Portada :: Colombia :: Dilogos de paz 2012-2014
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-09-2014

Derechos y coherencias de una transicin. Apuntes (1)
Reflexiones primarias

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin




1. Sobre la justicia transicional

El punto clave, que es el meollo del problema, que es el punto de las vctimas y lo que se llama la justicia transicional. Ah radica el corazn de esta solucin de este conflicto. Lo ms difcil. Primero porque han cambiado las circunstancias a nivel mundial, y ya no podemos hacer lo que hicieron en otras pocas: borrn y cuenta nueva, perdonamos a todo el mundo, todo el mundo se va para su casa y todos tan contentos. Eso ya no es posible. Somos parte del entramado internacional, la comunidad internacional, la justicia internacional, el Tratado de Roma. Hoy no se pueden dar as indultos y amnistas, simple y llanamente. Hoy hay que aplicar algo que se llama la justicia transicional, que fue una justicia que el mundo se invent precisamente para facilitar la solucin de conflictos armados, pero sin sacrificar unos principios bsicos de las vctimas.
Presidente Juan Manuel Santos, Universidad de Los Andes, Bogot, 4 de septiembre de 2014.

Decir justicia transicional supone una remisin responsable a la figura procesual que tiene que ver con dos dimensiones al menos. Primera, la utpica de hacer justicia, ideal sin duda cada vez ms inasequible o difcil de encarnar en las obras y condiciones de una humanidad en ciernes que se destruye as misma en un violento sistema de mercado depredador, a no ser que dicha representacin de justicia se asocie con las prcticas diversas de la resistencia a ese orden dominante. Y segunda: con la dinmica de un cambio o transformacin relativa, enunciada la transicin como tal. Es decir, estar en un puerto y orientarse en la travesa conscientemente hacia otro. En el caso colombiano, es ir de un rgimen de exclusin y muerte, hacia un verdadero transcurso democratizador que garantice recursos para la vida y el bienestar de las mayoras sometidas estructuralmente a la miseria.

Podra en consecuencia decirse que si la llamada justicia transicional no contempla esa mutacin de carcter distributivo, si no supone democracia vigorosa, de transferencia de poderes a los sectores populares, ser entonces al final mera perfidia, un engao, un discurso ms para asegurar el statu quo. Podra mejor aplicarse, sin que se preste a mayores ilusiones y abusos, el trmino derecho transicional, ms exacto por instrumental, reducido o focalizado ste a la mera utilizacin de dispositivos complementarios para transitar hacia escenarios de superacin de violencias especficas o circunscritas, afrontadas con parmetros de resolucin dialogada, principalmente bajo mecanismos jurdicos encaminados a cumplir con un nivel de la obligacin de enfrentar ciertas realidades de impunidad. El mximo de verdad, castigo, reparacin posible y algunas garantas de no repeticin, en situaciones de excepcin o de enquistamiento por largos conflictos, que objetivamente restringen esos derechos. Esa parece ser una sntesis ms ajustada de lo que expresa o se designa con esa denominacin pomposa que se ha venido conviniendo globalmente desde hace dos dcadas, y que de modo acertado puso en cuestin recientemente las FARC-EP:

(...) entendemos nosotros que la transicin la demarca, la indica, la define como tal, el trnsito, o si se quiere, para ser ms claros y explcitos, la transicin propiamente tal de un rgimen a otro rgimen; de un Estado instituido por un antiguo rgimen que termina siendo rediseado dentro de un contexto democrtico que implica separacin de poderes con facultades legitimadoras; controles polticos provenientes de rganos de eleccin popular; rganos de control independientes; vigencia de un jus puniendi plenamente ajeno a la incumbencia y manipulacin poltica, libre de corrupcin. En fin, un nuevo estado de cosas que permita novedosos mecanismos de participacin popular, la implantacin de cambios en la estructura del Estado, la revisin de modelos econmicos a fin de hacer valer la dignidad de la persona humana en tanto que permitan solventar las necesidades fundamentales de clases siempre ajenas a la justa distribucin de la riqueza y al aprovechamiento colectivo de bienes y servicios.
Ver www.pazfarc-ep.org. Declaracin del 22 de agosto de 2014: Ciclo 27: nuevos avances hacia la paz.

