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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-09-2014

Los Falsos Positivos y el Proceso de Paz

Coordinacin Colombia Europa Estados Unidos
http://www.ddhhcolombia.org.co

Ms de 5.800 vctimas de ejecuciones extrajudiciales entre los aos 2000 y 2010 son la expresin de una poltica sistemtica articulada desde altas instancias del Estado, en la cual no ha habido esfuerzos eficaces por parte del Estado Colombiano por esclarecer estos crmenes de sistema. Los ms altos responsables no han sido individualizados ni vinculados a las investigaciones judiciales ni las estructuras criminales que los disearon, implementaron, y ordenaron su ejecucin. Por el contrario nuevas iniciativas para dejar la investigacin y procesamiento de estos crmenes en la Justicia Penal Militar han sido presentadas nuevamente por el actual Gobierno ante el Congreso.


PONENCIA DE LA MESA SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE LA COORDINACIN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS AL FORO NACIONAL DE VCTIMAS EL TRATAMIENTO DE LOS FALSOS POSITIVOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE PAZ I. INTRODUCCIN La Mesa de trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales , es un grupo de organizaciones quienes luego de un anlisis concienzudo acerca de la problemtica de ejecuciones extrajudiciales y observando que la misma se con stituy en una prctica sistemtica y generalizada en todo el pas, en desmedr o del derecho a la vida y agravada por la situacin de impunidad, se comprometiero n en el registro, sistematizacin y anlisis de la situacin con el fin de eviden ciar la problemtica y generar mecanismos de exigencia al Estado nacional para que ado pte medidas efectivas de prevencin, investi gacin y sancin para los respo nsables. La presente ponencia al Foro Nacional de Vctimas, organizado p or la Organizacin de Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional de C olombia Centro de Pensamiento y Seguimiento al Dilogo de Paz a solicitud de l a Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc‐EP, prese nta algunas de las recomendaciones incluidas en los trabajos de investigacin y se guimiento a la prctica de ejecuciones extrajudiciales en nuestro pas, a efec tos de que sean tenidas en cuenta en la discusin del punto V del Acuerdo Gene ral para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera, y que desarrollan algunos elementos re lativos las temticas de: recon ocimiento de responsabilidad, satisfaccin de los derechos de las vctimas, esclarecimiento de la verdad y garantas de no repeticin, reconocidos como principio s de discusin y trabajo por las partes en la Mesa. II. LA PRCTICA DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN COLOMBIA Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia no son una prctica nueva en la vida poltica del pas. No obstante, a pesar de que la violencia pol tica es un fenmeno que ha persistido por varias dcadas, fue a partir del ao 2002 con el inicio de la llamada Poltica de Seguridad Democrtica, iniciada y llevada a cabo por el Presidente lvaro Uribe, cuando varios miles de casos de falsas bajas de civiles reportados como si hubieran sido muertos en combate, derivaron en que esta prctica de criminalidad estatal, que en los medios y en la opi nin pblica fueron conocidos como los falsos positivos, se llevara a cabo de man era masiva, sistemtica e intencionada desde las ms altas esferas del apar ato estatal. En LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 3 palabras del Relator de las Naciones Unidas para las Ejecucione s Extrajudiciales Sr. Philip Alston, Esos homicidios fueron cometidos por un gran nmero de unidades militares y en todo el pas. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tena resultados positivos a travs del nmero de bajas 1 . En un informe reciente, la Coordinacin Colombia Europa Est ados Unidos (CCEEU) y la organizacin estadounidense Fellowship on Reconcil iation (FOR), documentaron los casos de 6.863 vctimas de ejecuciones extraju diciales en el pas, de las cuales 5.763 fueron perpetradas entre los aos 2000‐2010 2 . De estas, 5326 personas fueron vctimas de esta modalidad de crimen de Estado durante la Administracin de lvaro Uribe, lo que implic que a lo largo d e los dos periodos de dicho Gobierno, cerca de dos personas cada da fueron vctim as de homicidios por responsabilidad de la Fuerza Pblica. En los ltimos 4 aos , otras 267 personas han corrido la misma suerte, indicando que esta modali dad criminal si bien ha reducido su dinmi ca continua presentndose. En junio de 2009, durante su Misin al pas el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias Sr. P hilip Alston pudo constatar que los miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia han cometido un nmero considerable de ejecuciones ilegales y que el cuadro sistemtico de falsos positivos se ha repetido en todo el pas 3 . La impunidad en que se encuentran la mayora de los casos de ej ecuciones extrajudiciales es abrumadora y las vctimas, sus familiares y la sociedad esperan que en el marco del proceso de paz pueda garantizarse el esclar ecimiento de estos miles de crmenes, el desvelamie nto de la estructura de mximos responsables que los impulsaron, ordenaron, incentivaron, instigaron, planificar on y organizacin su perpetracin en los mximos ni veles de la autoridad estatal. Sobre los niveles de impunidad, el Representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expres como uno de los motivos de alta preocupacin La respuesta inadecuada al tema de los de los falsos positivos , y al hecho de que La Fiscala tiene casi 5 mil casos de vctimas de falsos positivos, aunque algunas ONG hablan de ms de 6 mil , y a pesar de lo cual, Todava el nmero de sentencias es muy poco, en relacin con la dimensin al 1 ONU. Informe del Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sum arias o Arbitrarias, Philip Alston . Adicin. Misin a Colombia. 31 de Marzo de 2010. Doc. A/HRC/ 14/24/Add.2. (Resumen, p. 2, Prrafo 1). 