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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-08-2014

Rio de Janeiro, Hait de Brasil

Juan Luis Berterretche
Rebelin


La favela no puede hoy ser entendida a partir de una serie de peculiaridades culturales -en el sentido de costumbres en comn/1- exclusivas de su proceso histrico de formacin bajo la mirada costumbrista benevolente de las lites, que le reservaron slo su derecho a hegemonizar el carnaval y proveer personal de servicio. Se debe comenzar por ubicar su actual rol en la relacin Capital/trabajo, siglo XXI.

Favelas: guetos de explotacin y discriminacin de clase y tnica


Rio de Janeiro y en especial su estructura urbana que combina gran cantidad de viviendas precarias e infraestructura miserable, con barrios de altsimo padrn edilicio y amplitud de servicios, es un territorio clave para entender la desigualdad en Brasil. Porque Rio hace aos que tiene sucesivos gobernadores y prefeitos en la avanzada de las polticas que encaminan la in-justicia, la represin, la especulacin inmobiliaria, la discriminacin tnica y econmica y en conjunto todas las medidas institucionales y corporativas necesarias para una defensa irrestricta de la continuidad de la desigualdad en el pas. Es en verdad una vidriera de todos los aspectos e interrelaciones estructurales que articulan la persistencia de esa enorme desigualdad social brasilea.

Los guetos favelados y su discriminada existencia conviven en Rio con barrios y zonas residenciales y empresariales con instalaciones privativas sociales y culturales, en forma de enclave excluyente, en reas separadas de otras partes de la ciudad por barreras sociales, econmicas y muchas veces fsicas como los condominios cerrados o los shoppings que impiden el ingreso a sectores populares.
Para el arquitecto/urbanista Roberto Rocco/2la favela no es un gueto, en lo que se refiere a los beneficios que la lite realiza con su existencia. Pero reconoce que se trata de una fuente de mano de obra barata y descalificada que se traduce en un ejrcito de domsticas, porteros, obreros de la construccin, empleados de empresas de seguridad, que se encargan de mantener el mundo de las clases privilegiadas funcionando...son parte de un modelo de desarrollo excluyente que amplifica las ganancias de la clase dominante por la va, entre otros factores, de las bajas inversiones en vivienda social, dndole prioridad a las inversiones en infraestructura para las zonas de clase alta facilitando la especulacin inmobiliaria y la consecuente acumulacin de capital.

La favela no es, estrictamente un gueto clsico de exclusin racial, cultural o religioso como aquellos donde fueron recluidos los judos en la Edad Media o bajo el nazismo. Pero Peter Marcuse/3utiliz con propiedad el trmino gueto para nombrar las zonas pauperizadas de los suburbios urbanos que combinan la exclusin de clase con la racial. Es este un fenmeno que se expande desde el siglo pasado en el mundo. Un nuevo tipo de gueto que armoniza la discriminacin tnica con la explotacin de clase. En las favelas brasileas es indudable que el factor etnia (afro descendientes) se interrelaciona con la pertenencia al ms bajo estamento de una clase social que trabaja a cambio de un salario.

La descripcin de Rocco sobre la favela y sus trabajadores descalificados se ajusta ms a la existencia favelada del siglo XX, donde habitaba un sub proletariado que a lo ms que poda aspirar era a cumplir funciones de servicios personales de la clase media y la burguesa. Con la inclusin en el mercado procesada por el lulismo de ese sub-proletariado que abarca decena de millones de nuevos trabajadores y que, en significativa medida, habitaba y habita las favelas, en la actualidad hay una explotacin de clase por el capital por la va de acceder a puestos de trabajo con remuneraciones por debajo de 2 salarios mnimos (R$ 1.448 en 2014) principalmente en el sector empresas de servicios y con alta rotacin, precarizacin, fragmentacin y menor presencia en un centro de trabajo fijo/4.

Es decir estamos frente a territorios que antes del lulismo eran habitados mayormente por ese sub-proletariado que no era parte de la relacin capital/trabajo, era discriminado, sin los derechos de los trabajadores sindicalizados y segregado por su pertenencia a la etnia afro-descendiente. Y que ahora integran el sector de la clase obrera ms pauperizado. Pero que estn en la actualidad en un proceso de conquistas indudables de nuevos derechos como trabajadores, as como etnia discriminada.

Rocco tambin afirma con justeza que existe una resistencia -entre otras acadmica- a reconocer el factor tnico como determinante en su discriminacin social. Se responsabiliza del prejuicio excluyente a la nefasta herencia del esclavismo, sin reconocer abiertamente en el pas la notoria existencia de un racismo estructural, institucional e interpersonal/5.

Es por esas caractersticas mencionadas de los nuevos empleos, -diferentes al trabajo industrial sindicalizado-, que en muchos casos la protesta contra la desigualdad explota a partir del mbito de convivencia comn, -en el espacio de la favela- antes que en el lugar de trabajo.

Aqu es importante la relacin que el Estado siempre cre con la favela lazos de clientelismo electoral y de corrupcin poltica con el dinero del trfico...En el caso brasileo, la favela es ms que nada un producto del Estado, que se excluye de asumir sus responsabilidades naturalizando la pobreza y apuntando a la favela como infeliz producto de la historia . Explicacin ideolgica que intenta exculpar al Estado de su real responsabilidad. A la vez que se demoniza a los favelados por los reinos de terror en torno del crimen organizado que el propio Estado desarroll/6.

La favela es entonces un rea donde se combina la discriminacin y explotacin de clase con la tnica. A la que se suma la incomprensin de ese proceso en los viejos sindicatos y centrales de trabajadores y movimientos sociales antiguos, as como en la mayora de la izquierda tradicional, que pretende encuadrar al nuevo proletariado en las organizaciones sociales del siglo pasado.

