Portada :: Mxico :: Los 43 y la rebelin en Mxico
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-10-2014

Sobre los hechos de Iguala, Guerrero
Ayotzinapa, terror racista y clasista

Carlos Fazio
Rebelin


Fue un crimen de Estado. Los hechos de Iguala, donde seis personas fueron asesinadas, tres de ellas estudiantes, hubo 20 lesionados −uno con muerte cerebral− y resultaron detenido-desaparecidos de manera forzosa 43 jvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, configuran crmenes de lesa humanidad.

Los ataques sucesivos de la polica municipal y un grupo de civiles armados contra estudiantes, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparicin forzada tumultuaria y la tortura, desollamiento y muerte de Julio Csar Fuentes −a quien, con la modalidad propia de la guerra sucia le vaciaron la cuenca de los ojos y le arrancaron la piel de su rostro−, fue un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada. No se debi a la ausencia del Estado; tampoco fue un hecho aislado. Forma parte de la sistemtica persecucin, asedio y estigmatizacin clasista y racista de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), hacia los estudiantes normalistas.

En ejercicio de sus funciones −o con motivo de ellas−, agentes estatales actuaron con total desprecio por los derechos humanos, violando el derecho a la vida de tres de sus vctimas y una fue antes torturada de manera salvaje. Asimismo, los 43 desaparecidos fueron detenidos con violencia fsica por agentes del Estado y trasladados en patrullas oficiales, seguido de la negativa a reconocer el acto y del ocultamiento de su paradero, lo que configura el delito de desaparicin forzosa.

De acuerdo con el artculo 149 bis del Cdigo Penal Federal, tambin podra configurarse el delito de genocidio, dado que se procedi a la destruccin parcial de un grupo nacional (los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa), quienes han sido sometidos a un hostigamiento sistemtico, continuado y prolongado a travs de los medios de difusin masiva, con la participacin directa de funcionarios pblicos en la planeacin y perpetracin de los hechos.

Al respecto, cabe recordar que el 12 de diciembre de 2011, dos estudiantes de esa Normal Rural fueron ejecutados de manera sumaria extrajudicial en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero; cuatro ms resultaron heridos y 24 fueron sometidos a torturas y tratos crueles y degradantes por funcionarios policiales. Capturado en el lugar de los hechos, el estudiante Gerardo Torres fue aislado, incomunicado y trasladado a una casa abandonada en Zupango, donde lo desnudaron y torturaron. Despus, con la intencin de fabricar un culpable o chivo expiatorio, le sembraron un arma AK- 47 de las llamadas cuernos de chivo y lo obligaron a disparar y tocar los casquillos percutidos para impregnar sus manos de plvora, con la intencin de imputarle la muerte de sus dos compaeros.

Entonces de determin que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado y de las armas de fuego −es decir, se actu al margen de los protocolos antimotines y con armamento de alto poder−, con el objetivo de contener una manifestacin pblica. Dos agentes policiales sindicados como autores materiales de los homicidios estn hoy en libertad.

A dos aos y medio de aquellos hechos, existen evidencias testimoniales de que entre los policas, ministerios pblicos y militares del estado de Guerrero existe un desprecio y odio criminal contra los estudiantes de Ayotzinapa. Y ahora como entonces, como tantas veces desde 1968 (cuando la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas), asistimos a una accin conjunta, coludida, de agentes del Estado y escuadrones de la muerte, cuya misin es desaparecer lo disfuncional al actual rgimen de dominacin.

Huelga decir que la figura de la desaparicin forzada, como instrumento y modalidad represiva del poder instituido, no es un exceso de grupos fuera de control sino una tecnologa represiva adoptada racional y centralizadamente, que entre otras funciones persigue la diseminacin del terror.

Ante la gravedad de los hechos y el escrutinio mundial −el gobierno de Enrique Pea Nieto vive en la coyuntura una aguda crisis producto de las presiones a que est siendo sometido por la ONU, la OEA, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comunidad Europea y distintas organizaciones humanitarias que demandan la aparicin con vida de los 43 muchachos detenido-desaparecidos−, autoridades estatales y federales han venido posicionando mediticamente la hiptesis del crimen organizado y las fosas comunes, coartada que de manera recurrente ha sido utilizada como estrategia de desgaste, disolucin de evidencias y garanta de impunidad.

Se trata de una lgica perversa que, en el caso de Iguala, busca difuminar responsabilidades y encubrir complicidades oficiales, y juega con el dolor y la digna rabia de los familiares de las vctimas y sus compaeros. Como dicen las madres y los padres de los 43 desaparecidos, las autoridades andan buscando muertos, cuando lo que queremos es encontrar a nuestros muchachos vivos.

No es creble que los hechos hayan respondido a una accin inconsulta de un grupo de efectivos policiales. Resulta en extremo sospechoso que desde un principio no se contemplara la cadena de mando en el marco del Operativo Guerrero Seguro donde participan diversas corporaciones de seguridad (Ejrcito, Marina, Polica Federal, Procuradura General de la Repblica), y que incluso se facilitaran las fugas del director de seguridad pblica de Iguala, Francisco Salgado Valladares y de su jefe, el alcalde con licencia Jos Luis Abarca, de quien ahora todos dicen que saban que estaba vinculado al grupo delincuencial Guerreros Unidos.