En dicha comunicacin pblica, el Comandante de las FARC-EP Ivn Mrquez citaba a Alex Boraine, quien fue Vicepresidente de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin de Sudfrica. Lo haca a propsito de sealar cuatro posibles modalidades de transicin que han implicado, todas, la cada de un rgimen y su sustitucin. Interpelaba el coordinador de la Delegacin guerrillera: "se trata de convertir el actual rgimen en un antiguo rgimen?"

Boraine, quien fue adems poltico activo y co-fundador y primer presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ, se pregunta algo trascendental que nos incumbe, en un libro (abril, 2014) de su autora con el ttulo Qu sali mal? Sudfrica al borde del Estado fallido (Whats Gone Wrong? South Africa on the Brink of Failed Statehood). Despus de dos dcadas, Boraine se ve obligado a interrogar qu fue lo que fall, sealando el empobrecimiento, el abandono, la falta de educacin, de salud, de empleo, de seguridad, la extensin de la corrupcin y el incumplimiento de buena parte de las recomendaciones de aquella Comisin sudafricana.

No sabemos muy bien qu ha pasado en Sudfrica (hay crticas desde diferentes perspectivas o posiciones interesadas), pero sabemos bien qu le espera a Colombia en caso de fracasar la transicin a la democracia.

Quiz por eso, si usamos el trmino justicia transicional, como lo hace el Gobierno Santos, y no derecho transicional, debemos hacer compatible su formulacin idealista no slo con la visin de un nuevo derecho con fines sociales ms all de un abanico de medidas realistas que se nos ensean infundadamente como nico paradigma, sino con la necesaria remocin en Colombia de estructuras y mecanismos de injusticia econmica y poltica que hoy da estn en pie, fortalecidas unas elites en un rgimen de economa neoliberal segregacionista. Es decir, con el necesario impulso de todas las reformas imprescindibles.

Expresa las FARC-EP en el texto citado:

La transicin de la cual podramos hablar en el caso colombiano es la que se da como paso de un estado de guerra a un estado de paz. Ello implica establecer, descubrir, explorar, de manera desapasionada e inteligente, qu factores dieron origen a la violencia y a la guerra, cules se han mantenido vigentes desde sus comienzos y cmo se generaron. Cules ms han surgido en el tiempo como efecto de las anteriores consideraciones, cules han mutado y cules las razones para no haber sido posible superar sus causas remotas y prximas. Es decir, las partes y la sociedad tendrn que forjar un nuevo modelo de justicia transicional que sirva a la paz de Colombia.

Razonablemente el Presidente Santos alega que han cambiado las circunstancias a nivel mundial, que somos parte del entramado internacional Por supuesto! Y entre esas circunstancias nuevas o dinmicas de registro incontestable, hay que contar los sonados fracasos y pantanos internacionales que nos sitan ante la necesidad de replantear muchas instituciones y articulaciones internacionales, y responder con capacidades propias y coherentes, quiz de manera ms efectiva priorizando en el cuadrante regional o de un grupo de pases e instituciones ms autorizadas.

Fracasos y pantanos evidentes son demostrables, no slo concernientes a experiencias y modelos de solucin a conflictos localizados en los que se ha incumplido la promesa de depurar instituciones, reparar a la inmensa mayora de las vctimas de regmenes oprobiosos y democratizar a fondo en todos los aspectos de la vida (una de las propuestas no atendidas ni en Sudfrica ni en Centroamrica, haca nfasis en el combate directo a la desigualdad. Al contrario, ha aumentado all terriblemente la brecha entre ricos y pobres), sino frustraciones de instancias globales como la Corte Penal Internacional, de marcha tendenciosa, ineficaz y arbitraria. De todo ello, y no slo de buenas intenciones, hay que tomar nota.