2 Coordinacin Colombia Europa Estados Unidos y Fellowship on Reconciliation. Falsos Positivos en Colombia y el papel de la Asistencia Militar de Estados Unidos. Bogot : Ediciones Desde Abajo. Junio 2011, p.124 3 ONU. Informe del Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sum arias o Arbitrarias, Philip Alston . Adicin. Misin a Colombia. 31 de Marzo de 2010. Doc. A/H RC/14/24/Add.2. (Resumen, p. 9, Prr.14) LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 4 problema que existe 4 . Segn la Oficina, de 4.716 casos, solo hay un 30% de procesos activos. De los activos , ms del 60% estn en la fase de indagacin preliminar y para agosto de 2012 solo haban llegado a juicio o estaban para sentencia 294. Esto escas amente sobrepasa el 6% 5 de los casos. Por estos crmenes, segn datos de la Fiscala General de la Na cin, son investigados 4.173 militares, de los cuales 401 son oficiales, mientras que 823 son suboficiales y 2.908 son soldados 6 . De estos militares, cerca de la mitad, 2.457 estn detenidos en crceles mili tares, segn informes del Vice Fiscal General de la Nacin, habiendo sido 830 condenados y 188 absueltos 7 . Lo ms preocupante es que las pocas sentencias han recado casi sin excepcin en uniformados de media y baja graduacin, sobre quienes se ha des cargado casi por completo la responsabilidad de e stos crmenes de sistema. Los a ltos mandos, referidos a comandantes de Brigadas, Divisiones, Comandos Conju ntos, Fuerzas de Tarea y el Estado Mayor, incluyendo los comandantes del Ejrcit o y las Fuerzas Militares en los periodos donde estos planes de exterminio se l levaron a cabo no ha sido llamados a responder por estos crmenes sistemticos, n o han sido sancionados ni procesados y no p arece haber voluntad estatal pa ra vinculados a las investigaciones adelantadas por estos hechos. Un informe re ciente seala que con relacin a los generales que aparecen mencionados en los ca sos de falsos positivos, despus de tantos ao s en que lleva denuncindose es ta prctica masiva y sistemtica, la Fiscala General de la Nacin apenas se encue ntra en la etapa de establecer hiptesis para establecer si existi una promocin del body count, la poltica de medir xitos segn el nmero de bajas enemigas , puesto que an No hay indicios de que hayan participado directamente en ningn crimen, pero se est estableciendo si con sus instrucciones promovieron las muertes, si por lnea de mando deben responder por hechos cometidos por subalternos 8 . A este ritmo, si en el proceso de paz se llegara a acordar la obligacin de altos mand os del estamento militar de rendir cuentas por lo s miles de casos de falsos posi tivos, se llegara a una 4 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado . Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia. Presentacin con Sociedad Civil (22 de febrero de 2013). Video. En: http://www.hchr.org.co/acnudh/index.php?op tion=com_content&view=article&id=2354:in forme-de-la-alta-comisionada-de-las- naciones-unidas-para-los-derechos-humanos -sobre-colombia&catid=127:2013&Itemid=83 5 FIDH-CCEEU. Audiencia ante la Comisi n Interamericana de Derechos Humanos sobre impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales desarrollada 147 periodo ordinario de sesiones, marzo de 2013 6 Fiscala investiga a 4 mil militares por falsos positivos. El Espectador. 19 de Febrero de 2014. En: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-i nvestiga-4-mil-militares-fa lsos-positivos-articulo-476042 7 Podran encontrarse otro s delitos ms graves. Entrevista de Cecilia Orozco al Vice Fi scal General de la Nacin Jorge Perdomo. El Espectador, 22 de Febrero de 2014. En: http://www.elespectador.com/entrevist a-de-cecilia-orozco/podr ian-encontrarse-otros- delitos-mas-grav es-articulo-476747 8 As va el caso de los Generales y los Falso s Positivos. El Tiempo. 29 de Julio de 2014. En: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/caso-de-g enerales-involucrados-en- falsos-positivos/14320420 LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 5 situacin en la total ausencia de mximos responsables individu alizados por esta prctica sistemtica de criminalidad estatal. En contraste, desde hace ya 5 a os, el Relator de Naciones Unid as sobre Ejecuciones Extrajudiciales hab a dejado ya firmemente establec ido que Ha habido demasiados asesinatos de carcter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegados, o manzanas podrida 9 . Es claro que la falta de voluntad para avanzar en investigaciones que permitan dev elar la estructura completa de mximos responsables de esta horrible prctica, para procesarlos y hace rlos responder por esta violencia exterminadora, se constituyen en el principal ob stculo para la no repeticin de los crmenes, adems de la falta de garantas par a las vctimas en su derecho a conocer la verdad y ob tener justicia y reparacin por estos crmenes de responsabilidad exclusiva del Estado. La falta de avances en el sistema judicial para avanzar en el e sclarecimiento de los ms altos responsables de estos crmenes, han llevado a que el pas se encuentre bajo observacin de la Fiscala de la Corte Penal Internacional . En su informe correspondiente al ao 2011 ya la Fiscala de la CPI pudo tambi n constatar que Existe fundamento suficiente para creer que los actos descritos se cometieron conforme a una poltica adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas de las fuerzas armadas que constituye una poltica del Estado o de una organizacin para cometer esos crmenes 10 III. PROPUESTAS PARA CONSIDERACION DE LA MESA EN MATERIA DE VERDAD Y JUSTICIA 1. Sobre la responsabilidad estatal en la comisin de ejecuciones extrajudiciales Diferentes estudios que hacen referencia a responsabilidades po r violaciones a la vida originadas en violencia poltica, atribuyen a los organism os de seguridad y sus aliados paramilitares una respon sabilidad compartida entre el 7 4% y el 80% de estos homicidios 11 . 9 ONU. Informe del Relator Especial sobr e las Ejecuciones Extrajudiciales, Sum arias o Arbitrarias, Philip Alston . Adicin. Misin a Colombia. 