Dficit habitacional

Aunque en los ltimos 10 aos entre los trabajadores con ingresos familiares mayores de 3 salarios mnimos el dficit de vivienda disminuy, en los hogares con ingreso por debajo de 3 salarios mnimos el dficit aument un 3%, pasando de 70,5% en 2007 a 73,6% en 2012. La razn es que el ingreso familiar menor a 3 salarios mnimos no cumple los requisitos de la Caixa Econmica para intervenir en los planes Minha casa, Minha vida. Las medidas asistencialistas del lulismo no incluyeron predecir las demandas por vivienda que surgiran del seno de ese nuevo proletariado con ingresos familiares menores a 2 o 3 salarios mnimos. Menos an se anticiparon a las protestas callejeras que se desataran como expresin de ese dficit, que en un 81% es urbano/7.

Confiados en su control de los movimientos sociales institucionalizados, los gobiernos petistas no previeron que se multiplicaran las demandas urbanas por el acceso a los servicios pblicos y el ejercicio de nuevos derechos como el de la vivienda. Y ubicaron como centro del desarrollo nacional, la inversin estatal en obras de infraestructura que daran impulso al capitalismo brasileo y responderan a necesidades de las clases medias (profesionales y tecncratas) y de algunos estamentos ms favorecidos del trabajador industrial.

Durante los dos ejercicios que gobern Lula se lanzaron los Programas de Aceleracin del Crecimiento (PAC I y II) apuntando a realizar las obras de infraestructura que permitieran un crecimiento que transformara a Brasil en la China latinoamericana. El PAC I cont con US$ 370 mil millones para la realizacin de 2471 proyectos de infraestructura. El PAC II anunciado oportunamente antes de iniciarse la campaa electoral de 2010, destin US$ 878 mil millones con igual objetivo. Una enorme inyeccin de capital que favoreci en primer lugar a las constructoras transnacionales de capital brasileo y que -en algn caso- se derram incluso hacia las inversiones de capital de origen delictivo/8.

El gobierno de Dilma lanz un Plan Nacional de Logstica (PNL) dirigido al desarrollo de la infraestructura del pas, (autopistas, ferrovas, puertos, aeropuertos, etc.) as como a las obras necesarias para alojar mega eventos deportivos (copa de las confederaciones -2013- campeonato mundial de futbol -2014- y Juegos olmpicos de 2016). Y utiliz y utiliza ese Plan para realizar una contra reforma urbana en las principales ciudades del pas. La mayora de los desplazamientos de pobladores favorecieron una limpieza de indeseables en zonas conflictivas, donde se trat de desmontar la organizacin comunitaria. En todo Brasil fue desatendida la mejora de condiciones de vida de la poblacin carente, en los aspectos de infraestructura urbana, vivienda, saneamiento bsico, salud, enseanza y transporte. Dndole prioridad a grandes emprendimientos que desarrollaran la especulacin inmobiliaria.

Como David Harvey seala la produccin del espacio urbano se conecta cada vez ms a la forma mercadera que sirve a las necesidades de la acumulacin promoviendo cambios, exigiendo readaptaciones de usos y funciones de los lugares en la ciudad, reproducindose bajo la ley de lo reproducible. Esto es as porque hoy, cada vez ms, el espacio producido como mercadera entra en el circuito del intercambio atrayendo capitales que migran de otros sectores de la economa de modo de viabilizar la reproduccin en un momento de super-acumulacin del capital que coacciona y solapa la produccin de la ciudad como espacio-tiempos de realizacin de la vida humana. Y concluye El capital tiene la capacidad de construir las ciudades que quiera sin importarle lo que necesita la gente. Como individuos nos vemos obligados a vivir en el tipo de ciudad que el capital quiera y el tipo de ciudad que es coherente con mantener la acumulacin de capital"/9.

Mientras el tema habitacional se destac como el principal problema urbano de las capitales estaduales. So Paulo ya engendr un enorme movimiento urbano por vivienda que se organiza en el Movimento dos Trabalhadores Sem-teto (MTST) y que obtuvo con sus movilizaciones y ocupaciones de tierra un importante reconocimiento en la votacin por los vereadores (ediles) de la ciudad, del Plano Director de So Paulo (julio 2014), con la aprobacin de varias Zonas Especiales de Inters Social (ZEIS), para construccin de viviendas populares.

Este factor de dficit de vivienda, aumenta en Rio de Janeiro la situacin de rebelin social de las favelas. Rio es la segunda ciudad del pas con el mayor dficit habitacional en nmeros absolutos. Slo pierde para So Paulo. Pero en relacin a la poblacin, So Paulo tiene casi el doble de pobladores, tanto en la ciudad propiamente dicha, como en su regin metropolitana/10.Lo que convierte al dficit habitacional carioca en el peor del pas, en relacin al nmero de pobladores. Dficit que se concentra en las favelas.
En Rio, en la medida que el problema de la ausencia o psima calidad de las viviendas se fue transformando en consciencia de necesidad/11, la comprensin sobre la desigualdad social se hizo ms evidente y la lucha popular por viviendas se intensific. Es lo que pas en los ltimos aos. Pero alcaldes -prefeitos- y gobernadores estaduales con apoyo federal han dado prioridad a una poltica de seguridad exacerbada contra las poblaciones de favela, con el objetivo de entorpecer la organizacin y el desarrollo de las luchas de los sin-techo y de las poblaciones sin los servicios pblicos indispensables del Estado.

De cualquier forma la situacin social de Rio por la complejidad y diversidad de factores que la enervan se ha convertido en algo explosivo. Durante junio y julio de 2014 el escenario de las luchas populares en la ciudad se ha visto agravado por la persecucin policial y judicial contra los activistas de las protestas. A la vez que, a la tradicional violencia mortfera de policas militares y milicias para-policiales se sum una intervencin de las fuerzas armadas en varias favelas y el intento judicial de instalar una abierta ilegalidad de estado de excepcin en su territorio. Lo que ha transformado a la ciudad en un escenario de intolerancia institucional negativa, ejemplar para todo Brasil.

Amarildo: los crmenes de la PM y de la polica pacificadora


La notoriedad nacional e internacional que tom el caso del trabajador de la construccin Amarildo de Souza, de la favela Rocinha, desaparecido en las manos de la polica carioca, llev a tomar consciencia de una situacin delictiva de las fuerzas de seguridad del estado: el aumento de los desaparecimientos estaran encubriendo crmenes policiales.