2. Sobre las vctimas-sujetos activos en La Habana

Nos referimos a la trascendental audiencia del 16 de agosto en la que las delegaciones del Gobierno y de las FARC escucharon con profundo respeto al primer grupo de vctimas del conflicto en los salones de Protocolo de El Laguito, acontecimiento indito, en el que los protagonistas, apoyados en su propio dolor, generosamente sacaron de su corazn el ms hermoso sentimiento de paz / No vinieron a La Habana instigados por la vindicta; vinieron a exigir paz para Colombia, cese bilateral del fuego y dignidad humana. Fueron los portavoces ms idneos de la voluntad nacional que reclama la solucin poltica del conflicto.
Comandante Mrquez, cit., 22 de agosto de 2014.

"(...) el ejercicio que iniciamos fue cmo avanzamos en el respeto en el derecho a las vctimas, y al mismo tiempo poder lograr la paz primer pas en la historia del planeta que hace eso, y es que lleva a las vctimas y las pone a que las escuchen las dos partes que estn negociando la solucin del conflicto. Eso no ha pasado nunca. Y fue una experiencia muy enriquecedora, dramtica, pero dira que dramtica positivamente.

Presidente Santos, cit., 4 de septiembre de 2014.

La Habana, sbado 16 de agosto de 2014. Encuentro entre las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP, con un primer grupo plural de doce vctimas del conflicto armado ms largo y grave del hemisferio. Se prev que en estos meses en cinco ciclos vaya a Cuba un total de sesenta, o al menos esa cifra, de los millones de personas sufrientes a causa de la guerra. Se sabe que las dos partes contendientes escucharon, atendieron y comprometieron pasos para que este acontecimiento marque una ruta:

Ambas delegaciones ratificamos ante el primer grupo de visitantes que trabajaremos sobre la base de los 10 principios rectores acordados, y en particular sobre la base del reconocimiento de los derechos de las vctimas, con el fin de garantizar su mayor satisfaccin y dar garantas de no repeticin / Consideramos que este fue un momento trascendental del proceso. Desde el inicio dijimos que las vctimas estaban en el centro del Acuerdo. Con esta primera reunin en La Habana, de manera ms directa, se hace realidad este propsito. Recibimos sus manifestaciones de dolor y sus demandas como un imperativo tico y moral para concluir exitosamente estas conversaciones.
Comunicado conjunto N 41, 17 de agosto de 2014.

Efectivamente, con lo ocurrido ese da, en una primera sesin solemne y fructfera, abierta a una muestra de la sociedad diversa, como no se haba hecho antes para ningn tema, el proceso de dilogos por la paz de Colombia pareci tener un ancla entre aguas en ese momento algo mansas, en medio de la confrontacin que no cesa, y tambin con ello pareci o parece tener una brjula y un motor. Puede tener, entonces, un antes y un despus esperanzador.

Cierto es que nunca antes esto haba pasado y que la fuerza de tal evento y sus reiteraciones puede ser considerable al desatar potencias creadoras.

Una posterior rueda de prensa y declaraciones de las vctimas seleccionadas lo confirm, as como diferentes relatos y hechos de dilogo, perdn y reconocimiento en el curso de estas semanas. Sobre un acaecimiento que tiene pesadas cargas y dimensiones significativas a transferir. Personales y polticas. Un observador del acto cuenta que respondi mecnicamente un saludo y extendi la mano a quien desde el Estado dio la orden de ejecutar a su hermana y a su cuado. Ese circunstancial testigo comenta que record minutos ms tarde en el lavabo un viejo poema de Ernesto Cardenal y otro de Mario Benedetti.