31 de Marzo de 2010. Doc. A/HRC/14/ 24/Add.2. (Resumen. Pgina 9, Prrafo 14). 10 Corte Penal Internacional. Situacin en Colombia. Reporte Intermedio. Noviembre de 2012. Resumen Ejecutivo, prr. 9 11 En el informe Basta Ya del gubernamental Centro Nacional de Memoria Histrica se referencia que a la responsabilidad conjunta de Paramilitares y Fuerza Pblica se adjudica el 74,3% de las vctimas de los asesinatos selectivos cuando el actor responsable fue identificado, y el 80% de las vctimas de masa cres perpetradas por actores que pudieron ser identificados (Cent ro Nacional de Memoria Histrica. Basta Ya. Memorias de Guerra y Dignidad . Resumen. Bogot: Julio de 2013 Pags, 96 y 98). Este porcentaje de responsabilidad de Fuerza P blica-Paramilitares sube notoriamente a un 83,9% de los casos en los casos de desaparicin forzada de forzadas en tanto que un 2,3% de los cas os sealan a las guerrillas como responsables. El Registro nic o de Vctimas registra que de este delito de desaparicin forzad a hay 25.007 vctimas registrada s (Centro Nacional de Memoria Histrica. Basta Ya. Memorias de Guerra y Dignidad . Bogot: Julio de 2013. Pginas 33 y 37) LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 6 El Estado colombiano debe recono cer su responsabilidad histric a en la comisin de ejecuciones extrajudiciales, hechos que en razn a su genera lidad y sistematicidad constituyen un crimen de lesa humanidad en los t rminos del derecho internacional de los derechos humanos. Esta responsabi lidad es agravada en trminos de su obligacin con stitucional y legal que tienen las Fuerzas Armadas de proteccin de la vida y derech os de la poblacin colombiana. Una sociedad debe poder confiar en las instituciones que tienen la obligacin de protegerle, y por ello la exigencia a los cuerpos armados es ma yor, as como el deber de perseguir y sancionar las conductas contrarias a esa o bligacin. No se puede pretender que frente a graves violaciones de derechos hu manos e infracciones al derecho internac ional humanitario, agentes esta tales sean tratados de manera idntica a cualquier actor armado de carcter irregul ar. No se puede equiparar la responsabilidad de quienes cometen crmenes al amp aro de la ley con la de quienes delinquen alzados en contra de la ley que descono cen y se levantan para subvertirla. De otro lado, los asesinatos perpetrados por las bandas paramil itares en alianza, cooperacin y coordinacin con las Fuerzas de Seguridad Estatal , perpetrados con grados conocidos de sevicia en masacres, desapariciones forzada s y crmenes selectivos, mediante el uso intensivo de motosierras, las fosas de caimanes, hornos crematorios para desaparecer cuerpos y dems tcnicas de victim izacin evidencian tambin una innegable responsabilidad en los mandos de la Fuerza Pblica, y en los dirigentes polticos y empresariales que patr ocinaron la actuacin de estas bandas paramilitares. Aunque desde el lado de las vctimas las violaciones al derecho a la vida son graves sin importar quin sea el actor del conflicto armado que las ha ya perpetrado, a los actores estatales le cabe la responsabilidad adicional de que l as armas que las armas que les fueron confiadas para la defensa de la legalidad les asigna la responsabilidad y la misin de misin de ser garantes de los de rechos de los ciudadanos. Una sociedad que no exige a sus Fuerzas Armadas total apego a l a legalidad y aplicacin de justicia frente a las desviaciones, o bien es una sociedad con poca conciencia de sus derechos, o es una sociedad moralmente enferm a o bien es una sociedad sometida por el terror. 2. Establecimiento de la verdad histrica La prctica sistemtica de los falsos positivos, ‐de la cual dijo el Relator de ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales que caracterizara mejor como el asesinato a sangre fra y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio, y como LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 7 matanzas flagrantes y obscenas , de las cuales los casos de Soacha no constituan un fenmeno limitado ni geogrfi ca ni temporalmente, sino que e ran simplemente la punta del iceberg , ya que pudo constatar matanzas muy similares en una gran cantidad de departamentos 12 ,‐ evidencian que estos crmenes de lesa humanidad, demandan que la verdad sobre quienes las ordenaron, planificaro n y organizaron su comisin masiva en todo el territorio nacional constituye un a obligacin reiteradamente incumplida por el Estado Colombiano, frente a la cual el actual proceso de negociacin del fin d el conflicto tiene que garantiz ar respuestas claras a las miles de vctimas, a sus fam iliares y a la comunidad nacion al e internacional. Como consecuencia de este reconocimiento, la sociedad colombian a tiene el derecho irrenunciable a conocer la verdad. Ello implica: i) el develamiento de las rdenes, directivas internas, planes y manuales de accin que i ncentivaron y posibilitaron la comisin de ejecuciones extrajudiciales en Col ombia; ii) la puesta en evidencia de la totalidad de la red institucional involucrad a en la perpetracin de crmenes estatales de sistema tales como los falsos positiv os, o las desapariciones forzadas, con individualizacin de todo el escal n de mandos involucrados en su planeacin, organizacin y perpetracin. 3. Sobre la aplicacin de procedimientos de justicia transicional En el marco del cierre del conflicto armado, el acceso benefici os de penas alternativas para los ms altos responsables de crmenes intern acionales contra los derechos humanos perpetrados tanto por actores estatales co mo contra estatales tiene que estar condicionado al aporte efectivo a la verdad sobre las rdenes, mandos, determinadores y perpetradores de dichos crme nes y/o la confesin verdica y completa sobre los mismos. Compartimos con el Fiscal General de la Nacin que en los casos de los falsos positivos , dado el mvil abyecto y la sevicia de los modos de perpetracin, sus responsa bles no deberan ser objeto de beneficios en el marco de la justicia transiciona l 13 . No obstante, en el caso de procesados de media y baja graduacin que contribuyan d e manera eficaz a develar completamente la estru ctura de mando involucrada en t ales crmenes, o en el caso de altos responsables que de manera voluntaria hagan confesin y contribuyan a develar la totalidad de la empresa criminal invol ucrada en la puesta en prctica de la estrategia de los falsos positivos, deberan facilitarse los instrumentos que permitan poner al descubierto la verdad sobre esta dinmica criminal en el marco de la aplic acin de los mecanismos de just icia transicional. 