La investigacin presionada por la movilizacin social, termin comprobando que Amarildo fue torturado dentro de la propia sede de la Unidad de Polica Pacificadora (UPP) y que ese mtodo era utilizado all con asiduidad. Las tcnicas usadas incluan asfixia con saco plstico, choque elctrico en la planta de los pies mojados y submarino en el inodoro. Es decir no se las puede definir con el eufemismo estadounidense de tcnicas innovadoras de interrogatorio. Lo de las torturas de la polica pacificadora volvi a revelarse el mes pasado: la organizacin Human Rights Watch denunci el 28 de julio, 64 casos de torturas y violaciones de los derechos humanos en Brasil en los ltimos cuatro aos y afirm que por lo menos 150 policas estaran implicados. La denuncia est en un comunicado enviado por el grupo de DDHH a presidencia y al Congreso Nacional/12.

Durante los dos ejercicios de Srgio Cabral como gobernador, los tipificados como auto de resistncia en la jerga policial, es decir muertes de civiles en falso enfrentamiento con la polica que eran la norma, han pasado a ser desaparecimientos forzosos. Y las muertes por arma de fuego son clasificadas ahora como muertes violentas de causa indeterminada, para prescindir en ambos casos de cualquier investigacin. Existen varias investigaciones independientes que concluyen con igual convencimiento sobre este tema/13.
El abogado Joo Tancredo, que representa a la familia de Amarildo en la Justicia, define con claridad esta tesis:

Para m, el auto de resistncia hoy en da se ha tornado desaparecimiento. Por qu? El auto tiene los nombres de las vctimas y de los policas militares que intervinieron en el hecho. Si la familia de la vctima exige que se investigue y la sociedad civil se moviliza, el PM que ejecut cobardemente va a la crcel. Para el gobierno del estado es mejor no ser evidenciado por la brutalidad policial. El aumento de los desaparecidos tiene sentido en esta idea. Desaparecimiento no tiene autor evidente/14.

En el perodo 2007-2013 bajo el mandato de Srgio Cabral como gobernador de Rio, las propias estadsticas del Instituto de Seguridad Pblica (ISP), vinculado a la Secretara de Seguridad Pblica, registraron casi 35 mil desaparecidos!! Un verdadero genocidio que supera las desapariciones en Chile bajo Pinochet y lo asemeja con la actuacin de la junta militar argentina. Si lo relacionamos al tamao de las poblaciones, el estado de Rio y Chile son similares, pero Argentina tiene ms de 2 veces y media la poblacin del estado brasileo. Al ritmo de desapariciones hasta el ao pasado, al fin de 2014 los desaparecidos sumaran ms de 40 mil. Lo que hace imperioso la instalacin de una Comisin de Verdad sobre desaparecidos que realice una amplia y exhaustiva investigacin independiente. De acuerdo al mismo ISP, en 22 aos las desapariciones sumaron 92 mil personas/15.

Rio: prototipo de desigualdad e injusticia


Segn el censo demogrfico de 2010 de IBGE, el primer mundo y el ltimo conviven en los 1.182 kilmetros cuadrados del estado de Rio de Janeiro. Los barrios nobles poseen un ndice de Desarrollo Humano (IDH) entre los diez primeros mayores IDH del mundo. Gvea tiene el mismo IDH que Australia (0.970) que est en segundo lugar en el listado mundial. Leblon tiene un IDH (0.967) mayor que Canad (0.966) que ostenta el cuarto lugar en el mundo. Jardim Guanabara iguala en IDH a Suecia (0.963) que se ubica sptimo e Ipanema con 0.962 supera a Francia (0.961) octavo en el ranking, Lagoa iguala a Finlandia (0.959) dcimo en el mundo.

En el extremo opuesto tenemos el barrio de Manguinhos con un IDH (0.726) menor que el de Mongolia (0.727) que se ubica en el lugar 115 en el mundo; el Complexo do Alemo con un IDH (0.711) menor que Guinea Ecuatorial (0.719); la favela de Rocinha con un IDH (0.735) menor que los Territorios Palestinos y Jacarecinho con un IDH (0.731) menor que el de Honduras (0.732).

De acuerdo al censo de 2010 el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) en los denominados por el Instituto aglomerados subnormales en trminos de vivienda (con que se nombra a todos los asentamientos irregulares conocidos como favelas, invasiones, grotas, baixadas, comunidades, vilas,, ressacas, mocambos y palafitas, entre otros) dan la pauta de la desigualdad social en las ciudades. La explicacin no es difcil: en Rio de Janeiro la cuarta parte (25,6%) de la poblacin favelada tiene un rendimiento nominal domiciliar de hasta medio salario mnimo. Mientras que en el resto de la ciudad ese porcentaje baja a poco ms del 10% (10,7%).

En educacin slo el 1,2% de la poblacin favelada de Rio contaba con curso superior, mientras que en el resto de la ciudad ese porcentaje alcanzaba casi el 15%. En las viviendas de las favelas tambin hay menos electrodomsticos y menor conexin a Internet, por domicilio.

La circulacin interna en las favelas se realiza a travs de una infraestructura vial precaria de escaleras, callejones, callejuelas y rampas. La regin metropolitana de Rio de Janeiro fue la segunda -despus de la regin metropolitana de Sao Paulo en concentracin de domicilios en aglomerados subnormales con el 14,9% del total nacional. En la regin metropolitana de Rio de Janeiro estaban las mayores cantidades de viviendas en fajas laterales de dominio de ferrovas y carreteras/16.