Diecisis de los 22 policas municipales procesados dieron positivo en la prueba de rodizonato de sodio −es decir, dispararon sus armas− y podran ser los autores materiales de los asesinatos. Falta saber quines son los responsables intelectuales y cul fue el verdadero mvil de los hechos, incluidas las 43 detenciones-desapariciones forzadas.

Segn consign Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaa Tlachinollan, las autoridades ministeriales no procedieron a realizar un interrogatorio profesional y exhaustivo que diera elementos para localizar con prontitud a los jvenes detenido-desaparecidos. Agentes del Ministerio Pblico actuaron con negligencia e insensibilidad y podran resultar cmplices en la accin de manipular evidencias y enturbiar y enredar los hechos. Amnista Internacional calific la investigacin judicial como catica y hostil hacia los familiares y compaeros de las vctimas. Hostilidad que ha sido extensiva a las peritas del equipo tcnico de forenses argentinas, en quien familiares y estudiantes han depositado su confianza y ven como nico mecanismo de certeza en el caso de una eventual aparicin de restos.

Cabe reiterar que una vez ms hubo un uso desproporcionado de la fuerza coercitiva del Estado. Y hay que insistir en la cadena de mando. Los hechos ocurrieron en presencia de las policas estatal y federal, y de los agentes del Centro de Investigacin y Seguridad Nacional (Cisen, la polica poltica del rgimen). Pero tambin de elementos del Batalln de Infantera Nro. 27, que depende de la 35 Zona Militar. En particular, del denominado Tercer Batalln, una unidad de fuerzas especiales a cargo, entre otras, de las tareas de inteligencia. Ambos batallones tienen sus cuarteles en Iguala. Adems de que en ese estado existen Bases de Operacin Mixtas (BOM), que suelen ser coordinadas por las fuerzas armadas (Ejrcito o Marina de Guerra).

Adems, si como declar pblicamente el gobernador de Guerrero, ngel Aguirre Rivero, haba informado con anterioridad a los hechos del 26 y 27 de septiembre a la Secretara de la Defensa Nacional, al Cisen y a la Procuradura General de la Repblica, de los presuntos nexos del edil de Iguala, Jos Luis Abarca, con el crtel de los Guerreros Unidos, se supone que la Subprocuradura Especializada en Investigacin Organizada (Seido) deba tener bajo la lupa ese municipio.

Entre las inconsistencias o lagunas del caso, es necesario decir que entre la primera y segunda balacera el Ejrcito dej pasar tres horas. El por qu sigue siendo una incgnita. Como denunci el joven Omar Garca, representante del comit estudiantil de Ayotzinapa y quien estuvo esa noche en el lugar de los hechos, luego de ser agredidos a balazos por la polica municipal, efectivos castrenses sometieron a los normalistas. Garca narr que al hospital Cristina −adonde llevaron al estudiante dgar Andrs Vargas herido con un balazo en la boca− los soldados llegaron en minutos, cortando cartucho, insultando. Nos trataron con violencia y nos quitaron los celulares. Al mdico de guardia le prohibieron que atendiera a dgar.

En Guerrero, el control territorial lo tiene el Ejrcito. Un Ejrcito que acta bajo la lgica de la contrainsurgencia −es decir, del enemigo interno− y vive obsesionado con la presencia de la guerrilla (cuatro de las cuales, por cierto, se han manifestado a raz de los trgicos hechos: EPR, FAR-LP, Milicias Populares y ERPI). Ms all de ello, y de los fines polticos mezquinos de los partidos polticos con vista a los comicios intermedios de 2015 y los presidenciales de 2018, resulta obvio que por accin u omisin, los mandos castrenses de la zona tienen responsabilidad en los hechos protagonizados por policas y paramilitares de Iguala, adems de que qued demostrada, una vez ms, la delegacin parcial del monopolio de la fuerza del Estado en un grupo paramilitar y/o delincuencial.

Existen indicios que sugieren el montaje de una gran provocacin. Pudo tratarse de un crimen mayor para ocultar otro: la ejecucin extrajudicial de 22 personas por el Ejrcito en Tlatlaya, estado de Mxico, y el encubrimiento de los responsables. Desde 2006 las fuerzas armadas han venido exterminando enemigos en el marco de un Estado de excepcin permanente de facto. Los hechos de Iguala confirman la regla: fue un crimen de Estado. La Secretara de la Defensa Nacional minti en el caso Tlatlaya; todas las autoridades pueden estar mintiendo ahora.

En ese contexto, y en el de una conflictividad en aumento −los sucesos del lunes 13, cuando resultaron incendiadas las sedes del gobierno y la legislatura estatales y de la alcalda de Chilpancingo−, cabe enfatizar el sentir de los padres y los estudiantes de Ayotzinapa: bsqueda con vida de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos; castigo a los culpables, y apoyo a las normales rurales que quieren ser desaparecidas, tambin, por el gobierno federal en el marco de la contrarreforma educativa aprobada en 2013.
Vivos los llevaron, vivos los queremos!

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter