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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-10-2014

23-N: Consulta al pueblo canario, con o sin permiso de Madrid

Manuel Marrero Morales
Rebelin


Nos tienen acostumbrados nuestros representantes polticos a mltiples promesas electorales, que luego incumplen, as como a no permitirnos participar ms all de depositar un voto que los apoye cada cuatro aos.

El derecho a decidir es un derecho democrtico reclamado de manera creciente por la ciudadana, a la par que reprimido desde posiciones autoritarias y recentralizadoras del gobierno estatal del PP. La derecha recalcitrante no ha abandonado los viejos 'tics' del Franquismo y considera que lo recorrido en el Estado de las Autonomas tiene que revisarse bajo los criterios recentralizadores del "una, grande y libre".

Nuestro modelo econmico, que debiera ser debatido socialmente, nuestro Fuero, el Rgimen Econmico y Fiscal de Canarias, est ms al servicio de las minoras empresariales que de los intereses generales. Algunas de sus figuras, como la Reserva de Inversiones Canarias, ha devenido en un continuado fraude de ley sin que parezca que haya responsables que lo impidan y persigan. Y tanto el Gobierno de Canarias como el empresariado estn configurando la nueva modificacin del REF, a espaldas de la sociedad canaria.

Nuestro modelo medioambiental, con Gobiernos sucesivos de CC-PP-PSOE, ha trado consigo en las ltimas dcadas un progresivo deterioro de gran parte de nuestro territorio y, en especial, de nuestras costas, ocupando algunas de nuestras tierras ms frtiles con cemento y piche. Desastres como los Puertos de Arinaga y Granadilla, proyectos como el de Tindaya, cierre del anillo insular por el norte de Tenerife, Mamotreto de Las Teresitas y adjunto pelotazo urbanstico y otras actuaciones son el claro ejemplo de desarrollo insostenible potenciado desde el tndem poltico-empresarial que nos gobierna.

Por tanto, D. Paulino Rivero y D. Jos Miguel Prez, que defienden esta consulta sobre las prospecciones petrolferas en aguas prximas a Canarias y, por supuesto, D. Jos Manuel Soria, que acta como un probo empleado de REPSOL, no son ni aliados ni defensores de la mayora social de estas islas. Los intereses espreos que les llevan a enfrentarse son ajenos y contrarios a nuestros intereses.

Est claro que el Gobierno Canario tiene el derecho y el deber de velar por los intereses de la poblacin canaria y, entre ellos est tambin la defensa del medioambiente, factor determinante para el mantenimiento de nuestra primera industria, el turismo. Y las prospecciones y posible explotacin de petrleo y/o gas en aguas prximas a Canarias no slo son un peligro potencial sino tambin real para nuestro hbitat y nuestra economa.

Entre nuestras seas de fragilidad, cabe resear: En torno a 2.100.000 habitantes que vivimos sobre 7.447 km2 y una densidad de 284,46 hab/km2 y a los que se aade cada mes un milln ms de visitantes. Una sociedad con el 32.7% de poblacin en paro y ms de 800.000 personas bajo el umbral de la pobreza. Unas islas, cuya agua potable, en gran parte procede de plantas desaladoras. Un sector primario agonizante. Una boyante industria turstica, cuyos beneficios aumentan para el empresariado a la par que disminuyen las condiciones de vida y trabajo para la poblacin empleada en dicho sector. Jams unos pocos haban ganado tanto a costa de los trabajadores y trabajadoras, que nunca haban perdido tanto y en tan poco tiempo.

El Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, tras mantener un encuentro con representantes institucionales, partidos polticos y colectivos ciudadanos, ha anunciado la pregunta que se pretende formular el 23 de noviembre a la ciudadana en una consulta sobre las prospecciones petrolferas y, en este sentido, apunt que esa cuestin consistiren conocer la opinin de los canarios respecto a: "Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turstico por las prospecciones de gas o petrleo?".

El Presidente Rivero, acuciado por otros motivos y no precisamente porque se haya convertido al ecologismo, ha lanzado este envite al Gobierno del PP, que intentar buscar todos los subterfugios posibles para impedir la consulta. Si el Constitucional tard unas horas en pronunciarse sobre la consulta catalana es probable que ahora la consigna sea la contraria, la de la dilacin. Y ah es donde D Paulino tendr que demostrarnos hasta dnde est dispuesto a llegar. Si tenemos la legislacin favorable (Ley de Participacin Ciudadana, votada por cierto en el Parlamento Canario por CC y el PP del Sr. Soria en 2010 y enmendada por el PSOE, que manifest su desacuerdo con que apareciera el trmino 'referndum') y la consulta se desarrolla dentro del marco competencial canario, cumple los requisitos legales y por tanto no hay excusa que valga para retrasarla o no celebrarla.

Que no se pretenda con esta pregunta matar dos pjaros de un tiro: que la poblacin canaria se pronuncie y que, a la par, apoye los desmanes en materia de modelo econmico y medioambiental impuesto en Canarias. No vamos a admitir gato por liebre. Vamos a decir claramente No a las prospecciones que daan nuestro medioambiente y, por consiguiente, al turismo, nuestra mayor fuente de trabajo; pero ese NO se hace extensivo a todos los desmanes y atropellos medioambientales cometidos por los respectivos gobiernos canarios, donde siempre ha estado Coalicin Canaria, y ese NO va dirigido tambin a una patronal del turismo que subyuga a las personas que trabajan en el sector con salarios de miseria, contratos en precario y condiciones laborales decimonnicas, apoyados por la reforma laboral del PP.

Por tanto, en defensa del Derecho a Decidir que nos asiste a la ciudadana, el 23-N, con o sin permiso de Madrid, diremos NO. Y antes, el 18 de octubre, a las 18.00 horas volveremos a ocupar las calles del archipilago. Aqu vivimos, aqu decidimos.

Manuel Marrero Morales. Coordinador General de Intersindical Canaria

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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