As parece que tendr que pactarse la solucin a la guerra: con la evocacin de rostros y rastros, con la actualizacin histrica de las razones de una lucha para cuidar la dignidad en el lmite, sabiendo que los de arriba generan servidumbres no slo entre quienes son sometidos sino entre los que les sirven y cuidan como vasallos. El poeta comunista y resistente espaol Marcos Ana nos comparte:

La venganza no es un ideal poltico ni un fin revolucionario yo aspiro es a ver triunfantes un da los nobles ideales por los que he luchado y por los que miles de demcratas y antifranquistas perdieron su vida o su libertad /La recuperacin de la memoria histrica (es) para situar la Historia en su lugar, arrancar del olvido a nuestras vctimas y cancelar de una vez los procesos y condenas incoados por un rgimen ilegal / Desfilaron por mi recuerdo escenas de herosmo y dolor, despedidas inolvidables que an estremecen mi corazn. Iba recuperando los rostros de tantos y tantos camaradas que no pudieron gozar del momento que vivamos, pero que ofrecieron su lucha y su vida para que ese da, y otros das, fueran posibles
(De su libro "Decidme cmo es un rbol").

Las personas que exprofeso fueron a La Habana como vctimas, se sabe, no estuvieron slo como tales, sino como sujetos sociales y polticos activos, con propuestas ms all de esa primigenia condicin real y formal, que hablaron frente a frente con delegados de las dos estructuras que hoy dialogan para poner fin a un cruel conflicto blico originado en causas sociales, econmicas y polticas, pidiendo que cese ya la confrontacin que arranc injustamente a seres queridos y que sigue segando miles de vidas y sembrando desolacin. Vctimas que narraron lo vivido, con desgarrador decoro de su dolor, cediendo a la alteridad pero no al olvido, conscientes de la responsabilidad que todas tienen, de ayudar a superar colectivamente este conflicto. Comandantes de la guerrilla a su vez no empaaron sino que empearon congruentemente su palabra para dar respuestas a dolientes de hechos injustos, y ofrecieron o pidieron elaborar perdn, como lo han venido expresando en comunicados y entrevistas.

Las doce vctimas regresaron a Colombia y algunas de ellas fueron atacadas en comentarios de representantes de la extrema derecha uribista. No obstante el relieve de lo afirmado autnoma, equilibrada y honrosamente por la mayora de las vctimas a ttulo personal o de algunas comunidades, todava gran parte de las noticias y de las opiniones ms abundantes y destacadas por la gran prensa, dentro y fuera del pas, apuntan de manera sesgada con una obsesin, descalificando lo acaecido como en una especie de desquite. Bajo la manipulacin que da cuenta de una imagen preconcebida cuyo uso se prolongar mientras nada vinculante contenga el inters de poderosos aparatos y medios de comunicacin de esa extrema derecha y del Establecimiento, se repite lo que no es cierto: que el grupo guerrillero es el mayor victimario y que tuvo que or, o sea forzadamente, a quienes haba causado inmenso dolor. O que no reconoce a vctimas verdaderas o las agravia.

Ese mensaje de que algo apremia al monstruo subversivo, que lo manifestado le arrincona, tiene como tesis y eje la presunta y codiciada derrota moral de la insurgencia. No basta que se refriegue que, dada la correlacin de fuerzas en el campo militar sobre todo y la asimetra en otras reas, no tendra ms que rendirse.

Tal esquela que la realidad parece desmentir, contrasta con otras lecturas y propsitos que se guan por una bsica ecuanimidad y que buscan defender no una victoria inexistente de nadie, sino un proceso de paz de salidas consensuadas, ligado a transformaciones reales en la materialidad del poder y en la cultura poltica, preguntando qu debe ser cambiado en el seno de las estructuras de un rgimen que fue establecido formalmente como democrtico pero que devino en genocida.

3. Sobre las vctimas de la violencia institucional

En aras de esa elemental equidad, debe reconocerse el claro desequilibrio en el que se hallan las pocas referencias y anlisis sobre el terrorismo de Estado, verdadero fenmeno tab del que slo se habla en inferioridad de medios y sottovoce, aunque desde hace dcadas, claro, miles y miles de vctimas y algunas pocas organizaciones de derechos humanos o unos cuantos investigadores conservan el historial de esta expresin de la violencia institucional, y del Establecimiento.