12 Declaracin del Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias. Misin a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Boletn de pr ensa versin en espaol. Texto original en ingls 13 Segn declaraciones del Fiscal General de la Nacin, Eduardo Montealegre aunque los militares deben ser incluidos en esta justicia transicional en aras de conseguir un proceso inclu sivo, los nicos militares que no deberan ser merecedores de un tratamiento diferenciado seran lo s relacionados con el escndalo de los falsos positivos (Montealegre solicita tratamiento diferenciado para militares juz gados por actos del servicio. El Tiempo. 24 de Julio 2014. En: http://www.elespectador.com/n oticias/judicial/montealegre ‐ solicita ‐ tratamiento ‐ diferenciado ‐ militares ‐ articulo ‐ 506498) LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 8 4. Desarchivo de Casos de Falsos Positivos en Justicia Penal Militar y los irregularmente adelantados por la Justicia Ordinaria. La impunidad casi absoluta en que se encuentran los ms altos responsables de la criminalidad estatal contra los derechos humanos, contrasta con el innegable esfuerzo que el Estado Colombiano ha desplegado por individuali zar, procesar y sentenciar prcticamente a la totalidad de la comandancia de la s organizaciones insurgentes ilegales. En este sentido y con miras a que el Pro ceso de Paz permita la efectiva realizacin de los derechos de las vctimas a la ve rdad, justicia, reparacin y no repeticin de los crmenes internacionales cont ra los derechos humanos y para dar cumplimiento a las obligaciones internaciona les del Estado en esta materia, es necesario que el Estado Colombiano organice pr ocedimientos que permitan el desarchivo de los procesos por falsos positivos, to rturas, desapariciones forzadas y violen cia sexual que fueron adelantad os por instancias de la Justicia Penal Militar, o que en la justicia ordinaria fu eron archivados, sobresedos o irregularmente concluidos con fallos que impidier on conocer la verdad e individualizar a los perpetradores y responsables. El lo implica adems que los organismos investigativo s y judiciales del Estado acele ren y refuercen los procesos que actualmente adelanta por individualizar, juzgar y sancionar a los responsables de los falsos positivos y otros crmenes internaci onales y que el Estado se abstenga de insistir, como lo hace mediante reformas legales en curso, en enviar su conocimiento a la justicia penal militar y al mismo t iempo, que se oponga claramente a iniciativas como el tribunal pro tempore de amnist as para quienes han resultado condenados por estos crmenes, que se ha propuest o para excluir a los militares de su obligacin d e contar la verdad en el marco del proceso de paz. 5. Cementerios. Revelacin de Sitios de Fosas con cadveres, identificacin de los mismos y prohibicin de enterramientos en sitios clandestinos . El Estado Colombiano debe reforzar sus esfuerzos por inventariar t odos los fosas individuales y colectivas, y cem enterios de enterramiento de p ersonas NN, adelantar con diligencia su identificacin y entrega digna a su s familiares y prohibir taxativamente las facultades a la Fuerza Pblica para hacer inhumaciones, practicar levantamientos y trasladar cadveres de personas lega lizadas como muertes en combate sin la intervencin de los organismos de inv estigacin judicial. Desde el inicio del actual confli cto armado, cientos o miles de personas han venido siendo inhumadas, muchas veces de manera secreta y en zonas ale jadas de la presencia de los civiles, y al margen de cualquier control o pr ocedimiento judicial, en distintas regiones de la geografa nacional por parte de las fuerzas armadas. Por ejemplo, desde el ao 2010 se han documentado los casos de 2.33 8 personas NN inhumados y legalizados como gue rrilleros dados de baja en comb ate en los cementerios municipales de Grana da, Vistahermosa, La Macarena y Villavicencio LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 9 en el Meta, y San Jos del Guaviare en el Guaviare 14 . Aunque solo 782 haban sido identificados a partir de abril de 2013, no se conoce cuntos d e ellos de verdad habran muerto en combate y cuan tos fuera de combate, el Colect ivo Socio‐Jurdico Orlando Fals Borda ha documentado ya que en al menos 35 casos l os familiares y conocidos niegan que se trat ara de personas combatientes 15 . Esta trgica situacin para miles de familias colombianas se ha propiciado por los mtodos de tratamiento al personal enemigo en manuales de contrainsurgencia que en cuanto a las inhumaciones de estas personas expresamente ordenan que normalmente se acta en la siguiente forma: (...) 