La ocupacin militar de las favelas de Rio


Definitivamente, las comunidades miserables de Hait sirvieron de laboratorio para la actuacin del ejrcito brasileo en las favelas de Rio. As como la Unidades de Polica Pacificadora (UPPs) sirven como modelo para la organizacin de la polica haitiana. En mayo de 2013 el gobernador Sergio Cabral y el primer ministro haitiano Laurent Lamothe firmaron un acuerdo de intercambio de profesionales y de experiencias entre la polica militar de Rio y la polica nacional de Hait en el tema de intervencin policial en las comunidades pobres. En enero de 2014 lleg a Rio un grupo de policas haitianos, para interiorizarse sobre la metodologa de las UPPs y la estructura de la polica militar fluminense. La nueva polica nacional de Hait que impone la intervencin de la Minustah bajo direccin de Brasil, est siendo desarrollada con todos los vicios y transgresiones a los derechos ciudadanos, de las unidades expertas en represin como el Batalln de Operaciones Policiales Especiales (BOPE). La intermediaria entre ambas fuerzas policiales es una ONG,Viva Rio no Hait, cuyo coordinador Ubirat Angelo explic: el proceso de pacificacin engloba la decisin del gobierno, cual rea ser pacificada, ah entra la inteligencia policial, despus entran las tropas de intervencin, por eso los visitantes conversan con esos tres sectores inicialmente/17.

Morro da Providencia. En 2008 cerca de 200 hombres del ejrcito, del Comando Militar del Este, ocuparon el Morro da Previdencia en la zona portuaria de Rio supuestamente para garantizar obras de un proyecto denominado Cimento social. En este morro lo principal era favorecer el proyecto del Porto Maravilha, donde algunas familias fueron removidas por la construccin de un telefrico, y otras sin ninguna justificacin desde reas sin riesgo...Esos procesos de remociones dan prioridad a las inversiones empresariales y los negocios y se realizaron a travs de un proceso decisorio autoritario, cerrado, no transparente y simblicamente muy violento/18.En 2014, en una confraternizacin con empresarios de la construccin, donde participaba Carlos Carvalho que remodela la zona portuaria, el prefeito de Rio, Eduardo Paes (PMDB) se vanaglori: Hoy, el puerto es el lugar de la ciudad donde hay ms especulacin inmobiliaria, y gracias a dios es as.

Bajo la ocupacin, en junio de 2008, once militares participaron de la muerte de tres jvenes supuestos minoristas de traficantes de dicho morro, que fueron entregados a narcos antagnicos del Morro da Mineira para ser torturados y muertos. En realidad los militares vendieron los jvenes por R$ 60 mil a los traficantes de la Mineira. Los hechos se hicieron pblicos porque una moradora de la favela salv a uno de los jvenes que estaban siendo golpeados por el grupo de militares introducindolo en su casa y trancando la puerta.

A raz de este acontecimiento que se hizo pblico intervino una jueza de Rio que dictamin la salida de los militares de la favela. Pero una instancia judicial superior decidi mantener los militares en el morro. Los efectivos del ejrcito se redujeron a 60 y la justicia estableci restricciones a su actividad. Segn decisin judicial los militares no podran ejercer actividades que impliquen seguridad pblica o garanta de la ley y el orden, ya que dichas funciones les estn impedidas constitucionalmente. Este fue el primer intento de ocupacin militar de una favela bajo gobierno de Lula, para crear un antecedente en ese sentido. La importancia de esta operacin experimental y su descrdito fue tal, que el propio presidente Lula se entrevist con las madres de los jvenes asesinados y se comprometi a indemnizar a las familias, para detener cualquier accin judicial.

Complexo do Alemo
. El ltimo fin de semana de noviembre de 2010 todas las cadenas de TV de Brasil realizaron una cobertura espectacular de la invasin a algunas favelas de Rio por centenares de policas militares (PM) de elite -el varias veces acusado de corrupcin, Batalln de Operaciones Especiales (BOPE) y 800 infantes de marina del Comando Militar del Este -integrantes de las Fuerzas Armadas con experiencia de represin a civiles en Hait- apoyados por helicpteros y vehculos blindados. La operacin comenz el jueves 25 de noviembre en la Vila Cruzeiro y continu el domingo 28 sobre el Complexo do Alemo que rene 13 favelas donde viven unas 150 mil personas. No hay cifras oficiales sobre la cantidad de muertos que dej como saldo la accin represiva. Ni imgenes de TV sobre detalles del operativo.

Durante la operacin en la Vila Cruzeiro y el Complexo do Alemo el Batalln de Operaciones Especiales (BOPE) derrumb puertas y allan viviendas y destruy o sustrajo pertenencias de los pobladores sin ninguna clase de autorizacin o fiscalizacin judicial. Ni la Orden de Abogados de Brasil (OAB) ni su filial de Rio de Janeiro reclamaron por este obvio abuso del truculento BOPE. Tampoco la Justicia hizo declaraciones al respecto. Se considera axiomtico que los favelados no tienen los mismos derechos que los dems ciudadanos.

Comencemos por decir que en los tres aos anteriores a la intervencin, la polica y los servicios del Estado no ingresaron para nada en dichas favelas. Despus de tres aos sin aparecer, el lunes 29 de noviembre de 2010 se realiz all una escenificacin de recoleccin de residuos y de basurales para las cmaras de TV. Escuelas, guarderas y policlnicas o no existen o son insuficientes. La TV Record News combin escenas anodinas del operativo policial-militar con llamamientos a los favelados para que aplaudieran la intervencin de los uniformados y publicidades de la faja abdominal abdomil que le garantiza la prdida instantnea de 8 centmetros de cintura. En una modesta guardera para nios de 2 a 5 aos estos ya haban aprendido que, al sentir los primeros disparos de una balacera, deban concurrir a un pequeo saln resguardado y cobijarse bajo una mesa. Para que no nos maten explica con conviccin un nio de 3 aos.

El territorio invadido posea poco ms que el 7% de la poblacin de las favelas y no mucho ms del 1 o 2% de la superficie favelada de la ciudad. Pero la accin fue presentada como una batalla definitiva contra el narcotrfico de Rio. Las fuerzas permanecieron en dichas favelas por casi 2 aos.

Favela Santo Amaro. Desde mayo de 2012, cerca de 150 hombres de la Fora Nacional/19ocupan la favela de Santo Amaro, en Catete, Zona Sur de Rio de Janeiro. Para este comando de la Fora Nacional el 21/07 pasado hubo una ampliacin del plazo de permanencia por ms 90 das para continuar dando un supuesto apoyo al programa Crack, Possvel Vencer. Y ya se prev que su actuacin podr ser prorrogada nuevamente/20.