De dicho encuentro en La Habana, y de los que vendrn, nadie debera sentirse perdedor, salvo los inspirados por la visin negacionista que encarnan los miles de Uribe Vlez, que junto con otros sectores han impulsado ese terrorismo. Muestra de ello es la absurda decisin de una Comisin de tica del Senado, que ordena al parlamentario de izquierda Ivn Cepeda, no mencionar al expresidente Uribe Vlez durante el debate sobre el paramilitarismo, que se efectuar el 18 de septiembre prximo, lo cual es una burla a los derechos de las vctimas a conocer la verdad con nombre propio, de uno de los responsables de crmenes sistemticos, ligado adems a servicios del narcotrfico.

Ahora bien, que la izquierda y los movimientos sociales alternativos no deban sentirse en este momento perdedores, no significa que no haya razones para estar muy preocupados, profundamente alerta en una muy precaria correlacin de fuerzas, en la que hay que situar todo lo actuante en la materia: desde los medios de comunicacin empresariales a los que el mercado y la poltica del statu quo dictan lo que hay que reproducir para mentalizar, hasta las tendencias que se verifican en descompuestas instancias jurisdiccionales y en iniciativas legislativas (como las que redoblan el fuero penal militar o las que buscan no slo que no entren, sino que salgan ya de cmodas estancias de reclusin en brigadas, cientos de militares y policas detenidos por crmenes espantosos, mientras luchadores populares siguen en terribles condiciones de prisin y unidades militares y de polica siguen junto a paramilitares violando derechos humanos en muchas regiones de Colombia). Por supuesto, la academia no est exenta de ese propsito, funcional como ha sido en gran parte para acallar el pensamiento crtico.

Hay que estar muy preocupado. Si bien existe un inmenso acumulado probatorio, copiosa documentacin sobre los crmenes de Estado, acerca de sus fuentes, doctrinas, mecanismos, volmenes (un 83 % del total de hechos violentos) y sus responsables concretos, o sobre las complicidades que tejieron y las finalidades de la guerra sucia, todo ese bagaje de las vctimas del Estado y el Establecimiento, junto a las posturas ms o menos congruentes que mantienen con un compromiso por cambios radicales para una salida democrtica al conflicto, gran parte de las propuestas de estas vctimas, insisto, estn de hecho cercadas y podrn sus esfuerzos terminar slo en unos cuantos casos juzgados o en meras constancias, si no son hoy resguardadas y cualificadas, o si se dejan disuadir o fragmentar por discursos mediadores, relativos al pragmatismo del postconflicto sin cambios trascendentes.

Ya de hecho algo racional que podra haberse alegado, es insostenible en la dinmica del proceso de paz: que dado el alto nmero de reclamantes asesinados o de vctimas amenazadas, por violaciones cometidas por el Estado por accin u omisin, sean ellas y sus organizaciones objeto de tratamiento especial, bajo un enfoque de discriminacin positiva, dado que estn en clara inferioridad de medios y bajo ataque, sin accesos regulados u obligados a los medios de comunicacin (los que s emiten por estos das telenovelas y propaganda de tendenciosa visin contrainsurgente y exculpatoria de victimarios del sistema), por ejemplo, siendo paradjicamente el de estas vctimas de crmenes de Estado, el mayor y ms grave registro, tomando en cuenta magnitudes o cantidades, as como planos cualitativos. Esa hiptesis de discriminacin positiva ya no es posible afirmarla, pues incluso la guerrilla con ponderacin ha validado que no debe haber discriminacin de ningn tipo, aunque luego la inflacin meditica en contra sentencie otra cosa tergiversando la verdad.

No obstante, para alguien bien informado y no indolente, no cabe duda que deben ser defendidas esas vctimas del Estado y sus propuestas, que sus iniciativas merecen especfica proteccin ante la descomunal realidad de amenazas objetivas que provienen de las mismas dinmicas e intereses de poder desde arriba; deben ser amparadas, junto a las personas y comunidades que promueven acusaciones contra sectores y nombres poderosos de empresas nacionales y extranjeras y de altas esferas polticas.