2. se efecta el entierro en el mismo lugar donde se produjo la baja o en un lugar desconocido para los civiles, cuando las circunstancias sicolgicas, de moral o tcticas lo requieran, o, 3. Se evaca al rea de retaguardia, donde se lleva a cabo el entierro despus de llenar los requisitos exigidos por la ley 16 . Estas facultades implican riesgos evidentes para la vida de los civiles y para un debido proceso en las investigac iones judiciales en casos de la privacin del derecho a la vida y deben por ellos ser expresamente derogadas. La Procuradura General de la Nacin y la Fiscala deben actuar con eficacia pa ra impedir que se sigan presentando enterramientos sin las exigencias de un debid o proceso, y garantizar que todas las autoridades locales o regionales, civi les o militares, reporten oportunamente toda la informacin sobre personas sin i dentificar que se encuentran en cementerios o fosas en cada uno de los municipios . La identificacin eficaz y la entrega en condiciones dignas a los familiares debe ser adelantada con mayor diligencia por las entidades estatales. III. PROPUESTAS DE REPARACIN Y GARANTAS DE NO REPETICIN 6. En caso de ejecuciones primeras diligencias deben ser practicadas siempre por jurisdiccin ordinaria Uno de los ms graves efectos de las reiterativas propuestas de reforma para ampliar la competencia de la Jus ticia Penal Militar a las viola ciones de derechos humanos, delitos contra el Derec ho Internacional Humanitario y dems crmenes comunes cometidos por miembros de la Fuerza Pblica es que las iniciativas en el Congreso sobre este tema (6 en total durante el primer gobierno de Santos 17 ) 14 Carolina Hoyos, Proceso Investigativo: Cementerios de NNs en los Llanos Orientales 4 de mayo 2013. Los cuerpos sepultados como NNs estaban en : San Jos del Guaviare, 571; Granada, Meta: 528; La Macarena, Meta: 464; Villavicencio, Meta: 610; Vista Hermosa, Meta: 155. 15 Carolina Hoyos, Ibdem . 16 Comando del Ejrcito. Reglamento de Combate de Contraguerrillas . Segunda Edicin. Re glamento EJC-310. Numeral 227. Pgina 392. Disposicin 005 de 1969 17 Esas 6 iniciativas son: 1. La expedicin del Nuevo Cdigo Penal M ilitar (Ley 1407 de 2010) expedido despus de muchos aos de discusiones y debates y elaborados consensos colectivos promulgado el 17 de Agosto de 2010, pero que no ha podido ser puesto en vigencia por razn de las in iciativas legislativas que inmediatamente se han intentado para sabotear su puesta en prctica. 2. El intento de ex pandir los privilegios contenidos en el fuero militar que se LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 10 fueron seguidos de decisiones en altos tribunales que aplicaron los criterios que estaban siendo aprobados en el legislativo, aunque estos no hub ieran entrado en vigencia o fueran despus declar ados inexequibles por la Corte Constitucional. As, luego de la aprobacin del Acto legislativo sobre el Fuero Pena l Militar en diciembre de 2012, el Consejo Superior de la Judicatura empez a trasladar masivamente los casos que sobre falsos positivos tena la Fisca la a la Justicia Penal Militar 18 . Ms grave an es que la vspera de su aprobacin el Consejo de Estado haya declarado la nulidad del Convenio Interadministrativo celebrado en junio de 2006 entre el Ministerio de Defensa y la Fiscala General de la Naci n mediante el cual se fijaban los procedimientos para investigar las muertes que se p resenten con ocasin de las operaciones que realizan las fuerzas militares 19 . De este modo, se le quit a la Fiscala la potestad de realizar las primeras dilige ncias en el lugar de los hechos donde personas civiles re sultaran muertos por operacione s de la Fuerza Pblica y se asign esta funcin a la Justicia Castrense, con l a consecuencia de legitimar las conocidas prctica s de alteracin de la escena de l crimen, siembra de armamentos, colocacin de prenda s y artefactos militares a los cadveres y dems adulteraciones de pruebas que so n caractersticos y esenciales en la prctica de las bajas ficticias o falsos positivos. Por esta razn, y con vistas a impedir que los nuevos casos que den en la impunidad y puedan ser investiga dos por entidades imparciales e independientes es necesario restablecer la facultad de que sea la Fiscala y s u Cuerpo Tcnico de Investigaciones la entidad que realice las primeras diligencias y prcticas de pruebas en cualquier circunstancia en la que se alegue que civi les han muerto en operaciones de la Fuerza Pblica. incluyeron en 2012 en la fallida reforma a la Justicia. 3. El acto legislativ o 002 de 2012 para ampliar el mbito de competencia de la Justicia Penal Militar, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, 4. La propuesta de Ley Estatutaria sobre Justicia Penal Militar que prete nda reglamentar el Acto Legi slativo para entregar a la justicia uniformada la investigacin de todas las infracciones al DIH, violac iones al DIH y otros crmenes atroces como la violencia sexua l y los falsos positivos, y 5. La nueva propuest a de ley ordinaria 085 que considera como acto del servicio prcticamente t odo tipo de crmenes con tal que hayan sido cometidos por uniformados de las Fuerzas Militares y la Polica, y 6. La propuesta del partido uribista para constituir un tribunal pro tempore que sustituya los sentencias condenatorias contra militares y ordene la liberta d a los detenidos actualmente procesados mientras dura el proceso de sustituci n de sus sentencias. 18 La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su Informe Anual sobre Colombia correspondiente al ao 2013 inform que en los 8 primeros meses del ao 2013, 48 casos de homicidios atribuidos al ejrcito, caracterizados como "falsos positivos", se trasladaron de la jurisdicci n ordinaria a la militar, a pesar de que el Gobierno haba asegurado que el lo no ocurrira y que adems, M uchos otros casos fueron trasladados directamente por fiscales civiles (Naciones Unidas. Informe Anual de la Al ta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 24 de enero de 2014. Do cumento A/HRC/25/19/Ad.3. Pgina 12. Prrafo 51. 