ley n 20 477 iniciada por senadores el 31/07/2012, contacto: Comit por la Justicia, Manuel Gutirrez Reinoso

[87] Boletn n 7999 07, presentado por diputados el 19/10/2011

[88] Boletn n 8472-07

[89] Sitio de la OIT consultado el 5 de junio 2014

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:2334939,fr

[90] Informe Intermedio de organizaciones no gubernamentales sobre el seguimiento de las observaciones finales del examen peridico universal al estado de chile (a/hrc/12/10) 4 de junio de 2009, p.8.

[91] A/HRC/WG.6/5/CHL/1, par. 15-17

[92] 104; A/HRC/26/5

[93] 12, A/HRC/26/5

[94] Salazar, Gabriel, 1999, Races Histricas de la violencia en Chile, Revista de Psicologa, vol. VIII, n2, p. 21

[95] Ver nota 23

[96] Dos entre ellos tienen apenas 21 aos y el tercero 30 aos

[97] Comunidad Cacique Jos Guin en Ercilla. Detenido desde el 3 de septiembre 2012, condenado a 10 aos y 1 da por delito de robo con homicidio. 15 das de hospitalizacin despus de una huelga de hambre de 39 das

[98] Comunidad Cacique Jos Guin en Ercilla. Detenido desde el 3 de septiembre 2012, condenado a 10 aos y 1 da por delito de robo con homicidio. Informacin disponible en el sitio http://meli.mapuches.org

[99] Comunidad Rayen Mapu en Ercilla. Detenido desde el 27 septiembre 2012, condenado a 10 aos y 1 da por delito de robo y amenazas. 15 das de hospitalizacin despus de una huelga de hambre de 39 das. Informacin disponible en el sitio http://meli.mapuches.org

[100] En total realizaron 39 das de huelga de hambre y fueron hospitalizados durante 15 das en hospitales de Concepcin y Victoria

[101] Comunidad Temucuicui Autnoma en Ercilla. Detenido desde el 16 de junio 2012 y condenado a 5 aos y 541 das por incendio, robo con violencia, posesin ilegal de armas de fuego, encubrimiento de armas de fuego. 15 das de hospitalizacin despus de una huelga de hambre de 39 das. Informacin disponible en el sitio http://meli.mapuches.org

[102] Abogada de Celestino Crdova: Karina Riquelme Riveros y de la Asociacin CID SUR

[103] 31 de Julio 2009

[104] Acta y certificacin de entrada y registro en lugar cerrado e incautacin, entregada por el abogado

[105] Carabineros de Chile, Prefectura Cautn Nr 22

[106] Alberto Corts Zavala

[107] N 1335012 entregado por el abogado

[108] Doctor Juan Cristbal Reyes Ugalde

[109] Indicaciones: presenta erosin y equimosis en ambas zonas pectorales, a derecha equimosis de 7x3cm de trayecto curvo, a izq 5x4cm recto, se fija con fotos. Observaciones: pequeo aumento de volumen cuero cabelludo parietal. Izq 1cm aprox; Herida punzante dedo medio derecho, profundidad media, se fija con fotos;

[110] Werken de la Comunidad Wente Wilkun Mapu en la comuna de Ercilla http://maricheweuinternational.blogspot.fr/2013/04/daniel-melinao-werken-of-mapuche.html

[111] Sitio consultado el 5 de junio 2014; http://www.soychile.cl/Temuco/Politica/2014/05/28/252012/Daniel-Melinao-tras-ser-absuelto-Esto-era-un-montaje-y-estoy-evaluando-querellarme-contra-el-Estado-de-Chile.aspx

[112] Sitio consultado el 5 de junio 2014, http://www.soychile.cl/Temuco/Politica/2014/05/28/252012/Daniel-Melinao-tras-ser-absuelto-Esto-era-un-montaje-y-estoy-evaluando-querellarme-contra-el-Estado-de-Chile.aspx

[113] Comunidad Cooemil Epuleo en Ercilla. Detenido desde el 16 de junio 2012 y condenado a 5 aos por incendio y robo con violencia. Informacin entregada disponible en el sitio http://meli.mapuches.org

[114] Comunidad Temucuicui Autnoma en Ercilla. Detenido desde el 16 de junio 2012, condenado a 5 aos por incendio y robo con violencia. Informacin disponible en el sitio http://meli.mapuches.org

[115] Comunidad Pehuenche Cooemil Epuleo en Ercilla. Estudiante en el Colegio Tcnico Agrcola, detenida en prevencin desde el 14 de marzo 2014 por un supuesto delito de incendio; informacin disponible en el sitio http://meli.mapuches.org

[116] Propiedad de la familia Matte Larran y Forestal Bosques Arauco, grupo Angelini, que detienen 1.200.000 hectreas donde son plantados pinos y eucaliptos para la exportacin. Estas tres propiedades ocupan unos 2 millones de hectreas mientras que los Mapuche no tienen a su disposicin ms que 700.000 hectreas de sus territorios ancestrales.

