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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-07-2014

Quin responder por el crimen atroz de Alfonso Cano?

Timolen Jimnez
http://www.pazfarc-ep.org

El Presidente Santos se ha dedicado a repetir que la orden de ejecucin fue emitida directamente por l tras haber sido consultado al respecto


La noche del 4 de noviembre de 2011 Colombia y el resto del mundo fueron sorprendidos por la noticia de la muerte del Comandante Alfonso Cano tras una operacin militar en el departamento del Cauca. Sucesivamente fueron saliendo a la luz los pormenores del hecho, descrito como un intenso bombardeo areo, acompaado de un largo ametrallamiento, que termin dejando aislado e inerme al jefe guerrillero desde las primeras horas de la maana.

En esas condiciones, las fuerzas especiales y las tropas que desembarcaron de los helicpteros artillados terminaron por localizar al Comandante de las FARC, cuando se hallaba solitario en medio de la manigua. De eso existen numerosas evidencias, suministradas a la prensa por diversos voceros oficiales. Se sabe por lo mismo que en el momento de enfrentarse a la muerte, el martirizado lder revolucionario se hallaba en absoluto estado de indefensin.

De conformidad con la opinin de numerosos asesores y expertos en las diversas ramas del derecho internacional, en esas circunstancias, un numeroso grupo de combatientes entrenados con rigor en las ms exigentes situaciones de la guerra, vendran a conformar una fuerza absolutamente desproporcionada ante un adversario impotente. Alfonso Cano debi haber sido capturado y entregado a los jueces para ser sometido a una causa penal con arreglo a las leyes.

As lo expres con inusitado valor civil monseor Monsalve, arzobispo de Cali, unos cuantos das despus de acaecidos los hechos. Desde luego que atreverse en Colombia a levantar un dedo acusador contra las fuerzas militares y el gobierno nacional, acarrea la inmediata avalancha del sin nmero de defensores del orden establecido, encabezados como siempre por algn general furioso y el atado de comentaristas y editorialistas de la gran prensa adictos al crimen.

Para que cualquier otro ciudadano que intente drselas de hroe, recuerde de inmediato a su familia e intereses personales antes de atreverse a exponer su propia vida al peligro. Que as es este pas lo prueban millones de vctimas. Y una insurgencia armada con ms de medio siglo de historia. Los guerrilleros podemos decir lo que le est vedado a la mayora intimidada, y es por eso que procedo a referir aqu lo que comenta tanta gente en voz baja.

El Presidente Santos, tras conocerse la noticia, no slo reconoci haber llorado de felicidad al enterarse, sino que a medida que su soberbia fue creciendo, se dedic a publicar que la orden haba sido emitida directamente por l tras haber sido consultado al respecto. En su ms reciente afn por la reeleccin lo repiti muchas veces, incluido el da 13 de junio de 2014, ante las cmaras de televisin, tras lo cual escenific un arrebato de satisfaccin.

Dicen los que saben, que la primera obligacin que adquiere un Presidente al posesionarse es la de cumplir y hacer cumplir la Constitucin Nacional y las leyes de la Repblica, de las cuales hacen parte los tratados y convenios internacionales suscritos por el pas. Y expresan tambin los serios interrogantes que genera la pobre argumentacin presidencial segn la cual su orden de matar a Cano obedeci al hecho de que estamos en guerra. Reiterada confesin que excluye dudas.

Fundamentan su argumentacin en disposiciones como estas. El artculo 4 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, de obligatoria aceptacin en los conflictos armados sin carcter internacional, dispone que quien haya dejado de participar en las hostilidades tiene derecho a que se respete su persona y a ser tratado con humanidad en toda circunstancia. Expresamente prohbe ordenar que no haya supervivientes. Acaso Alfonso no lo era?

El mismo Protocolo dispone la prohibicin de matar por fuera del combate. Lo cual envuelve, por elemental lgica, dar la orden de hacerlo. Por otro lado se recuerda que el artculo 145 del Cdigo Penal Colombiano considera como un acto de barbarie rematar heridos o enfermos. Cabe incluir aqu a un solitario Alfonso Cano, superviviente de un brutal bombardeo y ametrallamiento, aturdido y casi ciego, reducido y rodeado por la enorme tropa enemiga?

Por su parte, la orden de no dejar sobrevivientes es elevada a la categora de crimen de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, artculo 8, numeral 2, literal I, que frecuentemente es invocado por el gobierno colombiano como advertencia jurdica en contra de la insurgencia, en cuanto norma de obligatorio acatamiento en nuestro pas. Y qu decir del literal VI que considera un crimen privar a un prisionero de guerra de su derecho a un juicio legtimo e imparcial?

El Presidente Santos y sus asesores debieron tomar en cuenta que la Convencin Americana de Derechos Humanos o Pacto de San Jos de 1969, slo admite la pena de muerte como consecuencia de una sentencia judicial debidamente ejecutoriada, emitida por tribunal competente, de conformidad con una ley anterior que establezca tal pena y dictada con anterioridad al delito que se imputa.

Sin mencionar la Constitucin Nacional de 1991, tan esgrimida por sus defensores como mxima consagracin democrtica en la historia de nuestro pas, en cuyo artculo 11 se consagra la inviolabilidad del derecho a la vida y la prohibicin de la pena de muerte. Es claro que tan formales garantas no pasan de ser una frmula propagandstica en un Estado que asesina oficialmente, con premeditacin y alevosa, porque esas son, segn el Presidente, las reglas del juego.

El presidente Santos ha reconocido ante la opinin pblica, que efectivamente dio la orden de ejecutar extrajudicialmente a un prisionero de guerra herido, desarmado y fuera de combate, con el que adems adelantaba conversaciones para iniciar un proceso de paz. El Presidente dirige constitucionalmente la fuerza pblica y dispone de ella como comandante supremo, asumiendo incluso si lo considera conveniente la direccin de las operaciones de guerra.

De este y los innumerables crmenes sucedidos en este pas habr que tratar en los debates que sobre el tema de vctimas se iniciar prximamente en La Habana. Los crmenes de Estado configuran una nefasta tradicin en Colombia y son ellos los causantes directos de la prolongada y heroica rebelda armada de miles de colombianos. En la Mesa nos trazamos como mxima que no llegamos a pactar impunidades. Estar Santos dispuesto a responder por su crimen confeso?

Montaas de Colombia, 27 de julio de 2014.


(*) Timolen Jimnez es Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Fuente: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/blogs/2017-quien-respondera-por-el-crimen-atroz-de-alfonso-cano.html


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