19 Se trata del Convenio Interadministrativa entre el Minister io de Defensa y la Fiscala General de la Nacin de Junio 14 de 2006, mediante el cual se asignaba al Cuerpo de Investigaciones la realizacin de la inspeccin y recaudo probatorio en el lugar donde hayan resultado muertas pe rsonas en el desarrollo de operaciones militares, se encomendaba al comandante de la operacin la proteccin de la escena en la calidad de primer respondiente y se encomendaba a los Fiscales de Reaccin Inmediata la primer a valoracin probatoria para decidir si el proceso sigue su curso en la justicia ordinaria o en la penal militar. Es te convenio fue demandado por los militares, a travs de sus abogados de la Defensora Militar a pesa r de tratarse de una dire ctiva que comprometa al Ministerio de Defensa. LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 11 7. Limitacin del fuero penal militar como garanta de no repeticin 5. La tendencia predominante en el mundo es avanzar hacia la re forma de los cdigos de justicia militar tradicionales para modernizarlos, o hacia su abolicin y la asuncin por parte de la justicia comn de todos los casos q ue comprenden a militares, y pone fin a la posibilidad de que los civiles pued an ser investigados por un fuero militar. En pases como Blgica, Guinea y Sudfrica, se ha suprimido la aplicacin de la jurisdiccin penal militar, de modo que todos los delitos cometidos por personal militar son de reso rte de la jurisdiccin ordinari a. En otros Estados la limitacin de la justicia castrense se ha c oncretado en su supresin en tiempos de paz. Si la esencia del Derecho Penal M ilitar est referida a la guerra, en tiempo de paz los delitos se refieren esencialmen te a las infracciones de bienes castrenses como la obediencia y disciplina, conductas que podran ser abordadas por los reglamentos in ternos respectivos de cada ejr cito, as como por la propia justicia penal civil. Colombia, al igual que lo hici eron Ecuador y Argentina debera transitar por esa va y no retroceder en la contraria, como se pretende en las reformas que cursan actualme nte en el Congreso de la Repbl ica. Para que las vctimas de crmene s estatales puedan acceder a un sistema de justicia independiente e imparcial, se requiere la prohibicin absoluta de que este tipo de conductas sean conocidas por la jurisdiccin militar, en caso d e duda, esta debe resolverse en favor de la jurisdiccin ordinaria como establece expresamente la Sentencia de la Corte Constituci onal Nro. C‐358/97 de 5 de agos to de 1997. Si la jurisdiccin penal militar es excepcional y restrictiva, la misma regla aplica al sistema penitenciario. La reclusin de miembros de las fuerzas armadas en guarniciones militares, es una extensin ilegtima del fuero mi litar, adems que limita la efectiva comparecencia de los acusados a los tribunal es y pone en riesgo a los operadores de justicia, los familiares y testigos de los cr menes investigados. MODIFICACIONES A LAS FUERZAS ARMADAS COMO GARANTES DE NO REPETICIN 8. Hacer pblicos los manuales contrainsurgentes, derogar las nociones del enemigo interno y la doctrina de la Seguridad Nacional y proscribir en la Fuerza Pblica la promocin y apoyo a actividades paramilitares. Los manuales de formacin a la Fuerza Pblica, desde comienzos de los aos 60s de la pasada centuria fueron diseados bajo la cobertura de la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional, que centran el accionar de l a Fuerza Pblica en la persecucin y combate al denominado Enemigo Interno. Bajo esta LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 12 denominacin se han comprendido todas aquellas personas que pue dan ser definidas como eventuales o real es opositores polticos, ldere s sociales, personas y organizaciones que reivindican derechos o se oponen a las ori entaciones o polticas econmicas o sociales de los Estados, o que se oponga n a los privilegios de los sectores polticos y econmicos dominantes. Estos manual es contrainsurgente o de guerra irregular han contemplado el uso d e mtodos contrainsurgentes que han dado pie a la conformacin de grupos paramilitares, escuadrones de la muertes u otras formas de actuacin armada co njunta de civiles con los militares, han autorizad o y diseado operaciones encubi ertas que han conducido a masivas violaciones de derechos humanos, detencione s arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura s, asesinatos selectivos y pers ecucin y exterminio de lderes y organizaciones sociales. Un trnsito hacia una sociedad que aspire a una paz justa y sos tenible tiene que comenzar por hacer pblicos dichos manuales de operacin y form acin, someterlos a debate pblico y derogar explcitamente los mandat os basados en mtodos que propicien vulneraciones a los derechos humanos. Esp ecialmente, deben proscribirse taxativamente la promocin y organizacin de la poblacin en grupos paramilitares y excluir las nociones basadas en el conce pto del enemigo interno, proscribiendo de manera expresa cualquier formacin a las tropas basada en la doctrina de la seguridad nacional. 9. Eliminacin de Recompensas por la produccin de bajas. Las Directivas y medidas para promover beneficios econmicos a informantes o incentivos consistentes en permisos, ascensos o premios a las t ropas por la produccin de bajas o por informaciones que permitan llevarlas a cabo, se han convertido en un incentivo perverso para la prctica sistemtic a de los falsos positivos, y deben por lo tanto ser tajante prohibidas y sancio nado el uso de fondos reservados para tal fin. Igualmente, los criterios de evaluaci n operativa centrados en el conteo de bajas (body count) tienen que dar paso a la apl icacin de mtodos que den prioridad al respeto al derecho de la vida y a la aplic acin de una versin ms protectiva y garantista de l os derechos humanos y del derec ho internacional humanitario en las actuaci ones de la Fuerza Pblica 10. Control a organismos y actividades ilegales de inteligencia. El Estado Colombiano tiene que poner fin a la proliferacin des coordinada de centros de espionaje y centrales de interceptacin de comunicac iones gestionadas por los diferentes servicios de inteligencia o por medio de ban das de hackers informticos (paramilitarismo in formtico) que se hacen por fue ra del control de la Fiscala General de la Nacin . Asesinatos como los de Jaime Garzn, lvaro Gmez, o el defensor de Derechos Humanos Alfredo Correa de Andr eis, indican que LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 13 actividades desbordadas de los s ervicios de inteligencia deriva n con facilidad en ejecuciones extralegales y reclaman depuracin de los servicios de inteligencia y su centralizacin y control efectivo por parte de la entidad de in vestigacin y acusacin judicial, y la supresin de mtodos ilegales de intel igencia que posibilitan la persecucin y vulneracin de derechos tanto a ci udadanos como a funcionarios estatales. La descl asificacin y depuracin de los archivos de inteligencia acumulados por orga nismos de inteligencia sobre l deres sociales y defensores de derechos humanos, constituye un mecanismo para pr evenir la repeticin de crmenes en su contra y es adems una tarea pendi ente del Estado Colombiano que ha incumplido reit eradas recomendaciones de dive rsas instancias de Naciones Unidas al Estado Colombiano. 