No cabe duda que esos sujetos victimizados deben ser amparados para algo elemental: para sobrevivir, con el derecho, desde ahora o ms adelante, de articularse y organizarse poltica y socialmente en una matriz y coyuntura de reformas, que es a lo que obedece formalmente la agenda del proceso de paz, siendo como es sta: un guion limitado, en el que no se contempla nominal o textualmente revisar el rgimen de la coercin estatal o administrativa, es decir todo lo que tenga que ver con las fuerzas armadas, de polica y organismos oficiales de seguridad. Ni tampoco con las funciones de investigacin judicial y jurisdiccionales. Esas reformas sustanciales no estn mencionadas de manera explcita. Pero de la realidad, y del espritu del Acuerdo General del 26 de agosto de 2012, puede deducirse claramente su inexcusable necesidad.

4. Sobre quienes tendran el monopolio y la decisin de las armas

Las reformas necesarias para impedir que haya nuevas vctimas, cada semana, cada da, tienen que ver con las garantas de no repeticin.

La no repeticin, en la larga perspectiva del lado de la guerrilla, est comprometida ostensiblemente con su gradual desmovilizacin como ejrcito irregular, con la paulatina dejacin de armas y su transformacin para el ejercicio de la poltica, o sea el final reglado del alzamiento. Claro est: en el entendido de que se reconozca poltica y jurdicamente el fundamento de sus transgresiones a ley que combati, es decir el delito poltico, la rebelin.

Del lado del poder dominante, no hay hasta ahora ningn instrumental que lo obligue a nada parecido. A nada que suponga en algn nivel algo homologable a lo que se le exige a la guerrilla. Y ya, apenas comenzando a palparse en la Mesa de La Habana algo de la temtica militar en estricto sentido, slo impera una previsin gubernamental de final feliz con broche de oro, semejante al borrn y cuenta nueva, que contradice las palabras del propio Presidente Santos de un da a otro:

dije ayer. Y quin se queda con las armas de la Repblica? Pues nuestro Ejrcito, nuestras Fuerzas Armadas. Eso dignifica a nuestros militares, a nuestros policas. As lo han entendido adems. Y as lo aprecian Y quines se sientan en la mesa de negociacin? Pues los que han combatido, los militares. Y eso es bien importante, porque eso es lo que cierra con broche de oro el final del conflicto.
Presidente Juan Manuel Santos en el 51 Congreso Anual de Confecmaras, Cartagena, 5 de septiembre de 2014.

Tambin expres al da siguiente, refirindose a un concepto que Uribe igualmente emple al indicar una guerra poltica y una guerra jurdica contra las fuerzas armadas:

Hemos hecho un gran esfuerzo y seguiremos haciendo un gran esfuerzo... Con el Ministro y con los Altos Mandos tengamos o no xito en La Habana, seguiremos fortaleciendo la defensa jurdica, la seguridad jurdica de los miembros de nuestras Fuerzas. Ya est creado el Fondo, un fondo especial. Ya tenemos a los mejores abogados del pas comenzando a defender a los miembros de nuestras Fuerzas. Y ah vamos a continuar, pase lo que pase en La Habana () Si algn miembro de la Fuerzas cometi un crimen, tiene que pagarlo Pero cuando vienen con acusaciones falsas, con acusaciones amaadas, ah tenemos el deber de defenderlos con todos los instrumentos que tengamos a nuestra disposicin () Un mensaje que quiero darles a ustedes con toda claridad, para que sobre eso no les quepa la menor duda, es que cualquier beneficio que se d all, se dar ac No voy a permitir que se repitan esas circunstancias donde un guerrillero sale amnistiado, libre, y un soldado que combati a ese guerrillero, por algn error que haya cometido, tiene 30 aos de crcel. Eso no se puede permitir. O todos en la cama o todos en el suelo. Cualquier beneficio jurdico all, ser beneficio tambin para nuestras Fuerzas Que no los negociemos all, me parece que es lo correcto. Esa es una decisin nuestra tambin dentro de la solucin del conflicto. Pero el mensaje es claro para ustedes: si hay beneficios all, habr beneficios ac / Hoy acabamos de condecorar a unos hroes que hicieron una operacin maravillosa contra el Frente 37 (de las Farc). Ah dieron de baja a cuatro y capturaron a cinco. Una operacin de estas tpicas operaciones que hacen nuestras Fuerzas Especiales, que las hacen convertido en las mejores Fuerzas Especiales del Planeta ayer se hizo una operacin contra la compaa Che Guevara del Eln, nuevamente, con unos resultados positivos. Cuntos dieron de baja? Dos. Cuntos capturaron? Siete capturados ah siguen nuestras Fuerzas Armadas perseverando, dando golpes todos los das.
Presidente Juan Manuel Santos, Base de Entrenamiento de Infantera de Marina en Coveas, Sucre. 6 de septiembre de 2014. Ver https://www.youtube.com/watch?v=CsTS2x7PaDY.