Complexo da Mar.Desde abril de 2014, 2700 hombres del ejrcito y la marina substituyeron parte del efectivo de la polica militar de la Mar en la zona norte de la ciudad. El Complexo da Mar es un denso territorio donde viven ms de 130 mil personas, auto-organizadas en diecisis favelas. Estas existen porque sus moradores resisten la exclusin de la ciudadana y luchan por el derecho a ser parte de la ciudad de Rio de Janeiro. Para la gente del asfalto el Complexo da Mar, es un lugar peligroso pero de pasaje obligatorio pues arterias fundamentales de movilidad urbana en Rio -Avenida Brasil, Linha Vermelha y Linha Amarela- cruzan o circulan el territorio. La ocupacin prevea facilitar el desplazamiento de turistas por la Copa del mundo. Es simblico que el Complexo de Mar sea tambin conocido como Faja de Gaza. El 31/07 la presidente Dilma Rousseff posterg hasta el 31/10 la permanencia del ejrcito y la marina en el Complexo da Mar.

Fuerza Nacional de Seguridad. Para la Copa del Mundo de 2014, la Fora Nacional aport un efectivo de ms de 10 mil hombres para actuar en el control y la represin de protestas populares en las 12 ciudades sede de la Copa. En Rio de Janeiro, el pedido de prrroga para el mantenimiento de los efectivos en la ciudad, hecho por el gobernador Luiz Fernando Pezo (sustituto de Srgio Cabral por la campaa electoral de este ao). Pezo argument que prev aumento de las demandas populares durante el perodo electoral, lo que va a requerir la movilizacin de todo el efectivo de la Polica Militar (PM). O sea las razones para el mantenimiento de la tropa son abiertamente represivas.

Para el Ministerio de Defensa, movimientos sociales son amenazas


Luego de un cierto ocultamiento gubernamental de las disposiciones que se estaban tomando para defender el Mundial de Futbol, a fines de enero de 2014 se dio a conocer la Portara 3.461 del Ministerio de Defensa, con la firma del ministro Celso Amorim. El documento considera a los movimientos sociales como fuerzas oponentes y amenazas (p. 15) del Ejrcito, Marina y Aeronutica en las situaciones en que stas fueran accionadas para garantir la ley y el orden, e iguala a las organizaciones populares con cuadrillas contrabandistas y facciones criminosas.

El texto est redactado en un lenguaje que recuerda la antigua Doctrina de la Seguridad Nacional de los golpistas del 64. Empleo de inteligencia y contra inteligencia y el uso progresivo de la fuerza (p. 26). Incluye entre las principales amenazas (p. 29) el bloqueo de vas pblicas, disturbios urbanos, invasin de propiedades e instalaciones rurales y urbanas y hasta mismo la paralizacin de actividades productivas. Es decir en el documento inquisidor militar no se excluyen de la condena ni las huelgas de los trabajadores/21.

La Comisin Nacional de Verdad (CNV) haba solicitado a los comandos de las tres fuerzas -ejrcito, marina y aeronutica- que informaran a la Comisin sobre el uso ilegal de siete unidades militares, durante la dictadura cvico/militar/empresarial de 1964 a 1985. En esos locales fueron torturados por lo menos 15 personas y muertas por lo menos 9. Sin embargo, en las respuestas enviadas en junio/2014 a la Comisin, los comandantes presentaron tres informes similares sobre el histrico de dichas unidades, afirmando que ellas siempre actuaron de acuerdo con las leyes de la poca, sin hacer referencia a casos de muerte o tortura. Argumentaron que mucha documentacin fue destruida y concluyen que no existen registros formales que permitan comprobar el uso de las instalaciones militares para fines diferentes de los que tenan prescripto.

Las Comisiones de Verdad en todo el pas comprobaron hechos vergonzosos de tortura y muerte, en el combate militar a un supuesto enemigo interno. Las respuestas de las tres fuerzas muestran que el actual comando de las FFAA brasileas se niega a colaborar en el esclarecimiento de los crmenes cometidos por sus integrantes.

Los informes del comando de las FFAA fueron desmentidos al mes siguiente (31/07/2014) por las declaraciones del juez militar jubilado Nelson Guimares que admiti en su exposicin ante la CNV que haba tortura sistemtica en las prisiones ilegales en dependencias militares y policiales durante la dictadura. Y que tanto el sindicalista Olavo Hansen, como el lder estudiantil Paulo Vannuchi y Frei Tito murieron a consecuencia de la tortura/22.

Pero existe un hecho incontrovertible que ubica a los comandantes en jefe de las tres armas en actitud de prepotencia y desprecio a la legalidad democrtica. Uno de los 7 centros de represin mencionados por la CNV en su requerimiento de informes a las FFAA, es el conocido DOI-CODI del II ejrcito, ubicado en la calle Tutoia de la capital paulista. En l fue torturada durante 22 das una estudiante mineira integrante del grupo guerrillero VAR-Palmares, conocida bajo el seudnimo de Estela. Cuatro dcadas despus, la ex-guerrillera Dilma Vana Rousseff, es hoy, como presidente de Brasil, supuesta comandante suprema de las fuerzas armadas. Y stas, vuelven a ultrajarla con su respuesta a la CNV.

Es indudable que estos hechos son el resultado de la impunidad de sus crmenes bajo la dictadura; su desempeo como invasores y represores del pueblo haitiano, en la Minustah, y las nuevas funciones que les est adjudicando el gobierno petista en la ocupacin y control de la seguridad en la favelas de Rio de Janeiro.

Inocentes pueden acabar como reos de la justicia militar /23


Cualquier persona acusada de cometer un crimen contra militares o instituciones militares federales puede ser juzgada por un tribunal militar de la Unin, sin necesidad de validez de pruebas por la justicia civil. Con la ocupacin militar de espacios urbanos, esta posibilidad se acrecienta ya que se convive con posibles abordajes autoritarios de militares que se sienten protegidos por un sistema de justicia en el cual ellos mismos estn en el comando.