20 11. Respeto irrestricto al derecho a la Vida en el marco del Derecho Internacional Humanitario. La aplicacin convergente de la normativa del Derecho Internaci onal Humanitario y de los derechos humanos en el marco del conflicto armado inte rno en Colombia, que le fue sealada al Estado Colombiano en el marco de la visi ta del Relator Especial de Naciones Unidas sobr e las Ejecuciones Extrajudicial es en el ao 2009 21 , son cada vez ms desconocidas por el Estado Colombiano, no solo por la implementacin de nuevos mtodos de guerra que priorizan de nue vo las bajas sobre las detenciones y las movi lizaciones, sino tambin por la s propuestas de reforma a la investigacin de crmenes contra los derechos huma nos que el Estado busca que sean investigados por la Justicia Penal Militar abord ndolos como actos del servicio o como actuaciones adecuadas en el marco del Derec ho Internacional Humanitario. Las estrategias de eliminacin de objetivos de al to y medio valor por medio de la utilizacin preferente de bombardeos y otros m todos de efectos indiscriminados, que ya no se limitan ni se inhiben ni siquiera en caso de presencia 20 Naciones Unidas le recomend al Estado Colombiano la revisin anual de los archivos de inteligencia militar sobre defensores y organizaciones de de rechos humanos, con el fin de examinar la veracidad e imparcialidad de la informacin contenida en tales archivos y de excluir datos err neos o tendenciosos (Ver: Informe de la Alta Comisionada de las Naci ones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Situacin de los Derechos Humanos en Colombia 2004. Documento E/CN.4/2005/10. 28 de febrero de 2005. Prrafo 135. Estas oblig acin, persistentemente incumplida por el Estado Colombiano se encuentra tamb in en otros documentos de Naciones Unidas, que han reiterado similares recomendaciones, al respecto Vase los informes de la Alta Comisi onada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Situacin de los De rechos Humanos en Colombia, correspondientes a los aos 1998 (Documento E/CN.4/1999/8. Prr afo 23), Informe 1999 (Documento E/ CN.4/2000/11. Prrafo 152), Informe 2000 (Documento /CN.4/2001/15. Prrafo 226), Informe 2002 (Documento E/CN.4/2003/13.Prrafo 161), Informe 2003 (Documento E/CN.4/2004/13. Prrafos 22 y 109), In forme 2004 (Documento E/CN .4/2005/10. Prrafos 39 y 135), Informe 2005 (Documento E/CN.4/2006/9. Resumen, Prrafo 102 y Recomendacin Nro. 6), Informe 2006 (Documento A/HRC/4/48. Prrafos 15, 19 y 125), Info rme 2007 (Documento A/HRC/ 7/39. Prrafo 63), Informe 2009 (Documento A/HRC/13/72. Prrafo 21 y Recomendacin h)), Informe 2010 (Documen to A/HRC/16/22. Prrafo 22 y Recomendacin d)), Informe 2011 (D ocumento A/HRC/19/21/Add.3. Prrafo 29) e Informe 2012 (Documento A/HRC/22/17/Add.3. Prrafo 57). 21 En el informe de su visita a Colomb ia el Relator de la ONU sobre Ejecucion es Extrajudiciales Philip Alston le record al Estado Colombiano que Las normas de derecho internacional hum anitario y de derechos humanos tienen un mbito de aplicacin comn en un conflicto armado; am bas imponen a los Estados la obligacin de investigar "con rapidez, a fondo y de m anera efectiva mediante rganos independientes e imparciales" (Vase: ONU. Informe del Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Philip Alston. Adicin. Misin a Colombia. 31 de Marzo de 2010. Doc. A/HRC/14/24/ Add.2. Pgina 8. Pie de Nota Nmero 7). LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 14 de civiles o nios, y que se autorizan si su eliminacin contri buye a la consecucin de la ventaja militar directa y concreta niegan la esencia del DIH. La subordinacin de las muertes de menores o civiles en estas oper aciones frente a la priorizacin de la neutralizacin (que ha llegado a ser sinn imo de producir la muerte) del adversario y la banalizacin de bajo la nocin de daos colaterales evidencian el desprecio a cualquier intensin humanitaria. Esto s mtodos generan riesgos de nuevas modalidades de ejecuciones de civiles atribui bles a la Fuerza Pblica por medio de sus bombardeos, de los cuales ya se han pr esentado algunos casos reportados. Iguales riesgos son constatables tambin en l os avances en la introduccin de drones en las estrategias de guerra interna 22 . En la nueva concepcin no solo se vuelven inaplicables los principios prote ctores del DIH sino que las propias directivas acordadas para prevenir la comisin de Falsos Positivos, tales como la Directiva 300‐28 de l Comando General de las Fuerz as Militares que fijaba los parmetros operacionales que valoraban las bajas y l as desmovilizaciones por sobre la produccin de bajas se vuelven c ompletamente inaplicables 23 . El Estado Colombiano debe acoger la versin ms protectora del Derecho Internacional Humanitario y poner en prctica de manera estrict a los principios de necesidad, humanidad y proporcionalidad (detener antes que heri r y herir en vez de matar) y hacer uso de la fuerza en la medida necesaria para proteger la vida reservando la fuerza letal como recurso extremo cuando los medi os otros medios no resulten eficaces. 