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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-07-2014

Acuerdo USA-UE: un ataque transatlntico a los derechos y lo pblico

Jos Campos Trujillo
Pblico


 En relacin a las negociaciones sobre la Asociacin Transatlntica de Comercio e Inversiones (ATCI), que comenzaron hace un ao, hay pocos documentos pblicos. Sin embargo, los filtrados por las instituciones comunitarias clarifican lo que Estados Unidos y Europa tratan de eliminar o reducir al mximo, tanto los aranceles comerciales como requisitos tcnicos o legales que dificultan el comercio. Adems, el Tratado abarca mltiples vertientes: sobre inversiones, contratos y servicios pblicos, comercio electrnico, telecomunicaciones, cultura, medio ambiente, materias primas, energa, normas fitosanitarias, etc.

Son reformas de un gran calado para el futuro de la Unin Europea. Hay una absoluta falta de transparencia en las negociaciones, hasta el punto de que toda su documentacin permanecer en secreto al menos durante 30 aos, y el propio Parlamento Europeo permanece ajeno, lo que es una violacin de la legalidad comunitaria sobre publicidad institucional. As mismo, los respectivos parlamentos nacionales han sido marginados, por lo que la ciudadana ignora lo que se est gestando sobre su futuro, a pesar de su importancia. Es tanto lo que hay en juego que ms de 2500 lobbies se han movilizado a Bruselas para influir en el resultado de las negociaciones. Y eso no augura nada bueno para los derechos ciudadanos ni para los servicios pblicos.

De seguir este derrotero, las democracias, las instituciones, los servicios pblicos y los derechos sociales quedarn sometidos al poder econmico transnacional. El neoliberalismo dictar a los gobiernos la normativa y legislacin que ms le convenga. As, por ejemplo, las empresas podrn contar con la ayuda de la Banca para eliminar regulaciones nacionales que limitan los movimientos de capitales.

Este sometimiento de los poderes pblicos no parece preocupar a la Comisin Europea. Y mientras, la ATCI sigue adelante hacia lo que supondr una indeseable convergencia de Europa con Norteamrica que se traducir en un proceso involucionista en normativas alimentarias o medioambientales, estndares nacionales, especificaciones tcnicas, cuotas o convenios laborales. De manera sistemtica, la rigurosa legislacin europea (de mayor calidad social y laboral que la estadounidense) ser reconvertida a los intereses neocapitalistas.

Ya se empieza a ofrecer al pblico como el antdoto ideal a la actual crisis. Adems, crear cientos de miles de empleos. EEUU, incluso, proclama que el comercio crecer sobre un 17%. Sin embargo, el crecimiento de la economa de la Unin ser entre el 05% y el 1% del PIB, segn datos de la propia CE.

Pero para las empresas ser un negocio redondo al que le ganarn ms de 200 billones de euros. Adems, los impulsores de la ATCI dicen que Espaa ser uno de los pases ms beneficiados, y creara ms de cien mil empleos, elevando nuestra renta per cpita. Obviamente, tras los EEUU, Reino Unido y Alemania.

Sin embargo, la ATCI puede ser ruinosa. Existen diversos antecedentes de este sistema de libre comercio que siempre protagoniza EEUU. No slo no reportaron una mejora sustancial en el PIB de los pases afectados, sino que ocasionaron desempleo o empleo precario. As que el Tratado, muy probablemente, supondr la liquidacin de las normativas sociales, laborales y ambientales existentes en la Unin Europea.

La propia Confederacin Europea de Sindicatos (CES) ha expresado sus dudas sobre la cantidad y calidad de creacin de empleo que reportara el acuerdo. La propia Comisin Europea prev la destruccin de empleo en varios sectores como la industria manufacturera, electrnica, equipos de transporte y metalurgia, sector agrcola y ganadero, sectores madereros y de fabricacin de papel, empresas de comunicacin y los servicios pblicos, seran los ms perjudicados.

El tratado acentuar las diferencias entre la Europa pobre y la rica. Las desigualdades sociales crecern y el beneficio del mismo ser slo empresarial, no social. A ello se suman los riesgos medioambientales y sanitarios o el deterioro de los derechos a la privacidad y a la proteccin de datos. Tal ser el poder de las multinacionales que incluso un pas podr ser demandado legalmente por cualquiera de ellas si, por ejemplo, las polticas pblicas frenan sus beneficios o simplemente ven perjudicar sus intereses. En estos casos la frmula internacional de arbitraje del tratado, el Mecanismo de Solucin de Diferencias entre Inversor y Estado (ISDS en ingls), no resolver precisamente a favor del inters pblico.

Con la Asociacin, el retroceso de derechos o de proteccin social y medioambiental ser tal que nos situar a niveles de pases en desarrollo. No slo eso. No habr respeto a ningn pacto social, y el derecho a la sindicalizacin, la negociacin colectiva o a la huelga se vern trastocados sustancialmente.

Con todo, est previsto la ratificacin del Acuerdo el prximo ao. Y para evitar en lo posible que la protesta social pueda ser peligrosa, el nuevo sistema se implantar progresivamente a lo largo de una dcada. Con ello se dar un paso gigantesco hacia la privatizacin y el desmantelamiento de la proteccin social, laboral y ambiental.

Ante este estado de cosas, CCOO estima urgente que las negociaciones se paralicen y que se establezca un perodo de informacin y debate ciudadano. Conforme a lo que han resuelto las internacionales sindicales (CSI, Global Unions y CES), el sindicato considera que el pacto transatlntico debe respetar al menos lo siguiente: los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo as como los convenios principales de la OIT; la actual legislacin europea sobre derechos laborales, sobre la seguridad energtica y las energas limpias y renovables y la proteccin del medio ambiente; los actuales servicios. Asimismo, no debe suponer un relajamiento en la lucha contra el fraude fiscal y frente a los parasos fiscales; el establecimiento de rganos de seguimiento y control del tratado con participacin de los interlocutores sociales y otros representantes de la sociedad civil.

Las instituciones democrticas y las autoridades competentes estn para servir a los intereses ciudadanos. En un asunto tan relevante no es admisible que se acte con secretismo y, menos an, que el inters pblico quede finalmente subordinado a los intereses privados.

Jos Campos Trujillo es Responsable de Participacin Institucional de la Confederacin de CCOO

Fuente:  http://blogs.publico.es/otrasmiradas/2400/acuerdo-usa-ue-un-ataque-transatlantico-a-los-derechos-y-lo-publico/



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