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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-08-2014

La crisis de representacin y la autodefensa social

Eduardo Nava Hernndez
Rebelin


Cerrado el as llamado por sus autores ciclo de reformas estructurales con la promulgacin de las leyes secundarias relativas al petrleo, gas y energa elctrica, y tras una serie de periodos ordinarios y extraordinarios del Poder Legislativo exitosos para los partidarios de las reformas, se ha desatado, como era de esperarse, una intensa campaa de radio y televisin para convencer a la poblacin de las bondades de estos grandes cambios en los que los ciudadanos no fueron tomados en cuenta.

Ahora, el bombardeo meditico intentar hacer aceptables para el grueso de los mexicanos mediante la prestidigitacin audiovisual que desaparece los aspectos negativos y hace aparecer inexistentes beneficios aspectos como la consolidacin de los monopolios en telecomunicaciones, el espionaje cotidiano a los medios con los que la gente se comunica entre s (telfonos fijos y celulares, Internet y redes sociales, etc.), la limitacin permanente proyectada a las radios comunitarias y medios alternativos de difusin, la entrega del petrleo, el gas y de la electricidad a las grandes empresas internacionales para su explotacin y otros polmicos aspectos que estn lejos de ser valorados como positivos por el conjunto de la sociedad nacional. Nuevos resortes del aparato de poder se movern tambin para impedir que en el prximo ao se efecte la consulta constitucional acerca de la reforma energtica que han planteado, por separado, el PRD y el Morena de Andrs Manuel Lpez Obrador.

El saldo de esta vertiginosa etapa de modificaciones constitucionales y legales favorece en lo inmediato, sin duda, a los sectores oligrquicos dominantes y a sus agentes en las estructuras del poder poltico. Pero sus logros aparecen como producto no de un fortalecimiento de la democracia y la representacin popular sino del creciente divorcio agravado por diversos factores presentes a lo largo del proceso legislativo o adyacentes a ste entre los rganos supuestamente representativos y los ciudadanos comunes.

Cmo se cocinaron y fraguaron en las zonas de penumbra del poder poltico, y particularmente del Congreso de la Unin y los congresos locales, esas trascendentes reformas? Ya algunos indicios comienzan a sugerir cmo. La revelacin reciente del diputado Ricardo Monreal de un proyecto de incremento del 30 por ciento en el presupuesto de la Cmara para 2015, que incluira una partida de 500 millones de pesos para bonos de desempeo a los legisladores por fin de periodo, y las cantidades tambin millonarias, al parecer ya distribuidas a las fracciones legislativas como subvenciones especiales, indican o confirman que el dinero ha corrido de manera extraordinaria entre los congresistas durante los recientes procesos legislativos o se dispone a hacerlo para el prximo ao.

El propio Monreal, como coordinador de la fraccin de Movimiento Ciudadano, ha intentado, hasta ahora sin xito, reintegrar a la Tesorera de la Federacin 15 millones de pesos que llegaron a su bancada sin justificacin. Pero es el nico de los coordinadores que lo ha intentado.

Si bien no hay duda de que existe en panistas y priistas conviccin con los contenidos esenciales de las reformas, probablemente se sabr ms adelante si fue o no la compra de votos lo que al final decidi su aprobacin, y particularmente las de telecomunicaciones y energtica, entre militantes de otros partidos aliados, o si se convino alguna suerte de estmulo econmico para todos cuando concluyera el proceso y para el prximo ao cuando terminen los diputados su gestin.

Pero ms all de los privilegios de los que, bien se sabe, disfrutan los legisladores de ambas cmaras, y tambin muchos de los diputados de las legislaturas locales, lo cierto es que se ha concretado la ruptura ms drstica en las relaciones de representacin entre los congresistas y los ciudadanos. Al pasar por alto la consulta pblica en materias tan delicadas como las arriba mencionadas, y al hacer odos sordos a las posiciones provenientes de algunos opositores, el bloque mayoritario ha convertido al Legislativo, una vez ms, como en los mejores tiempos del presidencialismo, en mero rgano operador de los designios del Ejecutivo. Se ha llegado al extremo de que las propias negociaciones parlamentarias se efectuaron en presencia del consejero jurdico de la Presidencia de la Repblica, Humberto Castillejos, a quien se atribuye la autora definitiva de las iniciativas de las reformas.

Recordemos que fue en 1997 cuando, por primera vez, se logr romper la mayora absoluta del PRI en la Cmara de Diputados y ste tuvo que negociar con las fracciones del PRD y el PAN una nueva estructura de gobierno, basada en posiciones rotativas a travs de la Junta de Coordinacin Poltica, y ya no en la antigua Gran Comisin que antao monopolizaba. Ahora, 17 aos despus, aun con una aparente presencia opositora en las cmaras, se ha instalado un bloque interpartidario que se configura como una nueva forma de mayora absoluta en funcin de los intereses econmicos dominantes en el pas.

La funcin del poder Legislativo no es slo hacer las leyes. La Constitucin le asigna, en su artculo 73 y en otros, diversas atribuciones que complementan y contrapesan a las del poder Ejecutivo. En algunos sentidos, debe ejercer incluso funciones de control sobre este ltimo. Y en este caso, la sumisin del Congreso se traduce en un deficiente o nulo ejercicio de esas funciones, que facilitara el avance de la corrupcin en diversos mbitos.

El dispendio y los privilegios de los legisladores, e incluso el reciente escndalo de la fiesta de los panistas en Puerto Vallarta durante la reunin de su bancada a inicios del ao, dan cuenta de su alejamiento definitivo con respecto de los electores. Es claro que reformas de la trascendencia y profundidad de las que fueron aprobadas entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 (educativa poltica, financiera, fiscal, de telecomunicaciones y energtica) no formaban parte, con la forma que finalmente asumieron, de la oferta de los partidos polticos en las pasadas elecciones. Fue el Pacto por Mxico , firmado en el inicio del gobierno de Pea Nieto, lo que consolid un bloque partidocrtico sin conexin con la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Y qu decir de otras instancias, penetradas y capturadas por la corrupcin, la delincuencia y los intereses no slo particulares sino antisociales?

La miseria legislativa mexicana va ms all de las crisis parlamentarias tradicionales por desavenencias e incapacidad para tomar acuerdos. Es una crisis moral de largo alcance que muy probablemente vaya ms all de la presente legislatura y que ha fracturado duraderamente la relacin entre gobernantes y gobernados.

No es algo en absoluto nuevo; pero s es una regresin drstica con respecto de los tenues avances que a lo largo de varios aos de una prometida y nunca alcanzada transicin democrtica, se haban logrado. Si el Congreso y otras instancias de autoridad han asumido formas facciosas, son los ciudadanos, las comunidades y organizaciones colectivas, los que tendrn que imponer desde sus propios espacios en la sociedad civil nuevas formas de representacin y defensa de sus intereses. Un ejemplo reciente es la reunin de 112 organizaciones sociales y comunidades el 16 y 17 de agosto en San Salvador Atenco, en la que todas ellas coincidieron en la defensa de sus territorios frente al avance depredador de los megaproyectos como la minera a cielo abierto, campos elicos, gasoductos, termoelctricas, aeropuertos, despojo de tierras, presas, represas, complejos habitacionales, y la inminente entrada de empresas petroleras y gaseras a tomar posesin de las tierras y recursos naturales. Ante el despojo y la inoperancia de los rganos de regulacin estatal, la autodefensa social va cobrando forma e inevitablemente se extender por un largo periodo.

Eduardo Nava Hernndez. Politlogo UMSNH

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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