[117] Grupo Cautn y Millalemu

[118] 13/09/2013

[119] Sitio consultado el 5 de junio 2014. Coordinadora Arauco Malleco creada en 1998 http://www.mapuche.info/?aut=26

[120] Beneficia normalmente de 4 visitas por mes con su mujer y 1 con sus amigos

[121] Aproximadamente 66 euros

[122] Ver nota 14

[123] La Sodexo Servicios de Justicia es responsable del diseo, construccin y financiacin de las tres crceles de Chile y el funcionamiento de otras dos prisiones, la gestin de la mayora de los servicios del da a da. La Sodexo Servicios de Justicia en Chile proporciona el mantenimiento de edificios y servicios de equipamiento, de lavandera y de atencin mdica. Las oportunidades para la rehabilitacin se prestan a travs de educacin, formacin profesional e industrias, as como las actividades recreativas y culturales. Los contratos a 20 aos son para las crceles de mxima y mediana seguridad con una capacidad total de 5.400 camas. http://uk.sodexo.com/uken/services/on-site/justice-services/justice-chile.aspx

[124] De San Juan de la Costa. Detenido desde el 15 de julio del 2009, condenado a 10 aos por robo con amenaza, ms 4 aos por intento de asesinato contra un fiscal y lesiones graves en el personal de la PDI; la informacin disponible en el sitio web http://meli.mapuches.org

[125] Puerto Choque. Detenido desde el 11 de abril del 2009, condenado a 5 aos por robo con amenazas y a 3 aos por intento de asesinato contra un fiscal y lesiones graves en el personal de la PDI; informacin disponible en el sitio web http://meli.mapuches.org

[126] 109; A/HRC/26/5

[127] 107; A/HRC/26/5

[128] Sitio c onsultado el 4 de junio de 2014 , artculo del 19 de enero de 2010,

http://www.legrandsoir.info/Elections-chiliennes-la-demonstration.html

[129] Quinto perodo de sesiones de 2009 ,

http://daccess-ddsy.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/185/69/PDF/G1318569.pdf?OpenElement

Consulte estos documentos y los siguientes.

[130] Corporacin Nacional de Desarrollo Indgena, Promover, coordinar y ejecutar la accin del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indgenas, especialmente en lo econmico, social y cultural y de impulsar su participacin en la vida nacional, a travs de la coordinacin intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversin y la prestacin de servicios a usuarios, http://www.conadi.gob.cl/

[131] Vase la nota 10

[132] Particularmente durante el gobierno de Frei

[133] Empleados de la empresa Agua Senovida

[134] Artculo 98 y siguientes

[135] El movimiento Straight edge ha surgido de la cancin "Straight Edge" de la banda de punk hardcore Minor Threat a mediados de la dcada de 1980 y es una subcultura del hardcore punk cuyos adherentes, contra la violencia, no consumen ni alcohol, ni tabaco y otras drogas recreativas en respuesta a la revolucin sexual, el hedonismo y el exceso asociada con el punk rock. Para algunos, esto se extiende a no mantener relaciones sexuales promiscuas, seguido por una dieta vegetariana o vegana. En algunas regiones de los Estados Unidos, el Straight edge es tratado como una banda por la polica (Episodio Inside Straight Edge de la serie Inside, con una duracin de 50 minutos. Publicado por primera vez el 9 de abril de 2008 la Red Nacional Geographic Society. Otros crditos: Writer: David Shadrack Smith. Directores: Jim Gaffey y David Shadrack Smith. Vea el episodio en lnea)

[136] Sitio consultado el 4 de junio de 2014, http://www.paroles-musique.com/paroles-The_Bangles-Eternal_Flame-lyrics, p24190.

[137] No quiere que esto vuelva a ocurrir o ser acusado de no proteger los derechos del presunto responsable.

[138] http://araucaria-de-chile.blogspot.fr/2010/03/chili-une-banque-touchee-par-lexplosion.html y https://fr.squat.net/2010/.../chili-situation-des-anarchistes-arrete-e-s-rece .