En esa maraa (no conozco un solo caso de 30 aos de crcel por un error de un soldado), o efervescencia que puede enturbiar una distincin fundamental entre cometer delitos como rebelde a cometerlos como agente estatal de un supuesto rgimen democrtico de derecho, de forma sistemtica o planificada o por mviles egostas, se infiere con razn que nos hallamos ante el manifiesto de un triunfo escalonado. Y tambin es fcil colegir que una reforma tal en esta rea sustantiva, la del monopolio y la direccin de las armas, se podr dar slo para encumbrarlas desde intereses de dominio, y no ahora sino despus, en alguna medida, en algn aspecto, por decisin nica y soberana del Estado y no como concesin a nadie.

Lo claro es que el proceso de paz formal y directamente no prev esa reforma militar o similar. Y es de esa reforma, que entraa poner fin al paramilitarismo y a la guerra sucia, de la que pende la verdadera terminacin del conflicto armado, y todava ms all: la alegada construccin de paz como proyecto de democratizacin.

Estamos ante lo que es una lgica de contradiccin: si los sectores de poder no cambian ya por su cuenta lo letal, lo que est activado o latente hoy mismo para violar con impunidad los derechos humanos de miles de colombianos, y para servir a intereses econmicos y polticos antidemocrticos es realmente sostenible a diez o veinte aos una paz basada en la amenaza de la fuerza que ensean unas instituciones modernizadas en su denigrante ocupacin represiva?

Si no es esa cpula civil-militar la que se contraste en esa tarea demostrando congruencia mnima en la transicin, quines desde otra trayectoria podrn algn da concebir en ideas o propuestas y forjar en hechos dicha reforma?: un bloque de fuerzas alternativas que hoy no existe como tal o no tiene suficiente poder poltico para ello? Quines? Por s solas las vctimas de crmenes del Establecimiento, incapaces de obligar que se tomen en serio sus reclamos y queden emplazados los autores del terrorismo de Estado? La insurgencia, que ha reiterado con contundencia y coherencia que rechaza un intercambio o canje de impunidades?

Las FARC-EP han expresado en diferentes ocasiones una posicin clara, referida a la necesidad de cambios estructurales de la institucionalidad, la doctrina de la seguridad, la concepcin del enemigo interno y el paramilitarismo de Estado, cuya solucin es condicin para que una organizacin insurgente pueda dar el paso a la lucha poltica abierta, y la sociedad sienta el alivio de la finalizacin del terrorismo de Estado (ver la citada comunicacin del 22 de agosto, la del 1 de septiembre titulada No estamos en la recta final, y la reciente declaracin leda por el Comandante Pablo Catatumbo, del 2 de septiembre, intitulada Releer la Agenda del Acuerdo General de La Habana, en torno a una polmica por la interpretacin del papel que debe cumplir una Subcomisin tcnica referida a un cese al fuego y la dejacin de armas, y ms por la creacin por el Gobierno colombiano, de un confuso Comando de Transicin).