Y esto no es slo una posibilidad remota. En el Complexo do Alemo en 2011, una joven de 22 aos sali de la casa para ayudar un vecino que peda socorro en cuanto era forzado a entrar en un jeep por militares. Sin entender que pasaba pidi para hablar con l y la respuesta fue un tiro de bala de goma en el pie izquierdo. En el hospital donde la atendieron por tres dedos quebrados, se recus a firmar un papel en blanco presentado por un oficial militar. La detuvieron acusndola de desacato y otros crmenes. En primera instancia, 5 jueces -cuatro militares y un civil- la condenaron a 6 meses de prisin en base al testimonio de militares del mismo agrupamiento que la agredi. Como apel fue nuevamente juzgada por el superior tribunal militar -integrado por 15 jueces, 10 militares y 5 civiles- que mantuvo -como era obvio por su integracin- la decisin de primera instancia. Los militares agresores contaron con total impunidad. Al contrario de la justicia federal no existe un tercer recurso antes del supremo.

Es decir, a pesar de vivirse en una democracia, cualquier ciudadano civil puede transformarse en reo por acusacin de desacato o cualquier otra forma de supuesta insubordinacin a las fuerzas armadas. La procuradura general de la repblica entr con una accin en el supremo tribunal federal (STF) para terminar con ese absurdo. Los militares no quieren perder ese privilegio e intentan presionar a los ministros del STF. Sin embargo la sociedad civil ya comenz a organizar una gran movilizacin para desmilitarizar la justicia.
La ocupacin militar en las favelas favorece crecimiento de las milicias.

En el caso del Complexo da Mar, la ocupacin militar, tiene un comportamiento permisivo respecto a las milicias parapoliciales. El enemigo interno es el traficante y no el policial corrupto que integra las milicias. La tarea de pacificar se centra en las reas de influencia del trfico. Existe un proceso de decadencia de los comandos narcos que se inici en 1990 con la cada del precio de la cocana y el surgimiento y popularizacin de drogas sintticas como ecstasy o LSD comercializados fuera de la favela por traficantes de clase media y media alta. Indirectamente la accin estatal fortaleci las milicias pues su territorio no fue casi alterado desde el inicio del programa de pacificacin.

Existen estimativas de que en cuanto las tres fracciones del trfico (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) controlan hoy el 40,6% de todas las favelas cariocas, las milicias dominan el 42,5% del rea total. Pero con el agravante, que el trfico posee los mercados consumidores menos dinmicos y de ms bajo poder adquisitivo. La expansin de las milicias fue muy agresiva por el consentimiento e incluso el estmulo del propio Estado, como solucin alternativa a los narcos.

El favorecimiento a las milicias pudo comprobarse desde el alcalde (prefeito) de Rio de Janeiro Csar Maia (1993-1996, 2000-2003 y 2005-2008) que apoy a los grupos de milicias y lleg a llamarlas autodefensas comunitarias y un mal menor que el trfico asegurando en 2004 que el fenmeno de las milicias era una reaccin natural de los habitantes de las favelas. La gobernadora del estado Rosinha Matheus (2003-2006) no reconoca la existencia de las cuadrillas parapoliciales. El gobernador Sergio Cabral cont con los jefes de las milicias en los actos de su primera campaa electoral de 2006. Reelecto en 2010 por la coalicin que lideraba Lula, anunci al inicio de su gobierno que reprimira las milicias. Pero luego, tanto la polica como el Ministerio Pblico de Rio de Janeiro declararon que la integracin a una milicia no constituye un delito criminal y la expansin de los parapoliciales se sigui extendiendo. Y Eduardo Paes, actual prefeito carioca, enumer y coloc en Internet durante su candidatura al gobierno del estado, en 2006, los benefcios que los milicianos aportaban a sus territorios en Jacarepagu.

Sin duda los paramilitares se debilitaron con la CPI de las milicias realizada en Rio en 2008, donde se identific sus principales reas de actuacin y sus estrategias para lucrar, posibilitando la acusacin formal y la casacin de muchos agentes pblicos de seguridad y polticos envueltos con las cuadrillas. Esto los ha llevado a hacer menos visible su presencia y evitar demostraciones de fuerza pblicas. Actuando ahora en centros de tortura clandestinos y casas de muerte con desaparecimiento garantido de cuerpos/24.

Primeros presos polticos del siglo XXI en Brasil


El ministro de Justicia Jos Eduardo Cardozo, en la misma semana del sospechoso atentado con una bengala contra el camargrafo de la TV Bandeirantes Santiago Andrade y el brote histrico represivo promovido por los medios para aprobar una ley anti-terrorista auspiciada por la FIFA, anunci que presentara a la presidencia un proyecto para reglamentar las manifestaciones. En l se agravan las penas para crmenes cometidos en protestas callejeras.

Cuando se pretende tipificar o agravar las penas para delitos cometidos en protestas callejeras, el objetivo es amedrentar a quienes concurren en forma pacfica para que dejen de ejercer su ciudadana.

Jos Mariano Beltrame, titular de la Secretara de Seguridad Pblica de Rio de Janeiro, con responsabilidad por su cargo en la expansin explosiva de las milicias y de la inmensa burbuja de desapariciones forzadas en el estado carioca, concurri luego del fallecimiento de Andrade a la comisin de Constitucin y Justicia del Senado a entregar un proyecto de ley que tipifica desorden como crimen.

En el proyecto de Beltrame se declara delito con pena de 2 a 6 aos de reclusin y multa por causar desorden en lugar pblico o accesible al pblico...con el pretexto de protestar o manifestar desaprobacin o descontento con relacin a actos o situaciones con los cuales no se concuerde Es decir se tipifica disentir y protestar como delito, con pena de crcel.

Y se responsabiliza a todos los manifestantes por cualquier delito que se cometa en una protesta. Las penas pueden llegar a ser de 6 a 12 aos de reclusin y multa, por la simple participacin en la protesta, en caso que haya una muerte en la reunin o manifestacin pblica. Un proyecto que intenta impedir no slo el derecho a manifestar sino tambin el derecho al descontento.

