Portada :: Mxico
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-07-2014

Recuento de daos

Eduardo Nava Hernndez
Rebelin


Unos meses han bastado al gobierno de Enrique Pea Nieto y sus aliados, menos de un ao, para demoler el entramado estatal que quedaba del otrora rgimen revolucionario. Dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unin y los extraordinarios que en las ltimas semanas se han efectuado para aprobar la legislacin secundaria en materia de telecomunicaciones y energa, han bastado para culminar radical y dramticamente la sustitucin del proyecto constitucional que Mxico conoci desde el periodo revolucionario y que implicaba un Estado fuerte, rector en lo econmico y tutelar de los derechos de la nacin y los de las clases econmicamente dbiles.

Nada nuevo, si se toma en cuenta que es un proyecto largamente acariciado por la oligarqua mexicana y la plutonoma internacional (Chomsky), y que, despus de importante avances en los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se trab en sus ltimas etapas en los sexenios de Fox y Caldern. Finalmente, se ha transferido por completo al mercado la gestin de los recursos estratgicos, como el petrleo y la electricidad, que daban sustento a la nocin misma del Estado rector, y la de las actividades econmicas de elevado impacto social de ms alta rentabilidad y perspectivas de desarrollo, como las telecomunicaciones. Y si bien en al aspecto econmico se ha aplicado una casi total desregulacin, el aparato gubernamental se ha visto fortalecido en su capacidad de control sobre la poblacin comn.

Pero la modificacin radical de la estructura institucional es tambin la ruptura del pacto de dominacin que por dcadas se asoci en el pas no slo a una excepcional estabilidad poltica sino al crecimiento econmico, tambin esfumado desde que las reformas neoliberales o estructurales comenzaron a aplicarse hace unos seis lustros. Se trataba de un pacto social en el que el Estado operaba, desde luego, como garante de las condiciones requeridas por el capital y su proceso de acumulacin (propiedad privada, seguridad pblica, infraestructura e inversin estatal, etc.), pero en el que las clases subalternas encontraban tambin mecanismos de defensa y un mnimo de bienestar social (sindicatos, derecho a la organizacin, proteccin al empleo, seguridad social, educacin, etc.). Como se sabe, poco a poco y sexenio tras sexenio ese orden fue siendo socavado y paulatinamente desmontado hasta su virtual extincin, que presenciamos las presentes generaciones en los das que corren.

Es seguro que la prxima semana la Cmara de Diputados aprobar a travs de la mayora ya configurada (PRI, PAN, PVEM y Panal) las cuatro leyes secundarias de la reforma energtica, que dejarn por completo en manos privadas los beneficios reales y potenciales del sector. Machaconamente, hasta el delirio, los defensores de tales iniciativas hacen girar su lgica en torno al argumento de que la apertura a la inversin privada y la competencia (muy pocos se atreven ya a calificarla como libre) redundarn en beneficio de los consumidores con mejores precios y mayor calidad en los servicios. Pero ya sabemos que no es gratuito que tales adalides del consumidor se hayan opuesto, con no menor obstinacin, a consultar formalmente a los ciudadanos, supuestos beneficiarios de la reforma.

A lo largo de este proceso lo que se ha afirmado no es slo la existencia de un bloque compacto en los poderes pblicos sometido a los intereses plutonmicos y dispuesto a sacarlos adelante al costo que sea (el mismo Gamboa Patrn coordinador priista en el Senado, lo reconoci). Ms all de ello, el hecho es tambin que se han diluido hasta su desaparicin el mandato popular y la representacin parlamentaria. El Congreso ha dejado de constituir en ningn sentido un rgano de representacin de la sociedad y los ciudadanos en su pluralidad, mutando en mero aparato de gestin de tales intereses.

La entronizacin de la oligarqua y sus servidores polticos tiene no slo las ya sabidas consecuencias econmicas sobre la poblacin sino sobre la forma y ejercicio del poder poltico. Una modalidad radicalmente desreguladora en la esfera econmica como la que presenciamos y padecemos no puede implantarse sin una fuerte carga de autoritarismo sobre la sociedad y sus sectores organizados. Hace tiempo, en un antiguo ensayo escrito en los albores de la era neoliberal, lo planteaba el politlogo argentino Atilio Born: la mano invisible que segn Smith conduce, a travs del egosmo y los engranajes del mercado, al bienestar de todos, se transforma en esta nueva era en el puo de hierro que contiene y oprime a los ciudadanos y sus organizaciones.

No es gratuita, entonces, ni est desvinculada del proceso de reformismo econmico, la exacerbacin autoritaria de esta ltima etapa, que se enfila contra las expresiones de autonoma, las organizaciones sociales insumisas y aun contra los ciudadanos comunes en lo individual. Lo mismo la legislacin de telecomunicaciones incluye nuevas atribuciones a indeterminadas autoridades para intervenir en llamadas y mensajes de cualquier persona, que pone lmites legales a los de por s precarios esfuerzos de radiocomunicacin comunitaria y permite el crecimiento de los monopolios casi sin lmite en el sector.

El mismo autoritarismo envuelve acciones como la detencin y prisin del mdico Jos Manuel Mireles, fundador y dirigente de los grupos de autodefensa de Michoacn, y el nico de sus lderes renuente a integrarse a los cuerpos rurales artificialmente constituidos para someterlos a la autoridad del gobierno nacional. Un movimiento pujante e independiente ha sido combatido con la divisin, la corrupcin y el encuadramiento oficial por haber exhibido desde 2013 la incapacidad del Estado para otorgar garantas a la poblacin y la corrupcin de muchas autoridades con la delincuencia organizada.

En Puebla, Quintana Roo y otras entidades, el autoritarismo ha parido leyes represivas contra el derecho a la manifestacin ciudadana. La bien conocida, en el primero de los Estados mencionados, como Ley Bala, promovida por el gobernador Rafael Moreno Valle, ha cobrado ya sus primeras vctimas, entre ellas una fatal, el nio Jos Luis Tehuatlie Tamayo, muerto por la polica estatal en el poblado de Chalchihuapan.

En Sonora, las amenazas se ciernen contra el pueblo yaqui que se defiende tenazmente por medios legales y la movilizacin contra el robo del agua, que necesita para mantener viva su agricultura, en beneficio de un puado de grandes empresas industriales de origen transnacional.

Aqu y all, por todo el territorio nacional, la disputa por la tierra y los recursos naturales se agudiza ante el avance de grandes empresas mineras (canadienses y de otras nacionalidades, pero tambin mexicanas) sobre inmensos territorios de exploracin y explotacin, la apropiacin particular de playas y esteros, y la concesin unilateral o venta de los recursos naturales a capitalistas y empresas privadas.

Las reformas llamada estructurales, cuyos alcances ltimos difcilmente podemos percibir ahora, no son ni sern meramente nuevas formas de gestin estatal o capitalista sobre determinados recursos o empresas sino los nuevos linderos en la relacin Estado-sociedad civil y los signos de una nueva era de la historia del pas, marcada por el avasallamiento capitalista, pero tambin por las luchas sociales resistencia que ya se expresan por doquier.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter