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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-09-2014

La soja y el latifundio contra el campesinado paraguayo

Federico Larsen
Miradas al Sur


Entre 1989 y 2013 fueron ejecutados 115 campesinos paraguayos por fuerzas de seguridad y sicarios. Agronegocio, ilegalidad y complicidad estatal estn en la base de esta matanza, un modelo que se profundiz en los ltimos aos.

Chokokue es una palabra en guaran que significa campesino, o agricultor, y es el nombre del informe que hace pocos das public la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) acerca de los asesinatos de campesinos cometidos en ese pas en los ltimos 24 aos. El trabajo toma como fecha de comienzo de la investigacin el 3 de febrero de 1989, da en que el general Andrs Rodrguez encabez un golpe de Estado que destituy al dictador Alfredo Stroessner luego de 35 aos de gobierno. Es a partir de all que comienza la llamada Transicin Democrtica, perodo que, segn varios analistas, an est en desarrollo. La Codehupy seal en su informe que desde la cada del dictador hasta agosto de 2013, 115 campesinos fueron asesinados por fuerzas de seguridad o sicarios al mando de grandes terratenientes con el fin de amedrentar la lucha por la tierra. Un dato que los investigadores vinculan directamente con el avance del agronegocio y la concentracin de la tierra producidos durante la Transicin Democrtica.

Paraguay tiene un ndice de concentracin de la tierra muy elevado. Segn datos oficiales, el 2,6% de los propietarios tienen el 85% de la tierra cultivable del pas. Un proceso que en las ltimas dos dcadas se ha acentuado. Entre 1991 y 2008, las fincas menores a 100 hectreas de extensin disminuyeron en un 15%, mientras que las ms extensas aumentaron en un 43% ocupando 30.107.408 hectreas cultivables del pas. A esto se le suma el fenmeno de las tierras malhabidas, campos que deban destinarse a la reforma agraria y terminaron en manos de simpatizantes de la dictadura stroenista o amigos de altas autoridades del Estado paraguayo. Entre 1954 y 2003 fueron adjudicadas de manera fraudulenta 7.800.000 hectreas de tierra.

En ese contexto de alta concentracin de la tierra, de una gran cantidad de tierras malhabidas, de una deuda pendiente de la transicin democrtica que es la reforma agraria, los diversos actos de atropello y violencia contra los campesinos se producen en respuesta a los reclamos que los movimientos vienen haciendo hace mucho tiempo, explic Enrique Gauto, secretario ejecutivo de la Codehupy. Son reivindicaciones que pasan por una reforma agraria que incluya la recuperacin de las tierras malhabidas y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas. Es importante sealar que la reforma agraria en nuestro pas tiene rango constitucional. En su trabajo, la coordinadora recopil cada uno de los 115 casos detectados, incluyendo reconstrucciones de los asesinatos, y documentos que prueban la vinculacin de los mismos con histricos sectores de poder. Hay claramente un plan impulsado por terratenientes, sectores de poder poltico y econmico para ir desplazando progresivamente a la poblacin campesina de sus tierras y apropiarse cada vez ms del territorio campesino, explic Gauto. Estos sectores ven a la tierra como un capital sumamente rentable y no tienen ningn reparo en avanzar en este plan de ejecuciones. Desde el Poder Judicial y el Ministerio Pblico no se investigan adecuadamente estos hechos y mucho menos se llega a una condena a los autores morales. Hay un pacto tcito de complicidad entre Ministerio Pblico, Poder Judicial y sectores de alto poder econmico y poltico. El objetivo es entonces descabezar a los movimientos campesinos, eliminar a sus lderes o principales referentes para desmovilizar y generar miedo. Hemos podido verificar el temor que queda instalado en las comunidades donde se produjeron estos asesinatos y la dificultad en encontrar personas que puedan asumir el papel de los lderes que fueron ejecutados, sostuvo el titular de la Coordinadora.

En ninguno de los 115 casos se ha condenado a los responsables polticos. De los 91 asesinatos que han llegado a instancias judiciales, slo en ocho los autores materiales han sufrido alguna sentencia, aunque ninguna firme. Otros 47 se encuentran en proceso, 14 se declararon casos perdidos y no localizables, 16 fueron cerrados judicialmente, y seis no fueron investigados. La mayora de los autores materiales, el 67%, son sicarios parapoliciales. En algunos casos, se trata inclusive de organizaciones civiles impulsadas por el Estado, como las comisiones de seguridad vecinal implementadas por el presidente Nicanor Duarte (2003-2008), responsables de varios ataques a movimientos campesinos. Las fuerzas de seguridad, en cambio, fueron las responsables del restante tercio de las ejecuciones, en nmero cada vez mayor luego de la aprobacin de la reforma penal de 1997, sus sucesivas ampliaciones en el 2008 y la Ley Antiterrorista promulgada en 2010, que permite reprimir varias de las acciones que las organizaciones campesinas llevan adelante, como los cortes de ruta. Ms recientemente, el actual presidente Horacio Cartes aprob la cuestionada Ley de Seguridad Interna, que permite al Ejecutivo, sin aprobacin del Parlamento, la militarizacin y declaracin de Estado de Sitio en enteras regiones del pas con la excusa de la lucha contra la insurgencia de Ejrcito del Pueblo Paraguayo. Se han hecho denuncias de atropellos en casas de campesinos y dirigentes, y persecuciones sistemticas a las organizaciones en el marco de esta ley, explic Alberto Britez, del Movimiento 15 de Junio. Esto tiene que ver directamente con el avance del modo de produccin capitalista en el campo, el agronegocio. Este perodo de asesinatos tiene directa relacin con el de expansin del territorio sojero y ganadero. En muchos de los casos, los autores morales sospechados son dueos de estancias, grandes empresas agroganaderas que contratan sicarios, o capangas como les decimos nosotros. Esta expansin sojera ejerce presin sobre los asentamientos de campesinos en el campo y poblacin indgena. Segn Britez, esta presin ha crecido exponencialmente bajo el gobierno de Federico Franco a partir de 2012, y Cartes, que el pasado 15 de agosto cumpli su primer ao de mandato, mantuvo la misma poltica. Es la poltica de firma de convenios con grandes empresas, habilitacin de cada vez ms semillas transgnicas de Monsanto que inclusive quiere plantar soja en el Chaco Paraguayo, un territorio muy rido. Entonces se da la compra de tierras campesinas e indgenas, expulsin va fumigacin de las poblaciones, que no slo aumenta los casos de enfermedad, sino que ahuyenta a los campesinos. Gran conmocin caus recientemente la muerte de Adela y Adelaida lvarez, de seis meses y tres aos de edad respectivamente, a causa de las fumigaciones en Huber Dur, departamento de Canindey. Muchos pobladores resisten en sus asentamientos y esto provoc que bajo el gobierno de Cartes se haya rehabilitado una modalidad que ya se usaba antes pero no era comn, que es la proteccin policial para la fumigacin de los campos de soja. Esto genera una reaccin natural de la poblacin y ha habido casos de enfrentamientos, inclusive con armas de fuego, donde dirigentes campesinos fueron baleados, explic Britez.

La Federacin Nacional Campesina del Paraguay (FNC) es una de las organizaciones ms afectadas por los asesinatos. Desde 1989, 14 de sus miembros han sido ejecutados. Marcial Gmez, secretario general adjunto de la FNC, explic que la gran mayora de las luchas campesinas que se desarrollan en nuestro pas son reprimidas violentamente por el Estado. Es la lucha por un modelo de desarrollo nacional. Hoy tenemos un modo de produccin agroexportador empresarial basado en el monocultivo de la soja. Esto expulsa al campesino del campo y va creciendo el latifundio en pocas manos. Nosotros venimos organizando cortes de ruta y ocupaciones de latifundios porque es la nica forma de conquistar un pedazo de tierra, defender a nuestras comunidades, u obtener pequeos logros sectoriales. Pero lo que realmente importa es colocar en el debate nacional un nuevo modelo de desarrollo. Basado en la reactivacin de la produccin agrcola, la reforma agraria, el desarrollo industrial, que son necesidades fundamentales para nuestro desarrollo.

Mini-documental radial sobre el mismo tema: http://ombelicodelmondoblog.wordpress.com/2014/08/18/paraguay-latifundio-violento/

Fuente: http://sur.infonews.com/notas/la-soja-y-el-latifundio-contra-el-campesinado-paraguayo



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