An sin haber sido aprobado, este proyecto se ha comenzado a aplicar en Ro de Janeiro desde la vspera del ltimo partido de la Copa del mundo. En una operacin denominada Firewall la polica ha salido a detener a los que identifica como activistas de las protestas, los lleva ante la justicia y sta los condena a prisin temporaria sin cualquier indicio o pruebas que puedan comprobar las acusaciones. De esta forma se realizaron ms de dos decenas de detenciones. Varios diputados federales (Jandira Feghali - PCdoB; Chico Alencar e Ivan Valente - Psol; etc.) han acusado al juez Flvio Itabaiana de Oliveira Nicolau por actuar como si se tratara de un Estado de Excepcin y accionaron el Consejo Nacional de Justicia contra la decisin judicial. Por eso estas detenciones ya son denunciadas como los primeros presos polticos bajo presidencias petistas.

La activista, abogada Eloisa Samy, 45 aos, fue presa en Rio de Janeiro acusada de hacer reuniones en su casa y de abandonar su actividad profesional para intervenir en las protestas. En base a esos delitos se le tipific formacin de cuadrilla por la polica civil carioca. Fue detenida en el presidio de Bang, liberada por un habeas corpus y vuelta a procurar por un nuevo pedido de prisin. Samy gan atencin al huir de la detencin y pedir asilo en el consulado de Uruguay. Lo que abri un debate sobre la vigencia del estado de derecho democrtico en Brasil.

Para ella el pas ya no es de hecho un estado de libertades democrticas. Y agrega: quien experimenta esa situacin todos los das son los favelados, las comunidades carentes...Yo vivo en una clase privilegiada, por eso tengo el deber de reconocer las personas ms vulnerables en ese sentido. Es mi responsabilidad, por los privilegios que tuve, que recib por los estudios, por el color de mi piel y por los salarios que gano.

La trascendencia de estos hechos obligaron al presidente del PT Rui Falco, al secretario de Movimientos Populares, Bruno Elias y al coordinador de Derechos Humanos del partido, Rodrigo Mondego a realizar una declaracin donde consideran dichas prisiones como violacin de derechos y libertades democrticas.

Pero lo cierto es que estas graves transgresiones policiales y judiciales en Rio son resultado de una poltica gubernamental, que desde hace algunos aos incentiva la compra de armamentos, proyectiles y tanquetas contra movilizaciones callejeras, (principalmente al estado genocida de Israel); cre y desarroll cuerpos de lite para agredir y perseguir todo tipo de protestas populares. Ha hecho intervenir en la represin a las fuerzas armadas no slo en aspectos puntuales -como el resguardo de la licitacin internacional de la cuenca de Libra, del pre-sal sino tambin en invasiones y ocupaciones de favelas en la capital carioca.

En Ro de Janeiro 2010 el PT apoy la reeleccin del gobernador Sergio Cabral Filho, que bajo su ejercicio impuls la expansin de las milicias parapoliciales y las desapariciones forzosas; y la eleccin del actual prefeito Paes (PMDB) un candidato de las grandes constructoras, que no se avergenza de hacer declaraciones pblicas a favor de la especulacin inmobiliaria en la ciudad y que tambin ensalz las ventajas de la expansin de las milicias en Rio.

***

Como podemos apreciar por todo este panorama, la intervencin militar en Rio de Janeiro es algo que ha contado con la ayuda y la anuencia del gobierno petista. Y su objetivo es aplastar el movimiento de demandas de un proletariado incipiente y una poblacin ultra-explotada y discriminada por su pertenencia tnica.

La accin conjunta de gobernantes estaduales y municipales aliados a las policas, los parapoliciales, los militares y la justicia, ha significado una enorme prdida de derechos y libertades en la poblacin ms pobre de la ciudad. Con las justificaciones de la seguridad y el gran embuste de la ficticia guerra contra las drogas.

Los militares que ocupan las favelas en su gran mayora vienen de reprimir a la poblacin pobre de Hait. Las fuerzas brasileas de la Minustah se ejercitan en el pequeo pas ocupado hace 10 aos por orden del imperialismo, para continuar desplegando su oficio represor en las favelas de Rio de Janeiro. Y la naciente polica haitiana es entrenada por la polica militar carioca y sus batallones especiales de psimos procederes como el BOPE. Por todo esto la capital carioca se est transformando en la Hait de Brasil. Y la intervencin en Hait, como ejemplo de ultraje al derecho de autodeterminacin de los pueblos, es una afrenta para todo el continente.

Notas


1/Edward Palmer Thompson, Costumbres en Comn Barcelona, Crtica. Grijalbo 1995.

2/Roberto Rocco, Favela: Gueto ou enclave? Correio da Cidadania - Columna Cidade Aberta. Rocco es arquitecto-urbanista y doctorado por la Universidad Tcnica de Delft, Holanda. http://www.correiocidadania.com.br/antigo/ed388/cidadeaberta.htm

3/Peter Marcuse The Ghetto of Exclusion and the Fortified Enclave Columbia University 1997.

4/J.L.B. Brasil: Estrategia del lulismo para el prximo decenio Rebelin.org Julio 2014. http://www.rebelion.org/docs/187283.pdf

5/ONU: negros ainda sofrem racismo estrutural institucional e interpessoal Instituto Humanitas Unisino 20 12 2013.
Un grupo de trabajo sobre afro-descendientes de la ONU en una visita de 10 das a Brasil, elabor un informe para presentar en el Consejo de Derechos Humanos de ONU en setiembre de 2014. All se afirma que en Brasil existe racismo estructural, institucional e interpersonal; que existe falta de oportunidades para la poblacin afro-descendiente en las reas de educacin y de trabajo; que a pesar de que el grupo de personas de ascendencia africana son ms de la mitad de la poblacin brasilea permanecen sub-representadas o invisibles en la mayora de las estructuras de poder, en los medios de comunicacin y en el sector privado; y destac que adems existe situacin de desventaja para los negros en la reas de vivienda, salud e infraestructura. http://www.ihu.unisinos.br/noticias/526844-onu-negros-ainda-sofrem-racismo-estrutural-institucional-e-interpessoal

6/Roberto Rocco, Ibd.