12. Proscribir el uso del Concepto de Guerra Jurdica con el que se busca eludir las investigaciones judiciales de los falsos positivos e impedir su denuncia y litigacin por las vctimas y sus defensores . La persecucin a defensores de d erechos humanos, operadores jud iciales, vctimas y testigos en procesos por graves crmenes contra los derechos humanos se ha basado en los aos recientes en el argumento de que sus activid ades no obedecen a 22 Las prevenciones sobre el uso de drones y su impacto en cientos de asesinatos de civiles por estos artefactos, incompatibles con el respeto a las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario, en tre las cuales la obligacin de tomar las medidas para evitar matar en vez de detener, han sido sealados en informes de Naciones Unidas tales como el informe sobre seguimiento de las recomendaciones a los Estados Unidos del Relator de ONU sobre las Ejecuciones Extrajudiciales Christof Heyns en el ao 2012 (Vase: ONU. Informe del Re lator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. Adicin Seguimiento de las recomendaciones hechas al pas Estados Unidos de Amrica. Documento en ingls A/H RC/20/22/Add.3. 30 de Marzo de 2012. Prrafos 76 a 84.) 23 Prcticamente han quedado derogada la Directiva 300-28 de noviembre 20 de 2007 del Comando General de las Fuerzas Militares que pretendi en su momento dar respuesta a la comunidad internacional sobre la exigencia de medidas para prevenir nuevos casos de fals os positivos. En virtud de ello, la fi nalidad contenida en el numeral 1.a.1) de dicha directiva sealaba que su propsito era privilegiar como medicin de los resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y de estas a su vez sobre las muertes en combate. Estos propsitos han venido siendo olvidados a partir de febr ero del ao 2012 con la puesta en prctica del Plan de Guerra Espada de Honor, que busca reducir en un 50% la capacidad de las FARC y centrar las operaciones en objetivos de alto y medio valor. A partir de ac las bajas volvieron a oc upar el lugar de las prioridades y los bombardeos sin restricci ones se convirtieron en el mtodo privilegiado de confrontacin (Ver. As se llama la nueva estrategia del Gobierno contra las Farc, 'Operacin Espada de Honor' . El Espectador. 18 Feb 2012, En: http://www.elespectador.com/ noticias/temadeldia /operacion-espada-de-honor-articulo-327286 LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 15 un propsito genuino de defender a las vctimas y promover el d isfrute de sus derechos vulnerados, sino que se ran estrategias de una guerra jurdica contra la Fuerza Pblica realizado por enc argo de las organizaciones arma das ilegales. Con este criterio no solo se bus ca deslegitimar y amedrentar a defensores de derechos humanos de las vctimas, a sus apoderados judiciales y familiares sino que ha sido utilizado para perseguir, interceptar sus comunicac iones, hostigar e incluso, como se ha reconocido en decisiones judiciales recient es, por medio del empleo de mtodos de tortura psicolgica contra personas integr antes de entidades defensoras de derechos humanos 24 . Adems el concepto de Guerra Jurdica ha servido de base argu mental para todas las iniciativas de reforma legislativa y constitucional que bus can arrebatarle a la justicia ordinaria el conocimiento e investigacin de los crme nes en que se han visto involucrados miembros de la Fuerza Pblica para dejar su investigacin y juzgamiento en la justicia penal militar. El haber llevado tan lejos este concepto, ha hecho que sea ahora tambin utilizado por el partido uribista para, con el nimo de desconocer posibles acuerdos en el marco del proceso de paz, presentar procesos de reforma a la Constitucin que buscan apartar a los militares condenados por crmenes contra los derechos humanos de los proc edimientos de justicia transicional a que eventualmente podran someterse mil itares condenados por crmenes de lesa humanidad o crmenes de guerra, creyendo q ue as pueden impedir que contribuyan a la ver dad sobre las dinmicas victimi zadoras y al esclarecimiento de entramado de mximos responsables, en el cua l la responsabilidad pueda estar ms all del estamento militar en d irigentes polticos o empresariales que ordenaron las prcticas de exterminio o se beneficiaron de la misma. Conclusiones. Estas propuestas no pretenden insistir en un nimo punitivista contra los miembros de la Fuerza Pblica que han incurrido en c rmenes contra los derechos humanos de relevancia de la comunidad internacional. P retende ante todo prevenir e impedir que crm enes como estos se sigan repiti endo y que la realizacin de los derechos de las vctimas a la verdad, justic ia y reparacin sea la ms completa posible. En este sentido, sealamos que cualquier concesin de beneficios en el marco de los pr ocedimientos judiciales acordad os para poner fin al largo conflicto armado en Colomb ia, tiene que pasar por la volu ntad del Estado de asegurar que los responsables de estos delitos sean debidamente individualizados, 24 En el proceso por la persecucin del DAS a defensores de derechos humanos, agen tes de este organismo de inteligencia reconocieron haber practicado tort uras psicolgicas contra la de fensora de Derechos Humanos y Periodista Claudia Julieta Duque (Ver: Fiscala General de la Nacin. Exfuncionarios del DAS aceptaron cargos por tortura psicolgica a Claudia Julieta Duque . 1 de agosto de 2014. En: http://www.fisca lia.gov.co/colombia/noticias/ exfuncionarios-del-das-acep taron-cargos-por-tortura- psicologica-a-claudia-julieta-duque/) LOS FALSOS POSITIVOS Y EL PROCESO DE PAZ 16 procesados y sancionados. Ello, aunque la naturaleza de las san ciones en el marco de la justicia transicional pueda dosificarse de acuerdo a las contribuciones individuales y efectivas para que las sociedad y las vctimas p uedan tener certeza de la manera como operaron las dinmicas criminales victimizado ras, y sobre la totalidad de sus responsables involucrados. Estos requisitos ex igen tambin garantizar que sus vctimas sobrevivientes van a ser adecuadame nte reparadas, en un marco donde las reformas inst itucionales del aparato militar y de su doctrina rectora van a reformarse en una direccin compatible con el res peto de los ms altos estndares de vigencia efectiva y de disfrute eficaz de l os derechos humanos. Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales Coordinacin Colombia Europa Estados


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