[139] Sitio consultado el 5 de junio de 2014 , " considerado por la polica como el lder carismtico e idelogo de una "estructura clandestina anarco- autnoma basada en el territorio nacional y que participen en operaciones para desestabilizar al gobierno por acciones violentas", blog del diario Le Monde, http://delinquance.blog.lemonde.fr/2012/11/13/tarnac-julien-coupat-reapparait-pour-mieux-disparaitre/

[140] Noviembre de 2012

[141] 21 de mayo de 2013

[142] Ley n 19.253

[143] Ley n 20.248, promulgada en 2008

[144] Cf nota sobre la Convencin 169

[145] Cf Nota 35

[146] Artculo 15.3 del Cdigo penal chileno

[147] Rapport E/C.12/1/Add.105

[148] R apport CCPR/C/CHL/CO/5

[149] L a nocin de terrorismo en la legislacin chilena an no est clara ya que se refiere a los actos que estn destinados a sembrar el miedo entre la poblacin

[150] http://www.anide.cl/

[151] N del role de la Commisin : 1690/2011

[152] Consultable en le sitio : http://sogip.wordpress.com/2013/06/10/letat-chilien-et-lapplication-de-la-loi-anti-terroriste-mis-en-cause-par-des-mapuche-devant-la-cour-interamericaine-des-droits-de-lhomme/

[153] Segundo Aniceto Norin longko Catriman y Pascual Pichn Paillalao Huentequeo haban sido condenados a cinco aos y un da de prisin por los delitos de incendio y amenazas terroristas "formuladas" en diciembre de 2001 en contra de los propietarios y administradores de tres campos en el sur.

[154] Tom parte en las acciones de protesta contra las represas en la regin del Bobo. Fue condenado a cinco aos de prisin. "En los aos 1997-1998, apoy firmemente lo que sucedi en el alto Bobo, con la represa hidroelctrica de Ralco, donde se han usurpado 15.000 hectreas de tierra, y una docena de nuestros sitios sagrados fueron inundados, dice el Sr. Ancalaf. Fui arrestado y encarcelado en 2002, acusado de incendiar camiones y condenado bajo la ley "Pinochetista" antiterrorista 18/314. Yo, fui condenado no como autor, pero por mi participacin presumida a estos hechos. "(Fuente : http :/ / www.rfi.fr)

[155] Caso Poluco-Pidenco : Florencio Jaime Marileo Saravia, Jos Benicio Huenchunao Marin, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican y Patricia Roxana Troncoso Robles ,   condenados a una pena mnima de 10 aos por incendio terrorista.

[156] Abogada de los prisioneros.

[157] Abogada de los Mapuche.

[158] 7 de noviembre de 2002.

[159] Comuna de Ercilla.

[160] En 2009.

[161] DENUNCIA ANTE LA COMISIN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DEL ESTADO DE CHILE, documento enviado por uno de los abogados.

[162] Aproximadamente 40.000 euros.

[163] Rapport de Mireille Fanon-Mend s-France, Une affaire de droit au Chili ; la question des Mapuche , audicin del testigo 26, diciembre de 2010.

[164] Votado por los parlamentarios en secreto durante el verano de 2005 .

[165] Votado por el Congreso 28 de octubre 2001 .

[166] Profesor de sociologa poltica en Pars 1 .

[167] Du retournement de lasile la xnophobie de gouvernement, Jrme Valluy .

[168] Extracto de un artculo publicado el 28 de octubre de 2007, Mireille Fanon - Mends-France y Hugo Ruiz Daz Balbuena, http://www.politis.fr/La-criminalisation-de-la-politique,2196.html

[169] Site visit le 5 juin 2014, http://guyzoducamer.afrikblog.com/archives/2006/06/06/2031785.htm

[170] Es decir a 3% de la poblacin chilena.

[171] 25, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artculo 9 de la Convencin; XIX, XX y XXI informes peridicos que los Estados Partes deban presentar en 2012; Chile CERD/C/CHL/19-21, 28 de septiembre de 2012; www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.CHL.19-21_fr.doc

[172] De acuerdo con Nancy Yez, codirectora del Observatorio Ciudadano de Chile, esto demuestra "la discriminacin contra el pueblo Mapuche, especialmente cuando se compara con las penas impuestas a los que han cometido crmenes de lesa humanidad en nuestro pas, que no exceden los veinte aos de prisin, lo que significa una disparidad en la aplicacin de la justicia. "

[173] Entre ellos el movimiento estudiantil el cual desde 2011 desafa la privatizacin del sistema universitario, sino que tambin las protestas sociales en la regin de Aysn que sacudieron a Chile a principios del ao 2012 y las manifestaciones de los empleados en huelga que se puedan observar en las calles de varios barrios de Santiago.

[174] Conferencia en Sciences Po, Pars, 20 de octubre 2010.

[175] Hannah Arendt, Condition de lhomme moderne, Paris: Calmann-Lvy, Coll. Clsicos Agora, 1983.



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