7/Carolina Gonalves. Dficit habitacional cai 12% em 5 anos, aponta estudo do Ipea Rede Brasil Atual 18 05 2013. http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/05/deficit-habitacional-cai-12-em-5-anos-6300.html

Gabriel Brito y Paulo Silva Junior O dficit habitacional no Rio gritante; vai provocar mais lutas e mobilizaes Correio da Cidadania 28 04 2014. http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9557:manchete280414&catid=63:brasil-nas-ruas&Itemid=200

8/La constructora Delta que obtuvo la participacin en la construccin de varios estadios tena como socio oculto al bicheiro Carlinhos Cachoeira (banquero de mquinas caza-nquel ilcitas) relacionado amistosamente a todo el espectro partidario del Congreso brasileo y a varios gobernadores estatales.

9/Intervencin de David Harvey en el marco del VI Encuentro Internacional de Economa Poltica y Derechos Humanos, organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar entre el 4 y 6 de octubre de 2012, en Buenos Aires.

10/Ana Conceio Dficit habitacional cai no geral, mas cresce na baixa renda, diz Ipea Valor Econmico, 25 11 2013. Esta cada del dficit habitacional no se manifest en los domicilios con renta familiar menor a 3 salarios mnimos. En este sector de la poblacin el dficit de vivienda aument. http://www.valor.com.br/brasil/3350444/deficit-habitacional-cai-no-geral-mas-cresce-na-baixa-renda-diz-ipea#ixzz38fDhLbf9

11/Las clases respiran desde el momento en que, al situarse de desigual manera en la gnesis de riqueza, en cuanto a los medios de produccin fundamentales, y respecto al consumo de excedente, sus intereses son distintos, aunque las facciones involucradas, en particular, las clases dominadas, puedan no ser conscientes de esos intereses... la construccin de una conciencia en torno a los intereses de clase por una clase, es una elaboracin que llega ms tarde, pero que supone la existencia de la clase que arribar a esa conciencia. Edgardo Adrin Lpez, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, Salta capital, provincia de Salta, Argentina. http://www.fisyp.org.ar/media/uploads/thomp17.pdf

12/Human Rights Watch denuncia torturas no Brasil e acusa 150 policiais Gazeta do Povo 28 07 2014. http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1487151

13/Fabio Arajo. Das Consequncias da Arte Macabra de Fazer Desaparecer Corpos - Violncia, sofrimento e poltica entre familiares de vctima de desaparecimento forado. http://es.scribd.com/doc/131456664/Tese-Fabio-Versao-Final

Daniel Cerqueira. Mortes Violentas No Esclarecidas e Impunidade no Rio de Janeiro Instituto de Investigacin Econmica Aplicada (IPEA). Enero 2012. Michel Misse, Quando a polcia mata. Libro ISBN: 9788577291380, 196 pginas 2013. http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=15129

Alba Zaluar y Christovam Barcellos Sade Urbana Homicdios no entorno de favelas do Rio. IESP - Universidad Estadual de Rio de Janeiro y Fiocruz. Ver resea en link: http://www.icict.fiocruz.br/content/pesquisa-realizada-pelo-icict-avalia-novos-rumos-para-politica-de-seguranca-do-rio

Igncio Cano No Sapatinho A evoluao das milicias no Rio de Janeiro 2008-2011 Versin PDF. http://br.boell.org/downloads/no_sapatinho_lav_hbs.pdf

14/Giuliander Carpes. Desaparecidos y Esquecidos. Brasil de Fato 27 02 2014. http://www.brasildefato.com.br/node/27590

15/CPI do Amarildo: deputado prope comisso para investigar desaparecimentos no Rio. SRZD 04 10 2013. http://www.sidneyrezende.com/noticia/21785

16/Censo 2010 mostra as caractersticas dos aglomerados subnormais e suas diferenas das demais reas das ciudades - IBGE 06 11 2013. http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2508

17/Flavia Villela. Policiais haitianos esto no Rio para conhecer programa das UPPs Agncia Brasil 29 01 2014. http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-01/policiais-haitianos-estao-no-rio-para-conhecer-programa-das-upps

18/Snia Fleury Megaeventos y violacin de los derechos humanos en Rio de Janeiro. Instituto Humanitas -Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 28 05 2013. http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/520433-entrevista-especial-com-sonia-fleury

19/La Fora Nacional de Segurana Pblica con sede en Brasilia (Distrito Federal) fue creada en la primera presidencia de Lula y depende de la Secretaria Nacional de Segurana Pblica, del Ministerio de Justicia. El comando se comparte entre la Polica Federal y la Polica Militar y tiene una unidad de lite denominada batalln especial de despliegue rpido. Al parecer como las nutridas y variadas fuerzas represivas federales y estaduales no eran suficientes el gobierno de PT agreg un nuevo escuadrn.

20/Fora Nacional permanecer no Morro do Santo Amaro por mais 90 dias Agncia Brasil 21 07 2014. http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/forca-nacional-permanecera-no-morro-do-santo-amaro-por-mais-90-dias

21/Portaria 3461 do Ministrio da Defesa Criminalizao das ruas? EcoDebate e Instituto Humanitas Unisinos IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos Unisinos, em So Leopoldo, RS. http://www.ecodebate.com.br/2014/01/22/portaria-3-461md-do-ministerio-da-defesa-criminalizacaodas-ruas/

22/Juiz militar admite tortura e prises ilegais na ditadura Comisso Nacional da Verdade 31 07 2014. http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/513-juiz-militar-admite-tortura-e-prisoes-ilegais-na-ditadura

23/Voc sabia que no Brasil voc ainda pode ser julgado por um tribunal militar? Desmilitarizao da Justia. http://desmilitarizacaodajustica.meurio.org.br/

24/Lia Imanishi Rodrigues. Milicias como no tempo da ditadura 17 07 2014. http://outraspalavras.net/brasil/milicias-como-no-tempo-da-ditadura/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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