As mismo lo expresa el ELN, en diferentes oportunidades, particularmente como cuestin transversal en las cinco comunicaciones que en los ltimos meses ha dirigido su Comandante Nicols Rodrguez Bautista a las Fuerzas Armadas. En una de ellas manifest:

Es indispensable encontrar en los captulos de nuestra historia, cmo fue el trnsito de la doctrina bolivariana, hasta la actual doctrina militar colombiana, que termin colocando en orillas opuestas y en enfrentamiento fratricida al pueblo colombiano, en los casi ltimos 200 aos / El que una potencia extranjera como Estados Unidos, incida de forma determinante, sobre el curso del enfrentamiento interno entre los colombianos, requiere de urgente revisin / Estar abiertos a estos anlisis, es indispensable hoy, cuando el gobierno y la insurgencia adelantan dilogos de paz, que es otro camino diferente al de la guerra, que lleva ms de medio siglo de manera ininterrumpida / El concepto de enemigo interno que justifica la accin violenta de parte de las Fuerzas Armadas colombianas contra los luchadores populares, debe examinarse a profundidad
(Doctrina Militar y Fuerzas Armadas - Mensaje # 3 a las Fuerzas Armadas, 28 de julio de 2014. Ver en www.eln-voces.com).

Por su parte el Gobierno reitera con vehemencia desde siempre:

Dicen que quienes estamos en La Habana vamos a entregar el pas, dicen que se est negociando la suerte de las Fuerzas Militares, y dicen toda clase de mentiras sobre las vctimas. Eso no es as y eso no va a pasar. Lo digo habiendo estado en este proceso desde el primer da: esa nunca ha sido la visin ni la posicin del Gobierno No lo vamos a permitir y eso no va a pasar. Pueden estar tranquilos, no se dejen confundir
(ver El tiempo de las vctimas. Intervencin de Sergio Jaramillo Caro, Alto Comisionado para la Paz del Gobierno colombiano. En Presidencia del Senado de la Repblica, Bogot, 9 de junio de 2014. En www.altocomisionadoparalapaz.gov.co).

Hablamos no slo de enunciados jurdicos, de derechos, sino de la tensin y el camino de la coherencia para una transicin de la guerra a la construccin de paz con justicia.

Tras paredes de impunidad, la realidad de dcadas vuelve una y otra vez a asomar un ndice, como aparece en las declaraciones del ex coronel Robinson Gonzlez del Ro, conocidas de nuevo esta semana:

el uniformado seal que, al parecer, el general Mario Montoya fue el que ms presion para entregar bajas como resultados. Yo no quiero regueros de sangre, quiero ros de sangre/ l mismo deca que las unidades que no hacan bajas, que al menos fueran al anfiteatro a buscarlas / Coronel Gonzlez del Ro salpica a 9 generales por falsos positivos segn Gonzlez los oficiales habran dado dieron instrucciones para incrementar los resultados operacionales, y que supuestamente conocan que entre las personas presentadas como muertos en combate haba campesinos que no tenan relacin alguna con organizaciones ilegales
(Cfr. Diario El Tiempo -www.eltiempo.com-, 9 y 14 de junio, 5 de agosto y 4 de septiembre, de 2014).

Las reformas deberan algn da producirse, de algn modo, y seguramente las que sirvan ms para desmontar o erradicar el terrorismo de Estado, tal y como se ha configurado, no sern las que se deriven de una voluntad, hoy ausente, de los crculos del Establecimiento, sin que stos tengan que negociar frente a otras expresiones de poder emergente.

Debera ser por lo tanto ese otro conjunto de actores alternativos los que no desistan, y deban prepararse para exigir, convenir, delinear y acometer ms tarde esas reformas. La pregunta no insidiosa sino moralmente correcta y que surge de la experiencia de un genocidio poltico contra la izquierda y otros sectores democrticos es: en qu condiciones, cuntos y quines podrn sobrevivir para ese cometido?

Carlos Alberto Ruiz Socha, abogado colombiano, Doctor en Derecho.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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