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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-08-2014

Tenemos que poner fin a la colusin con el terror

Seumas Milne
The Guardian /Justice For Colombia


El puerto de Buenaventura en Colombia es un lugar de miseria y miedo. 80% de la poblacin, afrocolombiano en su mayora, vive en una pobreza extrema y grupos paramilitares ejercen un rgimen de terror. La mayora de los productos importados llegan por va de este puerto que est siendo aumentado a gran escala para responder a las necesidades de los nuevos tratados de libre comercio.

Pero no hay evidencia de los frutos en los barrios bajos de Buenaventura, cuya depravacin es parecido al peor de Bangladesh. La mayora de la poblacin no tiene saneamiento, y muchos viven sin luz. Decenas de miles han sido despojados de su tierra alrededor de la ciudad para que haya espacio para la llegada de los megaproyectos.

Lo peor de todo viene en la forma de la violencia paramilitar que ha visto a paramilitares descuartizando a sus vctimas con moto sierras en casas conocidas como las casas de pique. La polica reconoce que en los ltimos meses una docena de personas han llegado a su fin en esta horrorosa manera, pero el obispo de Buenaventura dice que la cifra real es mucho ms alta.

El gobierno insiste en que los grupos paramilitares que han aterrorizado a la oposicin colombiana ya se han desmovilizado, pero en Buenaventura se ven conversando tranquilamente con los soldados en las calles y publican hasta su propio peridico.

A cientos de kilmetros de Buenaventura se encuentra la zona de Putumayo, un rea rural y aislado que ha sido al epicentro del conflicto entre el Estado y las guerrillas de izquierda de las FARC que ha durado 50 aos. Aqu los campesinos estn bloqueando las calles y los puentes para protestar contra la destruccin que trae la exploracin petrolera y la poltica de fumigacin area que implementa el gobierno como parte de su guerra contra las drogas.

En la vereda de Puerto Vega, los habitantes hacen fila para contar sus historias de atrocidades y secuestro por parte de la polica y el ejrcito. Una familia explica como cuatro jvenes sindicalistas fueron disparados en mayo por soldados quienes despus dijeron que fueron abatidos en combate. Los pobladores dicen que no es a la guerrilla que temen, sino a las autoridades.

Es una historia parecida en el barrio obrero de Soacha, en las afueras de Bogot, donde madres de jvenes secuestrados y asesinados por soldados quienes despus alegaron que fueron guerrilleros para poder acceder a recompensas lloran mientras explican los aos de campaa que han empeado para encontrar justicia. Calculan que ms de 3.000 civiles han sido asesinados en esta manera durante la ltima dcada.

As es la realidad de Colombia hoy. Pero por supuesto esto no es la historia contada por el Gobierno colombiano y sus promotores estadounidenses y britnicos. Para ellos, el proceso de paz con las FARC sigue hacia el xito despus de la reeleccin el mes pasado de Juan Manuel Santos y su programa de paz.

Representantes del gobierno colombiano hablan de paz y derechos humanos con un entusiasmo evanglico y con una coleccin vertiginosa de grficos. Pero, como un informe tras otro confirma, hay un abismo entre la interpretacin y la vida real. Ni las leyes se implementan ni tampoco los victimarios se sentencian. Miles de presos polticos se pudren en las crceles colombianas. Activistas polticas, sindicales, y de movimientos sociales siguen siendo encarcelados o asesinados habitualmente.

Un cuarto de milln de personas se han muerto como resultado de la Guerra colombiana, la gran mayora victimas del ejrcito, la polica, y paramilitares con nexos al gobierno. Cinco millones han sido desplazados forzosamente de sus hogares. Aunque la violencia haya bajado de su punto ms alto, los asesinatos de defensores de derechos humanos y activistas sindicales aumentaron en el ltimo ao.

Uno de los encarcelados es Huber Ballesteros, un lder sindical y de la oposicin quien fue detenido el ao pasado justo antes de viajar a Inglaterra para dar una presentacin a la Central Sindical britnica (TUC). Hablando con l la semana pasada en la crcel La Picota en Bogot, Ballesteros me dijo: No hay democracia en Colombia, nos enfrentamos a una dictadura con una cara democrtica.

Mientras tanto en La Habana, donde un proceso de paz se ha ido desarrollando desde el 2012, lderes guerrilleros de las FARC advierten que el proceso podra colapsar sin que el gobierno se comprometa a implementar reformas democrticas profundas y que deje de buscar matar a los lderes de la organizacin.

No hay duda que las FARC quieren acabar con su campaa armada, que inici como una defensa de los campesinos y ha sido utilizado para difamar y aterrorizar a la oposicin por dcadas. Pero la profundizacin de las frustraciones de las guerrillas con un proceso dictado por una de las partes y con un gobierno que se niega a responder a sus ceses de fuegos unilaterales es evidente.

Son personas como Ballesteros y las madres de Soacha quienes han atrado la solidaridad de los sindicalistas y polticos britnicos e irlandeses, llevado con frecuencia a Colombia, donde cerca de 3.000 sindicalistas han sido asesinados desde el 1986, por la ONG britnica Justice for Colombia.

Pero es el Estado colombiano y sus fuerzas militares, responsable por una guerra sucia de dcadas y la peor situacin de derechos humanos en el hemisferio, que recibe el apoyo de los gobiernos estadounidenses y britnicos. Colombia es el aliado ms cercano de Washington en America Latina, y es el tercer pas del mundo que recibe ayuda militar y en tema de seguridad de los Estados Unidos.

Es por eso que el conflicto colombiano se ha etiquetado La otra Guerra de los Estados Unidos, mutado de una lucha contra el comunismo, a una batalla en contra de la droga, a ser otra frente en la guerra contra el terrorismo. Pero Gran Bretaa tambin est muy involucrada porque fortalece lo que segn el Embajador britnico en Bogot, Lindsay Croisdale-Appleby, es una relacin institucional cercana y institucional de largo plazo con las Fuerzas Militares.

Los intereses son estratgicos y econmicos, ya que Colombia ha abierto su economa de abundante recursos a la privatizacin y la inversin extranjera. Se ha demostrado que corporaciones occidentales como la bananera estadounidense Chiquita ha financiado directamente a los paramilitares que han desplazado a campesinos de tierra de suprema calidad y han atacado a sindicalistas.

Santos representa a la parte de la lite colombiana que quiere acabar la guerra para que entre inversin corporativa de gran escala. La ola progresista que pasa por America Latina y que ha llevado a gobiernos de izquierda a tener el poder a lo largo de la regin es tambin algo menos favorable al modelo poltico de la derecha tradicional que se implementa con escuadrones de muerte.

Un acuerdo de paz con proteccin efectiva para la oposicin podra abrir la posibilidad de un cambio real en Colombia. Pero para eso se necesita apoyo para los que realmente estn luchando para ese cambio y que los poderes globales que predican sobre los derechos humanos dejen de respaldar a la represin y el terror de gran escala.

Twitter:@SeumasMilne


Original source: The Guardian Click here for original article

Traduccin Justice for Colombia: www.justiceforcolombia.org


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